miércoles, 26 de diciembre de 2007

Advertirán a las autoridades monetarias internacionales de la supuesta falta de legalidad de las cuotas participativas de la CAM

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón, en su calidad de cliente de la CAM, se va dirigir previsiblemente la próxima semana, por conducto fehaciente, a las autoridades monetarias de España, la Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza, aparte de Parlamento y Defensor del Pueblo Europeo, para advertirles de la supuesta falta de legalidad de la prevista emisión de cuotas participativas aprobada por la Asamblea General de "Caja Mediterráneo" el pasado 14 de diciembre, e instarles a su inspección o comprobación en sus respectivos ámbitos de actuación por estar presente la CAM, si la Generalidad Valenciana no abre una amplia investigación al respecto antes de una semana.

En este sentido este letrado se ha dirigido previamente a la "Consellería" de Hacienda de la Comunidad Valenciana, como anteriormente hizo a la CNMV, al objeto de que ambas intervengan conforme a sus respectivas competencias por si el objetivo encubierto de la citada emisión fuese "cubrir déficit económico por la demasía de inversión en la Construcción, y la falta adecuada o proporcionada en inversiones sociales", al tiempo que solicita una auditoría sobre esas inversiones sociales de la CAM, durante los cinco últimos años, en Alicante, Murcia y Valencia, para saber si la financiación de la campaña "Agua para todos" ha salido de ese programa.

De Ramón solicita concretamente en su escrito a la Generalidad Valenciana se investigue "la falta de cumplimiento de Directivas Europeas, sobre las garantías de protección al inversor, ya que las cuotas participativas le quitan el derecho de voto; y en lo referente a la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril del año 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo".

El abogado murciano desea también se extienda la investigación a Suiza en el campo del blanqueo de capitales procedente de actividades presuntamente delictivas y de la corrupción política, oficiando al efecto desde el Banco Central Europeo a la Oficina Federal de Justicia y Policía helvéticas "para que la transmita a la autoridad competente, sobre el sistema de control interno y de cooperación internacional en el Ordenamiento jurídico suizo, con la normativa comunitaria establecida para ampliar la cooperación entre las instituciones financieras y las autoridades, mejorando el intercambio de informaciones entre autoridades nacionales de los Estados miembros".

De Ramón cita expresamente en su escrito, de advertencia y alerta, la cobertura jurídica en la Confederación Helvética para luchar contra el blanqueo de capitales en el sector financiero. Y apela a la ley federal sobre Bolsas y comercio de valores muebles en relación con la ley federal sobre la lucha contra el blanqueo de dinero en el sector financiero suizo. Una ley que se aplica a todos los intermediarios financieros a la hora de identificarlos con sus clientes o beneficiarios económicos del dinero que gestionan.

Esta última petición se relaciona con la necesidad de saber "cuantas entidades financieras suizas o sociedades participativas tiene la Caja de Ahorros del Mediterráneo en territorio helvético a la hora de captar recursos y beneficios económicos que tengan que tributar en España y también para ser reinvertidos proporcionalmente en la obra social".

Insiste De Ramón en que "es propio tener en cuenta en dicha investigación las Directivas europeas 91/308, modificada por la 97/2001, que establecen un sistema de prevención de la utilización del sistema financiero para la lucha contra el blanqueo de dinero y que se extiende, en fraude y perjuicio, al presupuesto comunitario, habrá que investigar los casos de inversiones crediticias en casos de corrupción inmobiliaria,-recalificaciones, planes urbanísticos, anulaciones o revocaciones de desprotecciones de zonas protegidas, modificaciones puntuales, etc) y se deberá seguir la investigación sobre la misma acción abierta por la Comisión Nacional de la Competencia sobre la CAM en relación con los contratos de seguros –Directiva 91/308/CEE y la Directiva 2001/97/CE- que tengan clausula de rescate o puedan servir de garantía para un préstamo".

De Ramón exige a la Generalidad las cantidades finales que han sido destinadas por la CAM a Fundaciones y las auditorías que se hayan podido realizar sobre las mismas, con enumeración de sus destinatarios sociales. También desea saber las inversiones sociales, con los porcentajes de beneficios, realizadas por la CAM en los últimos cinco años.

El letrado da un plazo de cinco días hábiles a la "Consellería" de Hacienda de la Generalidad Valenciana para que le conteste afirmativamente a sus solicitudes, so pena de acudir en amparo al Parlamento Europeo, Defensor del Pueblo europeo, Banco de España, Banco Central Europeo, Reserva Federal norteamericana, Banco Nacional Suizo y al Financial Services Authority, del Reino Unido.

Finalmente, Diego de Ramón dice basar sus peticiones en la máxima transparencia exigida en la "cumbre de Lisboa" donde, a su juicio, "se debatió la crisis económica y donde los jefes de Estado y de Gobierno instaron al Banco Central Europeo a que siga "de cerca" la situación de las Bolsas y dieron su apoyo al Ecofin en su tarea de elaborar un plan que permita prever la crisis".

En este sentido, el abogado y cliente de la CAM, dice en su escrito de petición a la Generalidad Valenciana que "reforzando esta orientación, los jefes de Estado o de Gobierno de Francia, Alemania e Inglaterra, firmaron una declaración en la que piden más transparencia y regulación en los mercados financieros para que faciliten mayor información sobre las operaciones de titulización, y así no dejarnos amedrentar por fondos especulativos sin escrúpulos, que no corresponden a los criterios de transparencia de un mundo civilizado, según lo dicho por el señor Sarkozy".
(Sede en Londres de la Financial Services Authority)