El actual gobierno del paraíso fiscal de las islas Caimán, en el Caribe, (en la foto, la sede de su Banco Nacional) parece definitivamente dispuesto a cooperar en firme con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en la persecución de los verdaderos titulares de capital procedente del crimen organizado en cualquier parte del mundo, siguiendo las recomendaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), pese a la práctica ausencia hasta hace poco de control de cambios. Eso significa muchas menores facilidades para el eventual blanqueo masivo de dinero negro en forma de desproporcionadas e incoherentes (por no existir para nada una demanda sostenida acorde con tamaña oferta, ni previsiones de que ésta aparezca a corto o medio plazo) inversiones inmobiliarias en la costa mediterránea española, según fuentes próximas a nuestra entidad nacional para su prevención, radicada en el Banco de España.
Desde el Ministerio del Interior se sospecha (¿con cierto fundamento?) que la irracional fiebre inmobiliaria desatada en la Región de Murcia, sur de la provincia de Alicante y litoral levantino almeriense puede tener bastante que ver con la necesidad de blanqueo urgente de mucho capital opaco procedente de paraísos fiscales y, en el caso de este archipiélago, tal vez orientado informalmente en parte a través de una muy determinada entidad de crédito, bien implantada en las tres zonas turísticas citadas, porque ha estado, o sigue, en Gran Caimán desde hace años con una licencia B (para operar con no residentes) tras pagar una tasa de cinco millones de pesetas a la correspondiente Autoridad Monetaria de Georgetown y hacer acto regular de presencia dos empleados acreditados o con poderes para constituir o representar a una filial. (Para ser residente oficialmente, basta con comprar una casa de valor superior a los 50 millones de pesetas, lo que hasta puede resultar fiscalmente rentable para alguno).
Sin conculcar el secreto bancario, todavía vigente en Caimán para terceros, el cerco de las autoridades policiales internacionales se va cerrando en torno a este flujo, y sus protagonistas más indeseables, mediante la aportación de filiación individual y pruebas concretas en contra a la brigada policial especializada local, que ha organizado el gobernador británico por muy fuerte presión exterior. Con autorización del Banco de España, las entidades españoles que así lo han decidido de tiempo captan recursos en los mercados de capital mediante la emisión de notas o fondos que no tributan y cuya rentabilidad es elevada. La ley vigente en estas islas sin partidos políticos ya obliga a la presencia física de las entidades financieras, o sus filiales, que aquí deseen operar.
Desde 2001, la Fiscalía Anticorrupción de nuestro país viene denunciando la reducción artificial de tributación de bancos y cajas de ahorro mediante sus filiales y sucursales en paraísos fiscales, independientemente de que el de islas Caimán (antiguo refugio de piratas enemigos de la Corona española por inducción británica) aparezca como el predilecto, hasta hace bien poco, en base a su estricta confidencialidad y alta rentabilidad de los supuestos depósitos en función de una nula o muy baja fiscalidad sobre capitales externos, sólo teóricamente situados en este archipiélago porque el dinero físico no se encuentra en presencia al tratarse todo de meros apuntes contables.
La mayoría de las inversiones españolas es en emisión de participaciones preferentes pero también se utilizan las opciones de fondos mutuos autorizados y sociedades no residentes. Una investigación a fondo en marcha podría, pues, arrojar pronto datos sorprendentes para nuestra particular opinión pública sobre algún personaje cercano, y muy conocido por su obsesión de aparentar limpieza ante una ya muy alertada Fiscalía.
Siete centenares de entidades financieras tienen o han tenido presencia física en estas islas aunque el 99% de sus clientes no las haya pisado físicamente jamás. Se estima en un billón de pesetas el cálculo de la inversión hecha por la banca española desde 1997, y se considera que ese dinero ha escapado de sus obligaciones con Hacienda. En total, los depósitos mundiales deben estar en torno a los 250 billones de dólares, unas cuatro veces el total del PIB español, lo que da una idea de las magnitudes para explicarse mucho mejor por qué está aflorando tanto dinero extraño sobre nuestro litoral, si ese fuese finalmente el caso, desde la quinta plaza financiera internacional (tras Londres, Nueva York, Tokio y Hong Kong), en la que constitucionalmente se ha consagrado para residentes la práctica ausencia de impuestos (no existen sobre beneficios, rentas o patrimonio) y el secreto bancario, hasta rayar el paroxismo en tiempos bien recientes.
Desde enero de 2003 se comenzó a identificar en Caimán (uno de los ocho paraísos fiscales bajo tutela británica junto a Bahamas, Gibraltar o Jersey) a los titulares formales de las nuevas cuentas que se aperturaban, y a intentar hacer lo mismo con las centenares de miles ya abiertas antes de esa fecha, como precio a pagar por salir de la indiscreta y molesta lista negra del GAFI. No obstante, las filiales o sociedades instrumentales de las entidades españolas siguen todavía algo al margen de las normas de transparencia fiscal internacional frente a operaciones con terceros o naturales no residentes en nuestro territorio, con independencia del origen de sus depósitos. Hasta hace muy poco la supervisión del Banco de España se limitaba solamente a verificar su solvencia a través de su situación patrimonial, según denunciaba Anticorrupción.
Las islas Caimán fueron descubiertas fiscalmente desde aquí en los años 90 con motivo de la implantación en ellas de filiales de dos entidades de ahorro especialmente enraizadas en la sociedad murciana. Algunas fortunas locales quisieron refugiarse y protegerse en ellas, pero, a la vez, gran cantidad de dinero negro internacional descubrió la existencia de nuestra tierra y sus potencialidades de desarrollo turístico-inmobiliario. En algún momento se estableció en Miami (a dos horas de vuelo de Georgetown) la conexión con murcianos capaces de canalizar blanqueo de capitales y en esa parecemos encontrarnos ahora pese al duro informe de la ONU en 2000 sobre la enorme brecha abierta en su día por Caimán en el sistema jurídico internacional. Mientras la matriz de las entidades financieras observa normas aceptables, sus filiales allí actúan con menos escrúpulos y mantienen cierta duplicidad en sus operaciones y comportamiento.
Desde 2004 existe el compromiso con la OCDE de estudiar el considerar actividad criminal, también la evasión fiscal de los no residentes a través de este exótico paraíso fiscal caribeño preferido por los murcianos refractarios a cumplir del todo con sus obligaciones tributarias. Para antes de finalizar este año 2006 estaba prevista en esos mismos acuerdos la persecución policial de las actividades ilegales. ¿Está entre ellas ocultar las cuentas de sus mejores clientes por parte de alguna entidad española de ahorro al estar sometida a otra legislación su filial en Gran Caimán? La Policía piensa, además, que el Caribe es el centro mundial de reunión de la Mafia, una organización que se ha fijado ahora en la enorme posibilidad de blanquear dinero en una región mediterránea europea tan desconocida, apartada, ingenua y despistada como Murcia.
