domingo, 3 de junio de 2007

La mayoría de españoles (7/10) piensa que los políticos son unos interesados


MADRID.- Siete de cada diez españoles consideran que los políticos siempre buscan sus intereses personales y no se preocupan «mucho» de lo que piensa la gente, según se desprende del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de mes de abril hecho público esta semana en el Congreso de los Diputados.

En concreto, el 69,5% de los entrevistados se muestra «de acuerdo» con que «esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales». Además, un 72,5% dice compartir la frase «los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente como yo».

También son mayoría (seis de cada diez) los que creen que el voto es la única forma que tiene la gente corriente para influir «en lo que hace el gobierno». Un 42,9% confiesa que la política le parece tan «complicada» que «no puede entender lo que pasa». En cualquier caso, el 62,5% está convencido de que la política tiene «una gran influencia» en la vida de los ciudadanos, pese a que el 52,4% sostiene que «es mejor no meterse en política».

La desconfianza es citada como primer sentimiento por el 30% de los sondeos, mientras que lo primero que inspira al 18,7% es indiferencia. También destaca que al 15,3% de los españoles la política le provoca, en principio, «aburrimiento». Además, el 9% reacciona ante ella en primer lugar con «irritación».- (Agencias)

Se prevee una menor demanda de viviendas turísticas hasta finales de 2008

BARCELONA.- El director general de Medgroup, José María Pont, aseguró que en los próximos 18 meses el sector de las viviendas turísticas sufrirá un receso en las ventas generalizado, así como una caída de los precios en algunas zonas costeras, como Torrevieja.

Durante una ponencia celebrada en la escuela de negocios Esade de Barcelona, Pont explicó que «la presión mediática sobre la dificultad de comprar viviendas en España y la reducción de los compradores inversores, afectará al desarrollo de la demanda, que a corto plazo podría sufrir una desaceleración brusca».

A largo plazo, el director general de Medgroup señaló que «la demanda se recuperará», pero destacó que no cree que vuelva a alcanzar las cuotas de estos últimos años, sino que «se situará en torno a las 80.000 o 85.000 viviendas anuales», de las cuales entre un 40 y un 45% irán destinadas al consumo extranjero y el resto para la demanda autóctona.

En este sentido, aseguró que los compradores ingleses, hasta ahora los más significativos en el modelo residencial español, dejarán de «liderar la demanda extranjera y darán paso a nuevos clientes, como Alemania, los países escandinavos o los nuevos capitales que están apareciendo en los Balcanes».

La promotora catalana Med Group se perfila como una de las líderes nacionales en el desarrollo de comunidades residenciales. «Es una compañía enfocada a la gestión integral de 'resorts' turísticos, que construye vivienda, opera hoteles y gestiona todas las actuaciones de hostelería, actividades lúdicas, deportivas, 'spa', campos de golf...», explica José María Pont, director general de la compañía.

Actualmente, Med Group desarrolla una docena de proyectos de comunidades residenciales a lo largo de la costa mediterránea -Tarragona, Barcelona, Málaga, Granada, Almería y Murcia- y está estudiando la posibilidad de crear dos nuevos complejos en Almuñécar y Nerja, y tres más en Cambrils.

Según el directivo, la expansión nacional de la compañía, que no contempla de momento abandonar el litoral, podría verse acompañada por proyectos internacionales: «Aunque todavía tenemos oportunidades de sobra en España, hemos analizado diversas zonas en Marruecos, Túnez, Grecia, Chipre, Croacia y Turquía. De momento, los estudios con más proyección son los de Marruecos y Turquía». Sin embargo, «prima la búsqueda de localizaciones concretas y suelos específicos adaptados al producto residencial que pretendemos crear», subraya José María Pont. En cuanto a la cartera de suelo de la compañía, en estos momentos, dispone de 13 millones de metros cuadrados, de los que 1.200.000 metros son edificables.

Además, Med Group apuesta por la inversión en establecimientos hoteleros y dispone de su propia división, encargada de establecer alianzas con operadores internacionales como ya hace con Westin, Sheraton, Hyatt y Holiday Inn.

Con tan sólo cinco años de vida en el sector de la promoción inmobiliaria, Med Group facturó en el pasado ejercicio 200 millones de euros y prevé cerrar 2006 con una cifra similar. Según expone el director de la firma, en 2008, sin embargo, la compañía podría alcanzar los 350 millones de euros y, en 2009, su objetivo es facturar 450 millones. Para lograr estos números, la compañía entregó durante 2005 unas 400 unidades, mientras que este año estima que sean medio millar.

La tendencia de Med Group es incrementar la producción de unidades anuales y, en 2008, prevé llegar a entregar 900. Por otro lado, el número de unidades que gestiona en sus diversos proyectos supera las 9.000.

La inversión anual que la compañía prevé realizar en los próximos años es de entre 250 y 300 millones de euros anuales, una inversión que, entre otras cosas, se destinará a impulsar los 'condohoteles,' un modelo de negocio por el que la compañía quiere apostar'.' Esta nueva fórmula, que tiene un largo recorrido en Estados Unidos y que Med Group ya comercializa en La Manga, Montroig y Mojácar, «consiste en vender habitaciones ubicadas en apartahoteles y, mientras el propietario no las ocupa, explotarlas en régimen de hotel». De este modo, explica Pont, «se consigue la máxima amortización del suelo y el usuario saca rentabilidad, además de la posibilidad de disfrutar de las comodidades de un hotel de cinco estrellas», explica. La promotora ha comenzado a comercializar su nuevo producto este año y en unos meses ya le ha reportado 20 millones de euros. «En 2007 esperamos doblar el volumen de facturación registrado, pues esta fórmula está teniendo muy buena aceptación», apunta.

La filosofía de Med Group concede gran importancia a los principios de respeto al medio ambiente, lo que ha impulsado la creación de un departamento de Medio Ambiente y Responsabilidad Social, desde el que elaborar un modelo de urbanización y edificación sostenibles.

El Congreso quiere que se destinen dos millones de hectáreas a cultivos para biocombustibles


MADRID.- La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley que insta al Gobierno a crear medidas que promuevan la instalación de plantas transformadoras de bioenergía en las zonas de producción de materias primas.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de impulsar el desarrollo de los cultivos energéticos para alcanzar la superficie de dos millones de hectáreas en 2010 y cumplir el objetivo de que el 5,75 por ciento de los carburantes sean vegetales en 2010.

Para ello reclaman al Gobierno que publique a la mayor brevedad los porcentajes mínimos de mezclas de biocombustibles en la venta de carburantes convencionales, regulación que se establecerá en la Ley de Eléctricas para los años 2008,2009 y 2010, que actualmente se tramita en el Senado y que incluirá también el régimen sancionador.

El Congreso insta además a establecer medidas que favorezcan la incorporación de materias primas nacionales en la elaboración de bioetanol y biodiésel, así como establecer las plantas junto a las zonas productivas.También reclaman los grupos parlamentarios el establecimiento de los estímulos necesarios que den estabilidad a los objetivos de superficie destinados a la producción de biocarburantes así como el apoyo a programas de I+D+i.

Durante el debate, todos los portavoces apuntaron la necesidad de incentivar estas producciones dentro del equilibrio para evitar distorsiones en otros sectores demandantes de las mismas materias primas destinadas al consumo animal y humano.- (EFE)

Detenido el empresario oriolano Ángel Fenoll acusado de varios presuntos delitos


ALICANTE.- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía ha detenido al menos a tres personas, una de ellas el empresario Ángel Fenoll, como supuestas autoras de los presuntos delitos de extorsión y tráfico de influencias en una operación desarrollada en la provincia de Alicante , según han publicado varios medios de comunicación.

La operación fue decretada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante , y las pesquisas practicadas se habrían centrado en la empresa Colsur SL, propiedad del citado industrial.

Fenoll declaró el año pasado ante el fiscal Anticorrupción de Alicante , Felipe Briones, por la grabación que hizo de sus conversaciones con el concejal de Centro Liberal (CL) del Ayuntamiento de Orihuela, Jesús Ferrández, en relación con la contrata de basura de Orihuela.

Ferrández le denunció por un presunto delito de calumnias, después de que el empresario oriolano revelara conversaciones entre ambos en las que se hablaba de presuntas irregularidades en el concurso municipal de basuras.

Entre el arresto de estas personas, también figura el hijo del empresario.

Además de estas detenciones, la Policía practicó varios registros, uno de ellos en las oficinas de Colsur ubicadas en Orihuela.

Asimismo, varios agentes se personaron en las dependencias de una planta de recogida de basuras ubicada en la pedanía oriolana de La Murada, adscrita a la citada mercantil.- (EFE)

Multas de hasta 3.000 euros por bañarse con bandera roja en Cartagena y Águilas

MURCIA.- Cartagena y Águilas podrán aplicar este verano sus respectivas ordenanzas de uso y disfrute de playas, en las que se contemplan multas que pueden alcanzar hasta los 3.000 euros para aquellos bañistas que pongan en peligro su vida o la de los socorristas al introducirse en el mar con bandera roja.

Son los dos únicos municipios en los que, de momento, han entrado en vigor estas ordenanzas, a pesar de que desde el Gobierno regional se apostó por promover este tipo de iniciativas municipales con el fin de regular las distintas actividades que se pueden llevar a cabo en las playas.

Otros dos municipios también han hecho los deberes, pero por cuestión de tiempo -además de que ha habido unas elecciones por medio-, no es probable que sus normas entren en vigor este verano.

En San Javier, por ejemplo, la ordenanza está aprobada inicialmente, pero en el Ayuntamiento han decidido esperar para consensuar el texto en temas concretos en los que están implicadas otras administraciones. Así, desde el gabinete de prensa del Gobierno municipal anterior a las elecciones informan: "Aunque no existen diferencias de criterios, se considera preciso una revisión conjunta del texto antes de su entrada en vigor". Añaden que este proceso retrasará la aprobación definitiva de la norma hasta después del verano.

También está pendiente de un espaldarazo definitivo la ordenanza de Mazarrón, que ha sufrido bastante retraso si se tiene en cuenta que su aprobación inicial se produjo en agosto del año pasado. Fuentes del Ayuntamiento no confían en que la ordenanza se apruebe definitivamente antes del verano, ya que una vez que se forme el nuevo equipo de Gobierno tendrá que llevarse al pleno.

También en San Pedro del Pinatar se han planteado la necesidad de regular el uso y disfrute de sus playas, aunque el proyecto está de momento, según fuentes municipales, "en pañales".

Las dos ordenanzas en vigor presentan diferencias considerables en las cuantías de las multas. Así, en la norma que se aplicará en las playas cartageneras se considera el baño en zona con bandera roja una infracción grave -sólo se clasifican en leves y graves-, con sanciones de hasta 1.500 euros. Para determinar la cuantía de la multa se tendrá en cuenta la reincidencia del infractor, la perturbación causada y la intencionalidad del autor.

En Águilas, por otro lado, esta misma infracción es considerada como muy grave -hay tres tipos: leves, graves y muy graves- llegando a alcanzar las sanciones los 3.000 euros.

El baño con bandera roja está clasificado como una infracción grave en la ordenanza que se aprobó inicialmente en Mazarrón, llevando aparejada una multa de 150,25 euros hasta 450,76 euros. Así, el régimen sancionador de la ordenanza de San Javier, aún sin aprobar definitivamente, contempla que bañarse cuando la bandera roja indique que está prohibido es una infracción grave (las hay leves, graves y muy graves), con multas que pueden alcanzar los 450,76 euros.

www.laopiniondemurcia.es

El PSOE e Izquierda Unida firmarán un acuerdo de colaboración para formar gobiernos municipales

MADRID.- El PSOE e IU suscribirán en los próximos días un acuerdo de colaboración para formar gobiernos "progresistas y de izquierda" en 370 municipios y siete diputaciones provinciales, según fuentes de la coalición.

Este acuerdo, que se formalizará en un declaración conjunta, es una reedición del que ambas formaciones suscribieron después de las elecciones municipales de 2003, aunque la redacción será consecuentemente modificada.

Entonces PSOE e IU suscribieron un acuerdo con el que se comprometían a gobernar en 310 localidades repartidas por toda la geografía nacional.

La lista, cuatro años más tarde, se ha incrementado hasta casi 370 municipios de "toda índole", desde capitales de provincia, como Albacete, Toledo o Córdoba, hasta localidades con escasa densidad demográfica.

Según señalaron las fuentes consultadas, el acuerdo de ambas formaciones afectará tanto a los municipios en los que los socialistas obtuvieron más votos que IU como aquellos, los menos, en los que IU logró más papeletas.

En todos los casos, las mayorías no son suficientes para acceder en solitario al correspondiente gobierno municipal.

La mayoría de estas localidades se localizan en Andalucía, donde alrededor de 120 municipios dependen de la conexión entre PSOE e IU para dirimir el color político del consistorio, pero también hay nutridas representaciones en Extremadura, Castilla-La Mancha o Madrid.

De todo ello hablaron representantes de los dos partidos durante una reunión que mantuvieron el pasado jueves en la sede madrileña del PSOE.

Por la parte socialista asistieron el secretario de Organización, José Blanco; su adjunto, Oscar López; y los secretarios de Política Autonómica y Municipal, Carmen Hermosín y Álvaro Cuesta, respectivamente.

IU estuvo representada por sus responsables de Política Institucional, Félix Taberna; de Política Municipal, Montserrat Muñoz; y de Organización, Manuel Cámara.

El objetivo de la reunión consistió, precisaron las fuentes, en el análisis de la situación que las elecciones del pasado 27 de mayo han creado en los municipios y comunidades autónomas donde un acuerdo PSOE-IU podría resultar fundamental para conformar gobiernos "progresistas".

Las fuentes consultadas especificaron que Navarra y Pamplona, dada la "complejidad" de las posibles composiciones de los futuros gobierno foral y Ayuntamiento, no recibieron un estudio concreto, de modo que tanto PSOE como IU acordaron desvincular del acuerdo que firmen próximamente las situaciones de la comunidad y de la capital.

Sí coincidieron en apostar por "cambios tranquilos", no sólo en Navarra y en Pamplona, sino también en todas las regiones y municipios en los que haya acuerdos de gobierno.

Este se erigirá en uno de los puntos fundamentales de la declaración conjunta.

Otro de sus pilares será el compromiso de extender el acuerdo desde la investidura del alcalde a la totalidad de la legislatura, de manera que los programas políticos que salgan adelante en los municipios con acuerdo de gobierno PSOE-IU tengan un claro cariz "progresista".

Las fuentes de la coalición consideraron que las elecciones han reforzado su presencia municipal en el territorio español, ya que han logrado unos 2.800 concejales, entre los que se incluyen los de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Euskadi.

Además de a 370 municipios, los acuerdos entre PSOE e IU afectarán a siete diputaciones provinciales: Almería, Barcelona, Cádiz, Guadalajara, Málaga, Teruel y Granada.- (EFE)

El senador y alcalde en funciones, Pedro José Pérez, dimite como presidente del PP en San Pedro

SAN PEDRO DEL PINATAR.- Pedro José Pérez, senador y alcalde de de San Pedro del Pinatar durante 16 años, anunció que ha presentado su dimisión como presidente del PP local y la renuncia a su acta de concejal en la próxima Corporación, que presidirá el PSOE con el apoyo del edil de Unión de Centro Pinatar, Marcos David Gracia.

“Desde el pasado lunes tenía tomada la decisión y así se lo he hecho saber al Comité Ejecutivo de mi partido; asumo que la candidatura que yo encabezaba obtuvo menos votos que la del PSOE, pese a que hubo un empate a 10 concejales”, manifestó.

“Cuando uno ha perdido unas elecciones, tiene que asumir sus responsabilidades”, manifestó Pérez, quien citó dos motivos para tomar la decisión “por un lado, ha habido un voto de castigo hacia mí y no hacia el PP, como lo demuestra que para la Asamblea Regional mi partido ha sido el más votado en San Pedro y, por otra parte, el candidato del partido independiente ha recogido ese voto de descontento, que cuando analice los resultados, verá que procede de votantes del PP”.

Pese a que el día anterior se había hecho público el pacto entre el PSOE y la Unión de Centro Pinatar para la gobernabilidad del municipio, Pedro José Pérez no descartó una alianza entre el PP y Marcos Gracia, aunque reconoció que las negociaciones “las llevaban otros porque yo ya no soy el presidente del PP”.

“Si se llega a un pacto ‘contra natura’ entre PSOE y UCPi, se habrá engañado al pueblo y ésa es la reflexión que yo quiero lanzar, ya que el candidato independiente formó parte del gobierno anterior del PP”, apuntó Pérez, quien aludió a una “campaña en contra mía por parte de colectivos y algún medio de comunicación local” como parte de su fracaso electoral.

Manifestó Pérez que su retirada de la política le permitirá “expresar lo que pienso de ciertas personas (...) sin tener que reprimirme”.

Finalmente, aunque dice asumir sus errores, no se considera responsable de la tragedia del Centro de Día “porque no puse un solo ladrillo” o de la detención del jefe de la Policía Local “dado que yo no conocía el tema”.

www.elfaro.info

Un empresario de Caravaca se sienta en el banquillo acusado de explotar a inmigrantes


CARAVACA.- Un empresario hortofrutícola de Caravaca de la Cruz tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Murcia por emplear a 435 inmigrantes 'sin papeles' y explotarlos laboralmente.

Según la Fiscalía, en abril de 2004 la Guardia Civil realizó un registro con inspectores de trabajo en la nave del polígono "El Salvador" donde había montado "una empresa clandestina" de manipulación y empaquetado de fresas.

Los agentes encontraron a 435 inmigrantes trabajando 'a destajo' en unas condiciones "lamentables". Había, además, once menores de 16 años. Había trabajando inmigrantes 'sin papeles' de nacionalidad rusa, búlgara, letona, lituana, polaca, colombiana, ecuatoriana, boliviana y marroquí.

Pagaba a cada inmigrante 12 céntimos de euro por cada bandeja de fresas limpiadas y empaquetadas. Trabajando 12 horas al día el inmigrante que más ganaba por toda la jornada eran 30 euros, cantidad muy inferior a la que figura en el convenio regional de manipulación de frutas, y una clara competencia desleal.

La Fiscalía pide penas que suman 11 años para el acusado por sendos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los ciudadanos extranjeros.

En la nave de manipulación de fresas había trabajando 'sin papeles' de nacionalidad rusa, búlgara, letona, lituana, polaca, colombiana, ecuatoriana, boliviana y marroquí.

Condenado a 13 años de prisión el ex jefe de la Policía Municipal de San Pedro del Pinatar

CARTAGENA.- La sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, ha condenado al jefe de la Policía Local de San Pedro del Pinatar, Pedro Antonio Marín, a trece años de prisión y al pago de 9.709.094 euros al considerarle responsable de un delito de cohecho y dos de tráfico de drogas.

El juicio, que duró cuatro días, reflejó que el agente policial dio cobertura a los desembarcos de droga efectuados el 28 de diciembre de 2005, en la playa pinatarense Torre Derribada (en la fotografía), y el 2 de febrero de 2006, en la playa de El Pudridel, en La Manga, donde la Guardia Civil frustró el desembarco de 4,5 toneladas de hachís y arrestó a diez personas.

En la sentencia se refleja el buen trabajo que llevó a cabo la Guardia Civil para asegurar las pruebas contra el cabo Marín, al que se considera "un cooperador necesario" de los 'narcos'.

Destaca el fallo que en el primer desembarco dio "cobertura personal" y tranquilizó a un vecino de la zona para evitar que avisase "a tiempo" a la Guardia Civil y respecto al alijo de La Manga, indica que manejaba información importante de los servicios policiales en la costa aprovechando la confianza y cordialidad que tenía con el jefe de la Policía Local de San Javier y de los mandos policiales de la Benemérita.

"Difícilmente puede encontrarse conducta que merezca mayor reproche penal en un jefe de la Policía Local", reseña la sentencia. También indica que el agente "traicionó la confianza que en él fue depositada" y que su actuación repercute "de forma negativa en el prestigio policial". Otro aspecto destacado es que el agente condenado obtenía un beneficio económico de los narcotraficantes "sin que conste que sufriera apuros económicos" al tener un sueldo mensual que oscilaba entre cuatro mil y seis mil euros.

La sentencia también condena a cinco de los hombres que efectuaron labores de desembarco a condenas de dos años de prisión y multas de 4.600.000 euros, afectando en la reducción de sus castigos los atenuantes de confesión y drogadicción. Otro de los inculpados, que no confesó, ha sido condenado a tres años y medio de cárcel y a una multa de 9.200.010 euros. Por su parte, los dos marroquíes que estaban indocumentados deberán estar tres años en la cárcel y el tribunal rechaza la posibilidad de expulsión del país antes de cumplir ese castigo.

La UE archiva la denuncia valenciana contra la derogación del trasvase del Ebro


MADRID.- La ministra Cristina Narbona informó de que la Comisión Europea ha archivado la denuncia de la Generalitat Valenciana contra la derogación del trasvase del Ebro.

Además, la Comisión Europea ha dictaminado que los proyectos de plantas desalinizadoras respetan la normativa medioambiental comunitaria, en concreto la directiva sobre Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre y en lo que respecta a posibles impactos sobre las praderas de posidonia oceánica.

«Hace unas semanas, el Colegio de Comisarios se pronunció archivando una queja presentada por la Generalitat Valenciana contra la derogación del trasvase del Ebro», destacó la ministra. Para el Ministerio, el archivo de la denuncia hace patente que en España no se ha incumplido ninguna directiva comunitaria al derogar el trasvase del Ebro.

Añadió que todas y cada una de las actuaciones del Programa Agua en las cuencas mediterráneas han recibido financiación europea.

Por otra parte, la costa murciana sólo consigue este año banderas azules en 20 playas y un puerto deportivo, perdiéndolas El Mojón, el puerto deportivo "Tomás Maestre", y la playa de La Reya, en Mazarrón.