domingo, 13 de abril de 2008

Diego de Ramón pide se investigue si en la CAM se ha producido un vaciamiento patrimonial

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón se ha vuelto a dirigir al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que, ampliando las peticiones de su anterior escrito de solicitud de investigación de determinados aspectos de la gestión en la CAM, fechado en marzo pasado, se averigüe también si se ha producido un eventual vaciamiento patrimonial en detrimento de los fondos sociales a que está obligada por ley.

Para justificar aún más su legitimidad a la hora de solicitar estas pesquisas al órgano supervisor, siempre en aras de la mayor transparencia de los mercados, cita la aprobación por la Comisión Europea, el pasado 3 de abril, del Libro Blanco, "que aspira a facilitar las reclamaciones de daños y perjuicios contra las empresas que han violado las normas de competencia, entre ellas las entidades financieras", (...) por lo que se tendría que informar al Banco Central Europeo de los extremos de mi anterior escrito "ya que el dinero de las cajas de ahorro es un dinero público, dada su única y recta misión de función social".

Este letrado alude a la especial importancia en este caso de las situaciones de riesgo ante la inexistencia del escrutinio del mercado para con las cajas de ahorro; a que "se encuentran en el ojo de la total crisis inmobiliaria" y a que "algunos bancos internacionales y agencias de calificación han sido muy críticos con estas entidades".

Se refiere posteriormente a la progresión de la tasa de morosidad en las cajas, "incluida la Caja de Ahorros del Mediterráneo", y dice que "el volumen de préstamos que ha entrado en mora se eleva a 1.103 millones de euros, un 0,67% del total de su cartera de créditos a promotores, más del doble que hace un año, y siendo significativo que en el crédito con garantía hipotecaria, la morosidad ha subido del 0,41% al 0,72% en el último ejercicio hasta diciembre pasado, siendo de 4.154 millones de euros en el total del conjunto financiero".

Revela a continuación, citando al Fondo Monetario Internacional, que "las tasaciones o precios de las viviendas (...) siguen sobrevaloradas entre el 15% y el 20%, en términos reales y descontada la inflación", según la declaración efectuada por el alto funcionario del Fondo Monetario, don Roberto Cardarelli, quien "coloca a España como uno de los países de mayor riesgo a la hora de afrontar la corrección del sector".

A su juicio, cabe examinar en consecuencia "la venta de activos, de acciones compradas en su día, para obtener liquidez" para ver "si se ha producido la disminución patrimonial de esta Caja y por tanto la merma de depósitos sociales, y cuáles han sido los motivos de este posible vaciamiento patrimonial, sus causas y personas responsables en la dirección en esta escalada hacia abajo de los activos".

Recuerda que, "a todo esto, hay que tener en cuenta que la nueva Ley de Suelo ha depreciado el valor de los activos inmobiliarios y de las financiaciones otorgadas, por lo que en este contexto las cajas van a tener que registrar pérdidas derivadas de este cambio normativo". A su juicio, incluso, "peor escenario se presentará para las cajas de ahorro que cuenten con suelo en propiedad, ya que la aprobación de la citada ley ha supuesto una depreciación de estos activos".

Este letrado, erigido en defensor de los derechos de todos los perceptores sociales de la CAM en calidad de ciudadano de la Unión Europea, pide igualmente que se analicen o evaluen los activos patrimoniales "en cuanto al valor real de dichos bienes inmuebles, por el reajuste de tasaciones (...) con arreglo al mercado actual, al valor de hoy" y se refiere, en concreto, "a los avales que presenta la CAM en sus titulizaciones de las hipotecas contraídas en el mercado crediticio, de cara a la solvencia, hacia el Banco de España y de cara a la concurrencia en las subastas de dinero del Banco Central Europeo".

Expresa De Ramón en su escrito al gobernador, que también cabe esta investigación específica, "por posible concurrencia desleal de cara a otras instituciones bancarias europeas, que cumplen con un grado de solvencia más riguroso o estricta disciplina del mercado financiero".

Igualmente, en este escrito de ampliación de peticiones a Fernández Ordoñez (en la imagen) para una mayor transparencia de la CAM, De Ramón habla de "fuertes contradicciones de esta Caja (...) ante la falta de investigación o evaluación de lo que dice que es cierto, que no lo sabemos, nos tenemos que fiar de lo que dice, puesto que no ha existido un órgano supervisor que informe a la Opinión Pública del estado real de dicha Caja con estos antecedentes dichos".

Y le recuerda que ya se prevé en el acuerdo de Lisboa, del pasado 13 de diciembre, la creación de una Fiscalía europea para "investigar, perseguir, y someter a juicio, a los autores y cómplices de infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, competencias que se podrían ampliar en el futuro a todos los delitos graves de dimensión transfronteriza".

En este sentido, le insta a que se averigüe "el posible contrato blindado de su director general (...) y si está en consonancia con la responsabilidad, en caso de producir daños por él mismo a la Caja, si se corresponde con la reparación económica a la misma", su vigencia, efectividad, y su modo de ejecución, "y si se ha publicitado ante los órganos de dirección, resto de responsables políticos y agentes, como de los propios clientes en su memorando, y si afectaría a costa de posibles beneficios de la merma en las inversiones sociales".

Aprovecha finalmente para que se constate si en el año 2007 se pudieran haber mermado las inversiones sociales por "los créditos concedidos en dicha Caja de Ahorros del Mediterráneo, en cuanto a los doce consejeros, que se le han dado créditos por valor de 21.500.000 euros (...) y en el año 2006 a muchos más consejeros y otras personas en muchisimo más dinero, qué tiempo dejado de carencia y al tipo de interés que se le ha dejado".

El asfixiante poder del (nuevo) Gobierno / José Antonio Zarzalejos

Rodríguez Zapatero, con la confianza del Congreso obtenida en segunda vuelta, quedó hoy investido con una cláusula constitucional de apoderamiento exorbitante (artículos 97 y siguientes de la Constitución) no compensado con una correcta separación de poderes ni con los higiénicos equilibrios de los contrapoderes sociales de distinto y legítimo orden. La conclusión inmediata es que el Gobierno en España —aún ajustándose a la Constitución— dispone de un poder que fagocita a los otros dos del Estado, el legislativo y judicial, y absorbe cualquier forma de vertebración ciudadana que se sitúe al margen de los partidos políticos.

De forma libérrima, sin el control parlamentario de idoneidad que sí existe en otras democracias, Rodríguez Zapatero nombró a los miembros de su Gobierno a los que las leyes no exigen ningún tipo de cualificación para ser titulares de sus respectivos Ministerios ni clase alguna de requisito sea académico, profesional o, simplemente, empírico. Un nombramiento ministerial motivado en la amistad personal y la confianza es formalmente idéntico al que se produce por razones de excelencia intelectual o gestora. El mérito no es aquí y ahora una credencial en política y tenemos ocasión de comprobarlo en algunos casos en la lista del nuevo Gabinete de Rodríguez Zapatero.

No siempre fue así. Los Gobiernos de UCD estuvieron plagados de grandes profesionales de distintos ámbitos y en varios equipos de González se incrustaron figuras de singular altura y dimensión. Aznar llegó a disponer de un banquillo espectacular con suplentes tan brillantes como los titulares. En un determinado momento —seguramente cuando mediaba la segunda legislatura del PP— la política sufrió una significativa y brusca descapitalización y se produjo después una huída hacia los márgenes externos de la vida pública de los grandes personajes de la Transición. Alfonso Guerra es, quizá, el último mohicano de una forma de entender y practicar la política ahora en manos mucho menos expertas, más ideologizadas, y, en cierto modo, más funcionariales.

La expansión de los poderes del Gobierno es extraordinaria y peligrosa. Del Consejo de Ministros sale más del noventa por ciento de la normativa que el Parlamento eleva a ley ordinaria u orgánica; del Ejecutivo salen las instrucciones a su grupo parlamentario que negocia según pautas gubernamentales los nombramientos en el Poder Judicial y —con el concurso de la oposición mayoritaria y las minorías— se configuran sus órganos de Gobierno y el Tribunal Constitucional. De la Moncloa sale también el Fiscal General del Estado y de esa residencia presidencial salen asimismo las indicaciones sobre quienes deben ocupar delicadísimos cargos en los organismos reguladores. Es decir, que Montesquieu, el gran teórico de la separación de poderes, está efectivamente muerto y enterrado aunque la resurrección de su tesis central sería una buena receta para la regeneración democrática.

El problema no es tanto de leyes que limiten el poder del Gobierno como la ausencia de una concepción más democrática y respetuosa del sistema democrático entendido éste no sólo en términos políticos sino también sociales. El Gobierno no sólo dispone de facultades enormes porque las normas se las confieren, sino porque el Ejecutivo es consciente de que —por una inercia histórica— la sociedad española reverencia el poder y muchas de sus elites juegan, incluso, a la adulación de los que lo ostentan. Cuando se dice que en España no existe “sociedad civil” sino estructuras de poder que se superponen a ella, se está aludiendo precisamente a la asfixiante presencia gubernamental en detrimento del protagonismo social en el ámbito empresarial, cultural, mediático y universitario por poner algunos ejemplos.

Instalados en un sistema cerrado y endogámico de partidos y en una preeminencia gubernamental que desertifica a los otros poderes del Estado, la recuperación de una democracia social más auténtica se antoja un objetivo difícil. Y ni Rodríguez Zapatero ni Rajoy han dicho nada al respecto. Han apelado al diálogo, pero a un diálogo entre ellos, no a una interlocución con la sociedad. Que tendría que ser —la crisis económica encima de la mesa, el desastre de la justicia en fase aguda y la cuestión territorial ardiente— la primera preocupación del primer Gobierno de la segunda legislatura del macropresidente Rodríguez Zapatero.

El juez que ha mandado a prisión al alcalde de Torre Pacheco está en el ojo de un huracán

MURCIA.- La decisión del juez Salvador Calero de enviar a prisión al alcalde de Torre Pacheco ha desatado una tormenta política y judicial como hace años que no se conocía en la Región. No tanto por el encarcelamiento del primer edil del PP como por los elementos que rodean al caso, algunos de ellos extra judiciales, y por haberse encontrado de frente con el abogado José Pardo Geijo, quien desde las primeras horas ha puesto en entredicho la competencia del juez para entender el caso y ha criticado la vertiginosa secuencia de decisiones tomadas en pocos días, dentro del juzgado de Instrucción número 4 de San Javier, para enviar a su cliente a prisión, según relata hoy "La Verdad".

Salvador Calero, hijo del abogado del Estado Juan Ramón Calero, anterior presidente del PP murciano, fundador del Partido Demócrata Español y uno de los políticos destacados durante la Transición democrática, rechaza ser un juez estrella. Huye de los fotógrafos y sólo busca la discreción. Con 30 años, soltero y aficionado al paddle, guarda cierta similitud física con el alcalde de Torre Pacheco si se repara en la edad -García Madrid tiene 32 años- y en el corte de las patillas.

Como titular del juzgado de Instrucción número 3 de San Javier, Salvador Calero actúa también, desde el pasado día 26, como juez sustituto del Juzgado número 4 debido a la baja por maternidad de Aránzazu Moreno, quien ha llevado desde hace más de un año el caso de la presunta trama de corrupción urbanística en Torre Pacheco y Fuente Álamo. Todo dentro de un sumario de más de 16.000 folios surcado de miles de grabaciones telefónicas del alcalde García Madrid y del constructor Facundo Armero, principalmente. Aunque también alcanza a la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa ( PP) y a su arquitecto municipal.

Cuarenta y ocho horas después de hacerse cargo de la sustitución, a Salvador Calero no le tembló el pulso a la hora de decidir la detención del regidor de Torre Pacheco el pasado 28 de marzo, momentos después de que el fiscal del caso, José Luis Díaz Manzanera, le entregara en mano las diligencias contra el alcalde y otros por un presunto delito de malversación de caudales públicos en la operación de permuta de los terrenos, que podrían haber causado un perjuicio de cinco millones de euros a las arcas municipales.

Tan claro lo tenía el juez, que fue más allá de las medidas que pedía el fiscal, ya que este último solicitaba la detención del arquitecto técnico Ramón Ángel Cabrera Sánchez y la declaración como imputado del alcalde García Madrid «de la forma que proceda a resultas de las actuaciones anteriores»

La pregunta que muchos se hacían era cómo, en tan poco espacio de tiempo y sin conocer con detalle el sumario matriz de miles de folios, el juez había enviado a la cárcel al arquitecto técnico y, sobre todo, al alcalde. El abogado Pardo Geijo llegó a preguntarse con acidez crítica si acaso el juez no era «un superhombre». A Salvador Calero le bastó conocer en detalle el contenido de 100 folios y madurarlo durante un fin de semana para actuar. Eso sí, a la velocidad del rayo.

El Tribunal Superior de Justicia ha convalidado la sustitución de Aránzazu Moreno por Salvador Calero; mientras que el presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Pacheco, ha solicitado respeto para el trabajo de los jueces.

¿Hace falta tener espolones, o acaso emerge una nueva generación de jueces que tienen más claras otras prioridades cuando se trata de delitos relacionados con el urbanismo? Unos delitos para los cuales se dispone de más herramientas legales y policiales para combatirlos que antes. La experiencia de Salvador Calero se cifra en que fue nombrado juez hace cinco años, cuando contaba 25 de edad, después de sus estudios de Derecho en Murcia, donde fue premio extraordinario fin de carrera. Pasó un año de prácticas en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para ocupar después la plaza de San Javier, la cual dejará cuando ascienda a magistrado.

Las argumentaciones jurídicas de los abogados defensores se han trufado con interferencias extrajudiciales cocinadas en algunos recodos del PP, dirigidas a cuestionar la capacidad de estos jueces y hacer mella en su prestigio por diferentes cauces. Dos alcaldes en prisión, un ex alcalde y diputado nacido de la lista popular, como Juan Morales, con una fianza de 200.000 euros para eludir la cárcel de Sangonera; amén de otros alcaldes y ex altos cargos imputados, resulta demasiado para el PP murciano.

En el caso de Salvador Calero, ha saltado a la palestra como un resorte el simple hecho de ser hijo de Juan Ramón Calero. Algo que ciertos sectores han procesado para apelar a una especie de «venganza de Calero» hacia el Partido Popular a través del brazo ejecutor de su hijo.

Calero, que alcanzó las mayores cimas en el PP durante los tiempos de Manuel Fraga y Hernández Mancha -fue portavoz en el Congreso de los Diputados- perdió el control del PP murciano en el año 1991 frente a Ramón Luis Valcárcel. A partir de ahí, y después de su paso por la portavocía de la Asamblea Regional, empezaron a fraguarse los reproches y la enemistad política.

Resultaría muy difícil hilvanar una supuesta venganza de Calero. Éste ha comentado en los últimos días si es que acaso ha estado criando a un hijo para que fuera juez, para que acto seguido le tocara ejercer en un juzgado de Instrucción de San Javier, y para que le haya caído este caso de presunta corrupción. Todo ello con la supuesta finalidad de una venganza hacia el PP servida en un plato muy enfriado durante 17 años. Como abogado del Estado, lleva en curso, entre otras, la demanda del Ministerio de Medio Ambiente contra el Gobierno regional por la obras de Puerto Mayor, en La Manga, paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia. Una chinita más que algunos han querido meter en este zapato.

Juan Ramón Calero cree que puede contar con los dedos de una mano los enemigos que pueda tener en el PP. Le gusta recordar que muchos alcaldes populares le siguen felicitando la Navidad y que continua haciendo favores a su antiguo partido, cuando alguien se lo pide. Las discrepancias políticas se difuminarán del todo el mes que viene, cuando el PADE, el partido que Calero fundó, probablemente se diluya dentro del Partido Popular.