lunes, 3 de diciembre de 2007

El PP acepta las bajas cautelares del alcalde de Totana y su antecesor, Juan Morales

MURCIA.- La Junta Directiva del Partido Popular de la Región de Murcia ha aceptado esta noche las solicitudes de baja cautelar de militancia en el partido presentadas por el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, y su antecesor en el cargo, Juan Morales.

Antes de la reunión que ha realizado en la tarde de hoy el máximo órgano entre congresos de este partido en la Comunidad, se ha producido un encuentro con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Totana con el fin de garantizar la gobernabilidad del municipio.

El PP, indicó el secretario general del PP en la Región, Miguel Angel Cámara, se reserva "todo tipo de acciones" precisas para defender los intereses del partido y de su militancia, así como el buen nombre de la Región de Murcia.

Sin embargo, el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ha afirmado, en un comunicado de prensa, que "ni el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, ni el anterior, Juan Morales, deben seguir en sus puestos", por lo que consideró que "la suspensión cautelar de militancia aceptada por la Junta Directiva del PP no es más que una estratagema, un subterfugio para engañar a los murcianos e intentar salvar el escollo de la opinión pública".

De este modo, Jara insistió en que "lo que debe hacer el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, es echarlos a ambos de la política y hacer que dimitan de sus cargos", porque, subrayó, "lo único que están consiguiendo es que la imagen de la Región se deteriore todavía más".

Es por ello por lo que "retó" al ex-alcalde de Totana y ahora diputado regional, Juan Morales, a que "dé la cara y deje de parapetarse detrás de su condición de aforado".- (Agencias)

Largos e intensos interrogatorios judiciales / Juan Redondo


La “Operación Tótem” cumple ya una semana y hasta conocer el pronunciamiento oficial de la instructora, parece, según observadores como si la posible trama urbanística, partiera de una pieza central, de la que a lo largo de las investigaciones hubieran ido saliendo ramas o hijuelas.

La juez interrogó en bloque a los detenidos por la recalificación de El Raiguero para un proyecto urbanístico del grupo gallego Nuaria con más de cinco mil viviendas. Estableció unos cargos y una fianza. Por medio se aparecieron los terrenos industriales de El Saladar, con vinculación de un empresario avícola. Posteriormente la vinculación del jefe de la Policía Local y de un empresario de Puerto Lumbreras, en temas al parecer distintos, ambos en libertad.

La secretaria general municipal también ha quedado en libertad bajo fianza en este caso de 20.000 euros, y un ex concejal con 15.000, unas cantidades aparentemente no muy significativa para las comparaciones marbellís. Y están pendientes las tres imputadas a las que no se ha tomado declaración. “¿Muchos hilos distintos para una misma tela de araña?”, apuntan los observadores. Y como fondo del culebrón Juan Morales, aforado, atrincherado y sin pasaporte.

Al parecer, según fuentes populares, en la asesoría de la ex mujer de Morales no existían documentos oficiales, sino copias de documentos públicos. El ex alcalde y diputado regional Juan Morales dicen que tenía copias de los convenios urbanísticos, porque son documentos públicos, y en alguna medida para “curarse en salud”, como medida preventiva ante un eventual triunfo electoral de los grupos de la oposición y poder demostrar que todos los acuerdos se habían ajustado a la legalidad.

Todas especulaciones o pequeñas filtraciones ante un hermetismo judicial, que tiene en un sinvivir a los populares murcianos y con los comunicados cargados a la oposición. La expectación de cara al comité regional de los populares de esta tarde y su posible resolución sigue dependiendo de los pronunciamientos judiciales. Han anunciado contundencia contra posibles comportamientos ilegales de militantes y cargos públicos.

Es cierto que es la primera vez que un alcalde murciano duerme ya durante tres noches en los calabozos de la Guardia Civil, pero también como apuntan los dirigentes hay más de seiscientos cargos públicos del partido en la Región, que están realizando su trabajo sin sombra de duda. Dicen ser los primeros interesados en acabar con “este circo mediático” y apoyan firmemente a Morales, hasta que la Justicia demuestre lo contrario. “Todo este tema está siendo muy anómalo y si se producen cosas raras actuaremos en consecuencia”, insiste un dirigente regional del PP.

De momento el primer paso para empezar a entrar en el fondo de posibles responsabilidades políticas del asunto pasa por el pronunciamiento de la juez Asunción Navarro sobre la situación judicial del actual alcalde popular Martínez Andreo, que ayer estuvo cerca de seis horas declarando en el juzgado de instrucción y a medianoche aún estaba en expectativa de destino.

Concentraciones ante el poder judicial

En un estado democrático hay dos poderes que requieren tranquilidad para tomar sus decisiones. En teoría no se debe presionar al Legislativo ni tampoco molestar al Judicial. Las manifestaciones y protestas deberían dirigirse ante los poderes ejecutivos.

Con la “trama urbanística de Totana”, ayer varios centenares de personas se concentraron ante el Juzgado para reclamar la inocencia de los imputados, gritando slogan como “esto es un atraco” y de paso tratando de impedir a la prensa realizar su trabajo.

Dicen los populares que son “concentraciones espontáneas”, aunque las declaraciones de algunos de sus dirigentes han alentado a estos movimientos y además los asistentes son militantes o simpatizantes del PP.

La presunción de inocencia es un derecho constitucional, pero la jueza debe hacer su trabajo con tranquilidad, sin algaradas callejeras partidarias, para pronunciarse sobre el sumario que está instruyendo. Resulta también curioso que a lo largo de la tarde el Delegado del Gobierno no haya puesto protección policial especial ante los juzgados de Totana.

El PSOE asegura que la ruptura del pacto de gobierno no es oficial y que los ediles independientes de San Javier siguen trabajando

MURCIA.- La presidenta de la gestora del PSOE en San Javier, Rosa Peñalver, dijo a EFE que la ruptura del pacto de gobierno anunciada recientemente por la portavoz del grupo independiente, Arantxa Espeso, todavía no se ha hecho oficial, y que los ediles independientes continúan trabajando en el consistorio.

"Los concejales independientes trabajan y cumplen con su cometido y lo demás son declaraciones", agregó.

Peñalver consideró "incoherente" la postura de Espeso de notificar a los medios de comunicación una ruptura sin antes haberlo hecho a la alcaldesa, la socialista Josefa García, y comentó que "el pueblo de San Javier" no se merece esta situación.

Indicó que, a pesar de tal anuncio, Espeso participó esta mañana junto a la alcaldesa en los actos oficiales con motivo de la festividad de San Francisco Javier, y en ningún momento le ha comunicado la citada ruptura.

La dirigente socialista afirmó que la alcaldesa "ha mantenido la mano tendida" a Espeso, en un pacto de cuatro años, y dijo no entender la postura "personal" de la portavoz independiente, a la que instó a notificar en el registro municipal la ruptura del pacto "que sería lo coherente", afirmó.

Según Peñalver, "el equipo de gobierno no ha dejado de trabajar ni un sólo día y en este momento está donde corresponde, en los actos oficiales, y lo que los ciudadanos necesitan es tranquilidad y estabilidad, y que vayamos cumpliendo el programa".

Por su parte, el concejal del Centro Democrático y Liberal, Jesús Montesinos, dijo que él continúa apoyando a la alcaldesa, "que entró en el equipo de gobierno para trabajar", y que oficialmente desconoce la existencia de la ruptura anunciada a los medios de comunicación por Arancha Espeso.

Se intentó recabar la opinión del portavoz del grupo popular en este ayuntamiento, Juan Martínez, quién excusó tal posibilidad porque estaba ocupado con los actos oficiales de la festividad local. Tampoco la portavoz del grupo independiente, Arantxa Espeso, se puso al teléfono.- (EFE)

Un mirlo blanco de Gredos en la ciénaga murciana / Apunte de Argárico


Ha sido llegar Bermejo y empezar el baile de Santa Lucía. Los corruptos tiemblan, incluidos los ex alcaldes socialistas Navarro, Escudero y Hurtado, desde Águilas a San Javier y desde Cartagena a Cieza. Ya está aquí el ángel exterminador de la corrupción, piensan algunos. Otros más escépticos esperan a ver si todo no son más que fuegos artificiales.

Los del PP tienen el pañal más que pegadito desde que supieron la que se avecinaba con el de Arenas de San Pedro suelto, hasta el punto de que Valcárcel ya no puede controlar su acreditada mala educación llamando hoy por los micrófonos hijos de puta a no se quienes. Seguro que estaba entrenando con ese vocablo en las últimas horas, pensando en alguien, y no ha podido evitar soltarlo en la primera ocasión. Nervios de más porque esta dinámica Dios sabe dónde puede llevar a los de PP. (Por mucho menos, Jaume Matas huyó a Miami y ahora está “missing” hasta para los del PP balear).

Un alcalde dudoso preso en Sangonera por once presuntos delitos, a cual peor, es un magnífico precedente para la regeneración de la democracia murciana aunque no tanto para un Valcárcel pendiente de la Balsa Jenny y de que el agua de esta ciénaga en que ha convertido la Región de Murcia no anegue pronto predios familiares. Le faltaba un amigo en apuros, de los que sabe demasiado, caso del diputado regional Juan Morales Cánovas, pendiente de un suplicatorio para comparecer y, seguramente, acabar también en prisión sin fianza, como su testaferro Martínez Andreo.

Si el PSOE del señor Bermejo aspira a recobrar fortuna electoral en esta circunscripción, debe darse prisa, sin más dilación, en poner frente a los jueces a todos los corruptos en ejercicio de cargo público, sean del partido que sean, y sus corruptores, más que nada por esa izquierda volátil que no perdona la falta de huevos y de eficacia.

Menuda putada le hicieron Navarro y Hurtado cara a esa izquierda seria y exigente, apareciendo visiblemente por el mitin de Lorca. Si ahora no los trinca, podría parecer que existen corruptos de primera y de segunda en la Región de Murcia. Ánimo don Mariano, no se corte y exija justicia para todos, comenzando por los de su propia casa.

¿Qué pasa con los alcaldes de Águilas, Mazarrón, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Cieza, Cartagena, Alcantarilla y Puerto Lumbreras, y los ex de Lorca, Ceutí, Los Alcázares, San Javier, La Unión y San Pedro? ¿Van a pasar otras Navidades en casa?

El PSRM se ha puesto el listón demasiado alto con Bermejo como para que aquí luego no pase casi nada entre Santa Lucía y San Valentín. Todos los presuntos delincuentes deben acabar ante el juez, más pronto que tarde, para responder de todo lo que han hecho contra los intereses generales de la ciudadanía o fuera de la Ley.

Don Mariano debe saber que el PSRM debe volver a creer en los murcianos para que los murcianos vuelvan a creer en el PSRM. Debe saber también, antes de que se confeccionen las listas de candidatos para sustentar la política de Rodríguez Zapatero en las Cortes siguientes, que la derecha murciana en el poder regional, radicalizada y cerril, se mantiene crecientemente hegemónica por el demérito e incoherencia del propio PSRM.

Si no se incorporan a esas listas del PSRM experimentados independientes con poder social, progresistas identificados con la política de Zapatero, de poco servirá su esfuerzo de venir tan lejos para clamar en solitario en este desierto de ideas y convicciones democráticas, en esta ciénaga murciana de corrupción muy generalizada, como vemos.

Es vital insacular elementos impolutos de la sociedad civil, gente de Murcia, mujeres, jóvenes, profesionales, docentes y pequeños empresarios. Más en la cuarentena que en los treinta sin olvidar alguna aportación cincuentona para que Bermejo no se sienta generacionalmente solo. Enfrente, el PP, carece de elementos para la necesaria renovación de candidaturas. Será más de lo mismo o peor porque no existe partido. No resultaría tan difícil darle la vuelta a la tendencia electoral dominante hasta ahora. Hay candidato.

Con todo, Zapatero es más víctima en la Región de Murcia de una falta de renovación profunda del propio PSRM, hasta la inevitable refundación dentro del año 2008, que del discurso político de un histrión como Valcárcel. Y mire lo que le digo, don Mariano, si la sociedad murciana, no ya la izquierda volátil, no ve en las listas una renovación total de caras y de nivel, el Presidente puede perder aquí y en la Comunidad Valenciana, las elecciones en España. Y la reacción, acecha, dentro y fuera. Usted me entiende.

Yo sé, por eso, que Murcia preocupa electoralmente en Ferraz y en Moncloa. El PSRM se encuentra embarrancado desde hace demasiado tiempo porque su electorado natural no se moviliza en espera de algún signo creíble y de que el aparato sea capaz de salir de Princesa y conectar con los problemas, aspiraciones y anhelos de la gente. Toda la sociedad murciana no está envilecida detrás de Valcárcel, ni mucho menos. Pero la mayoría, ahora abstencionista, exige seriedad, compromiso y gente fiable en política.

Esa es una auto justificación para incapaces políticos. Lo que sucede en el PSRM, pese al empeño de Saura sabido de sobra en Madrid, es que tampoco resulta fácil vertebrar una alternativa interna, realmente renovadora, y por eso el pasado trata de condicionar demasiado el futuro, fundamentalmente desde las agrupaciones de Cartagena, Cieza, Lorca y Ceutí. Los rescoldos de la antigua corrupción propia hay que apagarlos cuanto antes también por eso y precisamente por eso. Con más de lo mismo no se despega. Es necesario evitar otro desastre, como el de las últimas elecciones autonómicas y municipales.

El PSRM no puede volver a engañar a Zapatero. Ahora o nunca. Bermejo es un mirlo blanco de Gredos llegado a Murcia casi por casualidad. Se pensó en Solbes, en Molina, en Narbona… Algún amigo del fiscal, que es el ministro de Justicia, pudo sugerir la idea. Luego el partido la recogió, como otras más. Y más tarde alguien de fuera la consideró excelente. Pero de las ideas hay que pasar a los hechos y con Bermejo puede no bastar si desde Princesa no se diseña una estrategia coordinada para que la más elevada izquierda sociológica murciana deje de pasar del PSRM por considerarlo, sin solución de continuidad, una burocracia paralizada e inoperante.

Murcia también puede hacer granero para Z si sus candidatos gozan de credibilidad como para movilizar a la izquierda volátil y que la Región cuente en Madrid por el valor añadido que aporten sus representantes. ¿Quién conoce o se acuerda de los actuales diputados y senadores del PSRM, excepto de Saura? La estrategia parlamentaria desconocida es, desde luego, incapaz de movilizar a la izquierda sociológica moderada. Por eso Z se la juega si se repiten caras y caretos de ilustres desconocidos casi inactivos. ¿Qué ha hecho en el Senado, por ejemplo, Francisco Abellán, alcalde de Jumilla?

El PSRM debe presentar ahora como candidatos a personas de su tiempo que sepan en qué comisiones es preferible trabajar por la Región de Murcia, que cuenten por su esfuerzo en el seno del Grupo Parlamentario Socialista y que se ganen por méritos alcanzar el entorno de Zapatero. Y el único que en este partido ha funcionado hasta la fecha con ese pensamiento estratégico ha sido Saura.

Murcia: El PP prefiere hacer el avestruz en vez de encarar los problemas políticamente

MADRID.- El ‘Caso Tótem’ de Totana ha puesto a las claras el carácter del Partido Popular de Ramón Luis Valcárcel en Murcia. Mezcla de populismo “gilista” al estilo marbellí y de “fabrismo” castellonense, el PP gobernante en Murcia, con el determinante genio y figura de Valcárcel, queda caracterizado como un partido que renuncia a admitir políticamente las equivocaciones que hayan podido cometer algunos de sus miembros y que reafirma su legitimidad en los resultados electorales como justificantes de posibles actuaciones ilegítimas.

En efecto, las decenas de militantes del PP que ayer apoyaron políticamente al alcalde de Totana mientras declaraba ante la juez no muestran otra cosa sino el convencimiento de que las victorias electorales son patente de corso para realizar las actuaciones más discutibles que se puedan imaginar, al más puro estilo marbellí.

La petición de amparo al TSJ de Murcia del investigado diputado regional Juan Morales, ex alcalde de Totana, –en vez de renunciar a su aforamiento y ponerse a disposición de la Justicia– es más de lo mismo.

Además, el pertinaz recurso del PP murciano al argumento de que las urnas les siguen dando la razón como leit motiv para justificar sus actuaciones entronca con el “fabrismo” castellonense, que se ve igualmente justificado por el número de votos que obtiene en cada cita electoral.

Sin embargo, a ojos de muchos ciudadanos de a pie, los argumentos de Valcárcel para explicar lo inexplicable, argumentos de los que vuelto a hacer uso esta semana a cuenta de la Operación Tótem, se están empezando a caer por su propio peso debido a su propia inconsistencia.

Las reacciones políticas de la cúpula del PP en Murcia y en Madrid tras el inicio del caso Tótem se ven como un intento de esconder la cabeza debajo de ala, el cráneo en el agujero o perder la mirada en el infinito. “Cuando haya imputaciones o acusaciones, actuaremos”. Ésa ha sido la respuesta-tipo de los dirigentes del PP murciano, con Ramón Luis Valcárcel a la cabeza, y secundados desde Génova, ante el escándalo de Totana.

Pero en Murcia, como en otros lugares de España (Canarias, León, Castellón, etcétera), se recuerda que cuando eso ha pasado el PP ha continuado encastillado en su actitud general y generalizada de negar la evidencia.

Petición fiscal

Basta recordar un caso cercano por la proximidad geográfica a Totana y paradigmático por revelador de la actitud del PP. En el pueblo también murciano de Alcantarilla, el alcalde Lázaro Mellado está procesado y con una petición fiscal de seis años de cárcel por contaminar el Río Segura. El asunto data de una denuncia de 1999 interpuesta por el grupo municipal de IU en el vecino ayuntamiento de la capital regional.

Antes de la pasada campaña electoral del 27-M, Mellado ya estaba imputado, acusado y procesado en espera de juicio oral. Repitió como candidato del PP a la Alcaldía de Alcantarilla –acto de proclamación con presencia de Valcárcel mediante–, fue el candidato más votado y ahí sigue: de alcalde.

Por éste y por otros casos, que sería prolijo detallar, el PP murciano tiene actualmente, sin contar los de Totana, 19 imputados por corrupción. Está bajo mínimos la credibilidad del presidente regional del partido, Ramón Luis Valcárcel, y de su secretario general, Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia.

Nadie les discute sus triunfadores altos porcentajes electorales –cercanos al 60% del voto emitido–,, pero está claro que los dirigentes populares de Murcia utilizan esos resultados para crear desde un punto de vista victimista la sensación de que cualquier actuación contraria a sus postulados o a sus intereses es un ataque a la Región murciana como tal.

Ya lo hicieron a cuenta del caduco y desestimado trasvase del Ebro a las cuencas mediterráneas. Y ahora lo intentan hacer con las actuaciones judiciales en curso. El primer comunicado del PP murciano al respecto insinuaba que todo el asunto de Totana estaba urdido desde el Ministerio de Justicia contra la Región con intereses electorales.

¿Y quién es el actual ministro de Justicia? Mariano Fernández Bermejo, que encabezará la lista del PSOE murciano al Congreso de los Diputados en la próximas elecciones generales de marzo. La táctica del avestruz sigue siendo imitada por el PP murciano cuando se plantean problemas incontrolables. Como hizo Gil y Gil en Marbella y como hace Fabra en Castellón.

www.elconfidencial.com

(Los alcaldes de Puerto Lumbreras y Cieza junto al diputado regional Juan Morales)

El alcalde de Totana seguirá detenido mientras la juez deja en libertad a la secretaria general

TOTANA.- El fiscal del caso Totana, José Luis Díaz Manzanera, solicitó anoche a la juez Navarro Artero, y consiguió, prisión incondicional sin fianza para el actual alcalde y ex concejal de Urbanismo, José Martínez Andreo, del PP, tras más de seis horas de declaración, según nota del TSJ, mientras la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida, quedaba en libertad provisional mediante fianza de 20.000 euros.

La decisión de la juez, anunciada poco antes de las dos de la madrugada, se produce después de la toma de declaración del primer edil, que entró en el juzgado a las ocho de la mañana de este domingo, cuando Martínez Andreo, detenido el pasado viernes, fue puesto a disposición judicial por la Guardia Civil.

El fiscal que investiga la corrupción urbanística en Totana, José Luis Manzanera, había solicitado poco antes para Martínez Andreo prisión incondicional sin fianza por los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público y prevaricación. El detenido fue conducido inmediatamente, a las 2,20 horas, en un vehículo de la Guardia Civil al Centro Penitenciario de Sangonera, a escasos 25 kilómetros de Totana, donde ha pasado ya el resto de la noche en el módulo de ingresos.

Martínez Andreo (en la imagen) está siendo investigado por su anterior etapa como responsable de Urbanismo siendo alcalde de Totana Juan Morales, según fuentes de la investigación. En su declaración ante la juez han salido a relucir «muchos favores» que éste podría haber atendido desde su responsabilidad municipal anterior. La situación de Martínez Andreo podría comprometerse si se confirman los contenidos de «numerosas grabaciones telefónicas» realizadas por la Guardia Civil en los últimos meses.

El actual alcalde debe aclarar su participación en la supuesta falsificación de un documento público porque, de momento, se le ha relacionado directamente con el presunto cobro de comisiones por favores urbanísticos y presuntas decisiones injustas a sabiendas que lo son. Se le acusa de once posibles delitos, entre otros, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación, prevaricación o blanqueo de capitales.

La juez Asunción Navarro ha dejado, pues, en libertad a once de las doce personas detenidas inicialmente, unas con y otras sin fianza, cuando parece que el caso, una vez instruido, pasará hoy a manos del la Sala de Lo Penal del TSJ al aparecer una persona aforada, el diputado autonómico y ex alcalde Juan Morales.

Martínez Andreo fue trasladado a los juzgados de Totana después de permanecer 72 horas en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, donde fue interrogado acerca de la venta de unas parcelas del polígono industrial, del supuesto cobro de favores y de los contenidos de varias escuchas telefónicas, una de ellas relacionada con un almuerzo mantenido con el promotor gallego Manuel Núñez, que también ha sido detenido en esta operación, y puesto en libertad provisional tras pagar una fianza de 150.000 euros.

La permanencia del alcalde durante 18 horas en las dependencias judiciales estuvo rodeada de cierta tensión en la calle, donde se llegaron a congregar simpatizantes y amigos para darle su apoyo. Entre los 250 manifestantes vociferantes, el resto de miembros de PP en la Corporación municipal de Totana.

Los insultos y las amenazas puntuales a los periodistas destacados en Totana continuaron durante toda la jornada del domingo hasta requerir la protección por parte de la Guardia Civil, que creyó conveniente ofrecerla el ante el cariz tomado por los acontecimientos y lo exaltado de los ánimos.

El primero en declarar, tras llegar a las 7,30 horas, fue el empresario y ex-concejal Juan Francisco Casanova, quien quedó en libertad provisional con fianza de 20.000 euros. Después la secretaria general del Ayuntamiento de Totana, Laura Bastida, también quedó en libertad provisional con cargos y una fianza de 20.000 euros para evitar la prisión preventiva por presunto falso testimonio y supuesta falsificación de documento público.

El empresario local y ex concejal de Agricultura fue el primero en abandonar los juzgados por una puerta trasera mientras Laura Bastida también fue luego objeto del apoyo de los vecinos cuando salió del edificio por la puerta posterior, acompañada de su letrado. Ambos tienen que comparecer semanalmente en el juzgado nº 1 de Totana.

La nota del TSJ no especifica los nombres completos ni los cargos que se le imputan a los encausados, si bien informa de la lista de delitos que instruye en este caso y que afecta a las doce personas detenidas.

La relación incluye cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

La información proporcionada por el TSJ especifica que el jueves pasado, cuando se detuvo al alcalde, se practicaron registros en el Ayuntamiento, la concejalía de Urbanismo, la sociedad municipal del Suelo Industrial y Vivienda (Proinvitosa), y en las dependencias de la Policía Local de Totana.

El lunes, indica la nota, se realizaron registros en domicilios, despachos profesionales y oficinas en Vigo, Madrid y Murcia.

La relación de imputados establece que el sábado 30 de noviembre, la juez estableció para P.J.M.R. libertad provisional bajo fianza de 12.000 euros y obligación de comparecer ante el juzgado, en tanto que para D.C.C. y para A.C.L. libertad provisional sin fianza.

Para cuatro de los seis detenidos que declararon el viernes, J.A.A.N., J.C.A., G.M.N., P.J.M.G., la juez decretó libertad provisional con fianzas que van desde los 24.000 a los 90.000 euros; para uno, J.A.G.C libertad provisional sin fianza; y para el sexto, el empresario gallego M.N.A. prisión provisional eludible bajo fianza de 150.000 euros.

Todos ellos tienen retirado el pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, cuya titular ha decretado el secreto de sumario para el procedimiento.

La juez ha dejado en libertad sin fianza a: José Antonio Carrocera, Pedro Martínez, Alfonso Canales, David Carrión y Juan Francisco Casanova.

Y bajo fianza, Manuel Núñez Arias: 150.000 euros; Pablo José Maceira, entre 30.000 y 120.000 euros; Joaquín Carmona entre 30.000 y 120.000 euros; José Antonio Alcántara, entre 30.000 y 120.000 euros. Gabriel Martínez, entre 30.000 y 120.000 euros. Carmen Jordán y Vaneide Freita, entre 30.000 y 120.000 euros. Y Laura Bastida fianza de 20.000 euros.

También se ha sabido que el abogado y militante del PP, Javier Cegarra, es actualmente asesor urbanístico, al menos, en los ayuntamientos de Abanilla, Fortuna, Lorquí, Santomera y Totana, todos ellos gobernados por el PP.

Este partido, y su presidente, Ramón Luis Vacárcel, mantienen silencio ante el encarcelamiento de uno de sus alcaldes, a quien ni le piden su dimisión ni tampoco le expulsan de la formación pese a las solicitudes de la Oposición en ese sentido.- (NEM)

Por otra parte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida + Los Verdes, ante la entrada en prisión, esta madrugada, del Alcalde de Totana, dictada por la titular del Juzgado número 1, quiere manifestar a la opinión pública lo siguiente:

  • "Pedimos al pueblo de Totana que mantenga la serenidad y bajen los niveles de crispación, que solo harán empeorar la situación ya de por si confusa.

    La Institución municipal y el buen nombre de Totana, está muy por encima de políticas, intereses o los mismos concejales y el alcalde, sometidos al imperio de la Ley, tal y como contempla la Constitución española y nuestro ordenamiento jurídico.

    Si existe responsabilidad en los escándalos en las que este pueblo, personas concretas, empresas y familias, se encuentra inmerso, es exclusiva responsabilidad de los que, presuntamente, han incurrido en delitos que socialmente deben ser repudiados sin paliativos.

    Ante la actuación de la Justicia, Fiscal y la Guardia Civil, no se puede, de una forma irresponsable, querer desviar o inventar culpas hacía los periodistas y medios gráficos, que cumplen con su trabajo, igual que los partidos de la oposición, cuyo deber es hablar a los ciudadanos y manifestar opiniones.

    Ante la situación del Alcalde, José Martínez Andreo, y respetando siempre su presunción de inocencia, debe presentar su dimisión de inmediato, para poder defenderse, sin suponer un lastre para el Ayuntamiento de Totana, su partido o los miles de vecinos que depositaron su confianza en el Partido Popular, el pasado 27 de mayo.

    La situación jurídica de la secretaria, Laura Bastida, para la que se decretó prisión, atenuada con fianza, es insostenible como funcionaria máxima en la Institución que representa a los totaneros y totaneras. Un cargo de ese nivel, acusada de presunta falsedad en documento público y falso testimonio, debe cesar de inmediato en sus funciones, por el buen nombre de los funcionarios y la Institución.

    Solicitamos que el Jefe de la Policía Local, sea relevado de su puesto, en tanto no se sustancia su presunta responsabilidad ante los tribunales de Justicia.

    Solicitamos a los miembros del Equipo de Gobierno, que estén a la altura y colaboren con la Justicia, sin cuestionar las decisiones emanadas de la misma, en un Estado democrático y de Derecho.

    Exigimos al Partido Popular en la Región, que adopte medidas urgentes, porque el buen nombre de Totana, no puede ser moneda de cambio en luchas o enrocamientos que alargan una agonía jurídica que nos perjudica seriamente.

    Exigimos al Diputado del PP, Juan Morales, que deje de manifestar la cobardía e irresponsabilidad, salga de la “gatera” que ha convertido un puesto que los ciudadanos le dieron para defender su cargo con honestidad, presente su dimisión y se dirija a los tribunales de justicia, para ser tratado como cualquier ciudadano en una Estado de Derecho. Debe, hoy mismo, hacer un favor al pueblo y la región que tanto dice querer, cerrando su triste y patética carrera política".

El edil de Urbanismo de Totana dirigirá el Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo de Totana y primer teniente de alcalde, Juan Carrión, ha asumido la dirección de la corporación municipal, después de que la titular el Juzgado número uno de esta localidad decretase prisión provisional sin fianza para el alcalde, José Martínez Andreo, del PP, cuyo abogado, José Antonio Ramos, ya prepara un recurso contra el auto judicial.

Según informaron fuentes del ayuntamiento de Totana, la corporación municipal se encuentra reunida en la sede consistorial desde primera hora de la mañana estudiando la situación derivada de la 'operación Tótem', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esta localidad.

Añadieron que, "por protocolo de funcionamiento", Juan Carrión, como primer teniente de alcalde de Totana, sustituye ahora al regidor municipal, aunque la corporación está decidiendo el futuro del Ayuntamiento.

Martínez Andreo presentó esta tarde, lunes, solicitud de baja cautelar en el PP, mientras también se ha sabido que el oficial jefe de la Policía Local de Totana, Alfonso Canales, según la Cadena SER, es investigado por presunto robo de documentación judicial relacionada con casos de corrupción urbanística hallada en su caja fuerte y por presunta falsificación de documento público.- (Agencias)