PALMA.- El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, acusó hoy a la clase política de mantener el sistema judicial español bajo una "grave amenaza de intoxicación política" y aseguró que el funcionamiento general de la justicia en España está "absolutamente politizado" a causa de la constante intromisión de las fuerzas políticas en los órganos judiciales.
Carnicer aseguró hoy, durante la celebración de la VI Conferencia de Presidentes de las Abogacías Mediterráneas en Palma, que el ejemplo más claro de tal intoxicación es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "La renovación del CGPJ ya no resiste más tiempo y su prestigio se resiente", advirtió.
Según destacó, "se ha quebrado gravemente lo establecido en la Constitución Española acerca de que la permanencia en el cargo de los miembros del CGPJ no puede prolongarse más allá de cinco años". El CGPJ debía haber renovado su composición hace ya diez meses. Las fuerzas políticas han de pactar la entrada en el Consejo de doce nuevos magistrados, seis de ellos los debe elegir el Congreso con una mayoría de tres quintas partes y los otros seis el Senado, con la misma mayoría.
Sin embargo, para Carnicer, éste no es el único mal que afecta a la independencia de la justicia española ya que, el uso inadecuado del Tribunal Constitucional (TC) por parte de los partidos, lamentó, es constante. "Están llenando el Constitucional de cuestiones que no son jurídicas sino políticas y, sin embargo, avisan a los ciudadanos de que se van a restringir la entrada de recursos de amparo, aumentando los requisitos", criticó.
En este sentido, manifestó su "preocupación" por el hecho de que las fuerzas políticas estén "interponiendo recursos de inconstitucionalidad para bloquear cuestiones y ver con qué partido habrá que negociarlas después de las elecciones de marzo". La clase política tiene, según señaló, "tendencia a cambiar cosas a través de recursos de inconstitucionalidad, después de las elecciones".
Por otra parte, comentó la sentencia dictada en junio por el Tribunal de la Unión Europea confirmando el derecho de los abogados a respetar el secreto profesional en el marco de un proceso judicial aun en casos en los que tengan conocimiento de hechos vinculados al blanqueo de capitales.
"Este sentencia nos da la razón y confirma la postura que defendíamos ante la trasposición a la legislación española de la directiva europea sobre blanqueo de capitales. Es un tema que nos preocupaba porque las decisiones de la UE son de rango superior a las leyes españolas", recordó.
En la declaración común aprobada por asistentes a la Conferencia, los representantes de los consejos de abogados de once países mediterráneos --Albania, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Macedonia, Marruecos, Portugal, Túnez y Turquía-- destacan la necesidad de respetar los derechos procesales de todos los imputados, también de los relacionados con el terrorismo.
"Reafirmamos que, sean las que sean las demandas de la opinión pública relativas a la seguridad o a la necesaria lucha contra el terrorismo, una democracia no puede renunciar a las reglas esenciales que garantizan los derechos y las libertades de las personas, fundamentalmente, la presunción de inocencia y las garantías concernientes a la creación y utilización de ficheros o de las nuevas tecnologías", reza la declaración.
Según defienden, todas las violaciones de los principios esenciales mencionados constituyen "una victoria para aquellos que combaten la democracia y el Derecho". "Sólo los Estados de Derecho respetan de manera absoluta y real los Derecho Humanos en la forma establecida por los Tratados y las jurisdicciones internacionales", añade el texto.
Finalmente, los once firmantes consideran "esencial" reforzar los lazos entre abogados de los países del sur de Europa y de las dos riberas del Mediterráneo con el fin de reafirmar la independencia del abogado, su deontología y valores comunes.- (Agencias)
Carnicer aseguró hoy, durante la celebración de la VI Conferencia de Presidentes de las Abogacías Mediterráneas en Palma, que el ejemplo más claro de tal intoxicación es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "La renovación del CGPJ ya no resiste más tiempo y su prestigio se resiente", advirtió.
Según destacó, "se ha quebrado gravemente lo establecido en la Constitución Española acerca de que la permanencia en el cargo de los miembros del CGPJ no puede prolongarse más allá de cinco años". El CGPJ debía haber renovado su composición hace ya diez meses. Las fuerzas políticas han de pactar la entrada en el Consejo de doce nuevos magistrados, seis de ellos los debe elegir el Congreso con una mayoría de tres quintas partes y los otros seis el Senado, con la misma mayoría.
Sin embargo, para Carnicer, éste no es el único mal que afecta a la independencia de la justicia española ya que, el uso inadecuado del Tribunal Constitucional (TC) por parte de los partidos, lamentó, es constante. "Están llenando el Constitucional de cuestiones que no son jurídicas sino políticas y, sin embargo, avisan a los ciudadanos de que se van a restringir la entrada de recursos de amparo, aumentando los requisitos", criticó.
En este sentido, manifestó su "preocupación" por el hecho de que las fuerzas políticas estén "interponiendo recursos de inconstitucionalidad para bloquear cuestiones y ver con qué partido habrá que negociarlas después de las elecciones de marzo". La clase política tiene, según señaló, "tendencia a cambiar cosas a través de recursos de inconstitucionalidad, después de las elecciones".
Por otra parte, comentó la sentencia dictada en junio por el Tribunal de la Unión Europea confirmando el derecho de los abogados a respetar el secreto profesional en el marco de un proceso judicial aun en casos en los que tengan conocimiento de hechos vinculados al blanqueo de capitales.
"Este sentencia nos da la razón y confirma la postura que defendíamos ante la trasposición a la legislación española de la directiva europea sobre blanqueo de capitales. Es un tema que nos preocupaba porque las decisiones de la UE son de rango superior a las leyes españolas", recordó.
En la declaración común aprobada por asistentes a la Conferencia, los representantes de los consejos de abogados de once países mediterráneos --Albania, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Macedonia, Marruecos, Portugal, Túnez y Turquía-- destacan la necesidad de respetar los derechos procesales de todos los imputados, también de los relacionados con el terrorismo.
"Reafirmamos que, sean las que sean las demandas de la opinión pública relativas a la seguridad o a la necesaria lucha contra el terrorismo, una democracia no puede renunciar a las reglas esenciales que garantizan los derechos y las libertades de las personas, fundamentalmente, la presunción de inocencia y las garantías concernientes a la creación y utilización de ficheros o de las nuevas tecnologías", reza la declaración.
Según defienden, todas las violaciones de los principios esenciales mencionados constituyen "una victoria para aquellos que combaten la democracia y el Derecho". "Sólo los Estados de Derecho respetan de manera absoluta y real los Derecho Humanos en la forma establecida por los Tratados y las jurisdicciones internacionales", añade el texto.
Finalmente, los once firmantes consideran "esencial" reforzar los lazos entre abogados de los países del sur de Europa y de las dos riberas del Mediterráneo con el fin de reafirmar la independencia del abogado, su deontología y valores comunes.- (Agencias)
