Diego de Ramón se reúne con Artur Mas en Barcelona para restablecer la cordialidad entre la Región de Murcia y Cataluña, y superar la crisis

BARCELONA.- El secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, Artur Mas, se ha reunido esta tarde en la sede del Parlamento de Cataluña con el presidente de Unión Democrática de la Región de Murcia y candidato de la Coalición Ciudadana Regional a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, Diego de Ramón Hernández.

La visita de cortesía del abogado y político murciano, a quien acompañaba una delegación de su partido con el secretario general, Antonio Sánchez la Paz, a la cabeza, ha servido para honrar a los miles de murcianos y sus descendientes, afincados en Cataluña, y que habitualmente son votantes de la coalición "Convergencia i Unió" que Artur Mas lidera en la cámara catalana frente a la actual mayoría socialista, comunista e independentista.

Con este contacto al más alto nivel entre Mas y De Ramón, se abren las relaciones formales entre dos partidos moderados, de centro progresista y de ámbito regional, en la cornisa mediterránea española, unidos por su ideología liberal de base humanista y fuerte vocación europeísta. Precisamente, entre los objetivos de la delegación murciana parece que estaba situar estas relaciones dentro de un marco estratégico más europeo y solidario.

Aunque no ha trascendido la agenda de este primer encuentro, ni los temas tratados, fuentes del partido anfitrión han revelado que "uno de los intereses del señor De Ramón ha sido restablecer las relaciones de cordialidad entre la Región de Murcia y Cataluña", en clara referencia a la crisis provocada meses atrás por el todavía presidente murciano de extrema derecha, Ramón Valcárcel, en época del ex presidente de la Generalitat, el honorable Pascual Maragall, al que tachó públicamente de alcohólico en un claro guiño electoralista a los sectores murcianos más reaccionarios.- (NEM)

Un juzgado mercantil de Madrid condena en primera instancia a "El Corte Inglés" a comprar los derechos de un accionista por casi 100 millones

MADRID.- El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid condena a El Corte Inglés a adquirir la participación del 0,69% del capital social en manos de César Areces Fuentes por un importe de 98,5 millones de euros, según la sentencia.

Asimismo, el fallo de la juez Miriam Iglesias declara que se ha incumplido el procedimiento de transmisión de acciones 'inter vivos' establecido en el artículo 17 de los estatutos sociales de la compañía iniciado a petición de este accionista.

El fallo estima parcialmente la demanda formulada por el accionista César Areces Fuentes en el conflicto que le enfrenta desde 2005 con la cadena de distribución, por no estar de acuerdo con el precio que El Corte Inglés quería pagar por su participación. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en un plazo de cinco días.

El Corte Inglés recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid la sentencia que le condena a adquirir la participación del 0,69% del capital social en manos de César Areces Fuentes por un importe de 98,5 millones de euros, al considerar que "no se ajusta al procedimiento estatutariamente establecido", anunciaron a Europa Press en fuentes de la compañía.

"El Corte Inglés entiende que la sentencia no se ajusta al procedimiento estatutariamente establecido, y por ello anuncia su propósito de recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid y utilizar los mecanismos procesales oportunos en defensa de sus derechos", adelantaron estas fuentes.

El gigante español de distribución considera que la sentencia destaca la actuación "impecable y diligente" del consejo de El Corte Inglés "en todo momento", incluyendo el procedimiento seguido para designar el auditor de cuentas que emitió el informe sobre la valoración de la empresa, "al que la sociedad se ha ajustado para atender, como ahora corrobora el juzgado, que el procedimiento es legal y estatutariamente correcto".

El Corte Inglés entiende que la sentencia emitida por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid considera que el valor de las acciones que ha fijado el auditor de cuentas, "correctamente designado", no se corresponde con el valor razonable de las acciones, y por eso se pronuncia a favor de la valoración presentada por los demandantes y sus peritos.

El fallo de la juez Miriam Iglesias condena a El Corte Inglés a adquirir la participación del 0,69% del capital social en manos de César Areces Fuentes por un importe de 98,5 millones de euros. Asimismo, declara que se ha incumplido el procedimiento de transmisión de acciones 'inter vivos' establecido en el artículo 17 de los estatutos sociales de la compañía iniciado a petición de este accionista.- (Europa Press)

Saura asegura que en las listas del PP al ayuntamiento de Murcia “se asciende por la especulación”

MURCIA.- El secretario del PSRM-PSOE y candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Pedro Saura, comentó, en relación a la candidatura del PP al Ayuntamiento de Murcia que “es una lista en la que ascienden justamente los que están por la especulación y por la corrupción en el municipio de Murcia”.

Por este motivo, mostró su “total convencimiento” en que los murcianos “no va a votar a listas que apuesten por la especulación y por la corrupción”.

En esta línea, Saura indicó que le “llama la atención” que el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Sánchez Carrillo, “se haya ido y no sepamos a estas alturas con cuánto se ha marchado”.

Asimismo, en relación a la incorporación de la hija de Sánchez Carrillo a las listas para el Ayuntamiento de Murcia, Saura explicó que las listas del PP “son hereditarias” y criticó que el presidente del Comité Electoral Regional del PP “ponga a su hija en las listas”.

Por último, el secretario del PSRM-PSOE, Pedro Saura, reiteró su “convicción” de que “los murcianos no va a votar listas que apuesten por la especulación y la corrupción”.- (Agencias)

(En la fotografía, el comité electoral del PPRM, presidido por Sánchez Carrillo)

Según el imputado cartagenero Juan Antonio Roca, "lo que interesa ahora es invertir en Murcia"

MARBELLA.- El principal imputado en el "caso Malaya", Juan Antonio Roca, iba por el mundo haciendo patria inmobiliaria. El supuesto cerebro de la trama de corrupción en Marbella mencionaba constantemente la gran cantidad de inversiones que había hecho en Murcia, su región natal, y aconsejaba a sus socios que también invirtieran allí.

En una conversación captada por la policía en el hotel Villamagna, de Madrid, el 12 de enero de 2006, Roca le dice al empresario madrileño Ismael Pérez Peña, también imputado: "Ismael, lo que interesa en este momento es invertir en Murcia sobre todo en la capital y en la zona de la costa. Para que te convenzas totalmente tienes que venir a ver lo que tengo montado, porque no te haces una idea de lo que estoy haciendo".

En otro encuentro celebrado el 26 de enero en el mismo hotel le dice: "Tengo un proyecto de 500 viviendas. Ya he vendido la primera fase de 36 (...) Murcia es la hostia. Ayer estuve con un tío al que le he vendido cuatro casas...ayer estaba firmando otras seis".

El grupo de blanqueo señala en su informe que la mercantil Condeor (de la que es administradora única Montserrat Corulla, presunta testaferro de Roca) tiene a su nombre inmuebles en Los Alcázares, San Javier y Torre Pacheco. En total, los investigadores han detectado 12 sociedades en Cartagena, Los Alcázares, San Javier, Torre Pacheco, Mazarrón y La Unión.
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El juzgado nº 3 de Lorca investiga al político aguileño Pedro Gil por un presunto delito de soborno al admitir la querella de la Fiscalía

LORCA.- El juzgado de Instrucción número 3 de Lorca ha admitido a trámite la querella por un presunto caso de soborno en el caso de La Zerrichera, según han confirmado fuentes judiciales.

Esta investigación, que llegó a los juzgados de Lorca a principios del pasado mes de marzo, discurre de forma paralela a la querella presentada contra cinco altos cargos de la comunidad autónoma por presunta prevaricación, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho y acaba de ser admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia.

Esta segunda investigación se inició después de que el actual portavoz del Grupo Municipal Socialista de Águilas, Ramón Román, denunciase ante el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, que había sido víctima de un intento de soborno.

Según su declaración, realizada el pasado 18 de febrero, el entonces secretario general del PSOE en la localidad aguileña, Pedro Gil, le ofreció un millón de euros por cambiar su voto y dar su apoyo a la urbanización de la finca de La Zerrichera.

Este ofrecimiento se habría hecho, según Román, en nombre del empresario responsable de la urbanización, Trinitario Casanova. Además, Román aseguró ante el fiscal jefe que Pedro Gil habría recibido un millón de euros por votar a favor del proyecto, promovido por el Grupo Hispania.

Tras escuchar las acusaciones de Román, López Bernal envió un oficio al juez decano de Murcia para que abriese un procedimiento por un presunto delito de cohecho. En el escrito, fechado el ocho de febrero, el fiscal jefe señala que las declaraciones se refieren "al presunto ofrecimiento de dinero a Ramón Román por parte de un empresario de esta capital, actuando como presunto intermediario Pedro Gil López".

Este requerimiento iba acompañado de un disco compacto en el que se recogía, presuntamente, una de las conversaciones mantenidas entre Román y Pedro Gil. Al parecer, la grabación ha sido enviada a un laboratorio de la Guardia Civil para intentar 'limpiar' el sonido.

Ahora, después de analizar el resto de documentos que acompañaban al oficio de López Bernal, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lorca ha decidido profundizar en la investigación para determinar si, efectivamente, existió un intento de soborno para dar luz verde a la urbanización de La Zerrichera.

Entre la documentación analizada por el juez está también el acta de la reunión del grupo municipal socialista y de la reunión de la ejecutiva local de la agrupación socialista del 25 de octubre de 2005. En ella, según fuentes del PSOE en Águilas, se reflejaba la insistencia de Pedro Gil en votar a favor de la recalificación del paraje protegido, ubicado en la Sierra de la Almenara.

Cinco ediles del PSOE de Águilas se ausentaron del pleno municipal, celebrado el 27 de febrero de 2004, en el que se aprobó la recalificación de la finca para construir una urbanización con más de 3.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf. La ausencia les costó ser expulsados del PSOE. En la actualidad, Pedro Gil está integrado en el Grupo Mixto del consistorio aguileño como miembro del Movimiento Aguileño Socialdemócrata (MASD).

En la querella por un presunto delito de prevaricación están imputados cinco altos cargos de la administración regional, el alcalde de Águilas, Juan Ramírez y un concejal del PP en el municipio, Pedro López. Se trata del director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, la ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz, el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero, el subdirector de Vivienda y Urbanismo, José María Ródenas, y el jefe de Servicio de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.
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