Una de las primeras acciones legales del juez, Guillermo Solís, encargado del caso, fue oficializar la detención de los cuatro implicados en la instrucción fiscal (etapa investigativa del proceso), dictada por Patricio Navarrete, fiscal de delitos contra la vida. Pensaban abandonar el país al sentirse descubiertos.
Ellos son los colombianos Óscar Cristóbal Jiménez Orozco, Édgar González Nicolta y Óscar Julián Peña Hernández; y el ecuatoriano Santos Patricio Camacho Sáenz.Según el parte fiscal, las labores de inteligencia se iniciaron a inicios de mayo, pues el caso fue conocido por Inteligencia militar, entidad que informó a la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).Los resultados de la investigación del supuesto atentado fueron positivos, según el texto de la instrucción fiscal, por los datos proporcionados por Julián Peña Hernández, quien alertó del hecho.De acuerdo al relato, González Nicolta ocuparía el puesto de comandante del operativo; mientras Santos Camacho sería el personaje político que dirigía la operación.Ellos elaboraron croquis y mapas de la plaza de la Independencia y del cerro El Panecillo, desde donde supuestamente tenían la intención de lanzar un cohete hasta el Palacio de Gobierno, a fin de obligar al mandatario a abandonar sus instalaciones, lo cual sería aprovechado por francotiradores para terminar con su vida.Como pruebas, durante el operativo de captura se recuperaron mapas, croquis, planos, una cámara digital y un manuscrito de los sitios donde se iba a efectuar la operación.No obstante, en los hechos descritos en la instrucción fiscal aún queda por determinarse la participación de personas cuyos nombres se mencionan, sin definir el papel que jugaron en la planificación.Por ejemplo, González habla que llegó al Ecuador con una persona que identifica como doctor, quien le ayudó a recoger a Julián Peña, quien a su vez pide hablar con Óscar; mientras Santos Camacho y el propio Julián hablan de Antonio. Esas tres personas no fueron identificadas dentro de la investigación.
Por otra parte, el ciudadano colombiano Óscar Julián Peña Hernández, uno de los cuatro detenidos como sospechoso del supuesto intento de atentado contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ingresó en el programa de Protección a Víctimas y Testigos, informó la prensa local de Quito.
Peña está amparado en ese programa, según versiones del Fiscal general, Washington Pesántez, indica el diario "El Comercio", que tuvo acceso a una copia de las versiones de los detenidos y de la audiencia de confrontación de cargos que se realizó en la Policía Judicial.
En esa diligencia, el capitán de Policía, Édgar Vinueza, quien participó en las investigaciones, relató cómo sería la operación que supuestamente preparaban los ahora detenidos que, según dijo, son colaboradores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según las investigaciones, Peña había alertado a las autoridades ecuatorianas sobre el plan a cambio de 2.000 dólares. Y añade que, supuestamente, este colombiano recibió la ayuda gubernamental para llegar a Quito, contactó con la Policía y simultáneamente con los otros implicados.
Peña dijo que la preparación del supuesto atentado se conocía desde noviembre pasado y aseveró que se enteró del plan porque tiene vínculos con los paramilitares. Eso lo informó al Consulado de Ecuador en Colombia.
Por su parte, Jiménez aseguró que viajó a Ecuador porque fue contratado por Peña. Él sostuvo que en Quito había un informante paramilitar que necesitaba una persona para ejecutar un crimen y que recibirían 1,5 millones de dólares, pero anotó que no sabía que el blanco era el jefe del Estado.
Los otros dos detenidos, aunque participaron en varias reuniones, deslindaron su responsabilidad, añade el rotativo, que señala que González aseguró que llegó al país hace un mes y medio en compañía de un hombre al que no identificó.
Según él, en este tiempo esperaba la respuesta para trabajar en la mina de oro de un amigo. Sin embargo, testificó que se reunió con Jiménez y Peña y que recibió la propuesta para matar a una persona, pero él se negó.
Camacho también rechazó que conocía el plan: "Estoy enfermo, no tengo nada que ver con todo esto", manifestó.
Pero lo que las autoridades ecuatorianas no sabían hasta entonces era que el mismo informante también planificaba el atentado. Y antes de venir al Ecuador, Óscar Julián Peña tomó contacto con los paramilitares colombianos y juntos organizaron todo, según el diario "Extra", de Guayaquil.
Para ello utilizarían a ocho personas, los detenidos, dos venezolanos más que no alcanzaron a llegar y un militar (presuntamente ecuatoriano) que era quien iba a proveer a los asesinos de las armas necesarias, excepto el cohete que vendría de Colombia.
El militar sería primo de otro miembro de la banda, una persona conocida como "Ángel" y el nombre con el que se dio a conocer el supuesto miembro del Ejército ecuatoriano es "Vidal Sánchez".
Óscar Julián indicó que la fecha para cometer el crimen de Estado era "el 20 de junio en horas de la tarde". El plan era lanzar el cohete desde el sector de la loma del Panecillo hacia la Plaza Grande y así causar una gran conmoción y obligar a la escolta presidencial a abandonar Carondelet junto al presidente Correa.
Y justamente cuando ellos salieran apresurados por un costado del Palacio de Gobierno, un francotirador, con un arma de precisión, provista con silenciador y trípode, iba a estar en el lujoso hotel Plaza (frente a la Presidencia) y desde allí dispararía a Correa.
El Plaza es un hotel de lujo ubicado en el costado norte de la Plaza de la Independencia, desde cuyas ventanas se aprecia la terraza del Palacio presidencial.
Durante el cambio de la Guardia de Palacio, los lunes, el presidente Correa se asoma al balcón de la terraza, en donde, al parecer, pretendían victimarlo, según el periódico "El Telégrafo".
El jefe de la Unase (Unidad Antisecuestros y Extorsión), Eduardo Mosquera, no quiso dar detalles de la operación, pero aseguró que todas las evidencias fueron entregadas al fiscal de delitos flagrantes, Patricio Navarrete, quien encabeza las investigaciones.
Cayeron
Pero los planes quedaron en nada cuando fueron descubiertos por los miembros de la Unase, quienes los detuvieron con varias evidencias.
Los detenidos tenían en su poder una cámara fotográfica con fotos de los lugares estratégicos, tanto del Panecillo como de la Plaza Grande, así como los hoteles aledaños a la Presidencia.
Además, un plan en manuscrito en donde se detallaba cómo iba a ser la operación, los puntos de tiro y unos planos de la ciudad de Caracas, cuya existencia no ha sido explicada aún.
Ahora los detenidos pasaron a ser testigos protegidos por la Policía, pues se cree pueden aportar mayores datos para la investigación del intento de magnicidio.
El informante y a la vez planificador de todo será llevado a la cárcel 4, en donde se controlará hasta lo que come, pues se teme que intenten asesinarlo.
Los otros tres detenidos, entre los que se encuentra un ecuatoriano, irán al CDP con medidas de seguridad reforzadas.
Detalles del caso
Édgar González, uno de los tres colombianos detenidos por el supuesto atentado, fue implicado como el comandante de la operación.
Mientras que el ecuatoriano Santos Camacho fue reconocido por sus compañeros como el político del grupo.
Camacho es oriundo de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. Según su abogado defensor, Iván Durazno, es licenciado, egresado de la Facultad de Derecho.
El presidente Rafael Correa minimizó el supuesto atentado.
El año pasado se denunció que un grupo quería atentar contra la vida del Presidente. En ese momento se aseguró que se iba a utilizar un cohete rocket.
Según Defensa, en los últimos meses se han investigado tres denuncias de supuestos atentados contra Rafael Correa.
El
Art. 224 del Código Penal ecuatoriano dice que: La tentativa de asesinato contra el Presidente de la República, o el que se hallare ejerciendo la Función Ejecutiva, será reprimida con reclusión mayor de ocho a doce años, aunque no llegue a inferirse daño alguno.
Normalidad en Carondelet
El supuesto atentado contra el presidente Rafael Correa no alteró la agenda habitual en el Palacio de Gobierno. La seguridad tampoco mostró cambios.
Por la mañana se realizaron recorridos turísticos. Grupos de niños y de extranjeros recorrían las instalaciones de Carondelet, mientras que en la puerta se realizaba el chequeo cotidiano, solo con un detector de metales.
Lo único diferente era la presencia de un policía, miembro del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), que realizaba recorridos por el pretil del Palacio. Él iba acompañado con un perro que olfateaba para ubicar la posible presencia de explosivos.
Según los miembros de la Escolta Presidencial, no hubo órdenes para que se redoble el control y la vigilancia del Jefe del Estado.
Correa evitó pronunciarse al respecto. Durante una rueda de prensa ofrecida en la mañana, solamente trató sobre los proyectos que ha iniciado el Gobierno para reactivar la producción y minimizar el impacto de la inflación y la depreciación del dólar.
Más bien, estaba previsto que a las 15:00 los ministros de Seguridad Interna y Externa y de Gobierno, Gustavo Larrea y Fernando Bustamante, respectivamente ofrecieron una rueda de prensa sobre el caso, pero se suspendió.
El secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, aseguró a "El Comercio" que la única versión sobre el supuesto atentado es la del Presidente y que por el momento siguen las investigaciones.
(Tres de los cinco detenidos en Quito)
