El PSRM recuerda a Valcárcel que Rajoy no habló en Murcia de los trasvases del Ebro y del Tajo

MURCIA.- El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, afirmó, en referencia a las declaraciones del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, sobre los vertidos de agua del Ebro al mar, que éste "no defiende los intereses de Murcia sino los del presidente del PP, Mariano Rajoy".

En un comunicado de prensa Jara aconsejó a Valcárcel que "deje de mentir a los murcianos con el trasvase del Ebro", y señaló que "su propio partido ya no apoya ese trasvase en ninguna parte de España".

"De hecho, ni Rajoy se atrevió a nombrarlo en su última visita a Murcia. Y lo que es más grave, no dijo ni una palabra en defensa del Trasvase Tajo-Segura", añadió el portavoz socialista.

Para José Ramón Jara, es "indecente" que Valcárcel, que, según comentó, fue "absolutamente sumiso" durante el gobierno de José María Aznar, "siga traicionando ahora los intereses de Murcia boicoteando las inversiones del Gobierno de España en materia de agua y defendiendo trasvases imposibles en los que ni él cree, pero que supone rentables desde el punto de vista electoral".

El dirigente socialista dijo que Mariano Rajoy y todos los diputados del PP, incluso los murcianos, han votado a favor del Estatuto de Aragón, por lo que destacó que "está claro que el PP ha renunciado al trasvase del Ebro, aunque aquí sigan intentando engañar a los ciudadanos".

"Es cínico que Valcárcel llame cobarde al secretario general del PSRM, Pedro Saura, por no defender el trasvase del Ebro, en el que no creemos los socialistas, y mientras él traicione día a día los intereses de Murcia, mostrando absoluta cobardía ante Rajoy y Francisco Camps", aseveró.

Respecto a las declaraciones del presidente castellano-manchego indicó que son "tan extemporáneas como las de Valcárcel, ya que ambos se alimentan de sus propias mentiras, enfrentándose al gobierno de España porque les interesa la confrontación".

Finalmente dice:"Ellos son los que alientan la guerra del agua, que no beneficia ni a los castellano-manchegos ni a los murcianos", concluyó Jara.- (EFE)

Declaración por la Libertad de Expresión Digital

A todo ciudadano, a todo blogger:

Es más que evidente la importancia que en los últimos años ha ido cobrando la Red como lugar donde se democratiza la información, donde todo ciudadano, como en la antigua polis, podrá posicionarse, hablar y comunicarse con los demás.

Como casi siempre ocurre, el mercado fue el primer agente en rentabilizar las enormes ventajas que aportaba la Red, pero ha llegado ya el momento de la política, la política realizada desde la sociedad civil, es decir, la que sirve de canal de acceso del ciudadano al Estado.

Aunque el concepto de democracia representativa seguirá vigente, se podrán extraer ciertas ventajas de la democracia directa para hacer a la primera más participativa y sobre todo, realmente representativa. En la Sociedad de la Información, a través de la Red, el ciudadano va a recuperar una parte de su libertad política secuestrada por las élites.

Pero este potencial de libertad política está expuesto a un serio peligro. Porque es también evidente que el poder ha detectado la tremenda importancia que ha adquirido y adquirirá la Red como fuente de información y de interrelación y, por lo tanto, procurará mitigar su influencia.

La libertad de conciencia y de expresión, pilares de la libertad individual, nuestro valor supremo, están más amenazados que nunca. Esto es especialmente preocupante en España, donde se produce una concentración del espacio informativo, ante la pasividad o impotencia del ciudadano, y donde se intenta, desde el poder, cerrar medios de comunicación por manifestar sus propias opiniones.

Determinadas propuestas de legislación (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, Estatuto del Periodista, Ley de Propiedad Intelectual o la Directiva Europea sobre Retención de Datos en las Comunicaciones Electrónicas), fomentan el intervencionismo en el ámbito digital, amenazando la existencia de los bloggers y los medios independientes, con el pretexto de regular el comercio electrónico, proteger los derechos de autor o garantizar nuestra seguridad.

A día de hoy, todavía nadie controla la Red, máximo exponente de un orden social espontáneo, pero se están haciendo serios intentos, y los abusos a los que el individuo va a estar sometido, como la pretensión de dejarle fuera de los circuitos de opinión o de controlarle desde el poder, se harán cada vez más evidentes a medida en que la Red vaya cobrando importancia.

Así, el poder intentará:

1. Designar arbitrariamente qué personas tendrán acceso a la información pública.
2. Controlar los canales de la Red, investigando nuestras relaciones privadas y profesionales.
3. Fiscalizar la Red, exigiendo la identificación pública en Internet.
4. Dificultar la creación de sitios web, burocratizando su mantenimiento.
5. Someter Internet a un régimen legal más estricto que el que hay fuera de la misma Red. Lo que sea legal fuera de Internet que lo sea dentro.
6. Imponer criterios políticos para la concesión de autorizaciones o licencias para los nuevos medios de comunicación digitales, incluidos la radio y la televisión.

De tal forma entendemos que, con el propósito de contribuir a mantener la libertad de expresión en el amplio mundo digital, es necesario unirnos y:

1. Denunciar conjuntamente cualquier abuso contra nuestra libertad de expresión y conciencia, que afecte al libre acceso a la información pública, al control no judicial de nuestras relaciones privadas y a la absoluta libre concurrencia del espacio digital.
2. Comprometermos a reflejar esta declaración en nuestros blogs, y difundirla para crear una red que actúe ante cualquier violación de los principios que defiende.

Los vecinos piden a Costas del Estado la limpieza de aguas y regeneración de playas en el Mar Menor

CARTAGENA.- Representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comarca de Cartagena (FAVCAC) se han reunido en Los Urrutias, con la jefa de Demarcación de Costas del Estado en la provincia de Murcia, Francisca Baraza (en la fotografía), para pedir una serie de mejoras en toda la zona del Mar Menor.

En esta reunión, en la que estaban representantes de Los Urrutias, Los Nietos, Playa Honda, Playa Paraíso e Islas Menores, se hizo especial hincapié en la limpieza de las playas, muchas de ellas en un estado lamentable.

Las aguas del club naútico de Los Nietos y las del puerto de Los Urrutias tienen que ser limpiadas de inmediato porque están estancadas, llenas de algas, y con un olor insoportable.

A la entrada del puerto de Los Urrutias, con una nula circulación del agua, huele mal y se ha llenado de algas. Los vecinos han enviado numerosos escritos a la Consejería de Medio Ambiente del gobierno autónomo y al propio puerto, que ya ha presentado un plan de limpieza al que nadie competente le ha dado el visto bueno.

También preocupaba a los vecinos la falta de la arena. En La Manga hay excedente y se ha aportado parte a playas que lo necesitaban como Punta Brava, El Carmolí, Los Urrutias y Los Nietos. En Islas Menores aún no se ha llevado a cabo esta aportación externa, muy demandada en la playa de Poniente. La arena ha dado paso a las piedras y hay problemas para entrar o salir del agua. La jefa de Demarcación de Costas, Francisca Baraza, asegura que para este verano Islas Menores también contaría con la arena suficiente.

En Playa Paraíso, un lugar anteriormente dedicado a la acampada libre, los vecinos reclaman un vallado y discos de prohibición para la entrada y el estacionamiento de caravanas que dejan toda la zona llena de suciedad.

Uno de los paseos marítimos más demandados, el de Los Urrutias, de momento no podrá hacerse, a la espera de expropiar la única casa que queda afectada para poder llevarlo a cabo. La respuesta sólo puede llegar de los tribunales, según Baraza.

La unión terrestre de Los Nietos con Islas Menores no podrá llevarse a cabo hasta el verano próximo, según la jefa de Demarcación de Costas. En Playa Honda todavía falta la unión entre los dos paseos marítimos, unos cinco metros; y el arreglo de la zona que va desde Playa Paraíso hasta La Manga, una senda que pueda ser utilizada por bicicletas y peatones.

Baraza explicó a los vecinos, que no se pueden empezar muchas de las obras proyectadas o demandadas porque se tiene en marcha un estudio para conseguir abordar globalmente las acciones sobre el Mar Menor. La intención ahora es configurar una Comisión que trabaje por la regeneración del Mar Menor, integrada por la Comunidad Autonóma, Costas, ayuntamientos y las asociaciones de vecinos, para intentar que esta laguna no se muera.

Los vecinos reclamaron a Costas una solución a dos vertidos de agua cuyo origen y repercusiones sobre la salubridad del agua del Mar Menor les preocupaban bastante.

El primero de ellos sucede en Islas Menores, en la salida de una rambla que va arrastrando a su paso desperdicios y otros elementos y que, finalmente, va a desembocar a la costa y al mar.

El segundo de ellos tiene lugar en Los Urrutias, en la zona de El Carmolí, donde desde hace varias semanas hay un chorro de agua continuado vertiéndose al mar. Los vecinos creyeron, en un principio, que procedía de unas obras que se estaban realizando en una carretera cercana, pero posteriormente se dieron cuenta que no.

Pese a que no se sabe la procedencia, se tienen indicios para pensar que tiene su origen en la depuradora de El Algar. Los hechos ya se han denunciado pero no ha habido respuesta. La Demarcación de Costas se comprometió ante los vecinos a investigar este tema y ponerlo en conocimiento de los organismos a quienes competan.

El PSRM denuncia que los convenios urbanísticos multiplicarán por 20 la población de Abanilla

ABANILLA.- Los 22 convenios urbanísticos firmados por el ayuntamiento de Abanilla supondrán la construcción de más de 40.000 viviendas, lo que multiplicará por 20 la población del municipio en el plazo de cinco años.

El portavoz del PSOE en Abanilla, José Antonio González Rivera, ofreció estos datos y anunció que su partido ha presentado una denuncia en la Fiscalía del TSJ de Murcia para "esclarecer si el alcalde, Fernando Molina, ha beneficiado a empresas en la firma de los convenios urbanísticos".

González Rivera, acompañado por la candidata socialista a la alcaldía, María Dolores Saurín, explicó que el dinero que las empresas 'Mussa y Eve' y 'Yacimientos del Mediterráneo' tenían que ingresar con motivo de los convenios firmados se hizo efectivo un año y medio después del acuerdo, "justo el mismo día en el que el PSOE pidió en el ayuntamiento que se rescindiera el acuerdo con estas sociedades", a lo que añadió que "esto nos lleva a pensar que las empresas han contado con información privilegiada".

Por otro lado, el portavoz del PSOE en Abanilla subrayó que "hay varias irregularidades", ya que "el ingeniero redactor del PGMOU, José Enrique Pérez González, es propietario de terrenos incluidos en el convenio del sector 9, Los Baños", a la vez que denunció que el convenio 8, Las Lomas, se ha firmado con la empresa 'Construcciones Pérez Manzanera S.L.', cuyo dueño también dirige la entidad 'Control y Funcionamiento P-3', encargada de realizar el estudio de impacto ambiental del PGMOU. Por todo ello, desde el grupo socialistas de Abanilla han solicitado que se cree una comisión de investigación.
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Saura, lider del PSRM, anuncia que destinará el 5,5% del PIB regional a la educación/formación

MURCIA.- El candidato del PSRM a la presidencia de la Comunidad de Murcia, Pedro Saura, dijo ayer que si gana las elecciones de mayo pondrá en marcha un plan de éxito educativo a partir del cual se generalizarán los estudios bilingües en los centros públicos, y se destinará el 5,5% del PIB regional a gasto en educación/formación.

Saura, que mantuvo un encuentro con miembros de la comunidad educativa, afirmó que en este ámbito el principal compromiso de los socialistas es aumentar el gasto en educación para corregir la política desarrollada en los últimos doce años por el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel.

“Valcárcel nos ha situado a la cola del país en gasto educativo, y a la cabeza de España en fracaso escolar”, dijo Saura, quien se manifestó partidario de “la economía del conocimiento, frente a la economía del cemento”.

Según Saura, el gasto público en educación se cifra hoy día en 1.144 millones de euros, e irá en aumento conforme transcurra la próxima legislatura hasta alcanzar a finales de su mandato el 5,5% del Producto Interior Bruto regional, “que para 2007 está previsto ascienda a 26.578 millones de euros”.

El plan de éxito educativo del PSRM-PSOE incluye, entre otros compromisos, doblar el número actual de becas, crear 10.000 nuevas plazas en escuelas infantiles, asegurar la gratuidad de los libros de texto, construir más centros públicos, y abrir los colegios todos los días de la semana, durante doce horas y once meses al año con programación de actividades extraescolares para favorecer el empleo femenino.

Los socialistas murcianos también se comprometen a que todos las escuelas públicas sean bilingües en 2012, así como a extender la formación continua para el profesorado, establecer la paridad en los cargos de responsabilidad de la Consejería de Educación, y dar mayor protagonismo a las corporaciones locales en la gestión educativa.

La deuda bancaria de los murcianos se ha duplicado en cuatro años

MURCIA.- Los murcianos, a causa de la expansión regional de los últimos años y de una mayor confianza laboral, por tanto, han aumentado paulatinamente las operaciones financieras de cierta envergadura para financiar la adquisición de coches, compra de viviendas, etc.

Los bajos tipos de interés y la facilidad financiera en la concesión de préstamos ha provocado, además, que la deuda de cada ciudadano con las entidades financieras haya pasado de los 11.800 euros anuales a finales del 2002, hasta los 28.020 euros en septiembre del año pasado (último dato disponible), según un estudio de la fundación de las cajas de ahorros.

El consumo familiar acelerado -principal componente del crecimiento durante estos años- ha sido determinante en el menor incremento de los depósitos bancarios. El ahorro de cada contribuyente ha pasado de 9.210 euros en el 2002 a 14.800 euros en el 2006.

Tanto en la concesión de créditos por parte de las entidades financieras como en el pasivo, ha habido un aumento relativo del movimiento bancario regional respecto al porcentaje nacional, debido sobre todo al fuerte incremento del sector de la construcción.

Según datos del ministerio de la Vivienda, mientras en el 2002 fueron visadas unas 15.500 casas en la Comunidad, la fuerte demanda en las principales ciudades y zonas turísticas hizo que la cifra se elevase a casi 35.000 en el año 2005. Por lo que respecta a los precios medios, pasaron de 808 euros por metro cuadrados en la ciudad de Murcia hace cuatro años a los 1746 euros durante el 2006.

Sin embargo, pese a que el PIB regional durante dicho periodo ha estado por encima de la media nacional, el nivel de endeudamiento se sitúa por debajo. Es, no obstante, superior a los del Andalucía, las dos Castillas, Canarias o Galicia.

En cuanto a los depósitos, ni antes ni ahora, la Región es de las más ahorradoras. Tal vez la bondad del clima, los precios relativamente menores a los que circulan en otras autonomías, el ancestral hábito de convivencia exterior y los bajos salarios hacen que muchas familias vivan prácticamente al día; es decir, que los ahorros no son lo más importante para los murcianos, ni pueden serlo.

Ya en el año 2002 los créditos superaban en 2.500 euros a los depósitos, mientras que el año pasado la diferencia se elevó a 13.220 euros. Claro, que en cuanto a deudas, peor evolución han tenido otras regiones como Aragón, Madrid o el País Vasco, que de ser ahorradores netos años atrás han pasado sus ciudadanos a ser deudores de las las entidades financieras.

Las cooperativas, en alza

El estudio de los profesores Santiago Carbó y Francisco Rodríguez analizan también la evolución de las cuotas de mercado en depósitos y préstamos de bancos, cajas y cooperativas de crédito en España. Las cajas ostentan el liderazgo en cuanto a la captación de recursos. En la Región llegan al 63,74%, frente al 24,26% de los bancos y el 14,54% de las cooperativas.

Estas últimas aumentan paulatinamente su cuota de mercado desde el 12,66% que tenían en el año 2002. En cuanto a los créditos, sin ser tan exagerada la desproporción, las cajas también se anotan un 54,23% de los préstamos frente a un 34,04% de los bancos y el 11,73% de las cooperativas, que nuevamente experimentan un incremento.

Concluye el estudio de Funcas que la ganancia competitiva de las dos últimas instituciones se debe al desarrollo de un tipo de banca más relacional -aspecto básico en la Región- y centrada en el cliente.

Igualmente destaca la intensa «lucha» por los mercados locales, mediante la apertura de oficinas, que ha permitido competir con la banca comercial y con las propias cajas en sus territorios de origen.
www.laverdad.es

El Parlamento Europeo alerta de la “codicia” del urbanismo expansivo e intensivo español

BRUSELAS.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que acaba de elaborar el informe de su tercera visita en febrero pasado a municipios de Valencia, Almería y Madrid para analizar su urbanismo, hace “una crítica muy dura y habla de dejación de los poderes regionales y locales” sobre el urbanismo extensivo, según Enrique Climent, presidente de la "Asociación Abusos Urbanísticos No" (http://www.abusos-no.org).

El próximo once de abril comenzará el debate sobre este informe y la propuesta resultante será elevada al pleno de la cámara europea. El parlamento de la UE ya aprobó en diciembre de 2005 otro informe anterior, por 550 votos a favor y 45 en contra, de la diputada Jeanelly Fourtou, en el que se pedía el inicio de un proceso de corrección e indemnización de los abusos urbanísticos que afectan al medio ambiente y a derechos fundamentales.

La Comisión Europea puede que pida una propuesta legislativa o incluso exija una denuncia ante el Tribunal de Justicia.

El informe de los eurodiputados, que recientemente visitaron la Comunidad Valenciana, Almería y la Comunidad de Madrid para investigar quejas urbanísticas, advierte de la "codicia" del sector de la construcción en España y de sus abusos sobre los derechos de los ciudadanos.

El conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman, que presentaron su informe ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), lamentaron particularmente la situación en la Comunidad Valenciana y se quejaron del trato recibido de sus autoridades.

En su visita de finales de febrero y principios de marzo, los eurodiputados encontraron ayuntamientos con "planes urbanísticos que no emanan de necesidades reales de crecimiento poblacional y turístico, sino de su avaricia y codicia". También visitaron pueblos cuya extensión crece "fuera de toda proporción como resultado de las ambiciones de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores".

Abusos generalizados

El texto, que comenzará a ser debatido en la reunión del próximo 11 de abril y que podría ser elevado como propuesta de resolución al pleno del PE, no se ciñe a las autonomías visitadas, sino que da a entender que los abusos urbanísticos son generalizados en el Estado español.

"En ningún otro país de la UE los derechos de propiedad de los ciudadanos son objeto de este tipo de abusos o con esta extensión", reza el informe, que describe un panorama desolador de la costa mediterránea española. "Las colinas son invadidas por un cáncer de viviendas idénticas, no porque sean necesarias, sino porque proveen beneficios al urbanizador y al constructor, al arquitecto y al abogado", se lee en el texto.

Entre las víctimas de abusos, españolas y del resto de la UE, están quienes ven sus terrenos expropiados en virtud de las legislaciones urbanísticas sobre el suelo, que según los eurodiputados presentan "anomalías" a escala autonómica y estatal. En paralelo, "muchos miles" de personas han adquirido viviendas de "buena fe" y descubierto después que eran ilegales, por lo que viven ahora "bajo la espada de Damocles", según el informe.

Falta de cooperación en la Comunidad Valenciana

La visita incluyó municipios de Madrid, Almería y de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, en todos los casos, objeto de quejas ciudadanas dirigidas al Parlamento Europeo. Es en la Comunidad Valenciana donde la delegación encontró "la mayor arrogancia y la menor explicación sobre los proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras hermosas y frágiles", según el informe.

En el debate ya habido en la comisión de Peticiones, Cashman denunció los "intentos de atacar la integridad" del presidente de la comisión parlamentaria, el polaco Marcin Libicki, y de él mismo, y aseguró, sin citarle, que algún miembro del Parlamento Europeo participó en esa "campaña de difamación".

Además, mientras alabó la "transparencia" con que actuaron las autoridades autonómicas de Madrid y Andalucía, censuró la "falta de cooperación" del conseller valenciano de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, quien, según dijo el laborista, llegó a negar la existencia de los centenares de quejas recibidas en el PE. "Intentaron impedir que diésemos voz a gente que no la tiene", afirmó Cashman.

El eurodiputado del PP Luis Herrero-Tejedor pidió en nombre de su partido "disculpas" a Cashman y a Libicki en el caso de que "alguien les haya maltratado" y expresó su "repulsa más enérgica" a este tipo de prácticas. El socialista valenciano Joan Calabuig denunció por su parte que el portavoz del PP en el Parlamento Valenciano había calificado de "montaje" los trabajos de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

David Hammerstein, del grupo Los Verdes, criticó la "falta de lealtad de la Generalidad Valenciana hacia las instituciones europeas, cuyas recomendaciones ha ignorado olímpicamente". El español Willy Meyer (Izquierda Unida) y la italiana Luciana Sbarbati (Liberal) abogaron por que el Parlamento Europeo exprese por escrito su rechazo a la recepción que tuvo la delegación. "En los ocho años que soy miembro de esta comisión, nunca había sucedido algo así", dijo Sbarbati.

Las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que en los últimos años se han extendido por numerosas localidades por medio de planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los principales perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones.

Éstas son, en general, la conclusiones del informe elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha visitado Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado ciudadanos españoles y extranjeros.

Este informe viene precedido por otro que realizó la ONU, el pasado mes de diciembre, en el que ya se alertaba de la 'especulación urbanística' desenfrenada que vive España.

El Parlamento Europeo afirma que "la aplicación de las leyes de tierras sigue siendo problemática en muchas regiones autónomas españolas", donde se detectan "presiones para comprometerse en masivos desarrollos urbanos".

La peor parte del informe es para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, donde advierte de los peligros para los residentes locales y donde la delegación constató la actitud "más arrogante" de sus autoridades y obtuvo "las menores explicaciones" sobre "proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras muy bellas y frágiles".

Por otra parte, Cashman y Libicki "lamentan sinceramente" que finalmente no se celebrase ninguna reunión con representantes del Ministerio de la Vivienda, con quienes les hubiera gustado hablar del proyecto de la nueva ley del suelo. La reunión se canceló por motivos que "no parecieron muy creíbles", según expusieron en su informe.

Negación de derechos

En términos generales, el informe constata que "la comisión de Peticiones continúa profundamente preocupada por el resultado de la negación continua y persistente de los legítimos derechos de muchos ciudadanos europeos en España, particularmente en la región valenciana, a sus tierras y casas".

Da cuenta de "un gran número de casos documentados" de ayuntamientos que han autorizado planes de desarrollo urbano "no por requisitos relacionados con el crecimiento de la población y el turismo" y "más debido a lo que parece ser su avaricia".

Asimismo, aborda el enorme desarrollo urbanístico que ha acompañado a la "bonanza económica" española durante los últimos años y se pregunta "a cuántos dueños de compañías constructoras en España podemos encontrar en el top 100 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo".

Afirma que "los residentes de repente encuentran que el tamaño y la población de su comunidad rural se ha multiplicado de manera desproporcionada", de lo que ellos no obtienen ningún beneficio, "pero los constructores sí".

También se observa como "otro fenómeno preocupante" que "cada vez más europeos compran propiedades de buena fe" y sólo después se enteran de que tienen que pagar más tasas a los constructores. "Esta es la Europa de la libertad de movimiento, de la libertad de mercancías y servicios, libertad para explotar en impunidad", proclama el informe.

Directivas incumplidas

El texto considera "probable" que entre las directivas europeas que se violan figuran las relativas al impacto medioambiental, la gestión de aguas y basuras, la fauna y "también muchos casos la directiva contra el lavado de dinero".

En este escenario, admite que las competencias del Parlamento Europeo son "relativamente limitadas", pero transfiere la "responsabilidad real" a las "comunidades autónomas y a las autoridades nacionales españolas" para "corregir este abuso percibido como generalizado", incluso "ante los tribunales si es necesario".

Reclama a la Comisión Europea que actúe para investigar "posibles infracciones" de la ley de la UE; a las autoridades locales, regionales y nacionales "sobre todo de la Comunidad Valenciana", a que "respeten la ley y que se limiten los "poderes excesivos" que en ocasiones disfrutan los constructores.

Sugiere una mayor implicación ciudadana en los planes de desarrollo urbanístico y que se creen tribunales especiales en las comunidades autónomas y se estudien eventuales compensaciones a quienes han perdido sus propiedades por la aplicación de algunas leyes del suelo.

Las cajas prevén en 2008 el fin del «boom» inmobiliario por la caída de la demanda

MADRID.- El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros -Ceca-, Juan Ramón Quintás, advirtió de que si la situación actual de ruptura del equilibro entre oferta y demanda de viviendas se mantiene durante todo el año los precios de los pisos nuevos se estancarán en 2008, algo impensable hace tan sólo un par de años en el cénit del último «boom» de la construcción residencial.

Quintás pronosticó, durante la inauguración del Foro de la Nueva Economía en Madrid, que el crecimiento de la economía española se mantendrá este año en términos similares a los de 2006, si bien a un ritmo ligeramente inferior como consecuencia de la desaceleración el consumo privado y de la inversión en vivienda. Ceca estima que el aumento medio este año será del cinco por ciento.

El euríbor - tipo de interés con el que se firman las hipotecas- se cerrará este mes en el 4,10% y la hipoteca media en 140.725 euros a 25 años, con un cuota mensual de 787 euros, por los 710 euros que se pagaban en 2006. Datos que comparados con los del año pasado representan un aumento medio de 932 euros anuales de media en España, cantidad que aumenta en la provincia de Alicante hasta los 1.200 euros.

La venta de viviendas, tanto nuevas como de segunda mano, entró a finales de año en un proceso de ralentización en la provincia como lo demuestra el hecho de que la propias empresas dedicadas a la tasación de inmuebles hayan congelado sus valoraciones, algo impensable hace un año, cuando los pisos se revalorizaban mes a mes.

Las cajas de ahorros estiman que existe un gran desfase entre la demanda de pisos nuevos y la construcción de los mismos, que en algunas zonas de España mantiene un ritmo frenético. «Esta circunstancia puede producir una contracción en el sector de la construcción, clave en la creación de riqueza y empleo», según apuntó Quintás.

El gobierno de Valcárcel planea urbanizar 11.000 hectáreas de costa virgen aunque el Constitucional falle en su contra

MADRID.- El mayor complejo urbanístico de España se llama Marina de Cope y está en el litoral virgen de Murcia. El Gobierno de Murcia, del PP, eligió ese espacio, un parque natural, para impulsar un gigantesco desarrollo urbanístico que albergará a 60.000 personas. Para ello, desprotegió por ley 11.000 hectáreas de terreno en la costa. El PSOE llevó al Constitucional la ley, y el abogado del Estado, los ecologistas y el consejo jurídico de Murcia han pedido que no se urbanice el suelo hasta que falle el alto tribunal. Pero el Ejecutivo murciano ha advertido por escrito al tribunal de que sus planes seguirán adelante incluso si el Constitucional anula la ley que desprotegió Marina de Cope. Nadie parará las máquinas.

El Gobierno de Murcia sigue a la vanguardia en legislación prourbanística. Si en 2001 desprotegió por ley 11.000 hectáreas de costa virgen para urbanizarla, ahora advierte de que mantendrá sus planes —entre ellos 11.000 viviendas en espacio protegido— aunque prospere el recurso contra esa ley que el PSOE presentó ante el Tribunal Constitucional. El abogado de la comunidad ha remitido un escrito al juzgado en el que advierte de que un eventual fallo en contra del Constitucional derogará la ley, pero eso no implica que los lugares dejen de ser urbanizables. La jugada tranquiliza a los promotores al garantizar la entrada de las máquinas en la costa virgen.

La urbanización en la costa al sur de Murcia es, con toda probabilidad, el mayor pelotazo en curso en España. En los últimos 70 kilómetros vírgenes del litoral mediterráneo hay previstas decenas de miles de casas. La operación ha sido diseñada con minuciosidad y ejecutada con precisión por el Gobierno regional, del PP, desde 2001.

Ese año, el ejecutivo, que preside Ramón Luis Valcárcel, aprobó la Ley del Suelo. En una disposición adicional aparentemente técnica de última hora, la norma desprotegió miles de hectáreas de parques naturales en la costa. El cálculo exacto es complicado, pero los profesores de la Universidad de Murcia y miembros de Ecologistas en Acción Miguel Ángel Esteve y Julia Martínez, afirman que son 14.000 hectáreas; el Gobierno de Murcia ha reconocido la desprotección de 7.000 hectáreas y los socialistas afirman que son 11.000.

Esa disposición “ajustó” los espacios naturales de Murcia “a los Lugares de Importancia Comunitaria”. Así, Murcia se limitaba a preservar los lugares definidos por Bruselas, cuya protección es menor que la que tenían los parques naturales. Ante la imposibilidad de un recurso normal —ya que la comunidad le dio rango de ley— 50 diputados del PSOE recurrieron al Constitucional en 2001. El recurso no se ha resuelto, pero debe de estar próximo.

En 2004, el Ejecutivo murciano aprobó por decreto las directrices de ordenación del litoral, el plan para urbanizar unas 85.000 hectáreas (parte de ellas, las que desprotegió años antes) de la costa. Este plan permitiría construir 800.000 casas en 30 años, accesibles por tierra gracias a una nueva autopista entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería), y por aire por un nuevo aeropuerto.

El principal proyecto de este megapelotazo es Marina de Cope: una nueva ciudad para 60.000 habitantes, con 11.000 viviendas, 22.000 plazas hoteleras, cinco campos de golf y una marina artificial con 2.000 amarres. Ocupará 2.156 hectáreas, 1.843 de ellas desprotegidas en 2001 de (de las cuales hay 2,961 millones de metros cuadrados urbanizables) en del parque regional Cabo Cope-Puntas de Calnegre.

La zona es un reducto virgen, pero, en unos años, gracias a 3.800 millones de inversión, será comparable a Marina D’Or. El boletín oficial de Murcia que aprobó la “actuación de interés regional” incluyó fotos en color de gente jugando al golf, lo que le dio aspecto de folleto publicitario. Los municipios de Lorca (PSOE) y Águilas (PP) apoyan el plan.

La Asociación Prolitoral, que agrupa a Ecologistas en Acción, la Asociación de Naturalistas del Sureste y una asociación de vecinos, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia el decreto de urbanización. Al procedimiento se sumó el 17 de noviembre de 2006 el abogado del Estado, lo que significa que el Gobierno también se opone a la desprotección

El Gobierno y los ecologistas defendieron ante el tribunal que no se debía urbanizar la zona, al menos hasta el fallo del Constitucional: argumentaban que de nada serviría una sentencia si llega con el parque natural ya construido ya que sería “imposible restaurar los espacios desprotegidos”.

En el intercambio de escritos con el Tribunal, el abogado del Gobierno autónomo ha avisado de que “sea cual sea el fallo del Tribunal Constitucional, éste no afecta a las directrices de ordenación del litoral”. En el escrito, de 60 folios, fechado el 7 de febrero y recién notificado, la Comunidad adelanta su estrategia por primera vez. El texto añade que “el fallo concreto” sobre Marina de Cope es independiente del recurso de inconstitucionalidad, ya que “la estimación del recurso de inconstitucionalidad no afectaría al presente litigio”.

En una pirueta legal, el abogado alega que si el Constitucional estima el recurso y anula la desprotección, el parque natural no volvería a ser parque natural; sino que pasaría a ser Lugar de Interés Comunitario, figura de menor rango que no impide los chalés. Es decir, diga lo que diga el Alto Tribunal sobre la desprotección de las 11.000 hectáreas, el decreto que al amparo de esa ley permite urbanizar la costa virgen seguirá adelante. Este diario intentó el viernes, sin éxito, obtener la versión del Gobierno murciano.

Además de retar al Constitucional con su interpretación, el Gobierno murciano desoye a su propio consejo jurídico. Éste dictaminó en 2004 que Marina de Cope tenía que esperar y que el suelo debía “quedar exento de actuaciones no previstas en el status de protección anterior de ese suelo, a fin de preservarlo ante una posible sentencia [del Constitucional] que anule la desprotección”. El dictamen añadía que la urbanización es “totalmente incompatible con la conservación” de la zona.

Ahora, Murcia apuesta por los hechos consumados y tranquiliza a los promotores: habrá urbanización aunque el Constitucional anule la Ley del Suelo.

La última playa

Marina de Cope es la joya de la corona, con la que la Comunidad de Murcia quiere dejar pequeña a Marina D'Or. La operación tenía un pequeño gran inconveniente: el terreno pertenecía al parque regional Cabo de Cope-Puntas de Calnegre, con ocho hábitats prioritarios para la Unión Europea y una de las pocas poblaciones de tortuga mora que quedan. El Gobierno murciano decidió desprotegerlo.La zona se había librado del urbanismo por la falta de agua y su agreste orografía. El paisaje es marrón, seco, similar al del cabo de Gata. Un camino de tierra conduce a calas semidesérticas; otras, sólo son accesibles por barco.

Ahora, con la saturación de la costa, se convierte en el objeto deseado por las promotoras y ejemplo de la protesta contra el urbanismo. En 2004, comenzó a aparecer por Murcia una pintada: "Cope no se vende". Años después, el lema es: "Murcia no se vende" y los ecologistas están agrupados en toda España en el movimiento "el territorio no se vende".Pero se enfrentan a gigantes.

En Marina de Cope y en las directrices del litoral hay mucho dinero en juego. Iberdrola poseía parte del terreno porque allí proyectó una central nuclear hace 25 años. En 2004 vendió el 40% de sus 328 hectáreas a Cajamurcia, Bancaja y Caja Castilla-La Mancha por 36 millones de euros, según una nota de la eléctrica.La constructora Aucosta (Ploder, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Autopistas del Sureste, FCC y Unicaja, entre otros) ha invertido 650 millones en 114 kilómetros de autopista de peaje entre Cartagena y Vera. La vía abrió al tráfico el jueves sin inauguración oficial. La concesionaria espera 7.000 vehículos en su primer año y unos 30.000 dentro de 30 años.El viernes, el Gobierno murciano adjudicó la construcción de un aeropuerto a Sacyr (del murciano Luis del Rivero), Cajamurcia, Grupo Fuertes (propietario de El Pozo), entre otros, por 135 millones.
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