sábado, 28 de febrero de 2015

Diego de Ramón advierte al Parlamento y Comisión Europea de la nueva situación procesal de Valcárcel

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón ha dirigido este mismo viernes un escrito a la comisaria de Justicia de la Unión Europea, Viviane Reding, poniéndola al corriente de la nueva situación procesal del europarlamentario del PPP, Ramón Luis Valcárcel, y le solicita que designe un observador para el previsible proceso judicial porque tiene una calidad de vicepresidente nº 17 del Parlamento Europeo, y ante la posible imputación en un caso de corrupción. El letrado le adjunta el auto del magistrado Manuel Abadía, al igual que al presidente de la cámara, Martín Schultz, para que adopte ya las medidas que estime más oportunas.

La eurodiputada de 'Podemos', la cartagenera Lola Sánchez, tiene copia de ambas cartas y la próxima semana lo comunicará a todos los integrantes de su grupo parlamentario en la Eurocámara, 'Izquierda Unitaria Europea', y a los máximos responsables del resto de grupos, incluido el del PPP al que pertenece Valcárcel.
En cuanto el europarlamentario murciano sea imputado, Lola Sánchez hará una pregunta al respecto a la Mesa donde se sienta Valcárcel y preside el socialdemócrata alemán, Martín Schultz.
También ha solicitado el letrado que se investigue por el Parlamento Europeo si en un viaje a Nápoles como miembro del Comité de las Regiones, Valcárcel cobró doblemente la dieta correspondiente, tanto al CdR como a la Comunidad Autónoma de Murcia.

El CPR de IU-Verdes se reúne para preparar la campaña electoral

MURCIA.- El Consejo Político Regional (CPR) de IU-Verdes, máximo órgano entre asambleas, se ha reunido hoy para ultimar los preparativos de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 25 de mayo, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

Los asistentes a esta reunión, procedentes de diversos municipios de la Región, han debatido sobre los procesos de convergencia que se están celebrando en las localidades, así como el papel que desempeñan en este marco tanto IU-Verdes como sus militantes.
La formación ha dejado claro que apuesta por la confluencia en los ámbitos regional y municipal, tanto de partidos políticos como de ciudadanos "que creen que la suma crea un bloque potente contra las políticas del PP y el neoliberalismo", así como por un programa "nítidamente de izquierdas".
Entre los puntos del día, se han dado a conocer las necesidades organizativas y económicas de las asambleas locales de IU-Verdes, además del modelo de campaña electoral.
Sobre esto último, la formación ha apostado por un modelo centrado en la participación, con el fin de que la ciudadanía conozca de primera mano el programa electoral y tome parte en el debate del mismo, con propuestas para mejorar la situación de sus municipios.
Asimismo, IU-Verdes ha destacado la importancia de las redes sociales y las nuevas tecnologías para favorecer la interactividad con los ciudadanos, y favorecer su participación en los asuntos políticos

Pedro Antonio Sánchez ya sabe que no será candidato y dimitirá como consejero antes del día 9

MURCIA.- El todavía consejero de Educación, el imputado Pedro Antonio Sánchez, es previsible que presente su dimisión al presidente Alberto Garre cuando tenga confirmación de lo que ya intuye y presume: que no será el candidato del PPRM a la presidencia de la Comunidad Autónoma por su situación procesal y el debilitamiento de su mentor, Ramón Luis Valcárcel, en situación tan comprometida como él tras el auto de ayer viernes del magistrado Abadía.

El Comité Electoral Nacional del PP ha retrasado hasta la próxima semana su pronunciamiento sobre esa candidatura y las de los Ayuntamientos de Murcia y Cartagena, igualmente descartados Cámara y Barreiro por su situación de imputados.
La decisión de Génova 13 sobre el aspirante a la Comunidad Autónoma y a las alcaldías de Murcia y Cartagena, se podría conocer el viernes de la semana que viene. 
Para el próximo viernes se sabrá, además, la decisión del TSJRM sobre la querella del fiscal contra Pedro Antonio Sánchez por la recepción del inacabado auditorio de Puerto Lumbreras tras unos sobrecostes añadidos del 100%.
Se espera para ese mismo día, tras el Consejo de Gobierno o, a lo sumo, el lunes siguiente día 9 de marzo, que Sánchez presente su dimisión a Garre para que, tras la dimisión aún no aceptada de Cerdá, el Gobierno regional se quede sin imputados en su seno y pueda afrontar así, remodelado con gente más honesta, el complejo tiempo preelectoral y electoral que se avecina. No se descarta, incluso, la dimisión o cese del ambicioso, opaco e inquietante consejero Francisco Bernabé, impuesto en su día por Valcárcel en San Esteban.
Precisamente, Garre ha dicho públicamente sobre el auto del TSJ, que deja a Valcárcel prácticamente imputado, "que no suelo comentar las resoluciones judiciales", al tiempo que reconoce que "no he leído el auto, por lo que no tengo un criterio en lo jurídico para poder decir algo al respecto".
En cualquier caso, admitió que "lo que desearíamos es que no hubiera surgido ni eso".

El juez Eloy Velasco levanta parte del secreto de sumario del 'caso Púnica'

MURCIA/MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco levantó el secreto de sumario de 19 tomos del caso en el que investiga la trama Púnica de corrupción, después de tomar declaración a decenas de imputados y testigos en los últimos meses. 

En la causa hay cuatro imputados murcianos, que son antiguos altos cargos de la consejería de Industria como Mariola Martínez, Reyes Samper y José Fidel Saura, así como el funcionario Jesús Galindo.
Según informaron fuentes jurídicas, el juez ha dictado un auto levantando el secreto de los tomos numerados del 2 al 18 y también del 24 y del 25, y ahora se procederá a su digitalización para que las partes puedan acudir a recogerlo al juzgado de Velasco.
El juez ha esperado para levantar el sumario a que se analizara parte de los 46,7 'terabytes' incautados en los diferentes registros realizados contra esta red de corrupción, desarticulada el pasado 31 de octubre con el arresto de 35 personas. Entre los detenidos figuraban el exconsejero madrileño Francisco Granados (PP) y su amigo y socio David Marjaliza (que están en prisión), así como el expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez (PP) y alcaldes de varios municipios madrileños.
En la operación se requisaron 63 discos duros, 46 'pendrives' y 58 teléfonos con información que podría ser relevante para la causa. Mientras, Velasco ha seguido estos meses tomando declaración, bajo secreto, a numerosos imputados y testigos, entre empresarios y funcionarios, secretarios y concejales de diferentes ayuntamientos en los que la trama supuestamente operó para conseguir comisiones a cambio de contratos.
Estas declaraciones están previstas hasta abril, según informaron fuentes jurídicas.

Seis candidaturas aspiran ya a tener representación en la próxima Corporación lorquina

LORCA.- Seis partidos políticos, por los menos, concurrirán a las próximas elecciones municipales, de los que tres son formaciones debutantes que aparecen por primera vez en el espectro político de la ciudad. 

Junto a PP, PSOE e IU-V, partidos que en la actualidad tienen representación municipal, ya han anunciado su intención de participar en los comicios las formaciones locales de Ciudadanos, Vox y Alternativa Socialista, constituidas en los últimos meses, y hay datos sobre si UPyD y Podemos se sumarán a la oferta electoral.
En cuanto a los cabezas de cartel, están confirmados Francisco Jódar, alcalde del PP durante los últimos ocho años, y José García Murcia, coordinador comarcal de IU-V y concejal en las dos últimas legislaturas. El candidato del PSOE, Diego José Mateos, debuta como líder, aunque fue concejal en la legislatura 2007-2011, salió elegido en las últimas municipales, y renunció antes de la constitución de la corporación municipal.
El partido Ciudadanos, de Albert Rivera, concurrirá bajo las siglas Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, que aglutina a parte de los componentes del extinto partido Ciudalor, que se presentó en 2011, y exmilitantes de UPyD. Sus primarias para elegir candidato se celebrarán en los próximos días, en medio de una crisis interna que ha provocado que una de las aspirantes, la empresaria María Quiñonero, haya sido expulsada del partido y se le haya revocado su carné de militante. En cuanto a las otras posibles formaciones en liza, por el momento, no ha trascendido si concurrirán formalmente.

La población extranjera baja en unas mil personas en el municipio de Cartagena durante 2014

CARTAGENA.- La población extranjera del municipio de Cartagena se redujo en torno a mil personas durante el año 2014. El motivo es que se registraron más de 3.200 bajas de esos ciudadanos en el padrón municipal, frente a las 2.300 altas.

Así lo hizo público la corporación local, que explicó que se ha llevado a cabo una actualización de ese registro de habitantes y detalló que el año se cerró con una población extranjera de unas 28.000 personas.
En el año 2013, el padrón de residentes extranjeros se mantuvo estable en algo más de 29.000 ciudadanos, con 2.234 bajas frente a 2.393 altas, y en lo que va de 2015 se han registrado 420 altas de extranjeros.
La mayoría de las bajas del año 2014, un 39% (unas 1.400), tuvieron relación con la salida del país de esas personas para regresar a sus países de origen o trasladarse a otros.
Otras bajas se deben a errores del propio padrón (cerca de mil) o a la caducidad de las altas (unos ochocientos).
Se trata de una situación que tiene lugar cuando los extranjeros no comunitarios de residencia no permanente no renuevan la Inscripción Padronal en el plazo de dos años establecido por la ley; o en el plazo de cinco años, en el caso de los extranjeros comunitarios y de los no comunitarios con residencia permanente.
Por nacionalidades, el mayor descenso se ha registrado en la comunidad ecuatoriana, que ha pasado de casi 4.300 empadronados en el año 2008 a menos de 2.000 en el 2014.

La obligada moción de censura / Ramón Cotarelo *

Que un país normal no puede estar gobernado por un corrupto al frente de un gobierno corrupto sostenido por un partido corrupto es la evidencia misma. En España, sin embargo, es al revés: un personaje presuntamente corrupto preside un gobierno presuntamente corrupto y apoyado en un partido que también lo es. Y no hace poco tiempo, unos meses o unos años, sino hace diez, veinte años. Es una corrupción, un robo, un saqueo sistemático, hace ya mucho, demasiado tiempo.

No lo dicen los analistas o comentaristas, los observadores o adversarios políticos, siempre parciales. Lo dicen los jueces que, frente a las maniobras de obstaculización y sabotaje de la justicia de estos delincuentes capaces de todo, llevan adelante su tarea con integridad y valor moral. Son los jueces los que plantean la cuestión de si el PP es en verdad un partido político o una asociación de malhechores, organizada para delinquir. Y, ante esta posibilidad, ya abierta hace más de tres años, cuando estalló la Gürtel, Rajoy, su gobierno, sus colaboradores, hubieran debido dimitir y ponerse a disposición de la justicia.

En lugar de eso, hicieron lo contrario: se enrocaron, se negaron a hablar, a dar explicaciones, a rendir cuentas. Obstaculizaron cuanto pudieron la acción de la justicia, destruyeron pruebas, mintieron al parlamento, lo ningunearon, echaron mano de todo tipo de triquiñuelas, recurrieron a fraudes procesales y trampas para evitar que se conociera la verdad. Su acción de gobierno en estos tres años ha consistido en salvarse procesalmente de una acusación formal apabullante y que está ya en puertas pero que han tratado de ocultar por todos los medios, engañando, confundiendo y mintiendo sin parar.

Es inadmisible que en un país que obliga a los de Podemos a mostrar hasta el recibo del gas, el presidente del gobierno todavía no haya aclarado si cobró o no sobresueldos, por qué importe, por qué motivo y procedentes de qué fondos; que no haya explicado si se costeaba sus trajes y viajes o  lo hacían sus amigos delincuentes; que no haya documentado cómo se abonaron los actos electorales que prepararon sus clamorosos y falsos triunfos; que no haya aclarado la financiación ilegal de su partido; que ninguno de los enchufados de la dirección de este, varias docenas, haya dado cuenta de sus respectivos sobresueldos, sus enchufes, mamandurrias, robos, saqueos, latrocinios, incluido el expolio de Caja Madrid, que ha sumido el sistema español en la crisis actual.

Ciertamente, no un partido sino una presunta asociación de delincuentes. Desde el principio. Dirigida por gente adecuada a las exigencias y necesidades: Aznar, un déspota corrupto; Rajoy, un sinvergüenza; Cospedal, una embustera; Floriano, un imbécil; González Pons, un caradura; Hernando, un chulo; Arenas, un payaso. E cosí, via, verdadera escoria intelectual y moral como Mato, Wert, Guindos, Montoro, etc.

Este gobierno de granujas y pillastres dice muy poco de la calidad europea de nuestro país y mucho en cambio de la tradición de engaño, embuste y sinvergonzonería de España como el reino de la picaresca, la oligarquía, el caciquismo, el vivan las caenas y el ¿qué hay de lo mío, ministro? 
Y menos dice aun que tan denigrante situación no haya sido expuesta a la luz pública y sancionada y corregida por la opinión pública, los medios de comunicación y la oposición política y hayan tenido que ser los jueces quienes descubran este pudridero de ladrones y farsantes que se hacen pasar por diputados, senadores, consejeros, ministros o presidentes.

La corrupcion del gobierno y su presidente es pavorosa, pero la cobardía de la oposición y quizá su complicidad aun lo son más. Y quede para otro día el caso de la Iglesia católica, la organización parasitaria más corrupta del sistema español.

¿Es posible que la opinión esté adormecida, los medios comprados y la oposición sea cómplice? Pues sí, es posible y bastante seguro. Pero en algún momento habrá que tomar una decisión que justifique su existencia y abra la posibilidad de una regeneración democrática que dé a la gente algo de esperanza y a los medios y la oposición una posibilidad de supervivencia. 
¿A qué espera la oposición para presentar una moción de censura a un gobierno que no gobierna porque está ocupado en el expolio de los dineros públicos y en evitar su procesamiento por eso mismo? ¿A que los jueces llamen a declarar y sienten en el banquillo al presidente de los sobresueldos?
(*) Profesor emérito de Ciencia Política en la UNED

El magistrado Abadía piensa pedir al Supremo la imputación de Valcárcel de inmediato

MURCIA.- El juez Manuel Abadía piensa pedir en breve al Tribunal Supremo la  imputación del ex presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, por su concurso en la gestación urbanística de 'Novo Carthago' después del informe no vinculante que espera del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, en el plazo máximo de cinco días y que expira el próximo miércoles. Junto a esa imputación piensa pedir también la del resto de familiares de Valcárcel implicados y del hermano del ex concejal de Murcia, Antonio Sánchez Carrillo.

Mientras tanto, se espera la publicación en el Borm del relevo del imputado consejero Antonio Cerdá, que no será tampoco antes del próximo miércoles o jueves, y la consiguiente comunicación al juez Abadía de la pérdida de aforamiento a los efectos oportunos.

Garre reconoció hoy que Cerdá sigue ejerciendo sus funciones de consejero de Agricultura y Agua en tanto no sea nombrado su sucesor, algo que se producirá a la próxima semana. «No se trata de cualquier Consejería, sino de una muy importante para esta Región, por lo que tengo que madurar la decisión, así como quien designe. No me metan prisa», indicó. 

Fuentes del palacio de San Esteban indican que en estos casos de sustitución de consejeros se publican en el Borm a la vez los decretos de cese y nombramiento, como ocurrió en el reciente caso de Campos y Bernabé.

Según el abogado de la acusación popular, Diego de Ramón, no procede remitir ahora las actuaciones a un juzgado ordinario de primera instancia -se habla del 2 de los de Murcia- puesto que los supuestos delitos Cerdá los habría cometido siendo consejero y, por tanto, aforado y como tal ha de abordarse el procedimiento. Este extremo se lo va a poner así al magistrado Abadía en un escrito el próximo lunes.

De un momento a otro, Abadía va a comenzar a citar en su despacho del TSJ a los hijos de Valcárcel, a su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro con su socio José Alberto Meroño, y al propio Valcárcel, de quien ya sabe su situación el presidente del Parlamento Europeo, Martín Schultz, y la comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la Comisión Europea, Viviane Reding, tras comunicarsela por carta el letrado De Ramón, quien habría recibido respuesta de Rajoy a otra suya anterior sobre la situación de corrupción en su partido en la Región de Murcia.

Se espera que Valcárcel emita un comunicado o convoque una rueda de prensa cuando el magistrado Abadía pida razonadamente al Tribunal Supremo su imputación al ser europarlamentario ya que De Ramón se ha apresurado a pedir a Viviane Reding el envío a Murcia de un observador para que proteja a los denunciantes en casos de corrupcion.

Valcárcel pasó la tarde del viernes analizando con sus asesores jurídicos -entre ellos algunos magistrados en ejercicio aunque ningún fiscal que se sepa- el contenido del auto del magistrado Abadía, por cierto miembro del Opus Dei, que ha hecho enmudecer a los locuaces portavoces habituales del PPRM.

viernes, 27 de febrero de 2015

El nombre de última hora para San Esteban / Apunte de Argárico

El proceso necesario para definir y escoger los candidatos a presidir la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena lleva algunos días en marcha sin retorno dentro del PP. La única salvedad es la pérdida de fuerza de Ramón Luis Valcárcel para imponer 'por huevos' un candidato a Rajoy y la Cospedal, con lo que cambian bastante las cosas. Y eso, que no ha vuelto a Murcia desde Bruselas ayer jueves porque está en Madrid intentando hasta el final poner al candidato que a él y a sus negocios más conviene.

Además, en los últimos tiempos Rajoy se ha cansado de un Valcárcel que ya no le sirve para ganar elecciones en la Región de Murcia. Vamos, que el profesor de Arte del 'Ruíz de Mendoza' ha caído en desgracia ante el registrador de Santa Pola y por eso los disgustos y malas noticias corren ahora a cargo de la Cospedal. El murciano se ha tornado un tipo molesto en Madrid y un inútil en el Parlamento europeo, donde no entiende casi nada de lo que se habla en pasillos porque lo único que sabe bien es el panocho. Además, lo de Kiev fue una cagada al apoyar a la persona equivocada en tema internacional más que complejo.

Y son disgustos ahora porque en Génova 13 el criterio sobre imputados en las listas tiene, cada vez, menos matices. Y eso dificulta que Valcárcel pueda imponer por las buenas a Pedro Antonio Sánchez, ex alcalde de Puerto Lumbreras, para alcanzar San Esteban máxime si sigue imputado por una presunta malversación de fondos aunque eso si que podría matizarlo muy bien la Intervención General del Estado si es que se llega a tiempo de un pronunciamiento-dictámen a favor de una obra por etapas sin presupuesto plurianual, según criterio jurídico del letrado Diego de Ramón.

Pero el pobre Sánchez no va en buena compañía para los tiempos que corren. La maniobra para que la instrucción de su primera causa vaya ahora a un juzgado de Lorca para ganar tiempo en época preelectoral, lejos de beneficiarle le ha perjudicado aún más porque, en realidad, mucho testigo de su pueblo a favor y un magistrado poco exigente en la instrucción pero documentos que prueben que pagó el duplex en su integridad y a un precio de mercado no se han presentado nunca.

Y si bien la carga de la prueba en puridad jurídica no le corresponde, al tratarse de un político tan en candelero, esa carga debiera ser cosa suya para despejar cualquier sombra de duda sobre su actuación y alejar así la probabilidad de haber cometido cohecho y prevaricación. Lo que pasa es que luego surge lo del Auditorio y como no hay dos sin tres, el riesgo es que lo peor explote en plana campaña electoral. Ahí está la resistencia de Génova 13 y la búsqueda de alternativas. 

En las últimas horas, la combinación clásica Sánchez-Cámara-Barreiro ha dado paso sin hacer nadie casi nada provisionalmente a la Garre-Ruano-Ayala porque ahora tienen más claro en el PP que los imputados y desimputados no deben ir en las listas. Así, y a falta de mejores alternativas a la primera de las combinaciones, surge la segunda que combina experiencia y previsión, juventud con preparación y larga labor parlamentaria con apoyo del correspondiente Grupo del Congreso.

Cámara no ha sabido despejar a tiempo las dudas serias sobre su gestión y su enfrentamiento a voces con juez y fiscal anticorrupción ha resultado letal para su imagen pública percibida por los ciudadanos. Algo parecido ha ocurrido con Sánchez y las acusaciones al fiscal superior por parte de dos figuras de los más impresentable y casposo del PP regional. 

Finalmente, la Barreiro ha sido rodeada por la huestes de Federico Trillo -con mucha fuerza en Madrid- para imponer al lugarteniente del jefe, el para nada huérfano Andrés Ayala, ante la negativa de Francisco Celdrán de abandonar la Asamblea para cambiar al Ayuntamiento. En el fondo, un ajuste de cuentas interno entre pájaros del mismo pelaje ante la situación insostenible de la gallega en el clan del embajador en Londres para no perder el poder municipal.

A día de hoy la quiniela murciana del PP sigue abierta en cuanto a su combinación pero virtualmente cerrada en cuanto a sus intengrantes. Valcárcel, sumamente debilitado en lo político por el auto del magistrado Abadía, del TSJ, que va camino de su imputación, no puede seguir hablando en Madrid de volver a salir con listas encabezadas con imputados ya muy juzgados y condenados por la opinión pública regional, sin que nadie le discuta y le razone que eso no beneficia al PP.

Y así se busca entre las filas a lo mejor y nada salpicado. Surge el mirlo blanco de Javier Ruano, pero como para el Ayuntamiento lo del ex rector Ballesta lleva plomo en las alas y, además, es el candidato de Cámara, se le mira a aquel para La Glorieta en vez de para San Esteban aunque en la sombra haya otro posible con gran apoyo en las filas del PP en la ciudad de Murcia, el economista-abogado Joaquín Moya-Angeler, de larga trayectoria en el Ayuntamiento y una red de relaciones en la sociedad murciana que ningún otro puede igualar, al margen de su experiencia en la gestión local murciana.

Así las cosas, la combinación definitiva más probable a 48 horas máximo de desvelar todas las incógnitas por el Comité Nacional Electoral que se reúne hoy, no extrañaría que fuese finalmente Ruano (San Esteban), Moya-Angeler (La Glorieta) y Andrés Ayala (capital departamental). Y así todos contentos, o no. Si Valcárcel no puede poner un hombre suyo en San Esteban ni en Cartagena, al menos exigirá poder hacerlo en La Glorieta, de donde salió, y que Garre (hombre de Calero) no pase de una forzada e imprevista interinidad. 

Será entónces Rajoy (y la Santamaría) quien muestre su nuevo apoyo al líder del PP en la Región de Murcia en la persona de Ruano. Y Federico Trillo su influencia en Madrid para colocar a su lugarteniente de toda la vida al descascarillarse el poder residual de Valcárcel a manos de los jueces y los enemigos internos.

Las espadas no siguen en alto y el PPRM sale algo destrozado del trance. Porque lo que Madrid ha comprendido aunque haya guardado largo silencio, es que en la actual coyuntura política de partidos emergentes y limpios, caso de 'Podemos' y 'Ciudadanos', es que el PP no puede aparecer en la Región de Murcia con candidaturas trufadas, no ya de imputados, sino siquiera de sospechosos y plagados de sombras de duda sobre su honestidad. Es el caso claro de Sánchez, Cámara y Barreiro, tres proscritos cara al futuro.

Conclusión: un PPRM convulso y con el liderazgo a punto de cambiar en plena amenaza demoscópica de los emergentes, intenta perder confusión y recuperar la claridad para desalojar del núcleo de decisiones a Valcárcel, su familia, sus socios y sus marionetas. De alguna forma se vuelve al PP de Calero abortado por los miedos de Aznar y la larga conveniencia de un Rajoy al borde de acabar en el banquillo antes de un año.

Que la Providencia se apiade de todos ellos llegado el momento del despertar.

La alcaldesa de Cartagena se abstiene de defender a Valcárcel para tratar de salvarse ella primero

CARTAGENA.- La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, no se ha pronunciado hoy sobre la intención del magistrado Manuel Abadía de imputar al expresidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y a varios miembros de su familia en la investigación que lleva a cabo en el caso Novo Carthago, evitando así salir públicamente en su defensa en día tan señalado para los Valcárcel. 

Barreiro dice que ella está centrada en defender la gestión del Ayuntamiento de Cartagena en el desarrollo del citado proyecto urbanístico, que se reconozca que su actuación, la del Pleno y la los funcionarios investigados en el caso estuvo amparada por el “rigor” y la “legalidad”, y que así lo hará el próximo jueves cuando acuda a declarar como imputada ante el Tribunal Supremo.
“Yo lo que tengo que hacer es defender el rigor y la legalidad del procedimiento administrativo avalado por los técnicos hace diez años y también ahora. Es algo que nos corresponde a todos”, apuntó
Recordó que la modificación puntual del Plan General que dio el visto bueno a la urbanización 'Novo Carthago', cuya legalidad se investiga, “fue apoyada en Pleno por el PP y por el PSOE”.
 

El magistrado Abadía inicia la recta final para imputar a Valcárcel y familia por presunta corrupción

MURCIA.- El magistrado Manuel Abadía, instructor del caso 'Novo Carthago' que investiga una presunta trama de corrupción urbanística, ha acordado, por auto notificado este viernes, remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal para que en el plazo de cinco días emita informe sobre si debe llamarse como imputados, entre otros, al ex presidente de la Comunidad y actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, y de su hija, M. R. V. C.

Además, pide al Fiscal que emita informe sobre si debe llamarse como imputados a J.S.C., J.A.M.G., J.F.C.A., y F.P.J, según el auto, identificados como Juan Sánchez Carrillo, José Alberto Meroño Garriga, Juan Francisco Cruz Alfaro, y Fulgencio Perán Jiménez.
Cabe recordar que este procedimiento investiga una presunta trama de corrupción en torno a la construcción del complejo 'Novo Carthago', un proyecto que consistía en la construcción también de hoteles y más de 10.000 viviendas.
En la causa está también imputado el ex consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, que ocupó el cargo ininterrumpidamente desde 1999 hasta este mismo jueves, cuando decidió dimitir alegando razones personales.
Asimismo, en el procedimiento se encuentra imputada la alcaldesa de Cartagena y diputada, Pilar Barreiro, quien ha sido citada a declarar por el Tribunal Supremo el próximo el 5 de marzo; y el actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación, investigado porque, en su condición de consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara".
En el auto, el juez instructor recuerda que, desde su declaración como imputado, el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, "no pudo dar respuesta del regalo que le había hecho a la hija de Ramón Luis Valcárcel al contraer matrimonio, en consideración al cargo que tenía su padre, porque era confesar algo que le perjudicaba y le podía descubrir como autor de un delito de cohecho".
Al no revelarlo, el instructor considera que "ya se comprendía que era una cantidad económica fuera de todo uso social"; pero un estudio exhaustivo revela que "han aparecido múltiples indicios unidireccionales e inequívocos que apuntan todos a Ramón Luis Valcárcel Siso", a través de testaferros, como cuñados, y utilizando a su propia hija.
Así, añade que las investigaciones desarrolladas últimamente "revelan que la hija de Valcárcel trabajó para una consultoría, domiciliada en Jerez de la Frontera, que era un despacho que realizaba trabajos para Hansa Urbana, que llegó a ser algún año su mejor cliente con más de un 40 por ciento de facturación".
Recibida declaración al administrador más antiguo del despacho, el instructor explica que "no supo explicar por qué contrató" a M. R. V. C., domiciliada en Murcia, y en el interrogatorio de preguntas llegó a reconocer que, efectivamente, al inicio del trabajo no "podía contar con ventaja alguna en la contratación de ella, pues al no ser residente en Andalucía no llevaba ningún cliente a la empresa". En realidad, el juez sostiene que el cliente que llevaba la hija Valcárcel "sí que existía y era Hansa Urbana".
De igual modo, el administrador "tampoco supo responder a las preguntas del instructor sobre si allí en Andalucía había llevado asuntos de Hansa Urbana, destacando finalmente que es la última que entra en la empresa y es la que más retribución percibe de los 13 que trabajaban en el despacho".
El instructor también se refiere a la venta de terrenos de Hansa Urbana a la sociedad Promociones Faromur S. L. y adquisición por el cuñado de Valcárcel, J.F.C.A., del 40 por ciento de la sociedad "al precio de un euro la acción".
En los años de la recalificación de Novo Cartago, el instructor recuerda que Hansa Urbana vendió en escritura de 12 de Febrero de 2004 suelo urbanizable para la construcción de 34 viviendas "a un precio antieconómico y fuera de toda explicación lógica y razonable a Faromur S.L., cuyos socios iniciales eran J.S.C. y J.A.M.G.".
Concretamente, la venta se produjo a 25,24 euros el metro cuadrado y "cuando ya han ingresado los terrenos de Hansa Urbana en el patrimonio de la sociedad, aparece el J.F.C.A., hermano de la mujer de Valcárcel y compra el 40 por ciento del capital a un euro por acción". Por el contrario, explica que cuando Faromur Promociones S.L. adquiere de Asicomur S.L. terrenos, el precio satisfecho por la compra asciende a 105,59 euros por metro cuadrados, es decir, "un 400 por ciento más".
El juez también destaca que cuando fue llamado a declarar como testigo F.P.J., yerno de Valcárcel, "no fue capaz de decir el regalo que le hizo Galea".
Tras una primera investigación que abarca el año 2007, fecha del matrimonio de la hija de Valcárcel, el juez detectó en un primer momento que hay unas "entradas reiteradas de ingresos en efectivo que no se ajustan a las fuentes de rentas conocidas y declaradas en el IRPF por sus titulares". Según el juez, "quedaban por depurar en las cuentas del citado matrimonio unas imposiciones de 117.070 euros en efectivo y 6.000 euros de un traspaso, lo que asciende en total a 123.070 euros".
Destacan, "30 operaciones llevadas a cabo por importe de 1.000 euros cada una de ellas que se realizan el mismo día", en un intervalo de cinco minutos, "antes de que la oficina abriera al público, y todas ellas fueron realizadas a cabo por el propio F.P.J. en su condición de empleado subdirector de la sucursal".
En su opinión, es significativo que las 30 operaciones del día 27 de septiembre de 2007 como las dos del 14 de septiembre de 2007, "eran ingresos en efectivo, (no titular) y en todas ellas no se hizo constar en el apartado relativo a ordenante y concepto el nombre y apellidos y DNI de quien las hacía".
Dichas operaciones, explica el juez, "constituyen un supuesto de fraccionamiento de una sola operación de 30.000 euros y 4.000 euros respectivamente y la finalidad de dicho fraccionamiento sería aparentar que son imposiciones en efectivo inferiores a 3.000 euros y evitar la identificación del impositor, decisión plenamente deliberada por cuanto llegó a utilizar hasta 32 nombres de pila, simulando que se trataban de regalos de boda".
La condición de F.P.J. de empleado de la propia entidad, en cuya sucursal ocupó el cargo de subdirector entre las fecha 1 de marzo de 2007 y 5 de febrero de 2009, "hace incuestionable que conocía tanto las instrucciones internas de la entidad sobre identificación de las operaciones en efectivo, como la normativa que sobre blanqueo de capitales se encontraba en vigor en dichas fechas".
El instructor ha comprobado que "afloraban los múltiples e inequívocos indicios que apuntan hacia Valcárcel, revelándose como el integrante de la trama que acordó el 'pactum scaeleris' con la alcaldesa Pilar Barreiro y Galea, antes de junio de 2013, pues era el único que podía asegurar el éxito de la misma".
A su juicio, la misma Barreiro en una prueba que delata el pacto entre ella y Valcárcel dice textualmente en el proyecto se atribuye aprovechamiento urbanístico al espacio natural protegido considerándolo como Sistema General en el año 2003, cuando ello no fue posible en teoría hasta la Ley 2/2004 que entró en vigor el 15 de junio de 2004".
"Y eso no lo podía garantizar una alcaldesa ni un promotor inmobiliario, sino solo el presidente de la Comunidad Autónoma que tenía mayoría para hacerlo y que citó al consejero Cerdá y al representante de Hansa Urbana a una reunión en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma en la que en habitación aparte estaban citados funcionarios que tenían que intervenir en el proceso de recalificación medioambiental".

Tovar: "Si se confirma, estaríamos ante la cúspide de la pirámide de la trama de corrupción del PP"

MURCIA.- El candidato a la Presidencia de la Comunidad, Rafael González Tovar, ha afirmado, en relación con el hecho de que el magistrado instructor de Novo Carthago, Manuel Abadía, haya preguntado a la Fiscalía si debe imputar al ex presidente Ramón Luis Valcárcel, que, "si se confirman los hechos, estaríamos ante la cúspide de la pirámide de la trama de corrupción del Partido Popular de la Región".

"Como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, todos estos casos de corrupción que afectan a cargos del PP tienen un hilo conductor, y una persona "X" que podría estar descubriéndose", ha subrayado el líder socialista, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
"La Justicia es lenta, pero es justicia, y ahora se estaría descubriendo por fin lo que la gran mayoría de los ciudadanos de la Región de Murcia percibían sobre una gran trama de corrupción del PP", ha insistido.
"Ahora que la Justicia está tirando de la manta, es el turno de la ciudadanía, de la gente que quiere un gobierno mejor, que sea limpio y eficaz", según Tovar.
"Ahora los ciudadanos de la Región tienen la oportunidad de tirar de la manta votando el cambio el próximo 24 de mayo para que nuestra Comunidad entre en un nuevo tiempo político que deje atrás la corrupción generalizada, el mal gobierno regional, y las políticas de pelotazos del PP, para pasar a un gobierno para el cual lo importante sean las personas", ha añadido.
Por otra parte, González Tovar ha informado de que el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia del presidente Garre en la Asamblea Regional "para que explique las auténticas razones de la marcha de Cerdá".

Pujante (IU-Verdes): "Valcárcel tiene que dar la cara y dimitir" como eurodiputado

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha dicho este viernes que si el expresidente del Gobierno regional, Ramón Luis Várcarcel, es finalmente imputado en el marco del caso 'Novo Carthago' su obligación es la de "dar la cara" ante la ciudadanía y "dimitir" de su cargo como vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado.

Pujante ha reaccionado así tras conocer que el magistrado Manuel Abadía ha situado a Valcárcel como "integrante de la trama" de 'Novo Carthago' y le atribuye el hecho de utilizar "testaferros" como su cuñado y su hija mayor, además de un intento de disfrazar un ingreso en efectivo de 30.000 euros en una cuenta de su primogénita y el esposo de esta.
El dirigente de IU-Verdes ha considerado que Abadía "ha despejado la x" en este caso, y ha insistido en que las sospechas de su formación sobre la supuesta implicación de Valcárcel "se están cumpliendo", según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.
"Las decisiones que se tomaban eran corales pero tenía que haber alguien coordinando este coro de presuntos delincuentes", ha sostenido Pujante, para quien el expresidente, en caso de probarse la participación en el caso, "debería quedar inhabilitado para nombrar al delfín del PP porque el que sea elegido por su dedo estará igualmente contaminado".
A su juicio, en el seno del PP "debería producirse una catarsis, porque le vendría bien a la ciudadanía de la Región y a ellos, para su regeneración interna, y que se cree un nuevo proyecto político de derechas más decente que este".

La Justicia pisa los talones de Valcárcel y su supuesta trama familiar para hacer negocios desde el poder

MURCIA.- Hace meses que la Justicia anda pisando los talones a Valcárcel y su familia después de casi una veintena de años en el poder. No es ningún secreto que prohombres murcianos bien informados de todo lo que sucede en la Judicatura murciana vienen anunciando que el ex presidente no tendría un buen final por su intento desesperado de proyectarse políticamente en el tiempo a través de terceros no pactados con los estamentos más interesados de la Región. Ahora, al intentar escapar a la acción de esa Justicia mediante una finta política infantil con la complicidad del ya ex consejero Cerdá, es cuando todo se ha precipitado y el precio a pagar por Valcárcel puede llegar a ser tener que renunciar al escaño de Bruselas por una pura cuestión estética en espera de la ética.

El magistrado Manuel Abadía en un auto de las últimas horas relata todos los indicios de supuestos delitos de prevaricación y cohecho recabados contra el expresidente a lo largo de los últimos meses. 
En concreto, Abadía se refiere a Valcárcel como "integrante de la trama" que habría impulsado la recalificación supuestamente ilegal de los terrenos de Novo Carthago, le atribuye estar utilizando "testaferros" como su cuñado Juan Francisco Cruz y su propia hija mayor, y relata incluso un intento de disfrazar un ingreso en efectivo de 30.000 euros en una cuenta de la primogénita de Valcárcel y de su esposo, fraccionándolo en 30 operaciones consecutivas de 1.000 euros en un aparente intento de burlar la normativa sobre blanqueo de capitales.
En ese auto, el juez instructor recuerda que, desde su declaración como imputado, el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, "no pudo dar respuesta del regalo que le había hecho a la hija de Ramón Luis Valcárcel al contraer matrimonio, en consideración al cargo que tenía su padre, porque era confesar algo que le perjudicaba y le podía descubrir como autor de un delito de cohecho".
Al no revelarlo, el instructor considera que "ya se comprendía que era una cantidad económica fuera de todo uso social"; pero un estudio exhaustivo revela que "han aparecido múltiples indicios unidireccionales e inequívocos que apuntan todos a Ramón Luis Valcárcel Siso", a través de testaferros, como cuñados, y utilizando a su propia hija.
Así, añade que las investigaciones desarrolladas últimamente "revelan que la hija de Valcárcel trabajó para una consultoría, domiciliada en Jerez de la Frontera, que era un despacho que realizaba trabajos para Hansa Urbana, que llegó a ser algún año su mejor cliente con más de un 40 por ciento de facturación".
Recibida declaración al administrador más antiguo del despacho, el instructor explica que "no supo explicar por qué contrató" a M. R. V. C., domiciliada en Murcia, y en el interrogatorio de preguntas llegó a reconocer que, efectivamente, al inicio del trabajo no "podía contar con ventaja alguna en la contratación de ella, pues al no ser residente en Andalucía no llevaba ningún cliente a la empresa". En realidad, el juez sostiene que el cliente que llevaba la hija Valcárcel "sí que existía y era Hansa Urbana".
De igual modo, el administrador "tampoco supo responder a las preguntas del instructor sobre si allí en Andalucía había llevado asuntos de Hansa Urbana, destacando finalmente que es la última que entra en la empresa y es la que más retribución percibe de los 13 que trabajaban en el despacho". 
El instructor también se refiere a la venta de terrenos de Hansa Urbana a la sociedad Promociones Faromur S. L. y adquisición por el cuñado de Valcárcel, J.F.C.A., del 40 por ciento de la sociedad "al precio de un euro la acción".
En los años de la recalificación de Novo Cartago, el instructor recuerda que Hansa Urbana vendió en escritura de 12 de Febrero de 2004 suelo urbanizable para la construcción de 34 viviendas "a un precio antieconómico y fuera de toda explicación lógica y razonable a Faromur S.L., cuyos socios iniciales eran J.F.C.A. y J.A.M.G.".
Concretamente, la venta se produjo a 25,24 euros el metro cuadrado y "cuando ya han ingresado los terrenos de Hansa Urbana en el patrimonio de la sociedad, aparece el J.F.C.A., hermano de la mujer de Valcárcel y compra el 40 por ciento del capital a un euro por acción". Por el contrario, explica que cuando Faromur Promociones S.L. adquiere de Asicomur S.L. terrenos, el precio satisfecho por la compra asciende a 105,59 euros por metro cuadrados, es decir, "un 400 por ciento más".
El juez también destaca que cuando fue llamado a declarar como testigo F.P.J., yerno de Valcárcel, "no fue capaz de decir el regalo que le hizo Galea".
Tras una primera investigación que abarca el año 2007, fecha del matrimonio de la hija de Valcárcel, el juez detectó en un primer momento que hay unas "entradas reiteradas de ingresos en efectivo que no se ajustan a las fuentes de rentas conocidas y declaradas en el IRPF por sus titulares". Según el juez, "quedaban por depurar en las cuentas del citado matrimonio unas imposiciones de 117.070 euros en efectivo y 6.000 euros de un traspaso, lo que asciende en total a 123.070 euros".
Destacan, "30 operaciones llevadas a cabo por importe de 1.000 euros cada una de ellas que se realizan el mismo día", en un intervalo de cinco minutos, "antes de que la oficina abriera al público, y todas ellas fueron realizadas a cabo por el propio F.P.J. en su condición de empleado subdirector de la sucursal".
En su opinión, es significativo que las 30 operaciones del día 27 de septiembre de 2007 como las dos del 14 de septiembre de 2007, "eran ingresos en efectivo, (no titular) y en todas ellas no se hizo constar en el apartado relativo a ordenante y concepto el nombre y apellidos y DNI de quien las hacía".
Dichas operaciones, explica el juez, "constituyen un supuesto de fraccionamiento de una sola operación de 30.000 euros y 4.000 euros respectivamente y la finalidad de dicho fraccionamiento sería aparentar que son imposiciones en efectivo inferiores a 3.000 euros y evitar la identificación del impositor, decisión plenamente deliberada por cuanto llegó a utilizar hasta 32 nombres de pila, simulando que se trataban de regalos de boda".
La condición de F.P.J. de empleado de la propia entidad, en cuya sucursal ocupó el cargo de subdirector entre las fecha 1 de marzo de 2007 y 5 de febrero de 2009, "hace incuestionable que conocía tanto las instrucciones internas de la entidad sobre identificación de las operaciones en efectivo, como la normativa que sobre blanqueo de capitales se encontraba en vigor en dichas fechas". 
El instructor ha comprobado que "afloraban los múltiples e inequívocos indicios que apuntan hacia Valcárcel, revelándose como el integrante de la trama que acordó el 'pactum scaeleris' con la alcaldesa Pilar Barreiro y Galea, antes de junio de 2013, pues era el único que podía asegurar el éxito de la misma".
A su juicio, la misma Barreiro en una prueba que delata el pacto entre ella y Valcárcel dice textualmente en el proyecto se atribuye aprovechamiento urbanístico al espacio natural protegido considerándolo como Sistema General en el año 2003, cuando ello no fue posible en teoría hasta la Ley 2/2004 que entró en vigor el 15 de junio de 2004".
"Y eso no lo podía garantizar una alcaldesa ni un promotor inmobiliario, sino solo el presidente de la Comunidad Autónoma que tenía mayoría para hacerlo y que citó al consejero Cerdá y al representante de Hansa Urbana a una reunión en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma en la que en habitación aparte estaban citados funcionarios que tenían que intervenir en el proceso de recalificación medioambiental", según la versión del auto que hoy adelanta el diario 'La Verdad'.

Aparece BMN (Caja Murcia) como instrumento

El cese de Antonio Cerdá como consejero de Agricultura ha sido respondido casi de inmediato por el juez Manuel Abadía, que instruye el caso Novo Carthago y que en un auto con fecha de ayer mismo pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre una posible imputación de Ramón Luis Valcárcel, así como de su hija, Rosario Valcárcel, y su yerno, Fulgencio Perán Jiménez. En la relación figuran también Juan Antonio Sánchez Carrillo, Juan Antonio Cruz Alfaro y José Alberto Meroño.

A la hora de justificar esta petición, el magistrado señala que han aflorado "múltiples e inequívocos indicios que apuntan a Valcárcel" como integrante de la trama que es objeto de la investigación. Es por ello que, según el juez, "vistos todos los múltiples, repetidos y unidireccionales indicios de criminalidad y para asegurar el derecho de los imputados" procede dar traslado al fiscal para que emita un dictamen acerca de la conveniencia de llamar a declarar como imputados tanto a valcárcel como al resto de implicados mencionados anteriormente.

Abadía muestra en su auto una 'deferencia' hacia el vicepresidente del Parlamento Europeo y afirma que "este instructor fijaría como día para recibirle declaración el sábado o el domingo, con la finalidad de no interrumpir su asistencia a las sesiones del Parlamento".

Manuel Abadía señala que el presidente de la promotora de Novo Carthago, Rafael Galea, «no pudo dar respuesta sobre el regalo que le había hecho a la hija de Valcárcel al contraer matrimonio, porque era algo que le perjudicaba y le podía descubrir como autor de un delito de cohecho».

Precisa que el yerno de Valcárcel, casado con Rosario Valcárcel en 2007, llegó a realizar en un día «treinta operaciones por importe de 1.000 euros cada una, entre las 8.29 y las 8,34 horas, en un intervalo de cinco minutos» en la oficina de BMN en la que era subdirector, antes de que abriera al público. También se recogen otros dos ingresos por importe de 2.000 euros cada una.

Añade que Fulgencio Perán «llegó a utilizar 32 nombres de pila simulando que se trataban de regalos de bodas».

El magistrado estima que estas operaciones constituyen «un supuesto fraccionamiento de sendas operaciones de 30.000 y 40.000 euros, respectivamente", con intención de «burlar la normativa sobre blanqueo de capitales y para disfrazar el delito antecedente, que es el un presunto delito de cohecho investigado en esta instrucción", según la versión del auto judicial que hoy recoge el diario 'La Opinión'.

El Gobierno regional considera que no se puede especular sobre la dimisión de Cerdá

MURCIA.- El portavoz del Gobierno regional, José Gabriel Ruiz, ha afirmado este viernes que "no se puede especular" sobre la razón de la dimisión del ya exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y ha insistido en que fue una decisión "personal".

Ruiz, al ser preguntado por la dimisión de Cerdá, ha destacado que "la entrada de un consejero, cualquier persona que nos podemos dedicar un tiempo de nuestra vida a la actividad política supone la asunción de un compromiso que se mantiene durante un tiempo y se administra de forma voluntaria".
Por ello, ante la dimisión de Cerdá, ha dejado claro que el compromiso del Ejecutivo murciano "permanece inalterable en todo momento y no tiene como objetivo otro distinto que el interés general de todos los murcianos".
Preguntado sobre si las dos dimisiones de los exconsejeros Manuel Campos y Antonio Cerdá son "problemas heredados de la etapa del expresidente Ramón Luis Valcárcel", el portavoz del Gobierno murciano ha insistido en que se trata de dos decisiones tomadas por dos personas que han sido consejeros y que obedecen, según manifestaron, "a motivos distintos" y se trata de "decisiones personales que administran personalmente".
"Cerdá ya expresó los motivos por los que comunicó a Alberto Garre que quería dejar de formar parte del Consejo de Gobierno y hay que atender a esos motivos", ha concluido.

El circo romano / Ángel Montiel

No se pierdan el espectáculo. Estamos asistiendo a la caída del Imperio Romano. Con una variante: los bárbaros son ellos mismos. 
 
Debajo de las alfombras hay monstruos. En los cajones, dagas. Hemos empezado, tan sólo empezado, a explorar el laberinto de la impostura.

Hay odio en muchas de esas cabezas. El odio es el motor de la sangre. Todo ha quedado convertido en un circo en que las fieras se devoran entre sí. No nos perdamos el espectáculo.

Roma no les importa. Les importa seguir manteniendo el velo sobre su saqueo. Algunos hombres buenos serán escarmentados, y algunos otros hombres buenos heredarán las ruinas a condición de ser buenos con los malos. 

El oro para ellos; las deudas y los sudores para el pueblo, aún entre sumiso y perplejo. Pero los pillos están siendo desenmascarados. Alcance hasta donde alcance la Justicia, da igual; sabemos lo que hicieron. 

Ahítos de poder, ya no saben qué hacer con él, sino repartirse los despojos mientras intentan ocultar torpemente sus excesos y desvalijos o cuanto menos, su ineficacia y desidia hasta la demolición de todo lo pacientemente alzado. Ya han perdido la auctoritas y sólo les queda la potestas

Ahora, cuando las puertas de Roma empiezan a desplomarse por su propio empuje, es cuando son más peligrosos. No se pierdan el espectáculo, pero dejen libres las primeras filas. No sea que la sangre les salpique. 

El magistrado Abadía pregunta al fiscal si debe citar como imputados a Valcárcel y su hija

MURCIA.- El magistrado instructor de las diligencias 2/2013 sobre el 'caso Novo Carthago', Manuel Abadía, ha acordado, por auto notificado hoy, remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal para que en el plazo de cinco días emita un informe sobre si debe llamarse como imputados al expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso; su hija, Rosario Valcárcel Cruz; su yerno, Fulgencio Perán Jiménez; su cuñado, Juan Francisco Cruz Alfaro; José Alberto Meroño, ex socio del anterior; y al arquitecto y promotor Juan Sánchez Carrillo.

En círculos políticos se relaciona la salida de Antonio Cerdá como consejero del Gobierno autónomo con una maniobra de Valcárcel para arrebatar a Manuel Abadía la instrucción de la causa, según 'La Opinión'.

El cese de Antonio Cerdá como consejero de Agricultura ha sido respondido así, casi de inmediato, por el juez Manuel Abadía, que instruye el caso Novo Carthago y que en un auto con fecha de ayer pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre una posible imputación de Ramón Luis Valcárcel, así como de su hija, Rosario Valcárcel, y su yerno, Fulgencio Perán Jiménez.

A la hora de justificar esta petición, el magistrado señala que han aflorado "múltiples e inequívocos indicios que apuntan a Valcárcel" como integrante de la trama que es objeto de la investigación. 

Es por ello que, según el juez, "vistos todos los múltiples, repetidos y unidireccionales indicios de criminalidad y para asegurar el derecho de los imputados" procede dar traslado al fiscal para que emita un dictamen acerca de la conveniencia de llamar a declarar como imputados tanto a Valcárcel como al resto de implicados mencionados anteriormente.

Abadía muestra en su auto una 'deferencia' hacia el vicepresidente del Parlamento Europeo y afirma que "este instructor fijaría como día para recibirle declaración el sábado o el domingo, con la finalidad de no interrumpir su asistencia a las sesiones del Parlamento".

Hasta el momento, Manuel Abadía no ha llamado a declarar a Valcárcel ni ha dictado ningún auto para imputarlo en el caso Novo Carthago. Ahora tampoco puede, ya que, como vicepresidente del Parlamento Europeo, el ex presidente está aforado y solo puede ser investigado y procesado por el Tribunal Supremo. 

Si Abadía considera que hay indicios de delito, debería redactar una exposición razonada para enviarla al Supremo, como hizo en el caso de la alcaldesa de Cartagena y diputada del PP por Murcia en el Congreso, Pilar Barreiro.

Los hechos de Novo Carthago sucedieron en 2004, con lo que estarían a punto de prescribir.  

El magistrado instructor, Manuel Abadía, todavía contaría con tiempo para realizar sus últimas diligencias, que afectarían al expresidente regional, ahora vicepresidente del Parlamento Europeo y líder del Partido Popular en la Región, Ramón Luis Valcárcel.
 
En el caso Novo Carthago están imputados, además el ya exconsejero Cerdá, el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, el exconsejero Francisco Marqués, el exconcejal cartagenero Agustín Guillén, así como ex altos cargos de la Comunidad como Antonio Alvarado, Carlos Brugarolas, Manuel Alfonso Guerrero y José María Bernabé. También está imputado el empresario Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana, y técnicos como Luis Romera y la ex asesora de Antonio Cerdá, María Antonieta Fernández. 

Además, el Tribunal Supremo instruye la parte referida a la aforada Pilar Barreiro, que declarará en calidad de imputada el 5 de marzo. En las diligencias se investigan los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.

Abadía había apuntado, tanto en sus autos como en los interrogatorios, a que solo «una autoridad superior» podría poner de acuerdo a varias consejerías del Gobierno y al ayuntamiento de Cartagena para que, presuntamente, dieran todo tipo de facilidades al proyecto urbanístico impulsado por la empresa Hansa Urbana, cuyo presidente es Rafael Galea, también imputado. 

En las tomas de declaración a testigos e imputados, el magistrado ha insistido en el papel que jugó el expresidente regional y actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, en el proceso administrativo que culminó con la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor para permitir la contrucción de una urbanización. 

El magistrado Abadía continuará con su trabajo hasta que tenga en su mano una comunicación oficial de la Comunidad Autónoma informando de que Cerdá ya no es miembro del Consejo de Gobierno, algo que no pasará, como mínimo, hasta la próxima semana. 

Y no hay un plazo legal establecido para devolver el procedimiento al juzgado de instrucción. El magistrado Abadía se basará «en la jurisprudencia». Otros expertos jurídicos afirman que el hecho de que el caso Novo Carthago regrese a un juzgado ordinario no significa que la instrucción que Abadía ha realizado en estos últimos dos años vaya a quedar en papel mojado. 

El juzgado también podría redactar la exposición razonada si encontrara indicios contra algún aforado, como ya hizo en junio de 2013, cuando envió el caso al TSJ para que imputara a Antonio Cerdá, siempre según 'La Opinión'. 

La Audiencia Provincial exige prudencia en el secreto del 'caso Umbra' para evitar indefensión

MURCIA.- El secreto de las actuaciones judiciales, si se prolonga en el tiempo, puede llegar a ocasionar una lesión del derecho de defensa, según señala la Audiencia Provincial de Murcia en un auto que da la razón a Jesús Samper, propietario del Real Murcia e imputado en caso Umbra, de supuesta corrupción urbanística.

El auto acuerda, al estimar el recurso de Samper, declarar la nulidad de ocho resoluciones del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, que dirige la investigación, dictadas entre noviembre de 2012 y enero de 2013.
En todas ellas, el magistrado David Castillejos acordaba la prórroga del secreto de las actuaciones, mes a mes, a través de autos que la Audiencia Provincial de Murcia señala que estaban carentes de la necesaria y exigida motivación.
"El conocimiento del sumario -dice la Sala- es requisito imprescindible para ejercer el derecho de defensa; esto es, para poder alegar, probar e intervenir en la prueba ajena controlando su correcta práctica y teniendo posibilidad de contradecirla".
Y añade que "si esta suspensión temporal se convierte en imposibilidad absoluta de conocimiento de lo actuado hasta el juicio oral o en largos paréntesis privados de toda justificación, se ocasiona una lesión del derecho de defensa, pues el acusado no habría estado en disposición de preparar su defensa de manera adecuada".
El auto concluye que "el instructor ha de ofrecer las razones que avalan su decisión, explicando al menos en cada prórroga que el incesante caudal de diligencias de investigación y la progresión procesal que ello comporta otorgan una justificación razonable a la prolongación del régimen de secreto".
La sala concluye con la estimación del recurso de Samper, al que se unió el también imputado Joaquín Peñalver, exjefe de Planeamiento de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia .
El caso Umbra investiga una supuesta corrupción que se habría cometido con los convenios derivados de la expansión norte de la ciudad.

Usuarios de la Sanidad y estudiantes universitarios se manifiestan contra cierres y reformas

CARTAGENA/MURCIA.- Unas 5.000 personas se han manifestado en Cartagena convocadas por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública para exigir el funcionamento pleno del Hospital del Rosell durante todo el recorrido, desde el Icue hasta mitad de la Calle Mayor,  entre consignas contra la alcaldesa Pilar Barreiro y contra el PP, en dirección al Paseo Alfonso XIII para culminar ante la Asamblea Regional

Por otra parte, más de un millar de estudiantes se han manifestado este jueves por las calles del centro de Murcia contra el 'Decreto 3+2' por el cual se reduce los grados universitarios a tres cursos y aumenta a dos los másteres.
Los manifestantes han recorrido las calles más céntricas tras una pancarta en la que se podía leer 'No al 3+2! Ni ahora ni nunca', y con carteles en los que se podía leer '3+2, ¿os habéis repartido ya el pastel?' o 'Contra los ataques a la educación pública'.
Además, los estudiantes coreaban proclamas como "una beca no es una hipoteca", "fuera empresas de la universidad", "avanzar, construir, movimiento estudiantil"; o "los estudiantes si no luchan no hay escucha".
El responsable de organización de la Comisión de la Coordinadora de Estudiantes de la Región de Murcia (CERM), Alan Alzate Luque, ha indicado que la manifestación y la huelga es un medio de presión que tienen los estudiantes para mostrar su disconformidad con el sistema educativo, que "prima los intereses de las grandes empresas sobre los intereses de los propios estudiantes".
"Así vemos, por ejemplo, cómo se está reduciendo la inversión estatal en la educación pública mientras se sigue becando o subvencionando a instituciones privadas que funcionan como empresas pero pertenecen al sector de la educación", mientras "se empeora la situación en los institutos y universidades".
Este empeoramiento, destaca Alzate, "ya se puede ver con la masificación en nuestras aulas, la falta de equipo técnico bueno en Formación Profesional o cómo vemos que las tasas aumentan cada vez más en la universidad".
Por ello, han hecho un llamamiento a los estudiantes a que se unan a las reivindicaciones, pero que también luchen "en su día a día, en su centro de estudios, y se unan a la CERM"
Alzate ha indicado que la manifestación es la desembocadura de un trabajo previo que se viene haciendo desde comienzos del año y finales de 2014, yendo a institutos a repartir octavillas, a dar mítines "express" o haciendo asambleas con los estudiantes.

Eduardo Contreras asegura que "hasta ahora" no ha recibido la llamada de Garre para sustituir a Cerdá


MURCIA/LORCA.- El alcalde de Molina de Segura, el ingeniero Eduardo Contreras, ha asegurado este jueves que "hasta ahora" no ha recibido la llamada del presidente de la Comunidad, Alberto Garre, para sustituir a Antonio Cerdá en la Consejería de Agricultura y Agua.

"Ahora mismo, que yo sepa, no sería el nuevo consejero". Aunque, ha declarado que "si el presidente me llama no voy a decir que no", mi admiración por Garre, ha subrayado, "es notoria".
Sobre si será, de nuevo, el candidato del PP a la Alcaldía de Molina de Segura, Contreras ha recordado que hace dos semanas ya dijo que estaba a disposición del partido.
"Si mi partido me pide que me presente, volveré a presentarme a la Alcaldía", ha concluido.
Por su parte, el presidente de Murcia, Alberto Garre, ha eludido hacer declaraciones sobre la dimisión y ha anunciado que el nombre de su sucesor no se conocerá hasta el próximo lunes o martes.
Garre ha señalado, a preguntas de los periodistas en Lorca sobre la citada dimisión, ha dicho no tener nada que decir, aunque ha apuntado que "ante su situación como imputado no quiere ser diana en el proceso electoral que se avecina".
"Yo creo en lo que -Cerdá- ha dejado por escrito. No quiero creer, porque sería muy grave, lo que, sin embargo algunos medios de comunicación han dicho" para justificar su salida del Gobierno, ha señalado Garre, tras lo que ha dicho que "no" esperaba su dimisión, aunque si había mostrado su intención de dejar el puesto por su imputación en el caso Novo Carthago de presunta corrupción urbanística.
Sobre el sucesor de Antonio Cerdá en el departamento que queda vacante, el presidente ha dicho que va tomar el fin de semana "de reflexión y el lunes o el martes tendrán noticias".

Continúan hoy viernes las sesiones públicas de análisis político organizadas por 'Podemos' en Murcia


MURCIA.- 'Desarrollo económico y territorio' es el tema genérico elegido por 'Podemos' en la Región de Murcia para toda una serie de sesiones públicas de análisis político y programa a celebrar con expertos universitarios en el salón de actos del edificio 'Rector Sabater' de la Universidad de Murcia en Ronda de Levante 10. 

La segunda de ellas será hoy, viernes, día 27, a las 19:00 horas. El título de la citada sesión abierta es 'Estrategias políticas para el desarrollo de las regiones en la globalización económica' y estará a cargo del ilicitano José Antonio Ybarra Pérez, catedrático de Economía en la Universidad de Alicante y el sociólogo murciano, Miguel Poveda Navarro.

Ybarra es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia (1976) con tesis de Licenciatura (Universidad de Valencia, 1977) con sobresaliente por unanimidad, (dir. Dr. D. Ernest Lluch Martín). Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante (1983) con sobresaliente "cum laude",(dirs. Dr. D. Ramiro Campos Nordmann y Dr. D. Aurelio Martínez Estévez). 

Poveda es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense (1979) y consultor de estrategia y operaciones. Durante treinta años ha trabajado en el Servicio de Estudios de 'Caja Murcia'.

'Escapar de las garras de Abadía' / Ángel Montiel

En el caso Novo Carthago hay cuatro políticos imputados: Pilar Barreiro, Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana y Francisco Marqués, y uno que está siendo investigado, Ramón Luis Valcárcel. Los dos primeros están aforados por su condición de diputada nacional y de consejero del Gobierno regional, respectivamente. 

La parte de las diligencias que afectan a Barreiro está en manos del Supremo, jurisdicción que por su aforamiento le corresponde, y el resto del caso queda bajo la instrucción del magistrado Manuel Abadía, en el TSJ, a causa del aforamiento de Cerdá. Si Cerdá dimite, el caso pasará automáticamente al juzgado ordinario. Esa es la causa que reside, tras el seguro pretexto de las 'razones personales' que esgrimirá hoy, en la dimisión del responsable de Agricultura, Agua y Medio Ambiente: liberar la instrucción de las garras del implacable Abadía.

Este plan de operaciones ha sido diseñado entre Valcárcel y el diputado Vicente Martínez Pujalte, cuñado de Cerdá, ante la sospecha de que el juez del TSJ podría solicitar antes de las elecciones una comparecencia del expresidente del Gobierno autonómico y ahora vicepresidente del Parlamento Europeo. El juez trabaja probablemente deprisa, a sabiendas de que del resultado de las elecciones podría producirse la sustitución de Cerdá, y con ella debería entregar el caso. 

El prematuro sacrificio político del consejero de Agricultura en pleno fragor de una nueva batalla del agua tiene como finalidad intentar salvar a Valcárcel de la lupa de Abadía, quien ya había detectado supuestos negocios ventajosos del entorno familiar del expresidente con el promotor de Novo Carthago, Rafael Galea, tras indagar en otras presuntas connivencias o presuntos favores y regalos que podrían ser tan impropios como reveladores. Abadía, por lo que se deduce de la parte de su instrucción que ha ido trascendiendo, se disponía a identificar al supuesto Señor X del caso, y ante el volumen de las alarmas ha sido precisa la entrega voluntaria de la cabeza del leal Cerdá, el consejero más veterano y con mejor imagen en el sector a que atiende. La dimisión pudo haberse producido anteayer; de hecho, Cerdá acudió a San Esteban, pero el presidente estaba en Cartagena. 

Una vez que Pedro Antonio Sánchez ha sido desimputado de su caso, tal vez se quiera hacer pasar la dimisión de Cerdá (inesperada para Garre, pues ha sido urdida, como digo, por Valcárcel y Pujalte) como un gesto 'generoso' de los que solicitaba el actual presidente, quien pasaría de contar con dos consejeros imputados a tener ninguno. Pero hay que insistir en que en realidad se trata de salvar al presidente del PP de las garras de un juez celoso de su oficio. 

La devolución de Novo Carthago al juzgado ordinario transmite a imputados e investigados la esperanza de transitar por un ámbito judicial menos estricto.

L' État c'est moi

la luz del día, sin recato y sin vergüenza. Sin intentar esconder más que retóricamente el verdadero motor de los acontecimientos. El Gobierno de la Región de Murcia y hasta los propios intereses electorales del PP, puestos al servicio del señorito, el amo de la finca. 
 
Ha bastado que la instrucción del caso Novo Carthago indagara en presuntos negocios del entorno familiar del expresidente con Rafael Galea, promotor de la macrourbanización del Mar Menor cuya tramitación administrativa se investiga, así como en supuestas atenciones del empresario que podrían resultar impropias, para que todo se ponga al servicio de la defensa preventiva de Valcárcel V, el Intocable.

Antonio Cerdá no ha dimitido por haber reflexionado sobre la necesidad de que los imputados no mantengan cargos, ni siquiera retrospectivamente porque había prometido que lo haría si el PP, cuando gobernara en el Estado, no retomaba el trasvase del Ebro. Ha dimitido para que, una vez que con su marcha no quedan aforados en la parte de la causa de la que se entiende en Murcia, el TSJ pierda sus competencias en el caso, deje de investigar al líder del partido y la instrucción pase al juzgado ordinario, que obligadamente habría de iniciar la investigación desde cero y tal vez con menos celo del que ha mostrado el magistrado Manuel Abadía. Así de evidente, así de, esta vez sí, transparente. 

Poco importa que precisamente en este momento al Gobierno le sea más necesario que nunca el concurso de Cerdá, consejero de gran autoridad en su sector, por la movilización de los regantes y las necesarias respuestas a una política sobre el agua que hace aguas y sobre la que Garre anuncia novedades. El Gobierno, que se las apañe. Lo importante es rescatar a Valcárcel de una instrucción que, por lo que apunta, podría llegar muy lejos, y tal vez desvelar todo el supuesto entramado de intereses inconfesables que permanece tras muchas de las actuaciones políticas de los últimos doce años. Para salvar de la Justicia la cabeza de Valcárcel se le da el tajo político a la de Cerdá, un sacrificio consentido por la lealtad a quien lo ha mantenido en el Gobierno hasta ahora, incluso con otro presidente.

Valcárcel no ha movido un músculo cuando los imputados eran otros. Incluso algunos casos, como los de Cámara o Barreiro, le han venido bien por el debilitamiento político que les acarreaba, acrecentando su poder. Pero cuando los pasos de la investigación sobre Novo Carthago parecían dibujarlo como el supuesto Señor X de la operación urbanística y parecía acercarse el momento de ser llamado a declarar, ha movido las piezas, con la inestimable colaboración de Martínez Pujalte, cuñado de Cerdá, para recomponer la línea roja ante él.
La Región, el Gobierno y la imagen, ya más que deteriorada del PP por su causa, capricho y arbitrio, a su servicio. El Estado es él. Y a ver quién se atreve a decir que el rey va desnudo. 

Performance / Ramón Cotarelo *

En un post de anteayer, Palinuro calificaba a Iglesias de portentoso animal político en referencia a su idea de contraprogramar el debate sobre el estado de la nación que, por cierto, empieza a conocerse como den, con alegre desconocimiento del sentido del término en inglés. Como lo pensó, lo hizo. Podemos se llevó el den al teatro Fernando de Rojas, del Círculo de Bellas Artes en su segundo día y lo llenó hasta los gallineros, con gente fuera. Eclipsó el poco relieve que iban a tener los grupos minoritarios de la cámara, especialmente los catalanistas. Y eso, además en el día en el que el Tribunal Constitucional anunciaba que anulaba parte de la ley catalana de consultas y el decreto subsiguiente a cuyo amparo se convocó el 9N.

  Se avivan los tizones independentistas; la Generalitat asegura que acata pero no comparte y Mas lamenta que no les quede más vía que las elecciones de septiembre. Por supuesto. Ya se sabía. Los de ERC podían haberse ahorrado la intervención en la cámara. En realidad, visto el caso que se les hace, podían habérsela ahorrado todos los grupos, incluido el socialista. A este incluso le recomendaron que no volviera por falta de nivel. Así que ayer por la tarde, el Parlamento estaba fuera del Parlamento.

El golpe de Iglesias es espectacular. De espectáculo. De teatro. Pero con un enorme impacto. Dícese que fue Sófocles quien introdujo el tercer actor en la tragedia griega. El primer día vio la pugna entre el protagonista y el antagonista con el coro en el hemiciclo. En el segundo el tercer actor se coló, incluso obligado por alusiones. En el primer acto, el protagonista habló de Iglesias sin que este estuviera presente ni pudiera responder. En el segundo Iglesias habló del protagonista sin que este estuviera presente ni pudiera responder. Y en condiciones mucho más favorables porque el de Podemos domina los escenarios como si hubiera nacido en ellos. 
 
Lo hizo ignorando al antagonista del primer acto, a quien no nombró ni una vez y al PSOE explícitamente solo en una ocasión, ligándolo a su cruz del 135, si bien había una frecuente referencia implícita al hablar de "gobiernos anteriores". Pero la referencia directa, inmediata, permanente, fue a Rajoy a quien en el primer minuto Iglesias ya retó a un debate cara a cara en TV cuando quisiera y como quisiera. Dominio absoluto. Ahí quedó ese simbólico guante que tampoco Sánchez recogió en fechas pasadas. Con razón porque es un reto blindado: si los dos líderes dinásticos lo aceptan, juntos o por separado, tratarán de igual a igual a una fuerza emergente y son pocas sus probabilidades de ganarlo. Pero si lo rechazan, ya lo han perdido.

El discurso de casi una hora estuvo bien. Excesivamente retórico para Palinuro, aunque no para un público entregado, a veces encendido. Abundancia de figuras y tropos, pero articulado en el lenguaje directo y claro de la indignación de la gente de la calle. Se abrió y se cerró con una llamada a la Patria. Patria, patriotismo, patriotas términos que aparecieron con frecuencia. Hilo condctor de búsqueda de una comunidad extensa que luego se ajustaba verticalmente con la también frecuente referencia al arriba y abajo, los ricos y la gente. Su empeño por armar un discurso asimismo práctico, concreto, empírico, lo llevaba a interminables relaciones de datos y estadísticas que cuantifican las acusaciones de desigualdad e injusticia, pero acaban desorientando. 
 
No obstante, la conclusión era obvia: el discurso de Rajoy en el primer acto era un conjunto de falsedades, engaños, ocultaciones y servidumbres a  los amos alemanes y del totalitarismo financiero, expresión que tendrá su impacto mediático. Aunque tuvo buen cuidado de equilibrar reconociendo a Alemania capacidad para adoptar políticas acertadas.

Fue también propositivo, incluso prolijo y a veces reiterativo. No se prepara un discurso de una hora en menos de veinticuatro, aunque en él haya aportaciones colectivas substanciales. O quizá por ello. También en el recital de las medidas positivas aparecieron menciones específicas que en los discursos parlamentarios al uso no se hacen por olvido, desidia o ignorancia, como el IVA cultural o la perspectiva de género permanente. O no se hacen por miedo, como el impuesto a la riqueza.

La corrupción tuvo un tratamiento condigno. Definida como estructural y con algún sarcasmo, estuvo en el espíritu de crítica y ataque de las demás fuerzas.

De Cataluña, ni una palabra. En esto el Parlamento de fuera y el de dentro se parecen mucho.

No sé si el tercer actor se ha comido al segundo y tampoco sé si sería justo. Iglesias ha tenido veinticuatro horas para responder a un texto que ya conocía. Ha hecho una réplica. Sánchez respondía a un discurso que desconocía y solo podía imaginar. En un contexto formal y parcialmente hostil y con unos tiempos tasados. Iglesias no iba a ciegas y el reglamento no lo atosigaba. Hubiera podido hablar hora y media.
 
No obstante, las tragedias suelen tener tres actos. Queda el tercero. Palinuro no pierde la esperanza de que la oposición institucional comprenda que, si en el Congreso está bloqueada y fuera de él, ninguneada, le ha llegado el momento de hacer algo. En primer lugar, presentando una moción de censura y, si el gobierno sigue ignorando a la representación popular y gobernando por decreto, retirada al Aventino. En el fondo, ese teatro Fernando de Rojas es una especie de Aventino solo que para una gente que no está en el Parlamento o aún no está en el Parlamento. Ya se sabe que es difícil y complicado. Pero la política, a veces, es difícil y complicada, sobre todo cuanto está en juego la supervivencia.

Ese sí sería un interesante tercer acto. 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Extraña dimisión del imputado consejero Cerdá cuando calla toda la verdad y el motivo real

MURCIA/LORCA.- El imputado Antonio Cerdá ha presentado al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Alberto Garre, su dimisión como consejero de Agricultura y Agua del Gobierno regional y expone los siguientes motivos de su decisión:

"Después de 16 años como consejero del Gobierno regional al servicio del sector agroalimentario y de la Región, he decidido dimitir de mi cargo y así se lo he hecho saber en el día de hoy al presidente de la Comunidad, Alberto Garre.

Durante 16 años, mi entrega al sector agroalimentario, a la Región de Murcia y a mi partido ha sido incondicional. Durante todo este tiempo he trabajado con la única finalidad de defender, garantizar y promover, tanto fuera como dentro de la Región, los intereses agrícolas, hídricos y medioambientales de Murcia, poniendo para ello toda mi capacidad, mis conocimientos y mi integridad al servicio de dichos intereses públicos.

La gestión eficiente del agua y el desarrollo continuo y sostenible de los recursos agrícolas de toda la Región han sido las únicas motivaciones que durante este largo periodo han guiado cada uno de mis actos y mis decisiones.

En todo momento he cumplido con mis obligaciones profesionales en el marco de mis atribuciones, con pleno respeto y estricto cumplimiento de la legalidad vigente, sin obtener nunca ningún beneficio ilícito ni para terceros, ni mucho menos para mí.

Ahora bien, siempre he antepuesto los intereses de la Región de Murcia y del Gobierno regional a los míos propios, y por ello he tomado ahora, y ante el inicio de la próxima campaña electoral, esta difícil decisión personal.

Agradezco profundamente a todo el sector agroalimentario, a Ramón Luis Valcárcel y a Alberto Garre la confianza depositada en mí durante todos estos años, confianza a la que siempre he intentado responder con lealtad, honestidad y mi mayor esfuerzo".


El presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, se pronunció en Lorca sobre la posibilidad de que la dimisión del consejero Antonio Cerdá sea una maniobra para quitarle al magistrado instructor Manuel Abadía, el azote de Valcárcel, la investigación del caso Novo Carthago
«Yo creo en lo que –Cerdá– ha dejado por escrito. No quiero creer, porque sería muy grave, lo que, sin embargo algunos medios de comunicación han dicho» para justificar su salida del Gobierno, señaló Garre, tras lo que reconoció que no se esperaba que el consejero dimitiría ya, aunque si conocía su intención de dejar el puesto por su imputación en el caso Novo Carthago, recoge 'La Opinión'
Garre, desde que es presidente, se ha mostrado contrario a la presencia de imputados en los cargos públicos y las listas electorales. En alguna ocasión apeló «a la generosidad» de Cerdá y Pedro Antonio Sánchez para que abandonaran el Gobierno.

UPyD critica "el uso torticero" de la Justicia e insiste en la supresión de los aforamientos

MURCIA.- El candidato de UPyD a la Presidencia de la Comunidad, César Nebot, ha afirmado que el Gobierno regional del PP "hace un uso torticero de la justicia, de los tiempos y de las instituciones para garantizar su supervivencia política, en contra del beneficio de los ciudadanos, algo compartido por el PSOE".

Nebot se ha referido así al anuncio de la dimisión del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y recuerda que desde la formación magenta siempre se ha reclamado "la supresión de los aforamiento para acabar con las idas y venidas de expedientes y cambios de tribunales que dilatan el esclarecimiento de los delitos por corrupción".
Para UPyD, "el incremento de los casos de corrupción política hasta límites insoportables hace imprescindible abordar el problema de raíz y suprimir los supuestos de aforamientos de los diputados, senadores y de los miembros del Gobierno".
Nebot insiste en que el aforamiento "es un privilegio con el que hay que acabar para que los políticos acusados de corrupción sean juzgados como cualquier ciudadano, y no por tribunales en los que ellos han repartido los sillones". Desde UPyD se denuncia "este uso partidista de la justicia y hemos reclamado que la figura del aforado desaparezca".

El juzgado nº 8 de Murcia abre pieza separada en el 'caso Umbra' contra el alcalde Cámara

MURCIA.- El titular del juzgado de Instrucción nº 8 de los de Murcia ha acordado, por un auto notificado este jueves, crear una pieza separada dentro de las Diligencias Previas del caso 'Umbra', de presunta corrupción urbanística, en las que se investigan, entre otros, los presuntos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, que pudieran derivarse de la tramitación de convenios urbanísticos de la zona norte de la capital de Murcia y sobre la rehabilitación del Casino.

Esta pieza se dirige contra el empresario y promotor del complejo Nueva Condomina, Jesús Samper; el ex director de la Gerencia de Urbanimo de Murcia, Pedro Morillas; el ex jefe de Planeamiento Urbanístico de Murcia, Joaquín Peñalver; y el actual alcalde Miguel Ángel Cámara.
El resto de imputados en el proceso principal, según la parte dispositiva del auto, "no son parte en esta pieza por carecer de legitimación, debiendo abstenerse de presentar escritos".
En concreto, se trata de la Pieza Separada Convenio 12/2001 Nueva Condomina, con hechos referentes al período 1999-2003 que, según se recoge en la resolución, "parece no precisar la espera de otras diligencias que se han señalado para marzo de 2015 y que no son de su materia".
"Se trata de hechos cuya investigación está prácticamente finalizada respecto de los que, por tanto, no resultan predicables las ventajas que sobre la instrucción conjunta se ha expuesto anterioridad cuyo enjuiciamiento independiente se vería claramente facilitado y agilizado sin generar riesgo de ruptura de continencia de la causa", motiva el instructor.
Esta resolución es recurrible en reforma ante el juzgado que la dicta y en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.