El delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, Angel González, se reunió hoy en Murcia con la jefa de la Demarcación de Costas del Estado, la aguileña Francisca Baraza, y con el delegado de Defensa, Vicente Basabe, para ultimar aspectos de la compra de terrenos del litoral de la Región por parte del Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Defensa.
Francisca Baraza explicó que esta reunión permitirá establecer un plan de trabajo para determinar los proyectos que se van a llevar a cabo en estos terrenos, por los que el Ministerio ha pagado 8,5 millones de euros.
Se trata de unas 300 hectáreas de terreno que corresponden a baterías de costa de Cabo Tiñoso (Cartagena), La Chapa (La Unión) y Aguilones, Conejos y Cala Cortina, además de una batería denominada 'Posición X', todas ellas en el término de Cartagena. (En las fotografías, el Cabo Tiñoso y la jefa de la Demarcación de Costas)
Antes de la reunión, la responsable de Costas recordó que, en virtud de un protocolo suscrito el pasado 6 de noviembre entre el Ministerio de Medio Ambiente y el de Defensa, una serie de terrenos desafectados por éste último departamento pasan a formar parte del patrimonio de la Dirección General de Costas.
Esta decisión permitirá garantizar un mejor tratamiento de los terrenos, así como su preservación y conservación. A partir del citado protocolo y de acuerdo con los planes establecidos, se analizará el estado de cada zona desafectada por Defensa y, en los casos en que se estime conveniente, se firmarán convenios con entidades culturales u organizaciones ecologistas para llevar a cabo la gestión compartida de estas áreas, con diversas finalidades.
Por otra parte, preguntada por la posibilidad de que el Ministerio compre terrenos para evitar su urbanización, como ha apuntado el Gobierno regional, Baraza señaló que esta medida entra dentro de las competencias de la Administración autonómica, que es la que debe preocuparse de la preservación del territorio.
No obstante, añadió, Costas compra determinadas zonas que considera que, en el marco de las competencias que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente, debe preservar, aunque la competencia principal a estos efectos es de las administraciones autonómicas y "no se puede gestionar el territorio a base de compras". (Efe)
Francisca Baraza explicó que esta reunión permitirá establecer un plan de trabajo para determinar los proyectos que se van a llevar a cabo en estos terrenos, por los que el Ministerio ha pagado 8,5 millones de euros.
Se trata de unas 300 hectáreas de terreno que corresponden a baterías de costa de Cabo Tiñoso (Cartagena), La Chapa (La Unión) y Aguilones, Conejos y Cala Cortina, además de una batería denominada 'Posición X', todas ellas en el término de Cartagena. (En las fotografías, el Cabo Tiñoso y la jefa de la Demarcación de Costas)
Antes de la reunión, la responsable de Costas recordó que, en virtud de un protocolo suscrito el pasado 6 de noviembre entre el Ministerio de Medio Ambiente y el de Defensa, una serie de terrenos desafectados por éste último departamento pasan a formar parte del patrimonio de la Dirección General de Costas.
Esta decisión permitirá garantizar un mejor tratamiento de los terrenos, así como su preservación y conservación. A partir del citado protocolo y de acuerdo con los planes establecidos, se analizará el estado de cada zona desafectada por Defensa y, en los casos en que se estime conveniente, se firmarán convenios con entidades culturales u organizaciones ecologistas para llevar a cabo la gestión compartida de estas áreas, con diversas finalidades.
Por otra parte, preguntada por la posibilidad de que el Ministerio compre terrenos para evitar su urbanización, como ha apuntado el Gobierno regional, Baraza señaló que esta medida entra dentro de las competencias de la Administración autonómica, que es la que debe preocuparse de la preservación del territorio.
No obstante, añadió, Costas compra determinadas zonas que considera que, en el marco de las competencias que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente, debe preservar, aunque la competencia principal a estos efectos es de las administraciones autonómicas y "no se puede gestionar el territorio a base de compras". (Efe)
