La Fiscalía General del Estado va a entrar inmediatamente "a saco" en la Región de Murcia ante la creciente alarma social por el percibido estado generalizado de corrupción política y urbanística. Conde-Pumpido ha decidido enviar al TSJ un fiscal anticorrupción, a sumar al que viene de camino para tratar los presuntos delitos medioambientales y urbanísticos, investigados ya en San Javier, Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón y Águilas por el fiscal-jefe en persona. Sus alcaldes pueden quedar "tocados", en sus respectivos partidos como posibles candidatos para 2007, si se suscita, al menos, la duda sobre sus actuaciones sin menoscabo de la presunción de inocencia. Mal lo tienen, especialmente, los dos primeros y el último.La presión de una sociedad civil movilizada, desde la valentía y su espíritu crítico, mueve al fiscal-jefe, López Bernal, a sumarse al proceso de tener que normalizar la democracia murciana desde una nuevas y saneadas bases que permitan el libre juego del mercado y la competencia. La Abogacía del Estado va a tener también un papel protagonista junto a la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Antes del final de 2006 habrá gente muy conocida socialmente, presuntos delincuentes de cuello blanco, en la cárcel de Sangonera con carácter de presos preventivos. Unidades especiales del Ministerio del Interior vienen actuando en el Campo de Cartagena, desde hace varios meses, con instrucciones muy concretas del Gobierno Zapatero sobre la persecución implacable de los delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y/o de paraísos fiscales.
En este momento se investiga a fondo, por parte de altos organismos del Estado directamente, a dos de los principales capos de la ilustrada mafia murciana, especialmente su patrimonio y cuentas corrientes, para comprobar que se encuentran en paz con la Hacienda Pública. Al menos en uno de los casos, a la Fiscalía sólo le faltaría el testimonio de un testigo para pedir al juez, y conseguir, su envío a prisión. Una de las claves sería el incremento injustificado de patrimonio y, especialmente, el valor real de una finca rústica comprada a su nombre cerca de Cieza y hoy inscrita como patrimonio de una sociedad mercantil sospechosa de realizar ingeniería financiera. El investigado dice, sin embargo, a sus allegados y amigos sentirse tranquilo ante el dominio de la situación, aunque se le haya disparado la tensión arterial a valores de cierto riesgo para su salud.
Al fiscal general del Estado, después de leer esta semana el alarmante reportaje sobre supuesta delincuencia política en nuestra tierra, en el prestigioso semanario francés "L´Express", le preocupa especialmente la Región de Murcia, de la que viene hablándole y documentándole hace meses, el catedrático de Derecho Penal de la UMU, Gerardo Landrove, exprofesor suyo en la Universidad de Santiago de Compostela, con un criterio consistente, técnico, solvente y objetivo. Y especialmente desde que se acumulan las denuncias contra cargos públicos del PP y el PSRM por correlacionados presuntos delitos de corrupción, urbanísticos y medioambientales, de los que no se salvan tampoco los consistorios de Murcia, Cieza y Archena. De momento no afectan a Lorca, Jumilla, Torre Pacheco o Fuente Álamo, ni a otros municipios del Valle de Ricote.
