viernes, 9 de marzo de 2007

En el próximo gobierno regional progresista la mitad de sus consejeros serán mujeres


MURCIA.- El líder socialista, Pedro Saura, ha asegurado que, si es elegido presidente de la Comunidad, tras las próximas elecciones, "el siguiente compromiso es que en mi gobierno al menos el 50% de consejeros serán mujeres".

Saura señala que "no hay una candidatura en el conjunto del Estado que tenga mayor participación de la mujer que la del PSOE, ya que de los 60 integrantes de las listas electorales socialistas a la Asamblea Regional, 31 son mujeres, es decir, el 51%".

"Este es el compromiso que adquirí y que he cumplido".

Calificó finalmente la Ley de Igualdad, que el PP presentó el miércoles en la Asamblea Regional, como "una declaración de intenciones sin ningún compromiso concreto y, por supuesto, ningún compromiso presupuestario".- (EFE)

Trinitario Casanova amenaza ahora con demandas y querellas contra políticos del PP y del PSOE



MURCIA.- El presidente del Grupo Hispania y promotor de la polémica urbanización aguileña de La Zerrichera, Trinitario Casanova Abadía (en la fotografía inferior), ha anunciado, en un comunicado de prensa desde la sede social en Murcia de sus empresas (en la ilustración superior), que interpondrá una demanda judicial contra el Gobierno regional "por los graves perjuicios ocasionados por la paralización del plan parcial del proyecto urbanístico, en el que estaba previsto construir más de 4.000 viviendas, un campo de golf y un hotel de lujo en una zona protegida.

Adelanta que también "tiene previsto ejercer acciones legales, por injurias y daño al honor, contra el portavoz del PSOE en Águilas, Ramón Román. Este concejal acusó al empresario de haberle ofrecido un millón de euros por cambiar su anunciado voto contrario en el pleno en el que se aprobó definitivamente la urbanización.

El presidente del Grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, en sus primeras declaraciones desde que el fiscal enviara a los juzgados el caso, anuncia que los servicios jurídicos de su empresa "estudian la interposición de una demanda judicial contra el Gobierno Regional del Partido Popular, presidido por Ramón Luis Valcárcel, ante los graves perjuicios ocasionados por la decisión de este Ejecutivo de paralizar el plan parcial previsto para la finca de La Zerrichera, en Águilas".

En un comunicado remitido y firmado por el propio Trinitario Casanova Abadía, el promotor de La Zerrichera se lamenta de que "la paralización de dicho plan, en julio del año pasado, sujeto a otro de gestión, ha causado grandes daños económicos e inseguridad jurídica a esta empresa, cuando el proyecto destinado para la zona contaba con la aprobación definitiva desde el 13 de febrero de 2006".

Además, "Grupo Hispania entiende que dicho plan de gestión nunca puede imponer criterios de ejecución al plan parcial, distintos de los criterios de la Declaración de Impacto Ambiental ya aprobada, tal y como refrenda un informe del gabinete jurídico Garrigues-Walker y que la propia Comunidad ha hecho suyo, y remitido posteriormente a la Fiscalía. Dicho documento concluye que el plan parcial diseñado para la finca de La Zerrichera debe estar incluido en el plan de gestión".

Casanova señala que jamás “ni en su nombre ni en el de su empresa se ha ofrecido dinero alguno a ningún político, ni del PSOE ni del PP, ni de ningún otro partido. Como tampoco se ha encargado a ningún intermediario que lo hiciera”.

En este sentido, Casanova interpondrá acciones legales contra el señor Ramón Román, y contra cualquier persona que tenga la “nula vergüenza” de lanzar cualquier tipo de acusaciones contra el proceder de esta empresa, que ha estado siempre marcado por los principios de la ética y la legalidad.

El máximo responsable de Grupo Hispania comunica también a los responsables políticos que “en sus peleas internas y rifirrafes entre oposición y gobierno, no se debería perjudicar de una manera tan grave e irresponsable a las empresas y los ciudadanos, como hasta la fecha viene sucediendo, dándose una pobre y nefasta imagen de lo que el ciudadano de a pie, empresario o trabajador, percibe de sus gobernantes, de lo que, en definitiva, entendemos que sería lo correcto”.

“Los políticos, añade Casanova, tanto en las tareas de Gobierno como en la oposición, lo que deberían hacer es trabajar por la Región, para que las iniciativas empresariales puedan desarrollarse dentro de un marco de seguridad jurídica, y así, posibilitar la creación de puestos de trabajo; en lugar de estar todos los días lanzando acusaciones infundadas, que están dando una imagen bochornosa y lamentable de nuestra comunidad en el contexto nacional”.

La Kutxa, Caja de Ahorros de Guipúzcoa, ha indicado, por su parte, que ha abonado al Grupo Hispania 55 millones de euros por La Zerrichera. El acuerdo consistíá en un pago total de 105 millones de euros, más otros 16,8 de IVA.

Un portavoz de La Kutxa señala que se consideran al margen de cualquier sospecha y de la propia investigación judicial, toda vez que su compromiso con Trinitario Casanova se ceñía a asumir la propiedad de la finca una vez que la recalificación contara con todos los permisos oficiales. Otros dos socios iniciales del proyecto, los grupos Lar y Riofisa, abandonaron el año pasado.

El consejero de Presidencia y portavoz del gobierno murciano, Fernando Cierva, ha declarado esta tarde desde San Esteban que "Trinitario Casanova no tiene razón en lo que plantea porque siempre se ha actuado en función de los informes jurídicos y administrativos". Según Cierva "el gobierno no negocia con nadie y Casanova está en su derecho de entablar esas acciones que anuncia. Desde aquí siempre se ha actuado conforme a la ley y sin favorecer a nadie", en clara alusión a la amistad manifiesta entre Casanova y el consejero de Ordenación de Territorio, Joaquín Basuñana.

Como consecuencia de todo lo anterior, el expulsado exsecretario local del PSRM en Águilas, Pedro Gil, ha negado esta mañana las acusaciones ante el fiscal-jefe, de Román Román, candidato de este partido y portavoz municipal socialista, en el sentido de que intermedió en un supuesto intento de soborno para votar a favor de la recalificación de La Zerrichera en el pleno municipal.

"Jamás he recibido ningún soborno en los doce años que llevo como concejal del ayuntamiento de Águilas", manifestó en rueda de prensa. El involucrado por sus propios excompañeros socialistas ha dicho también que sigue pensando como ha pensado siempre y que de salir de nuevo elegido como concejal, no votaría a favor de una eventual nueva reclasificación de La Zerrichera que se plantease en un Pleno.

Pedro Gil reitera que desconoce por completo la existencia de la grabación aportada por Ramón Román al fiscal y quiere aclarar su relación con Domingo Martínez, ex secretario general del PSOE local y a quien se apunta como presunto intermediario en el intento de soborno a Román por el montante de un millón de euros.

Gil señala respecto de Martínez que son «casi familia», pero que relación política no existe ninguna actualmente. «Años atrás él fue el secretario local del PSOE, mientras yo era de organización, por eso no entiendo por qué tiene que mezclar Ramón Román ahora a este señor». A su juicio, la denuncia de Román forma parte de una personal guerra política entre ambos.

Pedro Gil aseguró que las manifestaciones de Román ante el fiscal “son falsas” pues “jamás” hizo “ofrecimiento alguno de dinero, ni de otra cosa a este señor para obtener un cambio de voto”, y negó la existencia de las conversaciones con el edil del PSRM sobre “estas cuestiones”.

Según el involucrado en el supuesto intento de soborno, ninguna instancia judicial le ha imputado ilegalidad alguna y señaló que sobre las supuestas grabaciones que Román hizo de sus conversaciones, “de las que únicamente tengo constancia por los medios de comunicación, ya solicité a la Ejecutiva del PSRM que me permitiera escucharlas, con el fin de poder demostrar su falsedad”.

Luego añade que “sólo una manipulación de las supuestas grabaciones posibilitaría que se pudiese deducir algo parecido a lo manifestado por Román”, pero afirmó que no se podía querellar por desconocer la trascendencia jurídica de ese testimonio ante el fiscal jefe.

Pedro Gil deduce de todo lo anterior, que su difusión, en este momento, obedece a “una campaña de desprestigio” y pretender “eliminar a un legítimo opositor político en las próximas elecciones”.

Sin embargo, la portavoz del PSRM en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, insiste en que "estamos ante el mayor escándalo urbanístico en toda la historia de la Región" y que La Zerrichera "no es sino un pelotazo ilegal". Señala a Trinitario Casanova y al presidente Valcárcel como "las dos únicas personas que lo saben todo sobre este caso". Y pide, finalmente, al presidente de la Comunidad Autónoma que "no sea ariete contra la acción de la Justicia cuando los ciudadanos le exigen su derecho a saberlo todo sobre este tema".

Según Teresa Rosique, el aparente enfado de Trinitario Casanova "es artificial porque
el gobierno regional mantiene viva la recalificación urbanística de La Zerrichera, la declaración de impacto ambiental favorable y sólo ha parado tácticamente su plan parcial, por una cuestión de imagen para no seguir perdiendo votos". Para la portavoz socialista, "Valcárcel viene eludiendo desde noviembre el control parlamentario y ya no creo que comparezca en la Asamblea antes de las próximas elecciones autonómicas".-(NEM)

El PSRM introduce la duda sobre quien tomó la decisión política última sobre La Zerrichera


MURCIA.- El secretario de Organización del PSRM-PSOE, Francisco Oñate, ha dicho sobre La Zerrichera que la sociedad piensa que «los maletines con dinero corren a la misma velocidad que se toman algunas decisiones administrativas».

Recordó que el PSOE expulsó del partido a varios de sus concejales en Águilas «porque no olía claro su decisión de no acudir a un Pleno» en el que se trataba el tema, «cuando era un voto irrelevante», y se les suspendió de militancia en 24 horas.

Dice también que cuando se habló de «dinero», el PSOE recurrió a la Justicia para que esclareciera lo sucedido, mientras el PP critica a esta institución. «El PP respalda a los concejales de su partido que votaron a favor de la recalificación y hoy están procesados, al tiempo que pone palos en el engranaje -de la Justicia- para que la verdad de los hechos no se esclarezca», denunció.

«El ciudadano se pregunta cómo se tomaron las decisiones, quién aconsejó y quién coordinó» las diferentes actuaciones administrativas que se adoptaron, dijo Francisco Oñate quien reiteró la petición de su partido de que el presidente Ramón Luis Valcárcel comparezca en la Asamblea para dar explicaciones «y no escurra el bulto».

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, Javier Iniesta, respondió a Javier Oñate que «nadie se cree que alguien estuviera dispuesto a pagar un millón de euros a un concejal del PSOE por un voto que no era necesario».

Iniesta ha pedido al fiscal jefe «que «cuide las filtraciones a los medios de comunicación que se han producido desde su departamento de manera impúdica y que aplique el mismo celo con el que está instruyendo las diligencias para respetar los derechos constitucionales de los afectados».- (EFE)

La Comunidad Autónoma proyecta en firme el enlace directo más corto Yecla-Murcia, con una autovía que terminará en San Javier-Mar Menor


YECLA.- Una autovía directa de 62 kilómetros unirá Yecla (en la fotografía) con Santomera tras la inversión de 300 millones de euros que realizarán los gobiernos autónomos de Murcia y la Comunidad Valenciana en una infraestructura que tendrá once enlaces y por la que se podrá circular a una velocidad de entre 100 y 120 kilómetros a la hora.

La citada autovía atraviesa 14 kilómetros del término municipal de Pinoso (Alicante), tramo que será financiado por la Generalidad Valenciana.

Se justifica la construcción de esta autovía por el importante desarrollo industrial que supondrá para la zona que atraviese y una, y por el aumento de transportes pesados, además que esta obra es una vieja reivindicación de los alcaldes de los municipios a los que afecta.

Entre los objetivos de la infraestructura está completar el eje de la conexión Yecla-Santomera-San Javier, mejorar la comunicación del Altiplano con el centro y costa de la Región, e impulsar el desarrollo económico social de esta comarca y de los municipios orientales de Abanilla y Fortuna.

No se quiere dar una fecha aproximada de apertura al tráfico de la autovía, porque todavía se está en el estudio previo y a partir de aquí se van a llevar a cabo los estudios informativos, determinar trazados, y la Declaración de Impacto Ambiental, entre otros pasos. Sin embargo, el gobierno regional la quiere construir en el menor tiempo posible.

Aún debe pasar los trámites de estudio previo, estudio informativo, discusión con los municipios afectados, declaración de impacto ambiental y exposición pública antes siquiera de ver colocar su primera piedra.

Desde la Comunidad Autónoma se va a dar prioridad absoluta al proyecto y se va a tratar de reducir al mínimo el tiempo dedicado a estos trámites. La obra, una vez iniciada, podría terminarse en dos o dos años y medio.

Un portavoz de la Generalitat Valenciana insiste en la importancia de que incluya el tramo que pasa por Pinoso, porque “descongestiona y da cohesión territorial” y menciona la autovía Orihuela-Torrevieja, con lo que esa zona de la Vega Baja estará “muy bien comunicada”.

No se ha querido adelantar a el número de vehículos que podrá soportar la nueva autovía, que ahora mismo tiene capacidad para absorber 5.000 y con esta nueva infraestructura se podría multiplicar por cuatro.

La obra se acometerá en tres tramos: de Yecla al límite con la Comunidad Valenciana, de 18 kilómetros; de esa línea hasta la de la Región de Murcia, pasando por Pinoso, de 14 kilómetros, y de ese punto a la A-7, a la altura de Santomera.

Entre Yecla y el límite de la provincia de Alicante habrá tres enlaces: con la autovía Murcia-Jumilla-Fuente La Higuera; con la carretera de conexión con Villena, y con la A-15, que comunica con Jumilla.

El tramo que discurre por la Comunidad Valenciana enlazará con la carretera de acceso a Pinoso y conexión con Monóvar (Alicante), y con la de acceso a El Rodriguillo y conexión con Novelda (Alicante), y tendrá además una variante en Pinoso y Rodiguillo, de cinco kilómetros.

El tercer segmento, el más largo, tiene 30 kilómetros y enlaces con las carreteras de acceso a Barinas; con conexión con Fortuna; A-7, de acceso a Abanilla; de conexión con Benferri (Alicante), y con la autovía A-7.

Además, contará con las variantes de El Algarrobo, puerto de Barinas, El Salado Alto, Mahoya y Abanilla, y con dos viaductos que salvan sendas veces terrenos del lugar de importancia comunitaria (LIC) del río Chícamo.

Otro LIC que se verá afectado, "aunque mínimamente", será el de la sierra del Serral, que será atravesado por uno de sus extremos.

En el último tramo habrá, además, otros cuatro viaductos: sobre las ramblas de Zurca y Balonga, y sobre los canales de Abanilla y del trasvase Tajo-Segura.

La nueva autovía alivará la gran carga de tráfico pesado, de hasta el 32% del total, que soportan las carreteras actuales de la zona, y que se unirá a la que conectará Santomera con el Mar Menor, que se abrirá en 2010.

Esta infraestructura vertebrará las comunidades murciana y valenciana, y descongestionará la autovía Madrid-Alicante, que discurre paralelamente, por la comarca oriental de la Región de Murcia (Abanilla y Fortuna) que ha estado abandonada demasiado tiempo en cuanto a infraestructuras modernas de comunicación.

La Comunidad Autónoma ha instado, por otra parte, al Ministerio de Fomento a acelerar el ritmo de la puesta en servicio del eje de conexión interior entre las comunidades valenciana y murciana, que discurre entre Valencia, Fuente La Higuera, Yecla, Jumilla, Blanca, Las Torres de Cotillas y Alcantarilla.-(NEM)