Fuentes Zorita considera una estafa promocionar urbanizaciones sin tener asegurada el agua

MURCIA.- Las organizaciones Anse y Ecologistas en Acción piensan recurrir a los tribunales para intentar paralizar aquellos proyectos urbanísticos «más emblemáticos» que no tienen asegurado el suministro de agua. Para ello se basarán en lo que dicta la Ley de Aguas, según la cual las confederaciones hidrográficas deben emitir un informe sobre la existencia o no de recursos hídricos para atender las nuevas demandas. Dicho informe, no obstante, no resulta vinculante.

Ambas organizaciones han estudiado con anterioridad esta estrategia, y se han visto animadas tras la decisión del Gobierno central de recurrir una docena de planes urbanísticos en Valencia por no tener el agua garantizada, según publicó El País.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, considera, a título personal, que la actuación del Gobierno central en Valencia le parece «magnífica; porque es una estafa promocionar urbanizaciones sin tener garantizado el abastecimiento de agua; o que se haga a costa del suministro de otras poblaciones asentadas».

Fuentes Zorita no entró a valorar qué proyectos en suelo murciano entran en esta categoría, pero sí añadió que «en esta cuenca el carro ha ido por delante de los bueyes, hasta provocar un déficit de 60 hectómetros cúbicos en Canales del Taibilla. Eso nos ha obligado a sacar más de 100 hectómetros del sinclinal de Calasparra en los últimos años. Está claro pues que todo el desarrollo urbanístico en esta Región no estaba amparado por el agua que necesitaba. Se ha producido una espiral suicida que hemos intentado atajar desde la nueva Administración, ya que el modelo de crecimiento era demencial».

Recordó que si se recurre algún proyecto, tendría que hacerlo la Delegación del Gobierno, ya que la Comisaría de Aguas se limita a emitir un informe preceptivo. Tales informes han sido hasta ahora y en su mayoría negativos, a expensas de que se disponga en el futuro de agua suficiente.

La Zerrichera, Lo Poyo y Puerto Mayor, entre otros, son los proyectos que están en el punto de mira de los ecologistas. El presidente de Anse, Pedro García, indicó ayer que han estudiado presentar recursos. Estima que el caso más claro es el de La Zerrichera, pero piensan analizar todos los convenios que hay sobre la mesa; a la vez que solicitarán a la Confederación Hidrográfica todos los informes negativos emitidos hasta ahora. «La ley de Aguas es la misma para todo el Estado. Si en Valencia se han podido paralizar urbanizaciones, aquí también puede hacerse. García apuntó que tampoco quieren «judicializar todo lo relacionado con el medio ambiente»

Rubén Vives, de Ecologistas en Acción, apuntó que con toda seguridad van a presentar recursos contra los proyectos urbanísticos «más relevantes», como La Zerrichera y Puerto Mayor. «Creemos que después de las elecciones tratarán de reactivarlos», indicó. Vives advierte de que el proceso puede ser largo, y que además de la falta de agua hay que considerar los daños que ocasionan al medio ambiente.

La Delegación del Gobierno, por su parte, informó ayer de que no tiene previsto presentar recursos contra ningún proyecto urbanístico en Murcia, como ha hecho su organismo homólogo en Valencia. El Estado tiene un representante en una comisión consultiva de urbanismo de la Comunidad Autónoma, en la cual hace constar su oposición a determinados proyectos cuando llegan avalados por informes negativos de los organismos ministeriales. Ocurrió en el caso de Puerto Mayor, en el que Costas recurrió al TSJ. Sobre la falta de agua para las urbanizaciones, se ha hecho constar el rechazo cuando se ha planteado algún caso, pero hasta ahora no se ha dado un paso
más allá.

En el caso de la Región de Murcia operan dos elementos que dificultarían la vía judicial para paralizar un proyecto urbanístico. Por un lado la ley regional del Suelo no es tan exigente como la valenciana, que es más explícita a la hora de vincular los desarrollos urbanísticos con la disponibilidad de agua. Por otro lado, existe el Ente Público del Agua, creado por el Gobierno regional, y cuyo objetivo es precisamente garantizar el suministro de agua para las nuevas urbanizaciones, para lo cual ya ha firmado una veintena de convenios con otros tantos ayuntamientos. Sobre esta base, los sectores turísticos y de la construcción tendrían garantizado legalmente el abastecimiento a través de este organismo. Asimismo, el Ministerio espera solucionar el déficit total en un año.
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