miércoles, 5 de diciembre de 2007

La CE plantea reforzar la vigilancia al sector bancario

BRUSELAS.- La inestabilidad financiera desatada hace cuatro meses en Estados Unidos y el fuerte repunte de la inflación hasta el 3% en la zona euro fueron los dos asuntos que dominaron los debates de los ministros de Economía en las reuniones del Eurogrupo y Ecofin de anteayer y ayer.

Los ministros de Economía acordaron reforzar la coordinación de los organismos de supervisión del sector financiero en la UE para evitar una crisis hipotecaria como la de Estados Unidos. El acuerdo propone que los tres comités de vigilancia (banca, seguros y Bolsa) tengan una colaboración más estrecha.

El vicepresidente del Gobierno español, Pedro Solbes, admitió que los efectos de la desaceleración económica ya se habían percibido. "La Comisión", precisó, "admitió ayer que si ahora hiciera las previsiones de crecimiento, no serían las mismas que las de hace un mes". Solbes destacó "la preocupación en toda Europa por la subida del precio del petróleo" y advirtió que había que prepararse porque "aumentará la incertidumbre en los próximos meses".

En la misma línea que Bruselas, la FSA, autoridad de los servicios financieros en el Reino Unido, advirtió ayer a las entidades que conceden hipotecas sobre los riesgos de liquidez del sistema. Las condiciones del mercado "serán difíciles en un periodo sostenido".- (PRISA)

Catedráticos, jueces y fiscales piden la disolución de ayuntamientos infractores

MADRID.- El Estado, las autonomías, los ayuntamientos y los jueces son ineficaces para combatir el creciente fenómeno de la corrupción urbanística. Con esa tesis, el Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 200 fiscales, jueces y catedráticos de Derecho Penal de tendencia progresista, ha elaborado un manifiesto en el que proponen que las Administraciones actúen con mano dura, según publica hoy "El País".

Ese foro propone medidas ejemplarizantes como la demolición de edificios ilegales y el endurecimiento de las penas para los delitos relacionados con el fenómeno. Al Gobierno le pide que "no vacile" a la hora de disolver ayuntamientos manifiestamente implicados.

El documento recorre las distintas instituciones competentes para atajar el fenómeno proponiendo a cada una serie de medidas. Además de la disolución de ayuntamientos corruptos, al Estado le sugiere que refuerce la independencia y autoridad de los órganos técnicos de los ayuntamientos (secretarios, interventores y tesoreros) cuyas facultades se han recortado, así como un mayor control de los notarios y registradores de la propiedad, que a veces, según el documento, actúan con "connivencia, complacencia, negligencia u omisión" en estos casos.

Las autonomías, según el manifiesto, deben acotar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos con la aprobación de planes que engloben a varios municipios, estableciendo "límites más estrictos sobre reclasificaciones y recalificaciones de suelo" y obligando a que los planes municipales se basen en "necesidades reales, y no especulativas" de crecimiento de la población. Las comunidades deben controlar especialmente los convenios entre municipios y particulares que, en muchos casos, condicionan construcciones a la recalificación de suelo.

El informe señala como principales responsables del fenómeno a los ayuntamientos. Considera "mera arbitrariedad" su resistencia a los controles de otras Administraciones amparándose en la autonomía local y les pide que ejerzan "sus competencias disciplinarias", en muchos casos abandonadas por impopulares o por el miedo al castigo electoral.

Los jueces de lo Contencioso-Administrativo tienen que dar preferencia a los casos más trascendentes con el fin de restaurar "la situación original dañada" aunque para ello sea necesario llegar a la demolición, que debe ser obligatoria en caso de que se haya cometido un delito. El manifiesto propone que el Código Penal considere prevaricación el informe o voto favorable de cargos públicos a planes manifiestamente ilegales, así como la elevación de las penas de prisión en los delitos contra la ordenación del territorio.

Para prevenir el blanqueo de dinero, muy ligado al urbanismo, defienden que los políticos y funcionarios también estén obligados por ley a informar de operaciones sospechosas.

Propuestas para sanear el urbanismo

- Demolición obligatoria de construcciones ilegales en caso de delito para "restaurar la situación inicial dañada".- Disolución "sin vacilar" de ayuntamientos corruptos.- Controles para evitar la "connivencia, complacencia o negligencia" de notarios y registradores de la propiedad.- Preferencia en los juzgados para los procesos urbanísticos más trascendentes.- Castigar como prevaricación el voto o informe favorable a planes manifiestamente ilegales.- Elevación de las penas para los delitos urbanísticos.- (PRISA)

(Hotel en la playa de El Algarrobico, Carboneras, Almería)

Analfabetos funcionales / Luis del Val


Se puede ser feliz sin leer. En mi casa, por ejemplo, uno de los seres más felices que la habitan es analfabeto profundo, y, aunque entiende y descifra casi una veintena de palabras, no ha aprendido a leer: se trata del perro.

Pero más allá del perro, si hablamos de un ser más evolucionado, el ser humano, por ejemplo, también puede ser feliz sin saber leer, ni escribir, y manejar videojuegos. Y ver la televisión. Cualquier analfabeto está capacitado para disfrutar de la televisión, y del cine, del teatro, y del circo, y de la radio.

Pero analfabetos severos hay pocos en España. Según el informe Pisa lo que puede aumentar en el futuro es el analfabeto funcional, es decir, el ser humano evolucionado que sabe leer y escribir y que interpreta perfectamente el letrero de ‘No hay localidades para la sesión de noche’ o sabe con certeza los que significa ‘entrada’, ‘salida’ o ‘liquidación por restos de serie’, pero que cuando recibe una notificación administrativa, procedente de un organismo, le cuesta desentrañar el significado de la comunicación.

Uno de cada tres escolares, tras abandonar las aulas, no leen jamás un libro. Esa falta de gimnasia neuronal atrofia la comprensión, de la misma manera que si no camináramos nunca, tras abandonar el periodo educativo, llegaríamos a movernos con dificultad.

Pero lo más grave es que, según el informe, está bajando el nivel de comprensión de lectura de nuestros escolares. Descodifican los signos de las palabras, los pueden convertir en sonidos, pero no captan el sentido del escrito. ‘Se me juntan las letras’, le dijo a mi mujer bizarramente un ciudadano al que le pretendía regalar un libro.

Pero eso no significa que se termine la posibilidad de ser feliz: se puede cantar, bailar, escuchar la radio, viajar y asistir a un festival de rock. Lo que le va a resultar más difícil, por ejemplo, es leer y enterarse de lo que dice un ejemplar de periódico.

Los chimpancés tienen mejor memoria que los humanos adultos

TOKIO.- Los chimpancés de cinco años tienen mejor memoria fotográfica que los estudiantes universitarios, según desveló ayer un estudio de la revista ‘Current Biology’ que podría acabar con la idea de la superioridad humana en todas las funciones cognitivas.

El estudio, realizado por un equipo de investigación sobre primates de la Universidad de Kyoto (Japón), podría significar que durante años se ha subestimado la capacidad intelectual de los antepasados más cercanos de la raza humana.

“Aquí mostramos por primera vez que los jóvenes chimpancés tienen una extraordinaria capacidad para trabajar con la memoria numérica, mejor que la de la de humanos adultos a los que se sometió a las mismas pruebas, siguiendo el mismo procedimiento”, dijo el autor del estudio, Tetsuro Matsuzawa, de la Universidad de Kyoto.

El equipo de investigadores de esta universidad hicieron una serie de pruebas a tres parejas de madres y crías de cinco años de chimpancés que competían con estudiantes universitarios en la realización de unos ejercicios de memoria numérica. Todos los chimpancés, madres e hijos, había aprendido previamente a contar del 1 al 9.

El experimento consistía en mostrar a los diferentes sujetos varios números del 1 al 9 en una pantalla. Posteriormente, los números eran reemplazados por una casilla en blanco y los participantes en la prueba debían señalar a través de pantalla táctil que número aparecía.- (EFE)

La producción industrial decreció un 0,9 por ciento en la Región de Murcia

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de octubre de 2007 decreció un 0,9 por ciento frente al mismo mes del año anterior, mientras que para España se registra un ascenso del 4,7 por ciento, según datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a las variaciones de los índices según el destino de los bienes, se produce el mayor incremento en los bienes de consumo no duraderos con un 14,6 por ciento seguido por los bienes de consumo duraderos con un 9,4 por ciento. Por el contrario se producen los mayores descensos en los bienes de equipo con un -13 por ciento, seguido por los productos energéticos con un -6,4 por ciento y los bienes intermedios con un -5,8 por ciento.

Por actividad, las ramas cuya producción han experimentado un mayor crecimiento respecto al mismo mes del año anterior son: la industria textil y de la confección con un 102,2 por ciento, la fabricación de muebles y otras industrias manufactureras con un 15,7 por ciento, la metalurgia y fabricación de productos metálicos con un 14,6 por ciento, la industria de los productos alimenticios y bebidas con un 13,1 por ciento y la industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados con un 7,3 por ciento.- (EP)

Reig Pla y Mendoza se ponen de acuerdo para que el Vaticano decida sobre la UCAM

MURCIA.- El obispo de la Diócesis se Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, y el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, se han puesto de acuerdo al menos en una cosa en el conflicto suscitado por la titularidad de la Universidad Católica de Murcia: Ambos acatarán el dictamen del Vaticano en esta cuestión, según revela hoy "La Verdad".

Reig Pla y Mendoza se han dirigido por separado a la Santa Sede para exponer sus razones en el conflicto y para que los dirigentes de la Iglesia determinen quién es el propietario de la Universidad. El obispo lo hizo la semana pasada en compañía del arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez. Ambos se dirigieron al Dicasterio de Educación para presentar su causa después del recurso de reposición presentado por Reig Pla ante el Gobierno regional, en el que solicitaba a su vez la suspensión cautelar del decreto que aprobó los polémicos estatutos .

El consejero de Educación, Juan Ramón Medina Precioso, ha seguido en los últimos días en contacto con las dos partes litigantes con el fin de propiciar un acuerdo entre ambos. Dicho acuerdo no ha sido posible en los últimos meses, toda vez que el obispo y el presidente de la Fundación han discrepado abiertamente sobre la titularidad de la UCAM. No fue suficiente un informe jurídico de la Conferencia Episcopal, solicitado por Mendoza, el cual daba la razón a la Fundación al interpretar los términos del decreto de erección de la Universidad Católica.

Este informe limitaba la actuación del obispo a su papel de Gran Canciller para velar por los valores católicos de la institución académica, y poco más.

Varias fuentes consultadas opinan que la mejor forma de solucionar el conflicto es que el Obispado y la Fundación se pongan de acuerdo entre ellos, ya que si la decisión pasa a la jurisdicción civil -el TSJ, en el caso de que el Gobierno regional se inhiba- se podría eternizar la disputa sobre la titularidad de las propiedades.

El conflicto, sin embargo, tiene otro campo de juego. Como es el Gobierno regional, dado que sus Servicios Jurídicos deben pronunciarse sobre el recurso de reposición del obispo, en tanto que éste no lo retire. El plazo para contestar finaliza a mediados de este mes.

Por otra parte, el obispo de Cartagena, Juan Antonio Reig Plà, se ha reunido en las últimas semanas con profesores de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) para transmitirles su firmeza y su intención de llegar hasta el final en el conflicto que mantiene con su presidente, José Luis Mendoza, por la titularidad de la institución académica, según cuenta hoy "La Opinión".

En dichas conversaciones Reig Plà ha pedido a los docentes que continúen trabajando por el bien de la Universidad a pesar de las dificultades con las que puedan encontrarse en el día a día. Todos los docentes con los que Reig Plà se ha entrevistado pertenecen a un sector de la Universidad Católica que discrepa con Mendoza en la forma de llevar la institución.

Reig Plà ha querido con estos encuentros garantizar y asegurar a los docentes que, cómo máximo representante de la Iglesia en la Región, no piensa echarse atrás en su pugna con Mendoza.

Además, el obispo también ha mantenido encuentros con profesores que ya no trabajan en la UCAM precisamente por sus diferencias con el presidente. A ellos también les ha informado de la batalla que ha iniciado y que está levantando una verdadera polvareda en el seno de la Iglesia murciana.

Lo que más ha sorprendido a los docentes que han acudido a estos encuentros personales con el obispo es que Reig Plà ha sido muy pragmático y claro con sus intenciones; está seguro de que la Iglesia le dará la razón.

Tal y como publicó esta redacción hace casi dos semanas, el obispo de Cartagena ha presentado un recurso formal ante la Comunidad Autónoma contra los estatutos de la UCAM, que elaboró la Universidad y que aprobó el Gobierno regional.

El motivo es que en esos estatutos la titularidad de la UCAM se atribuye a la Fundación Universitaria San Antonio, cuyo máximo representante es José Luis Mendoza. En los decretos fundacionales de la institución era la Iglesia católica la titular de la Universidad y la citada fundación figuraba como promotora de la Universidad y responsable de su gestión.

Al conocer el contenido de los estatutos Reig Plà, no sólo interpuso el recurso ante la Comunidad Autónoma, sino que también llevó el asunto a la Junta de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal y a los Dicasterios de Roma (tribunales). Por el momento ninguno de los estamentos que estudian el caso se ha pronunciado, mientras que la Conferencia Episcopal guarda silencio .

(Monseñor Francisco Javier Martínez)

Las inversiones de CAM y Caja Murcia en la costa 'saltan' a Bruselas

MADRID.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Kutxa y Caja Murcia se han visto afectadas por la investigación abierta por la Comisión Europea (CE) por el urbanismo incontrolado en las costas de Murcia, tal y como adelantó elEconomista el sábado. La denuncia admitida a trámite no sólo alerta sobre la edificación salvaje, sino que analiza los nexos entre planes urbanísticos, políticos y cajas.

Bruselas estudiará estas cajas como "instrumento de esta corrupción", según la denuncia del abogado murciano Diego de Ramón a la que ha tenido acceso este periódico. También les acusa de actuar como un "monopolio" financiero.

Esta presunta trama consistiría en la presencia de los políticos dentro de los órganos de gobierno de las entidades. Estos políticos, a su vez, son los mismos que, en el seno de la Administración Pública, "modifican planes existentes que protegen el Medio Ambiente y aprueban desarrollos urbanísticos que suponen cantidades millonarias".

Estas recalificaciones y aprobaciones se traducen en "rápidos beneficios" para las cajas que acaban "sin repercutir en proporciones iguales en la Obra Social", alerta.

Expediente de infracción para España

Por ello, la denuncia exige "la inmediata intervención del Parlamento Europeo en el control urbanístico del Levante murciano, por cuanto de forma indirecta afectaría a la contaminación del Mar Nostrum con si fuese una mancha de aceite". Bruselas podría abrir expediente de infracción a España por ir en contra de directivas de Medio Ambiente.

Sin embargo, la CE no tiene competencias ni "poder" sobre las cajas -supervisadas por el Banco de España y bajo tutela de las autonomías-. Por ello, su resolución no tendría consecuencias para las entidades españolas, según las fuentes europeas consultadas.

Otra cosa muy distinta es que se demuestre la posible corrupción entre urbanismo, políticos y cajas. En este caso, podría adoptar una serie de medidas, sin clarificar.

La presunta corrupción de los políticos españoles -Totana, en Murcia, ha escrito un nuevo capítulo- ya no sorprende en Bruselas. El pasado viernes fueron detenidas dos personas más por delitos urbanísticos, en el marco de la operación Tótem.

Una de las ellas es Juan Francisco Casanova, ex concejal del PP de Agricultura, Ganadería y Caminos del Ayuntamiento de Totana entre 1994 y 1999. El otro es Diego C., empresario de Puerto Lumbreras.

Las inversiones millonarias

Las cifras hablan por sí solas. En La Zerrichera (Águilas-Murcia), la Kutxa tiene compromisos por más de 100 millones en la construcción de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 2,4 millones de metros cuadrados. De momento, los beneficios de esta inversión tendrán que esperar ya que el proyecto está paralizado en los juzgados.

Además, la entidad que preside Carlos Etxepare tuvo que desembolsar 23 millones de adelanto al promotor, con lo cual es dinero perdido, a la espera de que los juzgados le den vía libre. La caja seguirá adelante con algo que hoy es poco más que un patatal.

Pero los escarceos de Kutxa en la costa murciana no acaban aquí. El plan urbanístico proyectado en Lo Poyo (Mar Menor) -también paralizado por el Ayuntamiento de Cartagena- participa con una financiación de 110 millones de euros.

En un principio Kutxa y 3 empresarios vascos decidieron aliarse para invertir 220 millones, al 50 por ciento, en el proyecto. Sin embargo, la implicación de uno de estos empresarios, Javier Arteche, en la Operación Malaya, propició que la caja vasca rompiera la alianza. Construiría unas 5.000 viviendas.

Mientras, la CAM aparece vinculada al proyecto en Nueva Cartago-Cartagena. La caja fue el mayor accionista y tenía el poder en la constructora Hansa Urbana, aunque la entidad decidió rebajar drásticamente su capital hasta el 15 por ciento. El abogado Diego de Ramón cifra en 900 millones las inversiones totales en este proyecto, de los cuales una buena parte serían concedidos por CAM.

La caja declinó revelar a este medio el importe concreto de financiación a la promotora. Hansa Urbana construirá una zona residencial en la que hay proyectadas 5.000 viviendas, zonas hoteleras de lujo y dos campos de golf de 18 hoyos. Kutxa también tuvo aquí unos terrenos, pero los vendió.

La presencia de CAM en Murcia no se limita aquí, ya que también financia parte del proyecto de Polaris en el Mar Menor, que prevé inversiones de 1.018 millones. La caja valenciana lidera un préstamo sindicado de 328 millones, junto a EBN Banco, concedido en 2005.

En diciembre de 2004, Caja Murcia y Ahorro Corporación -el brazo financiero de las cajas españolas- lideraron otro préstamo de 500 millones, donde participan 18 entidades, según han confirmado a este medio fuentes de la caja que dirige Carlos Egea.

(Paraje a destruir por Novo Cartago)

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