lunes, 13 de noviembre de 2006

Cartagena, cuna de "Los Malayos"


Si quieren saber donde aprendió Tomas Olivo y su “súbdito” Juan Antonio Roca las artimañas del mundillo del ladrillo vengan a Cartagena, cuna de ambos y de otras grandes fortunas nacionales relacionadas con la recalificación y el convenio urbanístico. En Cartagena la expropiación forzosa es utilizada para saquear barrios enteros. Por ejemplo, en el Peri C4 se expropiaron más de 100 viviendas por un importe que no llegó a los 300 millones de pesetas. Después la sociedad municipal “Casco Antiguo” lo vende en 1.000 millones a Sethome (sociedad relacionada con el PSOE); precio este aún por debajo de mercado pues se puede y se están construyendo cerca de 500 viviendas, 700 plazas de garaje y la nueva sede de la ONCE. El gerente de Puerta Nueva (Sethome) es el ex-alcalde socialista José Antonio Alonso. El PP expropia y el PSOE hace caja.

La expropiación de una vivienda en Cartagena no supera los 8.000 euros. Mientras con esa vara se mide al ciudadano, a uno de los amos del ladrillo de Cartagena y componente del trío de los intocables Pan de Higo-M.Roca- Tomas Olivo, al primero por un solar cercano al Peri C4, donde se va a ampliar el Museo de Arte Moderno, se le han pagado 250 millones de pesetas ¿Por qué no se le hace una expropiación forzosa y se le paga un justiprecio? Pues en este caso el interés general si es claro, pues es para la ampliación de un museo público.

Qué decir de Mariano Roca, implicado en la sustracción de joyas y documentos de una caja de seguridad bancaria. Ellos son los grandes beneficiados de las más de 120 modificaciones del PGOU de Cartagena. De Tomas Olivo es contar y no parar.

Pero el expolio no ha terminado. Con la ayuda de “Tele 5”, podemos evitar que más de 200 afectados por los Peri de Monte Sacro y del Molinete, sean arrebatados injustamente de sus propiedades a golpe de expropiación forzosa. Además, si tenemos en cuenta que el casco histórico de Cartagena es reconocido por ley, desde el año 1982, como Conjunto Histórico- Artístico y que por esa razón se han conseguido fondos europeos para rehabilitar dicho casco, dichos fondos han sido utilizados por Casco Antiguo S.A. sociedad municipal, en expropiar, expulsar y desarraigar a lo vecinos afectados de los Peri y derribar todos los edificios para dejar un inmenso solar.

Hay muchos temas de corrupción o tratos de favor o “pelotazos”, también en el Campo de Cartagena. La concentración parcelaria de las tierras cae en manos de don Mariano y sus amiguetes. Y qué contar del vertedero municipal, gran chollo, nunca la mierda produjo tan suculentas rentas: 1.800 millones al alimón para Portmán Golf (Pan de higo y M.Roca. Y...

Esperemos que “Tele 5” informe a la sociedad de lo que ocurre en Cartagena, donde PP y PSOE parecen la misma cosa y unidos por los mismos fines. De todo lo expuesto existen documentos y copias de documentos oficiales, actas de embargo y de valoraciones, fotografías...

Hasta nuestros días Cartagena ha sido conocida como la ciudad de los “cuatro santos”: San Fulgencio, San Isidoro, San Leandro y Santa Florentina. Ahora también como Cartagena cuna de "Los Malayos".

Y dos notas de cierre:

* Las cuentas corrientes de Tomás Olivo parece ser que están en Paribás (B.N.P).

* J.A. Roca fue empleado de Tomás Olivo, que lo “despidió”, pero luego fue el que llamó a Olivo a Marbella, y le abrió las puertas.

El Calamarí

La sociedad civil al rescate de "Cajamurcia"


La primera entidad de crédito de la Región de Murcia, propiedad última de todos los ciudadanos residentes y/o censados aquí, se encuentra desde hace meses en el ojo del huracán del Ministerio de Economía, del Ministerio del Interior, del Banco de España, Hacienda y de nuestra sociedad civil menos complaciente ante su apuesta radical por la economía especulativa en vez de la productiva o la social. “Cajamurcia” está hoy, además, bajo sospecha hasta de la perspicaz administración federal norteamericana por ciertas compañías que frecuenta y el sorprendente montante de algún crédito concedido.

Otorgar créditos más que multimillonarios a empresas promotoras relativamente jóvenes, muy por encima del capital social desembolsado por éstas, parece algo más que una temeridad de los máximos gestores de “Cajamurcia” ante las insuficientes garantías de devolución, por muchos millones de metros cuadrados de suelo recalificado que se ofrezcan como aval, en virtud de legalmente dudosos convenios urbanísticos firmados con ayuntamientos ahora sospechosos de corrupción por presunto cohecho y supuesta prevaricación. Este tema ya se trabaja en alguna redacción madrileña desde enero.

No gusta tampoco nada su enorme implicación como inversor de referencia en negocios dudosamente rentables y, por el contrario, su renuencia a financiar políticas sociales prioritarias por derecho constitucional. Ni la competencia de “Cajamurcia”, posiblemente desleal, a tradicionales pequeñas/medianas empresas de determinados sectores de la economía murciana, por abuso de posición de dominio institucional en un contexto más general del mercado no financiero. El cliente clásico no está muy a gusto.

Un cualificado sector de la sociedad civil regional y de la comunidad universitaria está muy alarmado, precisamente por eso, con la gestión del casi sexagenario director general de “Cajamurcia”, Carlos Egea Krauel en la última década sobre dos más en el cargo, y así se lo han puesto abiertamente de manifiesto en persona algunos de sus más significativos exponentes, al Gobierno de la Nación y a otras altas instancias del Estado para su conocimiento y efectos, ante el cariz de la derrota tomada por la citada entidad de ahorro de fundación pública. El proceso de su rescate se acaba de poner en marcha.

La unidad de vigilancia financiera de la Guardia Civil (en su calidad de policía administrativa), con sede en el propio Banco de España (institución con capacidad legal suficiente para solicitar el cese del máximo ejecutivo de cualquier entidad), en Madrid, sabe bien de las actividades, parece que un tanto heterodoxas, de “Cajamurcia” en las comarcas prelitorales y litorales de la geografía regional, y en el paraíso fiscal de las islas Caimán (prestigioso y acreditado lavadero caribeño de capitales opacos a cualquier fisco). Es ya más que un rumor que se avecinan serios problemas para alguien concreto.

La extendida convicción de que “Cajamurcia” no cumple plenamente tampoco su función social pese al eufemismo contemplado en estatutos y la opacidad galopante de algunos de sus departamentos clave, refractarios a cualquier tipo de auditoria, preocupa seriamente en círculos muy cualificados de la sociedad civil regional, que se apresta a intervenir, con premura y sin más dilación, con todos los medios legales a su alcance ante la sensación del práctico secuestro de la entidad por determinadas personas de nuestra vida pública, que no han sido elegidas nunca por los ciudadanos. Especulen.

Se quiere pues que sea pronto la Asamblea Regional el verdadero y primer órgano de control democrático de una entidad fundada en el seno de la extinta Diputación Provincial y ahora asumida como parte de la Comunidad Autónoma. Su actual utilización extrema arbitraria por determinados miembros del Ejecutivo conservador y bajo sospecha, con la total connivencia de la dirección general proveniente del tardofranquismo, aconseja un profundo replanteamiento de la misión suprema de “Cajamurcia” de cara a la próxima legislatura autonómica. La transparencia en su gestión se considera fundamental en esa nueva etapa para conjurar posibles actuaciones ventajistas, y hasta caprichosas, en atención a peticiones interesadas desde la política.

La democratización inaplazable, efectiva y real en “Cajamurcia” de sus órganos de representación y gobierno también debiera alejar de una vez por todas las suspicacias en cuanto a lo auténtico del proceso electoral y sus resultados para evitar las actuales profundas dudas sobre su eventual contaminación por el control ejercido desde la estructura directiva sobre candidaturas únicas y previsibles, elección tras elección, repetidas con gentes que hacen profesión por ocupar tanto las bien remuneradas poltronas. A partir de ahí, “ormetá” a cambio de sustanciosas dietas de asistencia y legitimación unánime de todo lo que se presenta para aprobar a gente muy controlada.

El director general debiera responder a varias preguntas formuladas públicamente ya por esa sociedad civil al rescate, en órganos independientes de prensa y en aras de la debida transparencia inherente al sistema democrático, para demostrar que no estamos ante una enfermiza actitud patrimonialista respecto de la entidad, clara propiedad de todos los murcianos sean o no impositores de “Cajamurcia”. Si no lo hace y subestima a una sociedad civil en marcha, más pronto que tarde parece tendrá nuevas complicaciones insolubles a tenor de las exigencias puestas en circulación sin más contemplaciones. En 2007 comienza un nuevo ciclo de vida para una Caja de todos.

No es, sin embargo, ningún secreto que “Cajamurcia” atraviesa uno de los peores momentos de su corta historia debido a demasiado abandono de su negocio financiero tradicional y prudente por acorde con su modesta dimensión comparada. Su tradicional opacidad ha disparado toda suerte de rumores sobre una base verosímil de dificultades previsibles como consecuencia de varias inversiones industriales fallidas aparte de créditos otorgados con cierta ligereza a amigos o recomendados del poder político regional actual o nacional anterior. Los amables certificados de solvencia adquiridos ya no parecen colar, como tampoco una cuenta de resultados de ingeniería y no sometida a contrastes públicos. Pertinente contemplar a la sufrida Fundación dentro de un conjunto.

Su excesiva intervención directa, de un tiempo a esta parte, en todo lo que afecta al mundo económico murciano más osado, no gusta del todo a amplios sectores de la sociedad al desvirtuar su papel original de simple coadyuvante. La perturbación que origina del mercado regional no debe gustar tampoco mucho a las autoridades de la Competencia, en Bruselas, ni a la gran banca privada española en Madrid. Esa ansiedad de sus gestores por estar repicando y en la procesión es casi seguro, según observadores locales muy cualificados, que ha llevado a “Cajamurcia” a meterse en más de un charco y a protagonismos excesivos, que ahora supuestamente la tienen con el agua al cuello.

Las profundas dudas que suscita “Cajamurcia” al jugar de lleno en la política regional en busca de ventajas por estar en todas las salsas locales, la sitúan a un tiempo en un plano de notoriedad y desgaste, que está ahuyentando a mucha gente porque no desea que con su dinero se participe en tramas peligrosas, de privilegios socialmente rechazados u órganos de propaganda partidista para anestesiar ideológicamente a su propia y plural clientela. La entidad debe volver a ser, simplemente, una caja de ahorros al servicio del pueblo llano y olvidarse de disparar a todo lo que se mueve en el universo murciano con la vana pretensión de no dejar escapar ni un solo euro a ganar desde una histórica renta de situación y favorecida posición por mor de la política.

http://murcia-digital-news.blogspot.com

17 medidas contra la corrupción y especulación urbanística


Ben Magec-Ecologistas en Acción considera que las propuestas del Gobierno
Central y de algunas organizaciones políticas no aportan soluciones
concretas y se convierten en "pura filosofía".

El portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Heriberto Dávila, valora
como "muy tibias las medidas propuestas por los partidos y considera
necesario que estos se dejen de tirar la pelota unos a otros y comiencen a
dar ejemplo ante al ciudadanía".

Dávila afirmó que "es por ello que hacemos llegar las presentes propuestas a
la opinión pública y a las administraciones competentes para su estudio y
debate, como aportación para que se adopten las medidas legales y políticas
que consigan paralizar esta vorágine urbanística, que eviten nuevos casos de
corrupción, que garanticen la conservación de nuestro medio ambiente y
nuestros recursos naturales y que promuevan un desarrollo sostenible y
equilibrado".

Los ecologistas entienden que es necesario un compromiso político, social e
institucional para que estas medidas puedan ponerse en práctica y evitar así
que la especulación y la corrupción urbanística siga extendiéndose de forma
irreversible en nuestro archipiélago.

Algunas de las medidas que proponemos son las siguientes:

1ª. Prohibición legal de los convenios urbanísticos, que son puras
compraventas de recalificaciones urbanísticas.

2ª. Prohibición de venta de los aprovechamientos urbanísticos de los
Ayuntamientos y de suelos públicos para usos que no sean equipamientos
públicos o viviendas protegidas.

3ª. Prohibición de Modificaciones Puntuales que tengan por objeto
reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables, o recalificar suelos
terciarios, industriales, de equipamientos, zonas verdes... a usos
residenciales.

4ª. Obligatoriedad de construcción de los equipamientos con carácter
previo a los desarrollos inmobiliarios.

5ª. La protección de un suelo debe suponer la imposibilidad de su
reclasificación como suelo urbanizable, y más en las condiciones de
limitación de nuestro territorio insular.

6ª. El crecimiento urbanístico de los pueblos y ciudades debe tener un
límite legal, en base a las necesidades de vivienda protegida y de
equipamientos públicos. No permitir a ningún Ayuntamiento reclasificaciones
y/o recalificaciones que supongan más de un 10% de aumento de viviendas y
suelo urbano/urbanizable por cada década, con la única excepción de las
necesidades de vivienda protegida.

7ª. Los crecimientos urbanísticos deben realizarse como ampliación de
los actuales núcleos urbanos, recogiendo estrictamente la filosofía al
respecto de las Directrices Generales de Ordenación, prohibiendo las
urbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos.

8ª. Aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo
Terrestre de los 100 metros mínimos que prescribe la ley a los 500 metros,
para blindar el frente litoral contra las presiones especulativas, este
aumento se podría realizar donde no haya núcleos urbanos consolidados.

9ª. Retirada total o parcial de las competencias sobre suelo que no sea
urbano a los Ayuntamientos.

10ª. Exigencia de certificación de la legalidad de las inversiones antes
de aprobar cualquier plan urbanístico o licencia de obras para impedir el
blanqueo de dinero.

11ª. Obligatoriedad de realizar una declaración anual de bienes de los
cargos electos y de libre designación de los Ayuntamientos, si es que
existen, y de sus familiares directos, con acceso público.

12ª. Compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya la
destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, que
esté imputado, procesado o condenado por la justicia.

13ª. Modificación legal para hacer responsable económico directo a los
cargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos que
las informen favorablemente. Exigir el pago de los gastos de su defensa a
los cargos públicos que sean condenados, al margén de sus responsabilidades
penales.

14ª. Potenciación de las fiscalías anticorrupción y contra los delitos
medioambientales y urbanísticos con dedicación exclusiva. Crear juzgados
insulares o provinciales especializados en este tipo de delitos.

15ª. Facilitar el ejercicio de la acción pública a las asociaciones
entre cuyos fines se encuentran la defensa de la legalidad, del territorio
y/o del medio natural, así como la exigencia de responsabilidad a los
miembros de dichos tribunales y fiscalías si hicieran dejación de las
funciones encomendadas.

16ª. Promoción de la participación pública en los procedimientos
administrativos, facilitando el acceso a la información de las normas,
planeamiento municipal y de todo tipo de proyectos de construcción, así como
de los informes técnicos y jurídicos que lo justifican, implementando la
posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popular
sobre los proyectos importantes de cada municipio o isla.

17ª. Potenciación del suelo rústico como principal valor de nuestro
territorio y facilitar la posibilidad de la recalificación de suelo urbano a
suelo rústico o de protección ambiental.
www.ecologistasenaccion.org

El ladrillo


Maximiliano Bernabé

(...) Si repasamos nuestra historia de los últimos años nos encontramos con una expresión que se repite bastante en los titulares: “burbuja inmobiliaria”. Hace referencia al gran crecimiento de nuestra economía basado, en gran parte, en la especulación inmobiliaria. España, en el s. XX ha tenido dos grandes empujones económicos. Uno fue, así aproximadamente, desde 1959 hasta 1974, y el otro comenzó en la segunda mitad de la década de 1990, y en el cuál todavía estamos. Han provocado un gran aumento del nivel de vida, que haya habido una gran brecha entre nuestra sociedad actual y una basada en la actividad agrícola y una economía precaria que traía una solución de continuidad de varios siglos anteriores. También, ha extendido bastante una estética chabacana de nuevo rico, del que ha hecho dinero –o, a lo mejor, no tanto- pero no ha tenido tiempo de pulirse un poco.

En este segundo salto, es donde ha desempeñado un gran papel la especulación inmobiliaria: Si damos un paseo por cualquier calle, veremos que donde antes había una panadería ahora hay una agencia inmobiliaria. Sólo en España se ha construido más en los últimos años que en varios países de la Unión Europea juntos; creo que cada español tocaría a dos casas si se repartieran todas. La urbanización desenfrenada arrasa muchos espacios naturales, multiplica el consumo de agua y parece como si nuestros campos fueran a convertirse, primero, en un mar de grúas y luego en filas de adosados. El precio de la vivienda se ha cuadruplicado en muy poco tiempo, lo que ha provocado una precarización en el acceso a la misma, es decir, hipotecas que, a este paso, acabarán institucionalizando la esclavitud por deudas, descenso de la calidad, infraviviendas, etc. Hasta las conversaciones de mucha gente parecen estar centradas casi exclusivamente en estos temas. No obstante, ningún ciclo de expansión, como nada, es eterno; mucho menos aquellos basados en la creación artificial de riqueza, es decir, en la especulación.

El caso paradigmático es el “crack” de Estados Unidos en 1929, que no fue tan fortuito como pudiera parecer sino que tuvo signos premonitorios. De hecho, las grandes fortunas, los magnates de aquellos años, se vieron tocados, claro, pero no perdieron ni fortuna ni poder. Las riquezas deshechas fueron, más bien, las de “medio pelo”. Si alguien –que tiene acceso a mucha información- ve signos de que el río va a venir crecido, trata de llevarse lo que tiene en la orilla a otro sitio. Otros, que no saben de dónde les viene el viento, cuando ven esto, primero fingen impasibilidad, luego se desconciertan y, más tarde aún, viene el pánico. Y al final de la cascada, los que más acaban sufriendo siempre son los que tenían muy poco o nada.

Eso que oímos tan frecuentemente de que “la burbuja inmobiliaria se va a desinflar” nos parece algo tan lejano, una mezcla de redención y catástrofe, algo que no sabemos si desear o temer, siempre en la esfera de lo nebuloso, como las catástrofes o los amaneceres de gloria. Sin embargo, quizá sea algo más cotidiano y hasta anodino, que ya está pasando. Puede que lo que vemos sean signos, puede que no sea nada, es absurdo jugar a profeta. Están los movimientos de capital de que hablábamos más arriba. Está el aumento continuado de las tasas de interés de los préstamos hipotecarios –cuando los precios están más bajos, los intereses suelen ser altos, cuando los precios suben mucho el precio del dinero baja, lo que no suele coexistir durante mucho tiempo sin convulsiones es precios altos y “dinero caro”-. Están, claro, todas las viviendas que han sido construidas en los últimos años; todas las que están en venta, que no se venden tan rápidamente como algunos pretenden hacernos creer. Y ahora, si jugamos un poco a la ciencia ficción podemos suponer lo que pasaría si esto sigue así, digamos, dos años más.

Se sigue construyendo mucho, la oferta está saturada. Pero, al mismo tiempo, la subida de los intereses hace que el pago de una hipoteca sea cada vez más oneroso. Por consiguiente, los bancos se cuidan mucho de conceder estos préstamos a quienes no ofrecen garantías de poder hacerles frente. Como consecuencia, sumado a la saturación del mercado, la venta de viviendas comienza a ralentizarse, cada vez más. Mientras tanto, muchos promotores, que han continuado construyendo, han de hacer frente a sus pagos. Alguno, incluso, puede llegar a estar en una situación apurada. Frente a la disyuntiva de quebrar o bajar el precio de las viviendas, y perder algo pero continuar en pie, la elección es clara. En cuanto uno baje, otros, empujados por la competencia, lo harán también.

Durante todo este proceso, es posible que los grandes intereses económicos hayan dejado de invertir en un sector que ya no proporciona ganancias tan rápidas. Sin embargo, no habrá desplome aún, porque muchos pequeños y medianos inversores aprovecharán para comprar mucho de lo que ha bajado o, al menos, no ha subido. Después de todo, la vivienda todavía conservará parte de su prestigio como inversión segura. Esto reactivaría el sector sólo momentáneamente; antes o después la caída continuaría.

Esto no es ningún apocalipsis, la construcción y venta de viviendas continuaría, a una escala mucho menor. Los primeros interesados en ello son los intermediarios, las inmobiliarias: ellos cobran su porcentaje tanto de una transacción alta como de una más baja, lo que no quieren es que le mercado se paralice. Naturalmente, muchas constructoras e inmobiliarias de las que han proliferado en estos últimos años quedarán por el camino. Al descender grandemente el ritmo de construcción y venta, muchas empresas que dependen de ello cerrarán; habrá despidos, el paro crecerá y el crecimiento económico español se parará, o bajará mucho. Esto es lo que se denomina una crisis.

El que pierda su empleo o su poder adquisitivo, no podrá hacer frente al pago de sus deudas, es decir al recibo de la hipoteca. Como es técnicamente imposible que los bancos ejecuten miles o millones de viviendas impagadas –coste económico, opinión pública-, el Estado se vería obligado a intervenir de alguna forma que estaría por ver, puede que de alguna parecida al “corralito” argentino. Y puede que incluso se recortasen o suprimiesen las competencias urbanísticas de los municipios: algunos han actuado como sociedades mafiosas para intereses turbios, y muchos han recalificado terrenos, cuando menos, irresponsablemente. En cualquier caso, nada de esto es tan descabellado, y en algo así podría consistir el fin de la “burbuja inmobiliaria”.
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