Las conversaciones, grabadas por la policía, entre el concejal de urbanismo de Alhaurín el Grande, Gregorio Guerra, y el promotor inmobiliario José Burgos son una radiografía obscena de la forma en la que se conducen quienes desde la función pública acceder al hemisferio de la corrupción. No cabe duda de que el código penal debiera analizarse por si necesita intensificar el castigo, el escarmiento y la ejemplarización de quienes teniendo la confianza de la sociedad para gestionar asuntos públicos utilizan su poder para beneficio personal. Y también la celeridad con la que la Justicia accede a estos asuntos que son visibles mucho antes de que las instituciones pongan en marcha los instrumentos de persecución de estos delitos.
La estética no puede ser más impresentable porque la coacción directa -"te pararemos la obra y revisaremos las licencias"- es la manifestación de unos comportamientos mafiosos de quien sabe que la fuerza del estado puede caer contra quién se resista a la coacción. Las recientes elecciones generales no han servido para desentrañar políticamente el fenómeno de la corrupción urbanística. Se ha producido, incluso, la paradoja de que ediles inmersos en procesos judiciales o de investigación han salido reforzados en las urnas por los votos de los ciudadanos. Todavía funciona la apariencia de éxito y hay sectores de la sociedad y situaciones en las que vale más el relumbrón o las expectativas de éxito que la ética de la actuación pública.
Hace falta que se conozca con detalle la forma en la que proceden los mafiosos que abusan de su condición pública para que el asco que promueve la contemplación de esos procedimientos lleguen a quienes todavía piensan que vale todo si el resultado es el crecimiento económico.
La estética no puede ser más impresentable porque la coacción directa -"te pararemos la obra y revisaremos las licencias"- es la manifestación de unos comportamientos mafiosos de quien sabe que la fuerza del estado puede caer contra quién se resista a la coacción. Las recientes elecciones generales no han servido para desentrañar políticamente el fenómeno de la corrupción urbanística. Se ha producido, incluso, la paradoja de que ediles inmersos en procesos judiciales o de investigación han salido reforzados en las urnas por los votos de los ciudadanos. Todavía funciona la apariencia de éxito y hay sectores de la sociedad y situaciones en las que vale más el relumbrón o las expectativas de éxito que la ética de la actuación pública.
Hace falta que se conozca con detalle la forma en la que proceden los mafiosos que abusan de su condición pública para que el asco que promueve la contemplación de esos procedimientos lleguen a quienes todavía piensan que vale todo si el resultado es el crecimiento económico.
