"Caja Murcia" destina 3.000 euros a la Fundación "Key Mare"

MURCIA.- La Fundación Cajamurcia ha firmado un convenio con la Fundación Key Mare, organismo sin ánimo de lucro perteneciente al grupo Key Mare, por el que Cajamurcia aporta 3.016 euros destinados al proyecto de ´Caravana Solidaria´.

La ´Caravana Solidaria´ consiste en una campaña de recogida de material y su posterior traslado a Tánger para apoyar la creación de un Centro Comunitario para niños de la calle en dicha ciudad, según informaron fuentes de la ONG.

El respaldo por parte de la Fundación Cajamurcia viene a sumarse al ya aportado por todo el Grupo Key Mare, así como por un amplio abanico de representantes de la fibra empresarial y pública que se han querido sumar al proyecto.

El acuerdo prevé que el montante íntegro de la donación se destine para adquirir material deportivo destinado a los niños del centro y así disponer de suficiente material para poder realizar deporte y actividades saludables. - (Agencias)

El alcalde de Pinatar afirma que el Ayuntamiento "acumula una deuda de 15 millones de euros"

SAN PEDRO DEL PINATAR.- El alcalde de San Pedro del Pinatar, José García Ruiz, afirmó durante una rueda de prensa, que el Ayuntamiento "acumula una deuda de 15 millones de euros que ha heredado de sus antecesores".

Esta cifra, según García Ruiz procede de "una deuda a largo plazo, en bancos, de seis millones de euros", mientras que la deuda a proveedores, a corto plazo, "asciende a más de nueve millones de euros, más unos trescientos sesenta mil euros que hay pendientes de aprobar", lo que suma "un total de más de 15 millones de euros".

Además, explicó que el Ayuntamiento cuenta "como mínimo", con un crédito "encubierto de 800.000 euros a nombre de la empresa Aqualia, y que está pagando el Ayuntamiento en estos momentos a través de un contrato". García Ruiz indicó que son operaciones "que no son ilegales pero que alteran la realidad total de la deuda".

Criticó que "el Ayuntamiento funciona, en estos momentos, con presupuestos prorrogados de 2006", y que "no se han aprobado a día de hoy los presupuestos de 2007", lo que el alcalde achacó a que el 2007 fue un año electoral, y no se hizo "porque si hubiesen salido a la luz estos datos, no le habrían hecho mucho bien al equipo de gobierno anterior".

Luego aseguró que "el hecho de trabajar con presupuestos prorrogados y con la mayoría de partidas presupuestarias agotadas tiene muchísimos problemas para trabajar, ya que no se puede contratar, por poner un ejemplo, personal excepcional para limpieza de playas, entre otras muchas cosas necesarias".

"A esta situación económica hay que añadir un remanente negativo de caja que parte del año 2005, de más de cuatro millones de euros", y precisó que el cierre del ejercicio 2005 está sin aprobar en Pleno, ya que "estamos pendientes de asesoramiento jurídico para ver lo que hacemos con ese ejercicio".

García dijo "no entender" que la deuda a corto plazo "sea más de un 50% superior que la deuda a largo plazo", una situación que, explicó, "no se da en ninguna empresa privada, sería totalmente inviable, una situación de quiebra".

Sin embargo, añadió que "afortunadamente", la Administración "tiene otros recursos para solucionar estos casos, aunque, desde luego, no es lo habitual".

García Ruiz acusó al Grupo Popular de la pérdida, "por desidia y descoordinación entre concejalías", de "cuantiosas" subvenciones para obras como el Albergue Juvenil y de "haber hinchado" facturas con desproporcionados gastos de gestión, entre otras cosas.

En cuanto a las actuaciones urbanísticas, criticó que "hasta ahora en San Pedro del Pinatar ha habido legalidad urbanística cero", y puso ejemplos como "el proyecto de reparcelación del Plan Parcial 5-R Las Palomas", del que afirmó "tener varios expedientes disciplinarios por edificaciones sin licencia".

Asimismo, reprochó la construcción "sin licencia" de un total de 287 viviendas entre dúplex y bungalows", y precisó que "la mayoría" de ellas están terminadas y otras en fase de estructura o cerramiento, "antes incluso de que se apruebe el plan de reparcelación de ese proyecto".

De esta forma, dijo sentirse "extrañado" de que "el inspector, los técnicos municipales o el anterior equipo de Gobierno no hayan visto las 287 viviendas", a la vez que recriminó que estas actuaciones "ilegales, consentidas desde este Ayuntamiento, se consideraron una falta leve y se les sancionó con un dos por ciento del valor calculado".

Por el contrario, García Ruiz señaló que "existe un expediente por construir un porche donde el proyecto contemplaba dos garajes, lo que le valió una falta muy grave, por lo que se le sancionó con más de 2.000 euros de multa y a demolición del porche", y contrastó esta medida con la decisión de sancionar "con solo 1.563 euros, por construir sin licencia y sin estar aprobado el proyecto de reparcelación, 27 dúplex y 16 bungalows".

El alcalde se preguntó "por qué se han permitido actuaciones ilegales de empresas poderosas y después se han legalizado a tan bajo coste", aunque no culpó a las empresas, a la vez que señaló que "si el equipo de gobierno conocía estas ilegalidades y las consentía, esta situación jurídica tiene un nombre".

Con respecto a la subida de sueldos de la Corporación Municipal, el alcalde aclaró que "en el año 1999, un concejal liberado del Partido Popular cobraba unos 1.400 euros", y que "el alcalde en ese año percibía una retribución 2.554 euros de ahora", lo que suponía que el alcalde "cobraba un 80 por ciento más que un concejal liberado".

Señaló que en 2007, un concejal liberado del PP "percibía algo más de 2.700 euros, el doble justo que en 1999" y argumentó que "si aplicamos el mismo incremento en el sueldo del alcalde, es decir el 80 por ciento, el sueldo se convertiría ahora en unos 5.100 euros".

Precisó que "el alcalde anterior cobraba en el Ayuntamiento, por asistencia, compatibilizando su sueldo de Senador que ascendía a 5.530 euros", y señaló que "si le sumamos lo que percibió por asistencia en 2006, arroja un total bruto anual de 105.000 euros".

En este sentido, García Ruiz afirmó que "la nota de prensa enviada por el PP, unos días después del pleno anterior, es absolutamente falsa", y argumentó que el alcalde anterior, "por imperativo legal tenía que elegir si cobraba el sueldo de alcalde o el de senador, y eligió este segundo pero además cobraba por asistencia 27.700 euros".

Señaló que "no haberse subido el sueldo", sino que "se ha adaptado el sueldo, a lo que había en el año 1999", y aseguró que "en esa proporción debería de cobrar más de 5.000 y, sin embargo, se ha quedado en esa cantidad".

Por último, pidió al Grupo Popular que, "a partir de ahora, los comunicados de prensa y lo que digan públicamente, se ajuste a la verdad", y afirmó que "se va a contratar una auditoria tanto legal como económica para estudiar la situación del Ayuntamiento". - (Agencias)

El PSRM se muestra partidario de la creación de una Oficina Antifraude en la Región de Murcia

MURCIA.- El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, se mostró hoy partidario de crear en la Región de Murcia una Oficina Antifraude similar a la que ha puesto en marcha la Generalitat de Cataluña para investigar el uso de los fondos públicos.

En una rueda de prensa, Jara dijo "aplaudir" esta iniciativa porque los ciudadanos exigen a los políticos "que seamos honrados y que además lo demostremos", y ofreció su apoyo al Gobierno regional en su creación.

El portavoz socialista dijo que una oficina de estas características "transmitiría tranquilidad" a la población al tener potestad para investigar la actividad de las consejerías y todos sus departamentos, las empresas públicas, los ayuntamientos y la Universidad.

En este sentido, José Ramón Jara, recordó la apertura de un sumario por parte de una juez de San Javier para investigar temas relativos a urbanismo en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo.

En este sentido, Jara anunció que el PSRM-PSOE se personará en este expediente judicial, cuando se levante el secreto sumarial ordenado por la juez.

El consejo del gobierno catalán aprobará el próximo martes el proyecto de ley de la Oficina Antifraude, que podrá investigar a toda la administración catalana inlcuidos los ayuntamientos.- (EFE)

IU acusa a la empresa "García Carrión" de perseguir a un concejal de Jumilla por sus ideas progresistas

JUMILLA.- El portavoz de la Presidencia Regional de IURM, José María Ortega González, ha comparecido ante los medios de comunicación para denunciar lo que, a su juicio, constituye un caso gravísimo, de persecución de un cargo público.

En concreto, Ortega denunció que la empresa "J. García Carrión" (su propietario en la imagen), ha despedido de forma nula, y, únicamente por sus ideas políticas y sindicales, al representante de esta formación en el Ayuntamiento de Jumilla, José Antonio Pérez Martínez.

Se trata, para los miembros de IURM de un caso claro de persecución inconstitucional de una persona que, actualmente estaba en excedencia forzosa desde hace casi tres años, y que, por tanto, no ha podido dar motivos objetivos para su despido.

Igualmente, los representantes de IURM creen que esta decisión es una venganza retardada por la destacada actividad sindical y de lucha contra la precariedad laboral que José Antonio Pérez, miembro de CC.OO, desempeñó durante los años 2001 y 2002 como representante de los trabajadores. El concejal electo de IU+LV también compareció como testigo en varios juicios, siempre a favor de los trabajadores.

Por último ha pedido la solidaridad de PP y PSOE con este trabajador, así como la readmisión inmediata en su puesto de trabajo, parafraseando la celebre frase de B. Brecht, hoy le toca a otro, mañana me tocará a mí .

Ramón Ortíz inicia su ofensiva / Juan Redondo

Vuelve Ramón Ortiz dicen que para reorganizar a los socialistas murcianos. A la chita callando se ha convertido en secretario general de la agrupación local de Cieza. En una asamblea celebrada en plena calina estival con su guardia pretoriana, léase Marín Escribano, Martínez y Carmelo, consiguió el apoyo mayoritario de los asistentes. Fueron menos del cincuenta por ciento de los afiliados. Algunos críticos de la agrupación dicen que los que no estuvieron no fue por las playas, sino por no votarle, utilizando sus palabras sobre la aclamación de Saura como senador autonómico en el Comité Regional del PSRM.

Para la dirección regional de los socialistas murcianos el regreso del ex secretario general del partido y dos veces candidato a la presidencia de la Comunidad, es un dato muy positivo. Ortiz es una persona con experiencia tanto en lo orgánico como en la gestión pública, ha sido diputado en Madrid, portavoz en la Asamblea Regional, consejero y portavoz del Gobierno regional. En el interno también ocupó siempre altas responsabilidades, desde Política Municipal hasta la Secretaria General, pasando por Organización y la vicesecretaria del PSRM. Pocos dirigentes socialistas murcianos reúnen un curriculo más amplio y variado. También es verdad que le ha gustado ser siempre un barón en la sombra y tener como en el caso del “triunvirato” a la dirección regional “secuestrada”. Decían que era un “barón” sin agrupaciones, una especie de “lobo estepario”. Con Saura se dijo que detrás estaba Ramón, como los “ramoncistas” decían que detrás de Jara estaba Hurtado.

Ahora Ortiz se ha vuelto la voz crítica contra Saura, dicen las lenguas de doble filo, porque no le ha propuesto para senador autonómico. Las maldades en el interno de los socialistas murcianos dan para escribir una enciclopedia. Y estos mismos “malvados” insisten en que quiere posicionarse para ir de salida en las generales y que no tiene intención de volver a ocupar la secretaria general. “Por pasar la puente nos dieron la muerte” se recoge en el escudo de Cieza. Algo que no parece cuadrar con la ofensiva de Ortiz porque “pasará la puente” y él nunca ha sido políticamente un “suicida”.

La dirección del INFO puede esperar

Sólo queda la dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia para cerrar el segundo escalón. El organismo autónomo dependiente de la nueva Consejería de Economía, Empresa e Innovación, ha sido siempre un “plato goloso”, por su volumen presupuestario, por la promoción exterior, con viajes incluidos, y por las relaciones con empresarios y Cámaras de Comercio. En este sentido el Info, tanto con socialistas como con populares, ha sido siempre tan apetecible como una consejería. Y al frente tecnócratas. Por ahí pasaron Hilario Alarcón, Alberto Requena, Jesualdo Breiss, Patricio Valverde, Francisco Sardina, por citar algunos nombres. Ahora está vacante con la marcha de José Daniel Martín a Empleo y Formación. Inmaculada García no tiene prisa. Como inspectora de Hacienda en excedencia prefiere conocer tranquilamente la casa, ver como funciona, antes de una decisión precipitada. La consejera, que ha cerrado ya todo su equipo de la nueva consejería. Parece que prefiere dejar esa importante asignatura para septiembre.
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La mala cosecha y la crisis inmobiliaria expulsan del empleo a los trabajadores inmigrantes

MURCIA.-El número medio de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en el mes de junio en 101.419, lo que supone un descenso interanual del 0,57 por ciento.

Esta bajada se atribuye a la caída del empleo dentro del sector de la construcción, que había llegado a alcanzar los 105.000 trabajadores, y en la agricultura. Por el contrario, en España, el número de altas ha seguido creciendo.

La estadística la dio a conocer ayer el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y refleja que en Murcia se ha producido un descenso de más de medio punto en el número de extranjeros que están dados de alta en el régimen de la Seguridad Social.

Según explicó el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, José Cánovas, la razón de este descenso puede explicarse a través de la ralentización que ha sufrido la edificación. Y es que este sector, junto con la agricultura, es el que más trabajadores extranjeros emplea, por lo que la caída del empleo que se ha producido en la construcción de viviendas supone asimismo un descenso en el número de trabajadores contratados y dados de alta en la Seguridad Social. La construcción ha llegado a emplear a unas 106.000 personas, pero esta cifra ha descendido en los últimos meses.

Cánovas apuntó también que el estancamiento en la construcción no quiere decir que haya descendido la actividad del sector, sino que se ha producido una ralentización y, por tanto, ha bajado el número de trabajadores contratados.

Otra de las razones que explicaría este descenso, según CC OO, sería la bajada de la actividad agrícola (segundo sector laboral que mayor presencia extranjera registra) debido a algunas malas cosechas que se han producido durante la temporada de invierno, lo que ha supuesto que la mano de obra necesaria para sacar adelante la producción de determinadas frutas y hortalizas haya sido menor.

También el problema del agua ha supuesto una parada en cuanto a la exportación de los productos agrícolas, por lo que los trabajadores inmigrantes han tenido que buscar alternativas laborales como el sector servicios.

Sin embargo, el dirigente de CC OO afirma que una gran cantidad de empresarios da de baja a los trabajadores inmigrantes en la Seguridad Social durante los meses de verano, de manera que se evitan así tener que pagarles las vacaciones. Según Cánovas, ésta es una práctica relativamente extendida y que supone una "actividad ilegal", ya que, "luego en septiembre los vuelven a contratar cuando les hace falta otra vez la mano de obra".

Desde la Unión General de Trabajadores (UGT) apuntan también la causa de las vacaciones como otra de las razones por las que puede haberse registrado este descenso. Sin embargo, según estas fuentes la campaña estival la aprovechan muchos inmigrantes para regresar hasta sus países de origen con el objeto de visitar a sus familiares.

Además, muchos de estos inmigrantes aprovechan que se acaba la campaña agrícola en la zona mediterránea para desplazarse hasta otra regiones que es precisamente a partir del verano cuando comienza esa temporada.
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El Banco Popular 'huye' de la financiación de las hipotecas y del crédito a promotores

MADRID.- El Banco Popular considera que el sector del suelo en España sufrirá una «leve y ordenada» desaceleración y tendrá una incidencia moderada en la economía española, así como en la calidad crediticia de los bancos.

Esta previsión de cambio de ciclo ha llevado a la entidad a «forzar voluntariamente» una bajada de cuota de mercado en sus operaciones con el negocio inmobiliario. En concreto, la financiación al mismo descendió desde el 5,6% de 2005 al 4,25 % actual.

Los datos publicados este jueves por el Banco Popular demuestran que optó durante los últimos tres meses por «la prudencia» a la hora de dar préstamos hipotecarios y se decantó, sin embargo, por aumentar el porcentaje de otros créditos a la clientela.

Así, los primeros crecieron un 13,6%, mientras que los no hipotecarios lo hicieron un 16,7% en el mismo periodo, según explicó su presidente, Ángel Ron. La menor exposición al sector inmobiliario y la reducción de hipotecas dio buenos resultados a esta entidad bancaria, que cosechó un crecimiento del 18,4% en su beneficio atribuido y un descenso en la ratio de morosidad de dos puntos respecto al pasado ejercicio, situándose ahora en el 0,72%.

El banquero aclaró que el grupo ha reducido más que sus competidores la financiación a promotores, aunque defiende el crédito hipotecario. Ron explicó que más del 55% del crecimiento de la entidad en el último año, y más del 60% en el primer semestre, procede de operaciones no hipotecarias. Y dijo más. 'Popular ha forzado la pérdida de cuota de mercado en el sector inmobiliario mediante una enérgica desaceleración de sus créditos a promotores'.

Confía, no obstante, en el crédito hipotecario, pese a haber endurecido desde hace dos años los criterios para conceder esta financiación. Considera que hay razones que justifican seguir apostando por las hipotecas, el producto que más vincula al cliente. Sus préstamos para vivienda crecieron el 13,6%. Pero Ron anunció que el banco 'va a hacer un esfuerzo comercial en los próximos meses para captar hipotecas. Sólo renunciamos al segmento inmobiliario'.

Repitió Ángel Ron que 'no son pesimistas respecto a la situación de la vivienda en España'. El presidente de Popular aprovechó la presentación de resultados semestrales para quitar hierro a los informes que pronostican el pinchazo de la burbuja inmobiliaria española.

Ron explicó que hay cinco razones de peso que sostendrán la demanda de vivienda: la compra de casas por parte de la generación del baby boom (cuyo pico se produjo en 1975); el incremento de la población inmigrante; la caída de la tasa de desempleo unida al aumento de la población activa; el fuerte crecimiento de los divorcios y, por último, el incremento de la proporción de familias que tienen una hipoteca.

'Estos factores ayudarán a absorber las 500.000 vivienda que se construyen cada año', explicó Ron. Aún así, el presidente de Popular reconoció que la desaceleración del mercado hipotecario afectará a bancos y cajas, que deberán ser 'más selectivos' con las nuevas operaciones.

Una de las vías para diversificar las fuentes de ingresos del banco, y así reducir el impacto del freno hipotecario, es la apuesta internacional.

El volumen de negocio mostró también una evolución positiva, con un crecimiento del 16,2% en el volumen total de activos gestionados. Lo mismo pasó con el margen de intermediación, diferencia entre ingresos por créditos y gastos por depósitos, que creció un 12,3% y alcanzó los 1.137 millones. Tras la apertura al mercado norteamericano con la compra del TotalBank en Florida, Ron dijo: «estamos muy satisfechos».

"Cajamar" inicia por su fusión con Caja Rural del Duero la expansión en Galicia y el Cantábrico

ALMERÍA.- Cajamar aprobó el proyecto de fusión con Caja Rural del Duero que servirá a la entidad financiera almeriense de trampolín para completar la presencia en Castilla y León e iniciar la implantación en Cantabria, Asturias y Galicia, en una proyección de crecimiento con horizonte 2009, según anunció en su comparecencia el presidente, Antonio Pérez Lao.

En cifras, en el "corto plazo" de tres años, el "ambicioso" plan de expansión contempla la apertura de 40 oficinas y la creación de un centenar de puestos de trabajo en el ámbito de actuación de esta nueva Dirección Territorial Norte que asumirá, además, la plantilla de 271 empleados de Caja Rural del Duero en Valladolid, Palencia, León y Ávila.

La redefinición del plan estratégico de la primera cooperativa de crédito de España será el segundo paso de un proceso que, además, encarama de manera provisional a Cajamar al decimoquinto puesto del ránking nacional de entidades financieras, con un volumen de negocio de 36.700 millones de euros que le relegará un escalafón con la entrada en el mercado de Cajasol.

Con un total de 488.787 socios y 1.385.000 clientes, la caja resultante de la fusión iniciada consolida, asimismo, a la almeriense como la primera rural de España que, gracias a una red de oficinas en 25 provincias, arroja a 30 de junio de 2006 activos que superan los 21.900 millones de euros, un margen de explotación que se sitúa en los 130,2 millones de euros y una gestión de recursos e inversión crediticia de 20.980 y 21.360 euros, respectivamente.

Pérez Lao (en la imagen), quien resumió las causas que han permitido fructificar una fusión gestada en 2005 en el objetivo común de conseguir que "uno más uno sumen dos y medio", resaltó que Cajamar seguirá su línea de acción orientada "hacia el mantenimiento de los principios cooperativos y la conexión con el mundo rural y la atención al sector agroalimentario".

Cajamar y Caja Rural del Duero, con una proporción de 18 a 1 que según destacó el presidente de la primera "no desmerece la solera de una entidad que está "muy saneada", protagonizan la primera fusión "intercomunitaria" en el sector, avalada --ahondó-- "por el respaldo de la plantilla de la entidad castellana que presionó a nivel interno a la dirección para que se acordará iniciar el proyecto de fusión".

Por su parte, el consejero delegado de Cajamar Juan de la Cruz aseguró que a la entidad "no le preocupa" el anuncio de litigio contra su fusión por absorción con la Caja Rural del Duero hecho por la Federación Nacional de Cajas Rurales de España, que ha tildado la integración de ambas entidades de "despropósito".

En declaraciones a los periodistas tras aprobar el consejo rector de la caja almeriense la operación, De la Cruz reconoció que la reacción de la Federación nacional era "algo esperado", por lo que advirtió de que, si finalmente se frustrase la fusión, Cajamar tiene la intención "de seguir adelante con la expansión en Castilla y León con la apertura de oficinas allí donde pretendíamos asumir la red de oficinas de la Caja Rural del Duero".

El consejero delegado de la primera cooperativa de crédito de España reconoció, no obstante, que el efecto perjudicial que "este movimiento" podría suponer para la entidad vallisoletana que --ahondó-- no tiene "nuestra capacidad para contraatacar con iniciativa".

Igual de explícito se mostró el presidente de Cajamar, Antonio Pérez Lao, que recordó a la Federación Nacional de Cajas Rurales --con la que mantiene otro litigio en el Tribunal Supremo por su expulsión del órgano-- que el derecho de tanteo y retracto "que pretenden invocar ahora no puede aplicarse en este caso ya que no se trata de una operación de compraventa económica".

"Es simplemente --continuó-- una integración de miles de socios de dos entidades cooperativas de crédito" porque insinuó que podría tratarse de un mero intento por "interrumpir" un proceso que ya se rompió en julio de 2005 por presión de cierto parte del sector financiero castellano.

Según la Federación Nacional de Cajas Rurales, siempre que una Caja se dé de baja voluntaria de la asociación debe hacerlo con seis meses de antelación, tiene que liquidar todos los negocios y asuntos pendientes con la asociación y las sociedades participadas de los mismos.

Por último, tendría que poner a disposición de la asociación toda sus participaciones y acciones en las tres sociedades participadas: en Rural Servicios Informáticos, en Rural Grupo Asegurador y en el Banco Cooperativo Español, algo que la Caja Rural del Duero no habría hecho ya que anunció su baja la semana pasada.

Por este motivo, el colectivo empresarial anunció que está dispuesto a comprar las participaciones de los socios de la caja vallisoletana por un precio 20 veces por encima de su valor nominal.- (Agencias)

La SIP alerta sobre la "profunda" vulnerabilidad de los periodistas y jueces en América

SANTO DOMINGO.-La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que los periodistas y los jueces están expuestos a una "profunda" vulnerabilidad en América, y llamó a combatir la impunidad en los casos de asesinato y amenazas.

Al inaugurar en Santo Domingo la Conferencia Hemisférica Poder Judicial, Prensa, Impunidad, el presidente de la SIP, el dominicano Rafael Molina Morillo, dijo que en el continente americano los periodistas y los jueces son blanco de fuertes presiones y de un alto grado de violencia.

En los últimos veinte años un total de 320 periodistas han sido asesinados en este continente, según recordó Molina Morillo

"La mayoría de esos 320 crímenes tienen móviles muy simples de identificar: algún mafioso no quiso que se denuncien sus fechorías o algún dirigente pretendió seguir eludiendo la denuncia pública por corrupción", argumentó.

Los jueces también son víctimas de esa violencia y solo en Colombia doce jueces han sido asesinados en la última década por su labor profesional, agregó el director del periódico local "El Día".

La misma suerte han corrido 50 fiscales colombianos, los cuales han sido asesinados en los últimos siete años, según datos de la Fiscalía General de ese país, citados por el periodista en la reunión que se extenderá hasta mañana.

Molina Morillo puso también como ejemplo los Estados Unidos donde, según datos de la oficina del Servicio de Alguaciles, en 2005 se proporcionaron 214 instancias de protección a jueces y se investigaron 943 amenazas contra funcionarios judiciales.

Estos hechos, dijo Molina Morillo, "demuestran que tanto la justicia como la prensa están en una situación de profunda vulnerabilidad", lo que, en su opinión, "pone en peligro el propio sistema democrático".

Cuando se tejen planes para eliminar a un representante de la justicia o a un comunicador, no se busca eliminar a una persona, dijo Molina Morillo, sino "obstaculizar un proceso judicial y evitar la publicación de los actos que muchos quisieran que permanezcan ocultos".

En ese sentido, subrayó la importancia de que los comunicadores y los jueces cuenten con las garantías necesarias para realizar sus labores.

"El miedo y la incertidumbre despertados por un estado de impunidad invitan a la autocensura, la desinformación y la manipulación de las noticias", argumentó.

Para combatir la impunidad que rodea los casos de asesinato y amenazas contra jueces y comunicadores, Molina Morillo propuso a las autoridades promover las reformas legales necesarias.

No obstante, aclaró que se han dado "importantes" avances en la lucha contra la impunidad y dijo que de los 320 casos de periodistas asesinados, la SIP ha investigado 64 desde que en 1995 se puso en marcha un proyecto en contra de la impunidad.

Antes, aseguró, "se podían contar con una mano las personas sentenciadas por crímenes contra periodistas".

En la conferencia participaran más de 150 personas entre magistrados de cortes supremas de justicia, jueces, abogados, directivos de medios de comunicación, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales.

Los participantes de la reunión tratarán sobre la impunidad, la violencia contra periodistas, la autocensura, la obstrucción de la justicia y el derecho del público a la información.

Durante la reunión se celebrarán paneles y presentaciones interdisciplinarias en las que se analizarán experiencias prácticas y exitosas para combatir los crímenes de los que son víctimas periodistas.

También se estudiarán la legislación adecuada sobre la no prescripción de delitos, tratados de extradición y agravamiento de penas, y se identificarán resoluciones y fallos judiciales, así como la jurisprudencia interamericana.

La reunión también servirá para mejorar el entendimiento entre jueces y periodistas, objetivo marcado en una cumbre sobre justicia y libertad de prensa celebrada en Washington en 2002.- (EFE)