CORVERA.- Los vecinos de Corvera, los Martínez, Valladolises, Balsapintada y resto de pedanías afectadas por el proyecto de situar un aeródromo en sus inmediaciones se han organizado en la "Plataforma Aeropuerto de Corvera" (PAC) y, asesorados por el abogado murciano Diego de Ramón, han presentado ya un primer escrito ante los Ministerios de Fomento, Medio Ambiente y Administraciones Públicas, para que su planteamiento no resulte finalmente una chapuza que conculque la legislación europea e internacional.Los vecinos de la comarca agrupados en la PAC, que no se oponen de principio a esta nueva infraestructura, sólo pretenden tener voz y voto a través de su presencia reglada en la Comisión de Seguimiento Ambiental y a la hora de elaborar el Plan Director, en el que también solicitan su presencia fija.
De no ser tenidos en cuenta, ya anuncian en su escrito la determinación de defender, hasta las últimas consecuencias, sus derechos en las instancias europeas e internacionales correspondientes por inaplicación de los convenios, y a la opinión pública para denunciar ante los potenciales usuarios que utilizar estas instalaiones lo es a costa de "producir daños y agresiones ambientales a los vecinos" . La batalla de Corvera, pues, parece que no ha hecho más que empezar si los promotores regatean a la baja con todas las inversiones que requiere una instalación de última generación.
Y es que si la sociedad promotora del aeropuerto de Corvera, "Aeropuertos de Murcia S.A.", no se ajusta a la legislación internacional vigente al respecto, se puede encontrar a la vuelta de la esquina con una decisión judicial de paralización de las obras, tal como ya ha ocurrido en el proyecto que paralelamente se desarrolla en Castellón. De Ramón opina que en Murcia no tiene por qué suceder eso si, desde el principio, las cosas se hacen correctamente y sin afectar a los derechos fundamentales de los vecinos afectados.
Hasta diez preceptos legales en vigor cita la PAC en su escrito, dirigido también a la Dirección General de Aviación Civil y a la Dirección de Calidad/Evaluación Ambiental, para justificar la necesidad de su presencia en los órganos creados "ad hoc" y que deben velar por la "correcta defensa del proyecto de evaluación de impacto ambiental" en lo que se refiere especialmente a contaminación atmosférica y acústica.
Se habla en el citado escrito del equilibrio "que debe existir entre los intereses generales y los particulares" en lo referente a los derechos humanos, de salud pública y patrimoniales. Y cita expresamente sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, de Estrasburgo, sobre cuestiones de impacto acústico en las inmediaciones de aeropuertos y la polución que se deriva del despegue de aeronaves de tecnología antigua y/o subsónicas, así como de los efectos de los anillos del inherente campo electromagnético en la salud de los vecinos del entorno en el ámbito de afecciones respiratorias, óseas y hematológicas.
En el escrito se recuerda la necesidad legal internacional de aportar "certificado de ruido emitido" y "certificado de limitación sonora" por los límites que establecen a la utilización de una infraestructura de esta naturaleza por parte de aeronaves a las que no se debe autorizar aterrizar y despegar en el nuevo aeródromo. Se cita expresamente la normativa vinculante emanada de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) y la legislación refundida y traspuesta de la Unión Europea al cuerpo jurídico español, ambas con fecha del año 2003.
No olvida la PAC en su escrito, advertir sobre la ineludible necesidad de que la Comunidad Autónoma de Murcia se ajuste en todo a la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Luxemburgo respecto a subvenciones al proyecto de Corvera, ya que considera en sus sentencias, a todos los efectos, "agentes económicos" a los aeropuertos y aeródromos dentro de la Unión Europea, para garantizar la igualdad entre infraestructuras públicas y privadas, y la libre competencia en el mercado aeronáutico europeo.
En cuanto al futuro Plan de Director, "importante en cuanto a las servidumbres y limitaciones del derecho de propiedad y de los habitantes", se habla del derecho legal de expropiación a los vecinos cuando los límites de ruido, siempre por debajo de 65 dB (A) de día y de 55dB (A) de noche, no se reduzcan con aislamientos acústicos convencionales, hasta los 35 dB (A) de día y los 30 dB (A) por la noche.
En síntesis y en conclusión, la PAC finaliza su escrito con seis puntos:
1.- Tener en cuenta las normas de la OACI sobre la homologación fónica de aeronaves.
2.- Limitar y /o suprimir de noche la actividad de los vuelos más estrepitosos.
3.- Prevenir los niveles de ruido no permitido, con un sistema automático compuesto de 13 terminales de vigilancia conectadas a un centro de datos y de control.
4.- Cumplir la normativa vigente de mantener para las aeronaves en los planes de vuelo, unos pocos intinerarios para evitar el ruido en las zonas edificadas.
5.- Utilizar los procedimientos de aproximación de aeronaves considerados más silenciosos.
6.- Fijar un programa de aislamiento acústico de las viviendas, subvencionado al 100%, dentro de los límites de contaminación fijados legalmente, y que se deberán reflejar en los correspondientes mapas de ruido y huella sonora.
Apercibimiento de BruselasPor otra parte, la Comisión Europea ha dado una mala noticia al presidente Valcárcel, a través del Ministerio de Fomento, sobre el proyecto de Corvera, por un claro incumplimiento de normas medioambientales comunitarias al no realizar el gobierno murciano un análisis exhaustivo de alternativas para valorar de forma adecuada el fuerte impacto de esta compleja infraestructura en los núcleos de población cercanos y consolidados, caso de Corvera o Los Martínez del Puerto.
El estudio aportado en su día por la Comunidad Autónoma no refleja tampoco los nuevos núcleos residenciales que se están construyendo a muy escasa distancia de donde están proyectadas las nuevas instalaciones aeroportuarias, como es el caso de la holandesa "Mosa Trajectum" o la catalana "Hacienda del Álamo, precisamente una de las empresas denunciantes de esta situación en Bruselas.
La Comisión Europea hace corresponsable al Ministerio de Fomento de España por "no haber ejercido adecuadamente la función que le corresponde de velar por la corrección del procedimiento" y lo apercibe para que actúe ahora, pese a las resistencia de Valcárcel de volver a partir de cero, no aprobando el proyecto de obras presentado por "Aeromur" ante Aviación Civil.
Según diversas fuentes conocedoras de la nueva situación, el Gobierno central que salga de las urnas, sea del color que sea, tendrá que acatar la decisión de Bruselas para no acabar denunciado ante el Tribunal de Luxemburgo, con la carga económica para España que una situación de insubordinación puede acarrear por un descuento en los fondos de cohesión asignados a nuestro país.- (NEM)
