MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía.El coste de la operación se financió con dinero público tres años después, tras adjudicarle la sociedad estatal Tragsa la contrata de depósito de los residuos peligrosos.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios no sólo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio básico de la legislación ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su artículo 27.2 textualmente: "La declaración de suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades autónomas. Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminación".
Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los estériles, éstos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad también de la empresa Portmán Golf.
El Ministerio Público considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP), desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, su limpieza y recuperación.
Obligación eximida
Además, esa obligación correspondía a Portmán Golf, ya que esta entidad era quien debía, como dueña de los terrenos, financiar los trabajos de limpieza. En este sentido, la Fiscalía considera que después de la cesión gratuita, la empresa de Mariano Roca Meroño y de Alfonso García Sánchez no quedaba eximida del pago, según establece la normativa medioambiental.
El Ministerio Público resalta que al votar de forma favorable el Consejo de Gobierno murciano los acuerdos de aceptar la cesión gratuita de la balsa Jenny y de financiar con dinero público las actuaciones de limpieza y recuperación de los terrenos, esos órganos podrían haber tomado decisiones a sabiendas de que se trataba de resoluciones manifiestamente injustas.
Es decir, podrían haber incurrido en un posible delito de prevaricación, porque a los empresarios obligados a pagar la limpieza de un terreno contaminado se les liberó de sus obligaciones al ceder de forma gratuita el terreno a una administración pública como la murciana, quien financió con fondos públicos las operaciones. Asimismo, y a través del contratista, los empresarios cobraron una importante cantidad (2,7 millones de euros) por almacenar los residuos minerales en otro terreno de su propiedad.
La Fiscalía considera, también, que en la tramitación del expediente se cometieron algunas equivocaciones. Así, constata que antes de la cesión del Gobierno murciano sobre la balsa, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente murciana ya tenía previsto llevar a cabo su proyecto de limpieza y recuperación del terreno contaminado, pues el 23 de noviembre de 2001 el Ejecutivo aceptó "el terreno destinado a la realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona". Unos trabajos que seis años después no se han iniciado.
La Fiscalía argumenta también que por las actuaciones posteriores habría que concluir que si la balsa Jenny no había sido calificada como terreno contaminado, debería haberlo sido, pues de otro modo no tendrían explicación unas actuaciones posteriores tendentes a su limpieza y recuperación "para repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona".
La balsa Jenny era un pantano de estériles mineros que tenía su origen en el procesado de minerales obtenidos en explotaciones ubicadas en el área minera de la zona. Dicha balsa tiene una superficie de un poco más de ocho hectáreas, y en ella se depositaron residuos sólidos con un volumen de 1.089.925 metros cúbicos.
Subvención retirada
El empresario Mariano Roca Meroño, uno de los propietarios de la empresa Portmán Golf, ha sido protagonista de numerosos escarceos con la Administración regional y con la Justicia. Tras la investigación del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, el Gobierno murciano decidió exigir la devolución de 841.000 euros que había cedido al empresario cartagenero en concepto de ayuda para mejoras agroambientales de un terreno situado en las cercanías del Puerto de la Cadena.
El Gobierno consideró que se había producido un incumplimiento por parte de Roca Meroño de los requisitos de la subvención, que según confirmó el director general de Regadíos del Ejecutivo murciano, Julio Bernal, consistían en dejar el terreno sin plantar.
Al parecer, y según confirmó Bernal, el empresario puso en producción los terrenos, en los que ahora se cultivan naranjos, regados mediante goteo, por lo que también ha ampliado regadíos, precisamente en una cuenca en la que está prohibido hacerlo, y además en plena sequía.
La dirección de Regadíos, que además de exigir la devolución de la cantidad ya entregada durante los últimos ocho años ha cortado la entrega de las subvenciones, que tendrían que haber seguido pagándose unos 12 años más, puso en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad de Murcia la interrupción de la ayuda.
Esta decisión fue recurrida por el empresario Roca Meroño, quien pretende que le sigan pagando todos los años unos 40.000 euros, que es la cantidad que viene percibiendo de los fondos comunitarios para no poner en producción los terrenos de su propiedad ubicados en las cercanías del Puerto de la Cadena.
Asimismo, el empresario tuvo que prestar declaración ante el juez decano de Cartagena, Jacinto Areste, por una presunta apropiación de documentos y joyas de una caja de seguridad de un banco de su ciudad.
www.elpais.com
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios no sólo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio básico de la legislación ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su artículo 27.2 textualmente: "La declaración de suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades autónomas. Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminación".
Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los estériles, éstos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad también de la empresa Portmán Golf.
El Ministerio Público considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP), desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, su limpieza y recuperación.
Obligación eximida
Además, esa obligación correspondía a Portmán Golf, ya que esta entidad era quien debía, como dueña de los terrenos, financiar los trabajos de limpieza. En este sentido, la Fiscalía considera que después de la cesión gratuita, la empresa de Mariano Roca Meroño y de Alfonso García Sánchez no quedaba eximida del pago, según establece la normativa medioambiental.
El Ministerio Público resalta que al votar de forma favorable el Consejo de Gobierno murciano los acuerdos de aceptar la cesión gratuita de la balsa Jenny y de financiar con dinero público las actuaciones de limpieza y recuperación de los terrenos, esos órganos podrían haber tomado decisiones a sabiendas de que se trataba de resoluciones manifiestamente injustas.
Es decir, podrían haber incurrido en un posible delito de prevaricación, porque a los empresarios obligados a pagar la limpieza de un terreno contaminado se les liberó de sus obligaciones al ceder de forma gratuita el terreno a una administración pública como la murciana, quien financió con fondos públicos las operaciones. Asimismo, y a través del contratista, los empresarios cobraron una importante cantidad (2,7 millones de euros) por almacenar los residuos minerales en otro terreno de su propiedad.
La Fiscalía considera, también, que en la tramitación del expediente se cometieron algunas equivocaciones. Así, constata que antes de la cesión del Gobierno murciano sobre la balsa, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente murciana ya tenía previsto llevar a cabo su proyecto de limpieza y recuperación del terreno contaminado, pues el 23 de noviembre de 2001 el Ejecutivo aceptó "el terreno destinado a la realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona". Unos trabajos que seis años después no se han iniciado.
La Fiscalía argumenta también que por las actuaciones posteriores habría que concluir que si la balsa Jenny no había sido calificada como terreno contaminado, debería haberlo sido, pues de otro modo no tendrían explicación unas actuaciones posteriores tendentes a su limpieza y recuperación "para repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona".
La balsa Jenny era un pantano de estériles mineros que tenía su origen en el procesado de minerales obtenidos en explotaciones ubicadas en el área minera de la zona. Dicha balsa tiene una superficie de un poco más de ocho hectáreas, y en ella se depositaron residuos sólidos con un volumen de 1.089.925 metros cúbicos.
Subvención retirada
El empresario Mariano Roca Meroño, uno de los propietarios de la empresa Portmán Golf, ha sido protagonista de numerosos escarceos con la Administración regional y con la Justicia. Tras la investigación del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, el Gobierno murciano decidió exigir la devolución de 841.000 euros que había cedido al empresario cartagenero en concepto de ayuda para mejoras agroambientales de un terreno situado en las cercanías del Puerto de la Cadena.
El Gobierno consideró que se había producido un incumplimiento por parte de Roca Meroño de los requisitos de la subvención, que según confirmó el director general de Regadíos del Ejecutivo murciano, Julio Bernal, consistían en dejar el terreno sin plantar.
Al parecer, y según confirmó Bernal, el empresario puso en producción los terrenos, en los que ahora se cultivan naranjos, regados mediante goteo, por lo que también ha ampliado regadíos, precisamente en una cuenca en la que está prohibido hacerlo, y además en plena sequía.
La dirección de Regadíos, que además de exigir la devolución de la cantidad ya entregada durante los últimos ocho años ha cortado la entrega de las subvenciones, que tendrían que haber seguido pagándose unos 12 años más, puso en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad de Murcia la interrupción de la ayuda.
Asimismo, el empresario tuvo que prestar declaración ante el juez decano de Cartagena, Jacinto Areste, por una presunta apropiación de documentos y joyas de una caja de seguridad de un banco de su ciudad.
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15 comentarios:
Ahora sí que han pillado bien al corrupto de Valcárcel. Que se sepa todo antes del día de las elecciones y la gente pueda votar en libertad y sin manipulaciones interesadas como la del AGUA PARA TODOS.
Cada vez se saben mas cosas de este presunto delincuente de guante blanco que se ha forrado para marcharse luego lejos de Murcia con la "que........" de turno.
¿Viajó a California con dinero de la UE para ir buscando un nidito donde perderse y arrullarse? Vaya golfo. El día que se sepan todas sus andanzas, no lo saluda ni su vecino del 5º. Para entonces ya estará lejos disfrutando de todo lo que haya podido distraer y de las comisiones que su hermano ha ido cobrando por ahí.
Han superado los dos al otro golfo de Patricio Valverde y su gorra pasada entre empresarios beneficiados desde el INFO.
Anticorrupción tiene materia en Murcia, si quiere. Sale a borbotones por las ventanas de San Esteban.
Como dice el PSOE, este es un salto cualitativo de la corrupción institucional murciana. Por eso pide la comparecencia urgente del presidente en la Asamblea regional porque es el primer gobierno autónomo investigado por la fiscalia anticorrupción.
Otro récord más de la región murciana en cuestiones de delincuencia, ahora Valcárcel implicado en una vieja chorizada del año 2001 que sale a la luz por alguna denuncia ciudadana. El estado tiene que hacer algo en Murcia y pronto. Los delincuentes nos rodean y nos quieren imponer sus reglas sin que nadie haga nada.
Venga, vale, ¿para qué santo vienen esta vez las detenciones?
Esto ya lo contó extensamente Paco Poveda hace un tiempo y nadie se inmutó, al menos que se sepa. Ahora viene El Pais y dice que lo tiene Anticorrupción. Y yo digo, ¿a qué se espera para denunciar a Valcárcel y todo el gobierno murciano por estos indicios racionales de delito? Si tiene que ser, que sea antes del 25 de mayo para que la gente sepa a qué atenerse con este sujeto y saber lo qe hace si lo vota.
La querella contra el sinvergüenza de Valcárcel está redactada en Madrid desde finales de noviembre con el asesoramiento de murcianos ilustres y el VºBº de Conde-Pumpido. López Bernal estaba al tanto así como algunos políticos murcianos de la oposición y algún periodista independiente, que no respetó el pacto de silencio y lo largó casi todo un fin de semana del pasado mes de marzo, harto de esperar las consecuencias que no terminaban de producirse.
si esto es verdad....que no se si es verdad....me parece que es tal ESCANDALO que se me eriza la piel misma....señores, ESTO NO TIENE PRECEDENTES, como es que nadie dice nada?
si con esta no van a Sangonera.....
A orillas del Mediterráneo, con Andalucía al sur y la Comunidad Valenciana al norte, Murcia está en el centro geográfico de la franja del litoral mediterráneo conocida como "la huerta de Europa". La producción agropecuaria, a la cual se destina más del 80% del agua, sustenta su economía.
Es una región semiárida y los expertos comparan su necesidad de agua con la de Israel o California. Pero junto al reto de una gestión sostenible del agua, hace años se libra una batalla política por este recurso, como constaté en mi recorrido entre Murcia, la costa mediterránea y las plantaciones agrícolas.
Parque Regional de Cabo Cope
A 100 kilómetros de Murcia a orillas del Mar Mediterráneo, Rubén Vives, de la organización Ecologistas en Acción, nos mostró un tramo de este parque que ha sido recalificado como zona urbanizable. Viviendas turísticas, centros de ocio y campos de golf podrían cambiar radicalmente la cara de esta comarca.
En imágenes: Murcia, España
Muchos señalan a este tipo de proyectos como culpables de la falta del agua. "Al destinar el agua a la construcción crean una situación de escasez artificial", explicó Vives a la BBC y añadió que "emplean recursos hídricos que se necesitan en los regadíos existentes y amenazan con causar estragos ecológicos".
Nuevas viviendas
Murcia, España. Construcción de casas
El desarrollo urbano-turístico emplea grandes cantidades de agua.
"Camposol", en la localidad de Salvadillo es un ejemplo de estas urbanizaciones. A 50 kilómetros tierra adentro de la costa nos encontramos con largas hileras de casas adosadas, muchas hechas a partir de piezas prefabricadas. Vimos centenares de viviendas y hay miles en planificación.
Se trata del "desarrollo urbano-turístico que está emergiendo en los últimos tres años en Murcia, el objetivo último era favorecer una nueva ola de desarrollo urbanístico", explicó Julia Martínez del departamento de ecología de la Universidad de Murcia.
Voces: polémica en Murcia
Esta experta en gestión de agua se refiere al faraónico Plan Hidrológico Nacional, derogado en 2004 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, considerando que había alternativas más baratas y sostenibles de proveer agua al sudeste español.
Las autoridades murcianas, del opositor Partido Popular (conservador) acusan a Zapatero de aplicar una "ley seca" que encarece el agua y la reconduce al sector más lucrativo, que es el urbanístico, señaló el gerente del Ente Público del Agua de la Región de Murcia, Amalio Garrido, para quien la falta de agua en Murcia "es una escasez artificial y provocada".
Valle de Ricote
El agua que consumimos en la agricultura tradicional se la quieren llevar a grandes productores y para urbanizar, nos vemos indefensos
Joaquín Pastor, regante
Recorrimos otros 100 kilómetros hasta el Valle de Ricote, al norte de la ciudad de Murcia. El valle reúne a siete municipios que viven de la agricultura tradicional, empleando métodos de regadíos heredados de los árabes, que vivieron aquí durante 700 años.
"El agua que consumimos en la agricultura tradicional se la quieren llevar a grandes productores y para urbanizar, nos vemos indefensos", protestó Joaquín Pastor, presidente la comunidad de regantes del campo de Ulea, un pueblo de 900 habitantes.
"No es rentable, tenemos que ofrecer nuestros productos a los grandes supermercados y nos dan lo que ellos quieren", confirmó el agricultor Ángel Gómez, del pueblo de Abarán. "Cómo voy a gastar en agua si lo que yo produzco tengo que malvenderlo", dijo enfadado y resignado a tener que abandonar este trabajo que ha sido tradicional en su familia.
En Murcia
Murcia, España. Naranjos.
El 80% del agua murciana se destina a la agricultura.
"No falta agua, pero hay un déficit de democracia y de cumplimiento de la legalidad", sostuvo Luis Francisco Turrión, hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Río Segura.
Turrión accedió a recibir a la BBC sólo a puertas cerradas, no quiere ser entrevistado en lugares públicos porque se siente amenazado. Está entre quienes denuncian el robo de agua para regadíos ilegales. Afirmó que las autoridades "miran para otro lado" ante denuncias de guardias fluviales o del servicio de la protección de la naturaleza de la Guardia Civil.
"Murcia está gobernada por un gobierno enamorado del desarrollo sostenible", se defendió José Antonio Ruiz, Secretario general de la presidencia de Murcia. "Si en España no hubiese un Presidente débil, este tema estaría despolitizado" explicó en la sede del gobierno regional. "Quienes sostienen lo contrario quieren dañar la imagen de Murcia porque les beneficia a sus intereses partidistas", agregó.
Mientras se libra esta batalla política, los expertos consultados por la BBC confirman que los acuíferos sufren un agotamiento progresivo. Recursos acumulados en miles de años podrían desaparecer en pocas décadas. Los primeros perdedores de esta escasez parecen ser los pequeños agricultores.
El problema radica en que el dato objetivo de la escasez de agua está sujeto a la interpretación política.
Para el gobierno murciano la culpa es del gobierno de Rodríguez Zapatero. Lo grupos ecologistas y otras organizaciones sociales acusan a las autoridades locales de fomentar un negocio ilegal con el agua y alimentar la especulación en torno al sector de la construcción.
Murcia está dividida por el agua.
(BBC en Español)
Como diría la canción: ¡Que los detengan, son unos mentirosos...!.
Pij@s, rancios y corruptos, etc., mayor antipatía hacia el gobierno de Valcárcel es imposible por mi parte.
¿Se nota?.
Creo no equivocarme si afirmo que, jamas en la historia de Murcia, hemos tenido unos gorbernantes tan ineptos, prepotentes, y SINVERGÜENZAS como el del sr. valcarcel.
Paco, te tengo que dar la razón: estamos ante un chorizo ibérico y su gemelo, el jamón de pata negra. Se los ha llevado crudos mintiendo y mintiendo a los murcianos más simples y bienaventurados. La justicia tiene que actuar contra este depredador de la democracia. Ya.
Medio Ambiente advirtió al Gobierno murciano que no pagase la limpieza de la balsa Jenny
El Ministerio de Medio Ambiente ya avisó el 10 de marzo de 2005 al Gobierno de Murcia (PP) que la empresa propietaria de una balsa contaminada en El Llano del Beal (Cartagena) debería ser la que pagara los 5,4 millones de euros que costaba limpiar los estériles procedentes de las antiguas minas, y no las administraciones regional, nacional y europea, tal y como se produjo finalmente. Con esta decisión, el Gobierno de Murcia hizo caso omiso a la Ley de Residuos. El portavoz de la Comunidad de Murcia, Fernando de la Cierva, defendió ayer la legalidad de la operación.
Tras aceptar la cesión de una balsa contaminada de una empresa, Portman Golf, el Ejecutivo que preside el popular de Ramón Luis Valcárcel pagó a la sociedad estatal Tragsa 5,4 millones por limpiarla. Tragsa posteriormente adjudicó a dedo a la misma Portman Golf el depósito de los estériles, que al final fueron trasladados a un terreno cercano al anterior después de cobrar 2,72 millones de euros. Esta actuación, iniciada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga al Gobierno de Murcia por al menos dos presuntos delitos, de prevaricación y malversación de fondos públicos.
El 10 de marzo de 2005 el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Alejandre, envió una carta a su homólogo en la comunidad murciana, Antonio Alvarado, en la que le recordaba que en el caso de la balsa Jenny también rige el precepto de quien contamina paga, por lo que tenía que ser Portman Golf quien sufragara los 5,4 millones de euros que costaba la limpieza.Alvarado, según consta en la documentación del ministerio, contestó que la balsa ya no era privada, por lo que las administraciones públicas eran las que deberían pagar todo.
Comisión de seguimiento
Alejandre, tras conocer la investigación de la fiscalía, convocó para el 19 de diciembre pasado la comisión de seguimiento de las obras de limpieza de la balsa, en la que anunció a Alvarado que la fiscalía de Murcia le había pedido todos los datos del expediente. Según Alejandre, Alvarado dijo que no sabía nada de la investigación de la fiscalía, y rechazó que el Gobierno de Murcia hubiera hecho cualquier actividad irregular. Alvarado está imputado por dos jueces en los presuntos casos de corrupción de La Zerrichera y Puerto Mayor.
El consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, afirmó ayer que el Gobierno murciano "ni ha sido requerido, ni notificado" sobre la investigación que la Fiscalía Anticorrupción está realizando por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, por parte del Ejecutivo regional, en relación con la balsa Jenny. De la Cierva aseguró que "la actuación que se hizo en su día sobre la balsa Jenny es correcta desde el punto de vista legal", informa Europa Press.
De "El País"
El Gobierno regional rechazó ayer la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de haber favorecido a la empresa Portmán Golf con el proyecto de regeneración de la balsa de estériles Yenny, próxima a la diputación cartagenera de El Llano de El Beal.
Según una información publicada ayer por El País, el fiscal investiga al Ejecutivo autónomo por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos cometidos en el 2001, a raíz de la aprobación de «la cesión gratuita de un vertedero de estériles minerales contaminantes, denominado balsa Yenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros», cuando legalmente a quien le correspondía esta tarea era a la propietaria de los terrenos, la empresa Portmán Golf.
La información añade que «los empresarios no solo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza».
El consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, aseguró ayer que esta actuación «es correcta desde el punto de vista jurídico, goza de todos los informes técnicos y jurídicos a favor, y en su día se realizaron algunas denuncias que fueron archivadas»
El consejero agregó que la información recoge «ciertas imprecisiones, como que el terreno no fue cedido, sino donado y es propiedad de la Comunidad Autónoma», por lo que era a ella a la que le correspondía su limpieza.
Recordó que la balsa Yenny «era un monte de estériles de 60 metros de alto situado a una decena de metros de las casas de El Llano y que desviaba una rambla natural, por lo que había peligro para la seguridad de los vecinos, que reclamaron su retirada, al igual que el PSOE».
El consejero precisó que la operación para la retirada de estériles se realizó en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y que fue la empresa pública Tragsa la que se encargó esta labor. De hecho, la Consejería de Agricultura, por entonces responsable de Medio Ambiente, anuló en dos ocasiones el concurso para que no fuera Portmán la adjudicataria.
De la Cierva mostró su sorpresa por la noticia, ya que «el Gobierno es la primera noticia que tiene, puesto que ni ha sido requerido ni se le ha notificado nada sobre este asunto». Fuentes de la Consejería de Agricultura, en cambio, admitieron que el pasado año le fue solicitado el expediente de este proyecto por la Fiscalía.
El consejero apreció una intencionalidad política en la información, por tratarse de unos hechos que datan del año 2001 y que «ahora reaparecen un mes antes de las elecciones».
PSOE: «Muy grave»
Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, calificó de «muy grave» que la Fiscalía Anticorrupción investigue a «todo un Gobierno», lo que «no tiene precedentes en el país», y anunció que su grupo va a pedir que el presidente Ramón Luis Valcárcel explique la actuación del Ejecutivo en la Asamblea Regional.
A juicio de Rosique, la Región de Murcia «no se merece que Valcárcel y su Gobierno nos sitúen a este nivel de imputados por la Justicia. Si faltara más tiempo para las elecciones, este Gobierno no llegaba entero a las mismas por motivos penales. A este paso la actuación de Valcárcel y su gobierno deja pequeña a Marbella».
La portavoz socialista apostilló que «no es de recibo que el Gobierno regional intente escudarse detrás de las peticiones de los vecinos de El Llano para justificar lo injustificable, que no es otra cosa que los beneficios económicos -con dinero público- que la actuación del Gobierno regional le ha proporcionado a quienes tenían la obligación de descontaminar esa zona».
El viceportavoz del PP en la Asamblea, Javier Iniesta, denunció la campaña «sucia y falta de rigor del PSOE y sus medios afines»
De "La Verdad"
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, aseguró ayer, en relación a la investigación por presunta prevaricación y malversación abierta por la Fiscalía Anticorrupción al Ejecutivo murciano, que “Marbella empieza a quedarse chica al lado de las actuaciones del Gobierno de Valcárcel”.
Y es que, según publicó ayer El País, la Fiscalía Anticorrupción está investigando al Gobierno de Murcia “por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos al haber aprobado la cesión gratuita de la balsa Jenny, colmatada de estériles mineros, y limpiarlo posteriormente con cargo al erario público con un coste de 5,4 millones de euros”.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, afirmó que el Gobierno murciano “ni ha sido requerido, ni notificado” sobre la investigación que la Fiscalía Anticorrupción está realizando por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.
De "El Faro"
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