Denunciado el alcalde de Puerto Lumbreras y portavoz regional del PP por dos presuntos delitos contra derechos fundamentales de los españoles

PUERTO LUMBRERAS.- Más de 35 copias de actas de las sesiones plenarias en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, desde el año 2004, revelan cientos de solicitudes de información del Grupo Socialista que no han sido contestadas, como sería su obligación legal, por el equipo de Gobierno de la localidad, en concreto, por el alcalde, Pedro Antonio Sánchez, a su vez, portavoz regional del PP.

Los concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras han presentado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad una denuncia, con una extensísima documentación, contra Pedro Antonio Sánchez López, diputado autonómico del Partido Popular y alcalde lumbrerense, por un presunto delito de prevaricación, y otro contra los derechos de los ciudadanos.

La denuncia presentada al fiscal-jefe va acompañada de un extenso expediente, en el que se reseñan innumerables actas de sesiones plenarias. La primera data de enero de 2004, en las que se solicita de forma constante y reiterada al equipo de Gobierno información sobre asuntos de interés general para la población de la localidad.

Tres años de solicitudes para acceder a una información que el Ayuntamiento está obligado a dar, y que se requiere para el correcto funcionamiento de una agrupación política, en este caso, la principal de oposición. Durante todo este tiempo, según la denuncia, el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, ha hecho oídos sordos a cuantas peticiones se han hecho desde el PSOE municipal, "faltando así a la ley".

¿Qué información requiere el Grupo Socialista de Puerto Lumbreras y no se les ha dado?

Entre las demandas, recordemos que la mayoría se realizaron hace dos o tres años, se encuentran: la información referente a los procedimientos sobre la concesión de becas para la creación de una Oficina del Agricultor, información contable sobre las fiestas patronales 2003/2004, el listado de la subvenciones de la Comunidad Autónoma para este municipio en 2004, las facturas pendientes de pago a proveedores del ejercicio 2004, los gastos ocasionados por los miembros del equipo de Gobierno en concepto de dietas, kilometraje, comidas, y teléfono móvil con cargo a las arcas municipales, los motivos por los que, según la denuncia, “no funciona la Entidad de Conservación del Polígono Industrial de Puerto Lumbreras”.

Según los socialistas, ni siquiera se les ha facilitado la relación de proveedores de material informático y, en el texto enviado al fiscal-jefe, se deja entrever la duda de que se esté ocultando una posible concurrencia de causa de abstención, por lo que se podría incurrir en un posible delito de negociación a los funcionarios si se da la circunstancia de que uno de los proveedores se encontrara en una de las situaciones jurídicas en las que obliga a la abstención.

Ni la relación del número de plazas de la plantilla municipal, ni del personal laboral contratado, ni de las empresas que tienen relación con la Corporación, ni la relación económica de ingresos por varios convenios urbanísticos; ninguno de estos listados se les ha dado a los socialistas, que llegaron al extremo de preguntar al alcalde (el 30 de octubre de 2006) qué significaba la frase del equipo de Gobierno “se contestará por escrito a las preguntas formuladas por los concejales socialistas”, sin que tampoco esta pregunta haya encontrado eco en Pedro Antonio Sánchez.

Especial mención supone la más reciente de las solicitudes formuladas, la presentada en la sesión plenaria de febrero de 2007: en esta ocasión se formularon distintas solicitudes de expedición de certificaciones de personal en materia económico-financiera.

Según el Grupo Socialista, el denunciado, el alcalde Pedro Antonio Sánchez, les presionó para que se abstuvieran de formular estas solicitudes, bajo amenaza de ejercer contra ellos acciones judiciales.

Sin menoscabo de los artículos y derechos a los que se falta citados anteriormente, los concejales recuerdan que con esta actitud reiterada a lo largo de los años, se está “vulnerando abiertamente los principios de publicidad y democracia”. El delito de prevaricación subyace en las actuaciones y la actitud del alcalde, porque es consciente de no facilitar esta información. Recordemos que la prevaricación es el “delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario”.

“Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde cuantos antecedentes, datos o informaciones obre en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función" ( artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local).

La jurisprudencia ha vinculado este ‘derecho a la información’ con el ‘derecho constitucional de participación política’ (artículo 23 de la Constitución). Además, la falta a estos artículos, la vincula al artículo 542 del vigente Código Penal: “incurrirá en la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, por tiempo de uno a cuatro años, la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes”.

Los concejales de la oposición de este Ayuntamiento, entre los que se encuentran los denunciantes, requirieron, como hemos dicho, al alcalde continuas peticiones a la Alcaldía sobre expedición de certificaciones, copias de contratos y diversa documentación que, según se recoge en la denuncia, no han sido facilitadas hasta el día de hoy.

Ahora será el fiscal quien deba revisar y analizar esta documentación presentada en la denuncia del PSOE de Puerto Lumbreras, y quien deba decidir si lo reseñado en la denuncia fueran dignos de castigo penal.

Una de las solicitudes a las que no responde la Alcaldía de Puerto Lumbreras es la que está relacionada con la contratación en empresas municipales de trabajadores que deberían figurar como funcionarios.

El PSOE de Puerto Lumbreras acusó el pasado mes de enero al alcalde, Pedro Antonio Sánchez, de esconder en empresas municipales a trabajadores que debería tener en la plantilla de funcionarios. El grupo socialista pone como ejemplo el caso de la “arquitecta que firma obras particulares en el municipio, una vez como arquitecta municipal y otras como arquitecta colegiada”.

Asimismo, afirmaron que “era sorprendente que en la plantilla aprobada el pasado día 28 de diciembre, con el voto en contra del PSOE, figuraran más de 10 plazas vacantes durante años sin cubrir, trabajando en ellas personas que no saben cuál va a ser su futuro laboral y que se hayan creado, ofertado y cubierto nuevas plazas en tiempo récord y teledirigidas”.

En esa plantilla, explicó el PSOE, “ni en la de funcionarios ni en la relación de laborales de todo tipo, aparece la arquitecta, ya que, al parecer, trabajaba en la empresa ‘Urbanizadora Puerto Lumbreras’, que se formó para gestionar el polígono industrial del municipio. Una situación, que asegura el grupo socialista municipal, “se repite con otras empleadas de la localidad que no sabemos con exactitud a qué empresas pertenecen”.(En las fotografías, el denunciado abajo y arriba la candidata del PSOE lumbrerense con el presidente del Gobierno durante su reciente visita)
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