martes, 23 de mayo de 2006

Murcia y Cartagena, objetivos de Zapatero

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Rodríguez Zapatero, se ha fijado como objetivo irrenuncible para las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007 hacerse como sea con las alcaldías de Murcia y Cartagena ante el fuerte deterioro de imagen pública del PP en la Región y unas expectativas electorales que, con un año por delante, pueden incluso llegar a ser desastrosas para los conservadores en todos los ámbitos. El ciudadano de a pié ya es consciente, por ejemplo, de lo poco operativo que está resultando tener aquí un presidente autonómico de distinto signo político que en Moncloa aunque el problema del agua ya esté técnicamente resuelto para esa fecha de la próxima cita electoral con la puesta en marcha de más plantas desalinizadoras en nuestro árido litoral.

Otras alcaldías que está en el ánimo de los socialistas recuperar son, al menos, las de Águilas, Yecla, Alcantarilla, Molina, Cieza, Totana, Alhama, Mazarrón, Caravaca, Cehegín, Moratalla, Archena y Las Torres de Cotillas, sin descartar alguna sorpresa en Torre Pacheco y Fuente Álamo, ante el fuerte desgaste y desunión de sus actuales gobernantes ya muy evidenciadas en Yecla y muy latentes en otros consistorios por la pérdida de liderazgo de sus actuales alcaldes. Además, la capacidad de renovación del PP murciano está bajo mínimos ante la negativa de algunas figuras emergentes inéditas de encabezar listas mientras el líder del partido sea un Valcárcel tan cuestionado desde algunos medios de comunicación y sectores sociales de calidad por la presunta corrupción que le rodea desde su entorno más íntimo y cercano. El presidente, que vive sin vivir en él, está ahora muy pendiente de que la Fiscalía pudiese imputarle de rebote en algún presunto delito urbanístico legitimado desde la administración autonómica o de tráfico de influencias familiar, ya en un plano más personal.

Si eso fuese así, San Esteban es seguro cambiará de inquilino y se llamará Pedro Saura. Zapatero necesita dar un vuelco en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, más que nada por ser hoy importantes fuentes de financiación del PP a nivel nacional a través de una actividad urbanística desproporcionada y en contra de los intereses de la mayoría social de ambas comunidades autónomas. Si encima el PSOE gana, o puede gobernar en coalición con otras fuerzas democráticas, en Madrid, Cantabria, Baleares y Canarias, las generales de 2008 pueden ser un paseo militar para el inquilino de La Moncloa al arrinconar al PP en Castilla-León, La Rioja y Navarra, las tres regiones más conservadoras de España, aparte de Ceuta y Melilla.

El plan contra la corrupción diseñado por el PSOE en Ferraz será el buque insignia de su programa electoral, algo que ataca el corazón mismo de las huestes de Valcárcel acosadas por la Fiscalía y el convencimiento de los ciudadanos de que estamos ante un partido que es necesario sacar del poder cuanto antes por el bien de la propia democracia murciana. "Deseamos añadir higiene democrática a los ayuntamientos", rezará la propaganda socialista ante su intención de castigar de forma más severa el delito urbanístico que hoy tanto prolifera impunemente en la costa e interior murcianos.

En ese programa de progreso, el PSOE se preocupará de añadir más recursos y medios al Tribunal de Cuentas para una mayor fiscalización de presupuestos municipales y vigilancia férrea sobre las empresas públicas locales. La labor de adecentamiento de la vida pública regional afectará, al menos, también a las candidaturas del PSOE en Lorca, Los Alcázares, La Unión y Jumilla, hoy con alcaldes socialistas muy cuestionados desde Ferraz y Princesa, y las denuncias contra algunos de ellos presentadas ante la Fiscalía desde instancias progresistas de una movilizada sociedad civil, que es la única que hoy por hoy tiene la clave de lo que va a pasar. (ZPI)

Quitar los dientes al caimán

El trasiego de dinero negro murciano hacia las islas Caymán, donde Caja Murcia tiene una sociedad financiera filial desde hace ya varios años y la CAM afirma que ha cerrado ya la suya abierta con anterioridad, va a tener mucho más difícil el camino hacia el dudoso archipiélago caribeño a partir de la nueva normativa del Ministerio de Economía para un mejor control informativo, en cantidad y calidad, del flujo de todo tipo de capitales de ida y vuelta. Esa nueva orden de actualización para luchar contra el blanqueo de capitales opacos al fisco, ya publicada en el BOE, obliga a las entidades financieras a nuevos requisitos, trámites y documentos que se deben cumplimentar para declararlos.

Ahora es obligado informar al Ministerio de Economía de cantidades superiores a los 10.000 euros que entren o salgan de España pese a que la cantidad mínima fijada por los organismos internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero está en los 15.000 euros. La ley contra el blanqueo de dinero contempla sanciones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención para las entidades financieras que no colaboren con la Administración, que alcanzaron los cinco millones de euros en 2005. No se ha podido confirmar si algunas de nuestras particulares entidades de ahorro han sido o no sancionadas por la autoridad de control correspondiente.

El Ministerio de Economía, que ultima otra orden para reforzar las medidas de prevención, y el propio Banco de España, no ven bien la persistente actitud de Caja Murcia de seguir manteniendo operativa una sociedad financiera en islas Caymán aunque entiendan, o precisamente por eso, el sentido de cierta resistencia a liquidarla de parte de su dirección general sin que conste haya sido apercibida por el consejo de administración y/o las autoridades autonómicas competentes ante la mala imagen que una actividad semejante representa para nuestra región al tratarse de una caja de fundación pública tutelada por la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, la Unión Europea ya tiene operativa una red para resolver las quejas de los usuarios de estas entidades financieras y que posibilita que las denuncias de los presuntamente afectados se tramiten con la máxima celeridad y eficacia por medio de los organismos nacionales de protección al consumidor para que vigilen el normal funcionamiento de un verdadero mercado interior de servicios financieros. Los litigios se pueden solventar mediante procedimientos extrajudiciales y son especialmente útiles para hacer valer claúsulas contractuales incumplidas y, encima onerosas, a los extranjeros europeos residentes entre nosotros que utilizan los servicios de nuestras cajas y bancos en transacciones financieras hacia sus países de origen. Los ciudadanos comunitarios que se sientan perjudicados por un mal servicio de nuestras entidades ya pueden presentar su queja ante el Banco de España. (NEM)