sábado, 24 de febrero de 2007

¿A qué teme el PP de Valcárcel?


Francisco M. Martínez*


El PP murciano capitaneado por un Valcárcel, conocido en España por grabar con su móvil a hurtadillas al presidente del gobierno español, busca desesperadamente que los tribunales no lo enjuicien en los casos de corrupción urbanística que su Gobierno lleva perpetrando desde que llegó al poder en la Región.

Su portavoz, Juan Carlos Ruiz, se atreve a decir hoy que los que son citados en la querella criminal presentada por el Fiscal-Jefe de Murcia, no están informados de la acusación del Ministerio Público, cuando a nadie de los encartados se le negó que asistieran con letrado defensor en sus comparecencias ante la máxima autoridad fiscal en el TSJ de Murcia durante la investigación previa a la querella criminal.

Ruiz debe saber mucho de ladrillos al hablar de "imputados", cuando esta figura forense les será aplicada a los que aparecen citados en la querella criminal de la Fiscalía cuando el juez instructor de Lorca, al que le ha tocado por turno, decida sobre la misma. Ya les informará el magistrado instructor a los ahora encartados en la querella criminal de la Fiscalía.

El PP murciano se ampara en que los medios de comunicación están dando información de la querella, mientras que este partido y su gobierno dicen que no están informados. Bagatelas. Les informará el magistrado, no desespere el PP y el gobierno Valcárcel, porque no hay tal "juicio mediático" paralelo si todavía no hay juicio oficial. Que espere el PP a la acción del Poder Judicial. Y si tiene indicios ilícitos en Los Alcázares, que presente la correspondiente acción jurídica y se deje el PP y su gobierno de difamar.

Aunque lo verdaderamente canalla es difamar a la Fiscalía murciana. ¿Qué responden a las barbaridades del PP y el gobierno Valcárcel las asociaciones de jueces y fiscales en Murcia? Ruiz se escuda en una supuesta "inmoralidad" de la oposición política en Murcia y que Valcárcel escurra el bulto para no acudir a dar cuenta en la Asamblea Regional.

Los ladrones creen que todo el mundo es de su misma condición. ¿A qué teme el PP de Murcia que tiene bajo control a los principales medios de comunicación de la Región?

*Periodista e investigador murciano.

El PSRM quiere ya a Valcárcel dando explicaciones en la Asamblea Regional sobre las implicaciones


El grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional pedirá el martes, en la junta de portavoces, que se convoque de manera inmediata una comparecencia monogáfica del presidente del Ejecutivo, Ramón Luis Valcárcel, para que de explicaciones sobre la implicación de cuatro altos cargos de dos consejerías en el caso Zerrichera.

Se trata del director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora de la Dirección General de Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Rodenas.

Según fuentes del partido socialista, la convocatoria se exigirá por la gravedad de la querella presentada esta semana en el Juzgado de Lorca, al que le corresponde por jurisdicción al estar ubicados los terrenos protegidos objeto de recalificación en el municipio de Águilas.

El titular del juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, Juan Alcázar, será el que, por reparto, lleve este caso, en el que hay siete personas imputadas por el fiscal jefe del TSJ de Murcia.

La portavoz del grupo socialista, Teresa Rosique, dijo en rueda de prensa que no sería aceptable que el martes el portavoz del PP ponga pegas de reglamento para evitar que Valcárcel pase por el control de la cámara para dar explicaciones.

Rosique indicó que tampoco admitirán que el PP se limite a "preguntas al presidente", ya que "en ocho minutos" que es el tiempo que el reglamento estima para las respuesta a una pregunta al presidente "no es suficiente para las explicaciones que debe dar", por lo que el PSRM-PSOE considera que deberá ser una comparecencia "monográfica" de Valcárcel.

El portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Carlos Ruíz, dijo hoy que el Presidente no puede comparecer como pide el PSOE para hablar de La Zerrichera, según el artículo 182 del reglamento de la Cámara.

Indicó que el citado artículo, referido a las comparecencias del presidente del Consejo de gobierno ante el Pleno, indica que "procederá" tal comparecencia "cuando el objeto de la misma sea el informar sobre los asuntos que, en el ámbito estrictamente político, guarden conexión directa con actuaciones personales suyas o con el ejercicio de las competencias de su exclusiva atribución".

Añade este artículo que la comparecencia se sustanciará por acuerdo de la mesa y de la junta de portavoces, o a petición del propio presidente.

La comparecencia se deberá celebrar, previa la admisión a trámite de la correspondiente solicitud, en los diez días hábiles siguientes al de la entrada de la misma en el registro.

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique, afirmó que el PP no puede argumentar cuestiones reglamentarias para impedir que Valcárcel de explicaciones después de que el fiscal jefe de Murcia se haya presentado una querella contra cuatro altos cargos de dos consejerías, por un presunto delito de prevaricación en la recalificación de La Zerrichera.

Rosique, dijo hoy en un comunicado de prensa que el PP está llevando a cabo una campaña de difamación "infundada" y ataques al honor que será respondida con demandas por parte del secretario general del PSRM, Pedro Saura. Hizo este anuncio después de la rueda de prensa ofrecida por el portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Carlos Ruíz, en la que éste le preguntó "si es cierto que el cerebro de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, actuó de intermediario de su familia para vender los terrenos de Lo Poyo, un pelotazo urbanístico con el que su familia percibió 6.000 millones de pesetas".

La dirigente socialista, que anunció días atrás la presentación de demandas por injurias contra aquellos que la difamen, contestó hoy que las personas que realmente saben del caso Lo Poyo son el presidente del PP regional, Ramón Luis Valcárcel; la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y el edil de Urbanismo de esa ciudad, Agustín Guillén.

Teresa Rosique indicó en su comunicado que Valcárcel recalificó definitivamente Lo Poyo en 1996, Barreiro "lo resucitó en 2003" y que poco después de una conversación entre Guillén y el supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Roca, en 2004, se inició la reclasificación de nuevo.

En cuanto a la querella por el caso Zerrichera, Rosique indicó que el PP crea una cortina de humo para tapar este asunto y para ello busca excusas de indefensión.

Al respecto, el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, criticó que el PP intente poner en tela de juicio a la justicia "dando órdenes a su partido de denigrar la actuación de la fiscalía y de los juzgados cuando sus resoluciones" les perjudican.

Jara habla de "trama" y de "escándalo multimillonario" al referirse al caso Zerrichera, al tiempo que pide al PP que deje trabajar a la justicia.-(EFE)

El alcalde socialista de Los Alcázares deja la política porque no soporta más tanta presión


“En estos cinco meses he conocido la parte más inhumana y agresiva de la política y no quiero seguir con esto”.

Con gesto serio y sacando fuerzas de flaqueza, el alcalde socialista de Los Alcázares, José Antonio Martínez Meca, anuncia su retirada de la política y su vuelta al trabajo como funcionario en el Ayuntamiento de Cartagena, “porque lo mío es la gestión, no las trampas de la política”.

Los últimos acontecimientos le han pasado factura a ‘Pepote’, apodo por el que es conocido no sólo en su entorno familiar, sino también en todo el municipio de Los Alcázares, al que ha dedicado los últimos 12 años de su vida.

Los nervios apenas le dejan dormir, por lo que tiene que recurrir a la toma de ansiolíticos; con los ojos enrojecidos, confiesa que “es doloroso que mi hijo venga del colegio y me pregunte si es verdad que conozco a Roca, y ya no sé cómo explicar que sólo lo he visto una vez en mi vida, fue en la presentación de "Ribera Beach", en un restaurante lleno de gente hace cuatro años, y no creo que a todos los asistentes los vinculen con la Operación Malaya por haber estado allí”.

La presunta vinculación de José Antonio Martínez Meca con el escándalo marbellí surge a raíz de la conversación mantenida entre Gonzalo Astorqui y José Madrid, supuesto testaferro de Roca, que alude al nuevo alcalde asegurando que “es uno de los nuestros”.

Pese a la matización que la propia Policía Judicial hace de esa frase, en la que explica que puede referirse a la ideología que Meca comparte con Juan Escudero, anterior alcalde, el escándalo saltó a los medios de comunicación y sus consecuencias le han hecho presentar su renuncia a la alcaldía de Los Alcázares.

“No vale la pena seguir con esto, ni para mí ni para el pueblo, sé que hubiera sido un buen alcalde, pero no me han dejado demostrarlo, ahora me da todo igual”, manifestó tras asistir al pleno ordinario que se celebró ayer en el consistorio alcazareño.

Carta de José Madrid
El todavía alcalde mostró la carta que José Madrid le ha enviado y en la que asegura que lamenta profundamente “que una frase hecha y sacada de contexto de una supuesta conversación telefónica privada con una persona de Masdevallía (empresa que supuestamente pertenece a Roca), haya podido poner en entredicho al alcalde y su equipo de gobierno municipal”.

En la carta, Madrid le transmite “la confianza, que no certeza, en que el nuevo alcalde mantendría una actitud favorable, por parte del Ayuntamiento, para continuar los proyectos en curso, y resumida en tan desdichada frase”.

La carta supone un flaco consuelo para Martínez Meca, que paradójicamente, en sus 12 años de concejal, jamás ha gestionado el área de Urbanismo ni ha asistido a una sola Comisión. Las áreas que ha presidido son Educación, Cultura, Juventud, Festejos, Turismo, Protección Civil y Parques y Jardines.

“No me acuerdo de cabeza”
Durante el pleno ordinario, el urbanismo volvió a enfrentar al equipo de gobierno con la portavoz del Grupo Popular, María del Carmen Vigueras, quien explicó que “siempre vamos a abstenernos en las votaciones que traten asuntos que tengan la firma del arquitecto municipal”.

El portavoz socialista, Alfredo Blanco, le recordó que su hermano, el arquitecto Antonio Vigueras “era el que más proyecto presentaba al Ayuntamiento, incluido el campo de golf”. Vigueras replicó que esa era otra causa de su abstención, a lo que el alcalde le contestó que en julio de 1.994 “había votado dos actuaciones de su hermano, no sé si usted lo recuerda”.

La portavoz popular no supo responder a la acusación del alcalde y se limitó a asegurar que “no me acuerdo de cabeza”.

Fomento señaliza el aeropuerto de San Javier con nuevos carteles en la autopista


El Ministerio de Fomento, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado, reforzó la señalización vertical para la indicación del Aeropuerto de San Javier, tanto en carteles laterales como en pórticos, banderolas y flechas direccionales en todos los enlaces de la Autopista AP-7, en el tramo entre San Pedro del Pinatar y Cartagena.

La mejora de señalización consistió en la implantación de cajetines con el pictograma de ‘Aeropuerto’ en la cartelería existente en los cinco enlaces de la AP-7 que no disponían de indicación del aeropuerto, según informó la Delegación del Gobierno en Murcia.

En este sentido, depués de las obras, en lugar de señalizar el aeropuerto en San Javier y en los cruces con las carreteras más importantes, a partir de ahora se dispone de señalización en todos los enlaces de la autopista, indicando cuando debe salir de la calzada principal cuando llega al enlace de San Javier Sur, situado en el kilómetro 784 de la autopista.- (Europa Press)

El fiscal jefe podría ser denunciado por prevaricación en los próximos días


Los imputados en el caso de La Zerrichera alegan indefensión al no haber sido informados

El fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, tendrá que responder de la denuncia por prevaricación que algunos de los imputados en La Zerrichera estudian presentar en los próximos días contra el titular del Ministerio Público por vulnerar el artículo 24 de la Constitución Española en el que se dice que «todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión», según ha sabido LA RAZÓN de fuentes próximas a los afectados.

Ayer mismo, y tras conocerse que la Fiscalía había presentado una querella en el Juzgado Decano de Lorca contra los presuntos implicados en el «caso de La Zerrichera», Antonio Alvarado, Encarna Muñoz, Juan Ramírez, Manuel Gil, María Jesús Ros y otras treinta personas, las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Gobierno regional se afirmó que se habían enterado de la noticia a través de los medios de comunicación, ya que los directamente afectados no habían recibido comunicado alguno.

El portavoz del Ejecutivo, Fernando de la Cierva, aseguró que «al Gobierno le produce una responsable preocupación» y mantuvo que «sabrán estar a la altura de las circunstancias» en función del resultado de la querella. Otras fuentes del mismo crédito aseguran que se ha producido una «enorme indefensión de los acusados al no haber sido informados previamente de su imputación antes de que la noticia llegara a los medios de comunicación».

Justamente esta circunstancia es la que ha llevado a que algunos de ellos estudien en los próximos días, una vez conocido el contenido de la querella de la Fiscalía, la posibilidad de presentar una denuncia contra el fiscal jefe del TSJ por indefensión, y basarán su acusación en el punto dos del artículo 24 de la Constitución en el que se precisa que «todos tienen derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías», así como a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

En el mismo apartado se señala que «la Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos».

Algunos de los imputados denunciaron ayer que la querella responde a motivos políticos de los que no es ajeno el fiscal jefe y señalaron como una de las pruebas dos fotografías fácilmente localizables en internet en las que se ve a López Bernal en la sede socialista junto a un grupo de jóvenes del PSRM, entre las que también figura la diputada socialista Rosa Peñalver.

En la segunda imagen a la que hacen referencia los querellados, igualmente localizable en la red, se aprecia al fiscal jefe junto a destacados miembros del grupo ecologista y antisistema «Murcia no se vende», al parecer también parte de la denuncia que se ha formulado contra los miembros y cargos de las consejerías de Medio Ambiente, Obras Públicas y el Ayuntamiento de Águilas.

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique, se sumó al bombardeo mediático al exigir al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, que comparezca en la Asamblea para dar explicaciones y cese de inmediato a los altos cargos imputados por el fiscal. El portavoz del PP, Pedro Antonio Sánchez, respondió que «Rosique no tiene autoridad moral para pedir ceses por una denuncia, cuando ella sigue en su cargo después de haber votado a favor de un pelotazo urbanístico en Lo Poyo que beneficiaba a su familia».
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El eurodiputado David Hammerstein acusa a Camps de "falta de respeto" por la aplicación de la normativa europea en la Comunidad Valenciana


El eurodiputado de los Verdes, David Hammerstein , acusó hoy en Bruselas al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, de mostrar una "ignorancia escandalosa" sobre el funcionamiento del Parlamento Europeo, y una "falta de respeto" por la aplicación del derecho comunitario en la Comunidad Valenciana.

Hammerstein hizo estas declaraciones en respuesta a las críticas de Camps contra la Eurocámara, de la que dijo que se entromete en la campaña electoral enviando una visión sobre urbanismo a Valencia la semana que viene.

Hammerstein subrayó que la comisión de Peticiones del Parlamento organiza delegaciones de investigación "no por motivos partidistas sino en respuesta a peticiones planteadas por ciudadanos y grupos cívicos de una región o un país concreto".

"En este caso hay muchas peticiones relacionadas con el 'boom urbanístico' valenciano que están siendo estudiadas tanto por la comisión de Peticiones como por la Comisión Europea", señaló.

"Para el señor Camps todo es una cuestión de imagen y marketing, pero lo que 'mancilla' y mancha la imagen de la Comunidad Valenciana es la palpable realidad del salvaje oeste urbanístico fomentado por el propio Camps en los últimos años", criticó Hammerstein a través de un comunicado.

Señaló que es "falso" que se produzca una "atención exagerada" del Parlamento Europeo al urbanismo valenciano y puso como ejemplo que recientemente se han mandado misiones a Italia (sobre el AVE) y Malta (sobre la caza) y pronto habrá otra a Polonia (autovías en zonas protegidas) sobre "asuntos de alta sensibilidad política y ambiental y con gobiernos regionales y estatales de distinto color político".

El eurodiputado de los Verdes negó además que la delegación "busque castigar al PP" o que haya una mayoría socialista, y dijo que los parlamentarios visitarán distintas localidades gobernadas por el PSOE tanto en Alicante como en Almería.

Afirmó que es la decisión del PP europeo de no participar en la delegación la que evita que ésta tenga una mayoría conservadora, puesto que hasta ahora han confirmado su asistencia el conservador polaco Marcin Libicki y el socialista británico Michael Cashman.

"No es verdad que estemos ya en campaña electoral. Todavía faltan más de dos meses antes de empezar la campaña. Si el Parlamento Europeo tuviera que inhibirse ante las múltiples y largas precampañas en cada país y región tendríamos que paralizar buena parte de nuestra actividad parlamentaria", concluyó Hammerstein.- (Europa Press)