martes, 17 de junio de 2008

Joaquín Cánovas Páez, nuevo director general de Caja Murcia en sustitución de Egea Krauel


MURCIA.- El consejo de administración de Caja Murcia acordó en su reunión de hoy, a propuesta del nuevo presidente ejecutivo, Carlos Egea Krauel, nombrar director general adjunto a Joaquín Cánovas Páez, hasta ahora subdirector general de banca de particulares y gestión de red, según fuentes de la entidad.

El máximo órgano de gobierno de Caja Murcia ha elegido también al economista lorquino Manuel Jódar Martínez como vicepresidente primero con el fin de complementar y reforzar la labor del nuevo presidente; Antonio Sánchez Carrillo, como vicepresidente segundo; Francisco Ferrer, interventor de la Comunidad Autónoma, como secretario del Consejo de Administración, y al concejal murciano Antonio Castillo Pérez, como presidente de la Comisión de Control.

Previamente, la Asamblea General Ordinaria de Caja Murcia procedió a la renovación estatutaria de la mitad de los consejeros generales. Los nuevos son la ex senadora socialista y ex presidenta de la Comunidad Autónoma, María Antonia Martínez (en la imagen), y el actual presidente de la CROEM, Miguel del Toro Soto, aparte de Eduardo Contreras Linares, ingeniero naval y alcalde de Molina de Segura; Miguel Cascales Tarazona, concejal del Ayuntamiento de Murcia; José Antonio Cobacho Gómez, rector de la Universidad de Murcia, y Pilar Serrano Romero.

Los nuevos nuevos miembros de la Comisión de Control de la entidad son el profesor Salvador Marín Hernández, Encarnación Gil Castejón, Encarnación Rodríguez Fernández y el alcalde de Caravaca, el médico pediatra Domingo Aranda Muñoz.

La Asamblea General celebrada esta mañana en el salón de actos de la entidad, concluyó el proceso de renovación de la mitad de los órganos directivos, cuyos integrantes son designados en un 40% por los impositores, un 10% por los empleados, un 25% por la Comunidad Autónoma y el 25% restante por los ayuntamientos.

La Asamblea General Ordinaria aprobó las líneas generales de actuación de Caja Murcia y la gestión del Consejo de Administración saliente.

El nuevo presidente ejecutivo ingresó en 1976 en Caja Murcia y era desde 1983 su director general. Actualmente ejerce como secretario de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y ha cumplido 61 años el pasado mes de febrero.

El nuevo director general tiene 45 años, es natural de Los Alcázares y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia. Toda su carrera profesional la ha desarrollado en Caja Murcia.

Nueva composición de los órganos de gobierno:

Consejo de Administración:

- Presidente, Carlos Egea.

- Vicepresidente primero, José Manuel Jódar.

- Vicepresidente segundo, Antonio Sánchez Carrillo.

- Secretario general, Francisco Ferrer Moreno.

- María Antonia Martínez.

- Miguel del Toro.

- Agustín Navarrete.

- Agustín Guillén Marco.

- Eduardo Contreras Linares.

- Miguel Cascales Tarazona.

- Francisco Jódar Alonso.

- Remedios Alarcón Barbero.

- José Antonio Cobacho.

- Ramón Sabater.

- María Pilar Serrano.

- Antonio García Pallarés.

- María Ángeles Balibrea.

- Juan Antonio Delgado.

- Florestán Botía.

- Sebastián Vázquez.

Comisión de Control:

- Presidente, Antonio Castillo Pérez.

- Secretario, Eugenio Pedreño.

- Salvador Marín Hernández.

- Domingo Aranda Muñoz.

- Jorge Martínez-Carrasco.

- Encarnación Gil Castejón.

- Encarnación Rodríguez Fernández.

- Julio Izquierdo Mateo.

(En la foto de "La Razón", Egea, a la derecha, con el ya ex presidente, Juan Roca Guillamón)

Trinitario Casanova negocia la venta de su participación del 4% en el Banco Popular

MADRID.- El empresario murciano Trinitario Casanova está negociando la venta de su participación de casi el 4% en el Banco Popular, según fuentes de su entorno. "Sí, estamos negociando la venta", aseveraron.

El propietario de la inmobiliaria Hispania se encuentra actualmente de viaje en Londres "trabajando en este tema", reconocieron, aunque prefirieron no especificar si la venta de su participación forma parte de una operación corporativa.

La intención de Casanova de vender su 4% en el Popular contrasta con las declaraciones de diversos accionistas de la entidad, como el inversor indio Ram Bhavnani, y los empresarios Americo Amorim y Nicolás Osuna, que han desmentido su intención de vender sus títulos de la entidad.

No obstante, diversos analistas apuntan a la posibilidad de que el mercado obvie estos desmentidos de los accionistas supuestamente involucrados tras recordar que a veces dar información puede poner en peligro una operación.

Casanova ha confirmado posteriormente que está negociando la venta de su participación en el Banco Popular a un grupo mexicano, según informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el comunicado, Casanova, presidente del grupo Hispania, explica que su participación en Banco Popular (42,54 millones de acciones), controlada a través de su vehículo inversor Titanica Capital Investment, supuso una inversión inicial de 526 millones de euros, de los cuales 394 millones fueron desembolsados mediante un préstamo bancario con vencimiento dentro de seis años y los 132 millones propios con fondos propios.

Además, en enero fueron depositados 99 millones de euros como garantía adicional, sumando al total de recursos propios invertidos por el empresario 231 millones de euros.

Casanova subraya que actualmente está negociando la venta de las acciones a un grupo mexicano, representado por la sociedad Blueprime Ltd., con sede en Londres, y que es el vehículo del grupo para adquirir la participación.

Las acciones del Popular atraviesan en los últimos días jornadas bursátiles de mucha volatilidad a raíz de la persistencia de rumores acerca del interés de un grupo de inversores de hacerse con una participación de en torno al 20% en en el capital del Popular.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mantiene un "seguimiento permanente" sobre las noticias que apuntan a una operación corporativa sobre Banco Popular, según una portavoz de la entidad.

Concretamente, la portavoz de la CNMV se refería así a los contactos que la institución ha mantenido "con las entidades y personas a las que las entidades atribuyen participación directa" en el banco, en el ejercicio de su labor supervisora.

Desde el organismo que preside Julio Segura eludieron referirse a informaciones de prensa que apuntan al interés del empresario Trinitario Casanova de vender su participación en el Popular dentro de una operación corporativa.

El organismo que preside Julio Segura no ha considerado necesario hasta el momento suspender el valor a la luz de las actuaciones de supervisión realizadas.

La clientela del taxi en Cartagena decrece un 30% en unos meses

CARTAGENA.- Los profesionales locales del sector del taxi están a la espera de una reunión con la Comunidad y la Federación de Municipios para poder actualizar sus actuales precios

Los taxistas cartageneros han visto como su nivel de clientela desciende, según Antonio Cabrera, presidente de Unión Radio Taxi, a unos niveles que llegan hasta un 30% menos del negocio que venían realizando en los últimos meses, según "El Faro".

Una situación que, según Cabrera, puede obedecer a varios factores. Uno de ellos es la crisis económica que vive el país y que hace que los ciudadanos sean más cautos a la hora de coger un taxi, cuyo precio mínimo, en el trayecto más corto, es de 3.20 euros en los días laborables y de 4,15 los sábados por la tarde y los domingos.

Tarifas que, por ejemplo, en un viaje del Barrio Peral a la Puerta de Murcia pueden llegar a los siete euros, una cantidad que se está volviendo casi prohibitiva para el bolsillo de los ciudadanos.

Otra de la causa de las crisis que sufren los taxistas es la rebaja del precio de los autobuses urbanos, competencia a la que también se une la subida del precio del gasoil y de otros gastos fijos, que hacen que muchos profesionales de este sector se vean obligados a realizar jornadas de hasta 16 horas durante seis días a la semana para poder seguir subsistiendo.

Sin embargo, según Antonio Cabrera, aunque la situación es preocupante, aún es sostenible.

Lo que esperan los taxistas locales con impaciencia, para paliar la crisis, es que se apruebe la subida de las tarifas, algo que depende de una reunión tripartita entre la Comunidad Autónoma (la responsable última de la autorización), la Federación de Municipios y el propio colectivo de profesionales del taxi.

Catorce mil viviendas nuevas tienen el cartel de ´se vende´ en la Región de Murcia

MURCIA.- Más de catorce mil viviendas de nueva construcción en la Región tienen colgado el cartel de 'se vende', la mitad de ellas en pueblos y ciudades, y la otra mitad en costa y "resort".

El presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción (Frecom), Fulgencio Belando, afirmó en declaraciones a "7 Región de Murcia" que la mitad de estas casas se encuentran en zonas destinadas al turismo residencial, mientras que el resto se encuentran en las ciudades y grandes núcleos de población esperando para ser compradas como primera residencia.

Las palabras de Belando vienen a confirmar que el mercado inmobiliario en la Región está, hoy por hoy, congelado, influenciado por la situación de crisis económica nacional.

A pesar de la situación es complicada, los constructores y promotores confían en que el nuevo decreto aprobado por la Comunidad Autónoma permita activar el mercado y dar salida a muchas de estas viviendas nuevas que están vacías.

Entre otras medidas, el decreto posibilita reconvertir casa de renta libre en viviendas de protección oficial. De esta manera, la vivienda podría ser adquirida por un precio menor y el comprador tendría derecho a las ayudas que otorga la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, otras fuentes apuntan a que en Región puede haber sin vender entre 40.000 y 50.000 viviendas en vez de las 14.000 de las que habla Belando.

Sánchez Carrillo será elegido hoy vicepresidente de Cajamurcia

MURCIA.- El ex concejal del ayuntamiento de Murcia Antonio Sánchez Carrillo será elegido hoy vicepresidente de Cajamurcia, mientras que el actual director general, Carlos Egea, ascenderá a presidente ejecutivo, un puesto de nueva creación, que pretende conferir una mayor profesionalidad a la cúpula de la entidad, según adelanta hoy "La Opinión".

El actual presidente, Juan Roca, deja el puesto después de haber permanecido veinte años como consejero.

M. J. G. La asamblea general de Cajamurcia aprobará hoy los cambios en el organigrama del consejo de administración que permitirán a Egea ser el primer presidente ejecutivo, un puesto que aunará la representación oficial, ejercida hasta ahora por el presidente, y las funciones del director general.

El nuevo vicepresidente de Cajamurcia será Antonio Sánchez Carrillo, ex concejal de Murcia y presidente del comité electoral del PP. También habrá un segundo vicepresidente por parte de los impositores, que será Manuel Jódar.

Con la renovación del consejo de administración, se incorporarán al órgano de dirección de Cajamurcia el presidente de la CROEM, Miguel del Toro; la ex senadora socialista María Antonia Martínez; el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho; y el decano de los economistas, Salvador Marín. El presidente de la Comisión de Control será el concejal murciano Antonio Castillo.

El consejo de administración está constituido por veinte miembros, incluido el presidente. La asamblea general está compuesta por 140 consejeros generales.

Hoy se incorporarán a la asamblea general el ex consejero de Sanidad y ex eurodiputado Juan Antonio Gil Melgarejo; la presidenta de la OMEP, Ángeles Ruiz; y el presidente de UCOMUR, Juan Antonio Pedreño.

En sustitución de Luis Gestoso, director general de Protección Civil, entrará a la asamblea Juan Albaladejo. También será relevada la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, que no puede seguir como consejera por ser diputada.

Los estatutos de Cajamurcia obligan a renovar cada dos años a la mitad de los consejeros generales de la asamblea general y del consejo de administración.

En los órganos de dirección de Cajamurcia está representados el Gobierno regional, como heredero de la entidad fundadora, la desaparecida Diputación Provincial; la Asamblea Regional y los ayuntamientos, además de los impositores y los empleados.

Félix Faura, rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, se incorporará en los próximos días a la Fundación Cajamurcia.

El PP de la Región dice estar convencido de que "en días" se sabrá la decisión de Andreo

MURCIA.- El portavoz del PP de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se mostró hoy "convencido" de que "en días, se sabrá la decisión" del alcalde de Totana, José Martínez Andreo; decisión que, dijo, "habrá que respetar".

Y es que el regidor totanero anunció el pasado jueves que iba a abrir un período de reflexión personal para decidir si continua o no en la Alcaldía.

Sánchez consideró, al respecto, que "han pasado muy pocos días desde que Martínez Andreo anunciara que iniciaba ese periodo de reflexión", por lo que opinó que "lo que hay que hacer es respetar ese tiempo".

"Será un tiempo prudencial en todo caso", agregó el portavoz de los 'populares' murcianos, quien recordó que "con este tema llevamos meses, incluso antes de Navidad, y hay que darle unos días a este alcalde y ver también que estará hablando con su familia, compañeros del equipo de Gobierno y sus abogados".

De igual modo, aclaró la posición adoptada, ante esta situación, del PP de Totana. Así, precisó que "lo que ha dicho es que apoya la decisión del alcalde, le anima en esa decisión y siempre va a respetarla"; algo que, puntualizó, "hará el PP de la Región".

Es por ello por lo que pidió "ser prudentes con este tiempo y ver lo que decide", y manifestó que el PP murciano "va a estar siempre a la altura de las circunstancias".

Por su parte, el propio interesado sigue sin saber lo que va a hacer, aún no ha decidido si dimitirá y no se pone un plazo para llegar a una conclusión sobre su futuro.

«Esta todo dicho ya; está abierto un periodo de reflexión que terminará en el momento en el que yo personalmente lo crea conveniente, porque así debe de ser».

El socialista Escudero es investigado en Irlanda y Andorra por la Policía y Hacienda españolas

MURCIA.- El núcleo familiar formado por el ex alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero y su esposa, la también imputada Aurora de la Concepción Martínez Zapata, entre los años 2001 y 2005 tuvieron unos ingresos declarados de 613.224 euros (algo más de 100 millones de pesetas) y sin embargo tuvieron que afrontar gastos por importe de más de un millón de euros (casi 167 millones de pesetas), según revela hoy "La Verdad" con datos de los inspectores de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT) y agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA).

Y ello sin haber llegado a contar «los gastos corrientes de la unidad familiar (alimentación, vestido, calzado, agua y luz, enseñanza, asistencia sanitaria, seguros de automóviles e inmuebles...) y cualquier otro pago que soporta una familia en su vida diaria».

Dentro de las entradas o ingresos se contabilizan los préstamos recibidos por Escudero y su esposa, que han sido numerosos desde 1994 y cuyo importe total asciende a 543.102 euros (más de 90 millones de pesetas), de los que desde 1999 habrían satisfecho 249.000 euros (unos 40 millones de pesetas).

Lo que tienen los préstamos es que en un inicio cuentan como entradas (cuando el banco proporciona el dinero reclamado), pero luego, durante largos años, hinchan el capítulo de gastos, cuando la familia se ve obligada a ir afrontando los vencimientos.

¿Qué importancia tendría haber pedido gran cantidad de préstamos (hipotecarios o no) en los últimos años? Ninguna, salvo que indiciariamente apunta a que el solicitante se ve en disposición de asumir los pagos que de ello se derivan.

En el caso de Juan Escudero, sin embargo, los policías hacen una lectura que va un poco más allá. Y eso debido a que, en un momento dado, le fue intervenida una conversación telefónica en la que, hablando de las investigaciones policiales en marcha en la Región y del delito de blanqueo de capitales, el ex alcalde de Los Alcázares explicaba: «Como se tiene que hacer es pedir créditos y luego los concejales que los paguen».

«Algo -exponen los policías judiciales que lo han investigado- que parecería encajar perfectamente con lo percibido en su caso».

Buceando en el Catastro, los agentes de la UDEV-BLA también comprobaron que el matrimonio Escudero-Martínez Zapata posee un total de 12 bienes urbanos (pisos, locales, terrenos...), de los que diez están a nombre de ambos cónyuges al 50% y en los dos restantes sólo Escudero aparece como titular.

Los doce bienes están valorados por el Catastro en 539.841 euros, aunque el criterio de los expertos es que para conocer su valor real hay que multiplicar por cinco o por seis: en torno a los tres millones de euros (500 millones de pesetas)

Los agentes señalan que el patrimonio podría ser incluso mayor, ya que, conforme a la base de datos de la AEAT, Aurora Martínez Zapata adquirió mediante escritura pública, en el año 2004, un inmueble valorado en el Catastro en 21.445 euros, pero cuyo cambio de titularidad no se ha producido, y lo mismo ocurre con Escudero, que compró dos parcelas, una en La Roda de Los Alcázares, sin que conste su referencia catastral, y un solar valorado en 36.060 euros.

Además, y eso es algo que ha llamado la atención de los investigadores, en el año 2003 compraron a una constructora dos inmuebles en la calle Ferrocarril de Los Alcázares, y declararon haber pagado 60.000 y 30.000 euros, respectivamente. Lo curioso del asunto, y así lo hacen constar los agentes, es que ambos precios están por debajo de los valores catastrales de ambas fincas.

«El valor catastral -exponen en su informe- es siempre inferior al precio de mercado, y carece de toda lógica económica enajenar activos por debajo de dicho valor, más aún si el precio es todavía menor que el catastral».

Los policías están convencidos de que en el pago de ambos inmuebles se empleó dinero B; esto es, dinero negro.

Otro dato que no ha pasado desapercibido para los agentes de la UDEV-BLA, y que califican como «de interés principal», es el uso habitual de dinero en efectivo por Escudero y su esposa, «en especial cuando en las posiciones bancarias existe saldo cero o negativo».

Así, en una cuenta de Bankinter, a nombre de Escudero, se hacen ingresos en metálico por importe de 38.820 euros (más de seis millones de pesetas) en apenas tres meses. También llama la atención que algunos de esos «grandes ingresos», se fraccionen a lo largo del mismo día, supuestamente con el fin de no dejar un rastro llamativo. En este sentido se ha comprobado, por ejemplo, que el 25 de febrero del 2004 se hicieron sucesivos ingresos de 3.300, 2.700, 1.980 y 1.440 euros.

También, en una cuenta de la Caja Rural Central, abierta por el ex alcalde, se ingresaron en metálico 48.683 euros, en el plazo de cuatro años y medio, y en otra cuenta de la misma entidad, 14.255 euros, mediante diez operaciones realizadas en un mes.

En la declaración de la renta realizada por Aurora Martínez Zapata correspondiente al año 2002, se le imputan pagos por importe de 102.457 euros (unos 17 millones de pesetas) a la firma Garcerán Construcciones S.L., perteneciente a los empresarios Valero y Francisco Javier Garcerán, también imputados en la trama Ninette y que permanecieron encarcelados durante mes y medio.

En el análisis de las cuentas de Escudero y su mujer, los investigadores no han encontrado rastro alguno de esos pagos. Además, se descarta en principio que esos pagos puedan corresponder a alguna operación inmobiliaria, ya que tampoco existe escritura alguna.

Los policía consideran, por todo ello, que bien los pagos se realizaron en efectivo, o que correspondiesen a servicios realizados por la empresa constructora que la familia no llegó a abonar.

Por último, en una cuenta que Escudero tiene en La Caixa, se observa que los gastos corrientes de la familia se afrontan con pequeñas imposiciones en metálico.

Un capítulo aparte en la investigación que se ha realizado sobre la situación económica y financiera de Escudero y su familia lo constituye la empresa Animación y Aventura S.L. Esta firma, al parecer dedicada a organizar campamentos y actividades similares, estuvo facturando al Ayuntamiento de Los Alcázares, por distintos servicios prestados, entre los años 2000 y 2006; o sea, en un periodo en que Escudero era alcalde.

Pues bien, se ha comprobado que esa misma sociedad ha estado realizando pagos a Juan Escudero entre los años 2001, 2002 y 2003. «No obstante, en las cuentas se siguen produciendo dichos pagos aún en el 2007», reseñan los agentes.

La hipótesis barajada por los investigadores es que Escudero tiene alquilado algún local a esa empresa, motivo por el cual recibiría los ingresos procedentes de Animación y Aventura S.L..

No deja, sin embargo, de resultar llamativo que la misma empresa que trabaja para el Consistorio, y que por lo tanto cobra de éste, le alquiler unos locales al alcalde y, lógicamente, le pague por ellos. O, dicho de otra forma, que una sociedad que tiene alquilados unas oficinas a Escudero sea contratada por el Ayuntamiento que éste preside.

Los policías han investigado, y siguen haciéndolo en la actualidad, las posibles vinculaciones de Escudero con Andorra y con Irlanda. Las referencias del ex alcalde al Principado son numerosas y los investigadores sospechan que podría haberse valido de algún testaferro para ocultar cuentas o patrimonio a su nombre.

También indagan en las razones por las que se ha trasladado en alguna ocasión a Irlanda, acompañado de su cuñada, la abogada P.L.M.Z., e intuyen que era para constituir un «entramado» societario, «supuestamente diseñado para el ocultamiento de ganancias ilícitas y tras el que se parapetaría Escudero».

La Policía confirma en sus informes que sigue realizando gestiones tanto en Andorra como en Irlanda.

La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en la Fundación de la UCAM

MURCIA.- El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas del Reino, Olayo González Soler, considera que hay indicios que pueden ser «constitutivos de ilícitos penales» en la Fundación San Antonio que gestiona la Universidad Católica de Murcia. Por este motivo, ha remitido la documentación a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, según ha podido saber "La Verdad".

Esta Fiscalía estudiará el contenido de una denuncia formulada meses atrás contra la Fundación que dirige José Luis Mendoza, tras lo cual admitirá a trámite la causa o, por el contrario, la archivará.

En el punto de mira está el entramado societario de la Fundación San Antonio, y en especial la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa en Los Dolores, donde la UCAM tiene previsto construir su nuevo campus. En este caso, se trata de determinar si se produjeron irregularidades en la operación de subasta. En lo que respecta a las cuentas de la Fundación, y por extensión de la Universidad Católica, el Tribunal de Cuentas no ha encontrado responsabilidades contables a la vista de los datos que aportó el denunciante.

Olayo González Soler confirmó a "La Verdad" que días atrás remitió dicho oficio a la Fiscalía Anticorrupción, dado que en su ámbito el Tribunal de Cuentas no ha encontrado base para actuar. El fiscal jefe recibió la denuncia el pasado mes de mayo, acompañada de una exhaustiva documentación relativa a «presuntos ilícitos en la UCAM».

González Soler abrió diligencias de investigación preprocesales y, tras el estudio de las mismas, ha pasado el caso a Anticorrupción. Éste manifestó a "La Verdad" que dicho departamento «estudiará detenidamente la documentación. De eso estoy seguro. Lo que no puedo decirle es si después admitirá el caso o lo rechazará». Precisó que lo que más le «preocupa» es la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa a la Fundación.

Más competencias

El fiscal jefe apuntó que, en lo que atañe al Tribunal de Cuentas, no se ha encontrado indicios de irregularidades en la UCAM. «En la denuncia no había datos contables suficientes para detectar que existieran partidas de gastos injustificadas. No había manera de abordar el caso por nuestra parte, y pensé que la forma más adecuada de estudiarlo ha sido remitirlo a la Fiscalía Anticorrupción, atendiendo al volumen de negocios y ante la posibilidad de que estuvieran implicados funcionarios públicos. La Fiscalía Anticorrupción es la que puede tener más competencias en este asunto».

Olayo González explicó, por último, que el Tribunal de Cuentas no puede reclamar la contabilidad de la UCAM porque se trata de una entidad privada. Sí actuaría en el supuesto de que hubiera de por medio subvenciones de organismos públicos.

Según el denunciante, «los presuntos ilícitos» en la Universidad Católica se ciñen a un supuesto «entramado societario» dirigido por José Luis Mendoza y su familia, «con fines y actuaciones de muy dudosa legalidad».

Considera que «se ha creado toda una serie de sociedades satélites a la Fundación que rige la UCAM, donde Mendoza y su familia son administradores y probablemente titulares de esas sociedades limitadas que sirven a la universidad privada. Estas sociedades satélite no tienen ingresos económicos, ni personal contratado, conforme a la documentación que obra en el Registro Mercantil», apunta la denuncia.

«El presidente de la Fundación, José Luis Mendoza, se dedica a contratar con sociedades limitadas de las cuales es su administrador y probablemente su propietario».

Explica que una de esas sociedades «se ha quedado con el 90% de los terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa y sólo el 10% es de la Fundación». En este punto, el denunciante cree que hubo «irregularidades» en la venta de los terrenos de Los Dolores, en Cartagena. La denuncia se cursó al Tribunal de Cuentas después de que trascendiera la noticia de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas había abierto una investigación sobre posibles irregularidades en la venta de terrenos e infraestructuras de Defensa.

Sostiene que el general que se encargó de la venta de los terrenos a la UCAM «es el mismo que está ahora imputado por hechos similares. Es decir, que tras una subasta fallida se procedió a vender los terrenos mediante un convenio con la Fundación que administra la UCAM y con una sociedad limitada. Creemos que hay base para que se investigue», subraya la denuncia.

Mendoza: «No me preocupa lo más mínimo»

José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, manifestó que no le preocupa «lo más mínimo» que la Fiscalía Especial contra la Corrupción esté estudiando supuestos ilícitos penales en las sociedades que gestionan la Universidad Católica, a requerimiento del fiscal del Tribunal de Cuentas del Reino.

«Lo hemos hecho todo ajustado a la legalidad. No se puede venir ahora, siete años después, a decir que hay irregularidades. Lo que está ocurriendo es fruto de una trama que ataca a la UCAM y a mi persona. Es una operación de acoso y derribo. Si creen que hay indicios de delito, que digan cuáles son y que lo argumenten».

En relación a la compra de los terrenos del Ministerio de Defensa, Mendoza dijo que salieron tres veces a subasta y quedaron libres.

«Nadie los quiso comprar. Varios empresarios dijeron que eran muy caros por tratarse de una zona de equipamiento militar. El Ministerio se los ofreció incluso a los antiguos propietarios, que tampoco los quisieron. Al final, yo pagué por ellos 711 millones de pesetas. Y he restaurado los edificios militares. No se ha hecho nada más hasta que no se cambie el Plan Urbano de Cartagena».

Respecto al general que está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas, y que es el mismo que vendió los terrenos de Los Dolores, Mendoza contestó que «yo me he limitado a comprar y punto. No tengo culpa de lo que haya podido hacer ese señor en otro sitio. Sólo sé que una vez nos reunimos con dos generales, de cuyos nombres ni me acuerdo. Entramos a negociar la compra cuando las subastas estaban agotadas. El Ministerio puso el precio con criterios objetivos».

El presidente de la Fundación San Antonio, por otra parte, niega que existan sociedades satélite a la Fundación dirigidas por él y su familia, como señala la denuncia, que advierte de un entramado societario de «muy dudosa legalidad».

Para Mendoza, se trata de «empresas legales, cada una con su identificación fiscal. Una de ellas fue creada para atender la cafetería de la universidad, ya que la que teníamos contratada daba un mal servicio y era abusivo».

Tacha de «barbaridad» la denuncia de que se estén desviando fondos de la UCAM para cubrir las deudas de estas sociedades.

«Si hiciera eso, se me caería el pelo. Nosotros somos auditados y fiscalizados todos los años por el Servicio de Fundaciones. Si eso fuera verdad, ya lo habrían detectado». Mendoza insistió en que la Iglesia «nunca ha puesto un duro en la Universidad Católica. Al contrario, nosotros hacemos donaciones millonarias».