miércoles, 18 de junio de 2008

Grupo Fuertes creará una empresa mixta con la sociedad rusa Napko, tras una inversión de 200 millones de euros

MURCIA.- Grupo Fuertes está en negociaciones con la empresa rusa Napko para constituir una 'joint venture' dedicada al desarrollo de la agricultura y la ganadería, con una inversión de 200 millones de euros. En una segunda fase, se prevé la construcción de un complejo industrial cárnico compuesto por centro de procesamiento, preparación y logística, ubicado en la región rusa de Lipetsk.

En concreto, el proyecto que se estudia poner en marcha consistiría en desarrollar la actividad de explotación agrícola de cereales en una superficie aproximada de 25.000 hectáreas propiedad de la sociedad a crear, ubicadas en las provincias de Terbuny y Volovo, ambas pertenecientes a la región de Lipetsk y, además, se construiría un almacén de grano para 100.000 toneladas.

Además, el proyecto ganadero prevé la construcción de una fábrica de pienso, y de cuatro complejos para cría y engorde de ganado porcino. Cada centro albergará 5.000 cerdas madres con una capacidad aproximada de 108.000 cabezas, previendo llegar a las 20.000 madres, lo que supondría, aproximadamente, 430.000 cabezas al año, y por tanto, una producción de 45.000 toneladas de carne anuales.

La puesta en marcha de este proyecto surge a raíz de que el propietario de Napko, Igor Babaev, principal accionista del Grupo Cherkizovo, conoce la estrategia empresarial de Grupo Fuertes y queda sorprendido por su alto nivel tecnológico y por su eficiencia productiva y piensa en exportar la idea, aplicando el 'know how' español a su país de origen.

Tras esta primera iniciativa empresarial entre Grupo Fuertes y Napko, ambos podrían desarrollar más proyectos agrícolas y ganaderos tanto porcinos como de pavos en otras regiones rusas.

Cajamurcia se prepara para los nuevos tiempos / Juan Redondo

Con los nuevos tiempos, las cajas de ahorros están apostando por una mayor profesionalización en sus organos de gestión, alejándose del módelo tradicional de un consejo de administración con gran carga política y gran dependencia de los gobierno autonómicos de turno.

Martínez Serrano, con los socialistas en San Esteban; el recordado Moncho Ojeda y Juan Roca, con los populares, ocuparon con gran dignidad la presidencia de Cajamurcia en los últimos veinte años.

La Caixa, Caja Madrid y Caja Canarias, entre otras, han entrado ya por la nueva vía.

El presidente del Consejo de Administración deja de ser un cargo más representativo, nombrado por el Ejecutivo Regional, para convertirse en el máximo puesto ejecutivo, ajeno a los posibles cambios políticos al frente de las comunidades autónomas. Cajamurcia se acaba de apuntar a esta fórmula.

Desde ahora, Carlos Egea se convierte en el hombre fuerte de la entidad financiera tanto a efectos representativos como ejecutivos, cojugando las tareas de la Presidencia con los cometidos de la dirección general. En un periodo de transición y “en un plazo razonable”, como asegura, conjugará los cometidos de presidente y director general, quedando Joaquín Cánovas como director general adjunto.

El organigrama se complementa con dos vicepresidencias, una digamos más política, en el sentido de representación de las instituciones, y otra más de gestión. La innovación en el organigrama no tiene por qué suponer en principio ningún problema en el funcionamiento de la entidad, ya que Carlos Egea, es desde hace muchos años el ‘alma mater’ de la gran caja autonómica, convertida desde hace mucho tiempo en uno de los principales motores del desarrollo económico regional.

En estos tiempos de desaceleración o crisis económica, la “gran caja autonómica”, como la califica su nuevo vicepresidente, Antonio Sánchez Carrillo, cuenta con los recursos para adecuarse a las nuevas circunstancias. La vía de la profesionalización y el reforzamiento en la gestión, manteniendo su identidad regional, es el arma que utilizará el equipo capitaneado por Carlos Egea. Cajamurcia, con la asamblea ordinaria de ayer, ha iniciado una nueva etapa.

Antonio Sánchez Carrillo, nuevo vicepresidente

Entre las novedades del nuevo organigrama de Cajamurcia destaca la entrada del ex concejal del Ayuntamiento de Murcia, Sánchez Carrillo, como vicepresidente. El político popular, retirado de la primera línea tras las autonómicas y municipales del pasado año, venía como compromisario por la Comunidad Autónoma.

“Ahora que estoy retirado de la política, vengo a aportar mi larga experiencia empresarial. Tengo tiempo, ilusión y ganas de trabajar por la Región”. Ya tiene experiencia el patiñero en consejos de administración de entidades financieras, ya que ha estado también de representante en la CAM. El gusanillo político continúa vivo en él: sigue en la cocina del PP regional, y este fin de semana estará en el congreso nacional de Valencia.

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El Plan Urbano de Cartagena dejará construir 500 casas en el suelo que compró la UCAM

CARTAGENA.- Los terrenos que la Fundación San Antonio, encargada de la gestión de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), compró mediante subasta pública al ministerio de Defensa en el barrio cartagenero de Los Dolores no son sólo para el campus universitario que proyecta la institución docente, a tenor de lo publicado por "La Opinión".

El concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Cartagena, Joaquín Segado, indicó que de los 250.000 metros cuadrados que ocupan los antiguos terrenos de Defensa, sólo unos ochenta mil se destinarán a equipamiento educativo para la implantación de la UCAM en la ciudad portuaria.

La superficie restante, unos 170.000 metros cuadrados, tendrá un tratamiento similar al del resto de su entorno según el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Segado precisó más y afirmó que calcula que en dichos terrenos podrán construirse en torno a unas quinientas viviendas.

Cabe recordar que la Fundación San Antonio adquirió el cuartel de Los Dolores y otros terrenos de Defensa anexos al mismo en 2003 por 3,8 millones de euros, a razón de 26,8 euros por metro cuadrado.

Segado comentó que no se ha dado trato de favor a nadie y que el plan recoge las previsiones de crecimiento de la ciudad sin tener en cuenta a los propietarios de los terrenos.

Al parecer, los planes de la UCAM pasan por financiar la construcción de su campus en Cartagena mediante la venta de los terrenos urbanizables.

Al menos así lo denunció el diputado regional del PSOE, José Ramón Jara, quien acusó al presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, de preparar "un pelotazo urbanístico" en Cartagena, a la vez que denunció que sólo un diez por ciento de los terrenos comprados a Defensa pertenecen a la Fundación San Antonio y el 90 por ciento restante son de una empresa privada del propio Mendoza llamada 'Centro de Estudios Universitarios San Antonio'.

Precisamente, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González, indicó a esta redacción que ha trasladado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción la denuncia de un particular contra le gestión de la UCAM en la que se han detectado "indicios constitutivos de ilícitos penales".

Al parecer, la adquisición de estos terrenos figuran en la denuncia.

La ex mujer de Morales: ´Por dos millones se contrata a un sicario y que mate al que sea´

TOTANA.- Por dos millones (de pesetas) se contrata a un sicario y que mate al que sea". Esta frase fue pronunciada por la ex mujer de Juan Antonio Morales, principal implicado en el caso descubierto tras la Operación Totem, según se recoge en el sumario y cuando le mostraba su enfado tras haberle llegado una citación judicial para comparecer en un juzgado, según revela hoy "La Opinión".

En la conversación, Mari Carmen Jordán le pregunta si sabe por qué es la querella y el ex alcalde le contesta que "puede estar relacionado con un asunto de protección al honor que ganó Morales" y en el que se condenó a Alfonso Martínez Baños (concejal socialista) a indemnizarle con 6.000 euros por unas declaraciones acerca de una recalificación.

En el informe que redactan los agentes que realizaban las escuchas, señalan textualmente que, "aunque esta afirmación pueda parecer una anecdótica, hay que significar que la mujer vuelve a insistir una vez más en la contratación de unos sicarios, porque está hasta el gorro".

Esta conversación termina cuando Morales le dice que "es una tontería y que además el otro día" estuvo declarando Andreo, su sucesor al frente del ayuntamiento de Totana del colegio San José", uno de los convenios urbanísticos están bajo sospecha.

Como diputado se vive bien y son 3.000 euros

El ex alcalde y diputado regional del grupo mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, es el principal protagonista de las conversaciones contenidas en el sumario de la Operación Tótem, grabadas a lo largo de cientos de horas por los agentes de la UCO, en las que se recogen varios diálogos con su actual pareja, la brasileña Vaneide Freita, también imputada en el caso.

En concreto, en una conversación con esta última Morales se refiere a su nueva actividad como parlamentario del Partido Popular en la Asamblea Regional tras dejar la alcaldía de Totana y le dice que "como diputado se vive muy bien, el trabajo es muy suave y se cobran 3.000 euros".

La Policía cree que el ex secretario de Los Alcázares no pagó los dos chalés que le construyó el empresario Garcerán

MURCIA.- Diego Sánchez Gómez, más conocido como Don Diego, no trabajaba para el Ayuntamiento de Los Alcázares. Don Diego era el Ayuntamiento de Los Alcázares. Esa opinión no procede en exclusiva de los investigadores de la Operación Ninette, en la que el secretario municipal ya jubilado se encuentra imputado, sino que él mismo era capaz de mantenerla, aunque no fuese con esas mismas palabras, según publica hoy "La Verdad".

Diego Sánchez, que en la actualidad tiene 71 años y que enviudó el pasado octubre, aparece en múltiples conversaciones intervenidas por la Policía definiéndose a sí mismo como el principal artífice de la prosperidad del municipio; el «salvador financiero» del Consistorio; el gestor y negociador del destino de parcelas de propiedad municipal; el artífice de que hayan salido adelante numerosas urbanizaciones, con sus revalorizaciones y pluvalías; el alto funcionario que preparaba las subastas de terrenos públicos y, cuando éstas quedaban desiertas por lo elevado de los precios fijados, organizaba y decidía su adjudicación directa; el hombre que negociaba con los promotores de Torre del Rame los pagos de la urbanización del plan parcial...

Y aunque llega a admitir en esas conversaciones intervenidas que se excede en sus funciones, sostiene que lo hace «en bien del pueblo» y se queja de que la Corporación «está muy mal acostumbrada y no me reconocen mi verdadero papel».

Tan evidente era la influencia de Don Diego -así se dirigen a él prácticamente todos sus interlocutores- que a nadie habría de extrañar que su hijo, el abogado y también imputado Juan de Dios Sánchez, trabaje como letrado asesor en el Ayuntamiento alcazareño, y que su nuera, la compañera sentimental de su otro hijo, Jesús Diego, sea una de las funcionarias a su cargo en el Consistorio. Algo que lleva los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), que han llevado el peso de la investigación, a preguntarse si esto no es «una irregularidad en sí misma».

El método empleado por Diego Sánchez, y por extensión, el Ayuntamiento marmenorenses, para adjudicar las parcelas municipales «a quien estimaba oportuno» era tan simple como ya conocido en ambientes urbanísticos poco transparentes. El Consistorio venía sacando a subasta, de forma sistemática, el 10% del suelo que recibía de los promotores de recalificaciones de terreno, pero lo hacía fijando unos precios «muy altos», según palabras del entonces secretario municipal, de forma que las subastas quedaban desiertas. Una vez cumplido este obligado trámite legal, el Ayuntamiento las asignaba «a dedo», por el método simple de otorgarlas «al primero que realice un abono en una cuenta municipal».

De esa forma, precisamente, fueron vendidas algunas parcelas que acabaron en manos de sociedades controladas por Inmaculada Camacho Escudero, cuñada y presunta testaferro del arquitecto municipal y prima en sexto grado del ex alcalde Juan Escudero.

Cuando cambia la legislación y ya no es posible adjudicar directamente parcelas públicas tras una subasta desierta, Diego Sánchez se muestra muy contrariado y afirma que ése ha sido el funcionamiento del Ayuntamiento desde hace más de 20 años.

El problema llega cuando no ve la forma de adjudicar directamente un terreno municipal a una cooperativa extranjera -«casualmente, según la Policía, presentados por un cuñado de Escudero»- y Sánchez se ve obligado «a realizar todas las gestiones necesarias para poder seguir adjudicándoles la titularidad de la misma». Y ello por haberse visto legalmente obligado a convocar «una segunda subasta pública por vía de urgencia», contratiempo que le lleva a afirmar: «Hay que cruzar los dedos» para que no se presente nadie más con otra oferta.

La adjudicación de esa parcela -quizás huelgue decirlo- fue otorgada al citado grupo extranjero y se firmó ante notario el 13 de abril del 2007, en un acto al que asistieron Diego Sánchez y Juan Escudero en representación del Ayuntamiento.

Los agentes han averiguado que el secretario municipal ya jubilado posee seis bienes inmuebles urbanos -chalés, pisos y locales-, con un valor catastral global de 365.926 euros, por lo que su valor real rondaría -según los expertos, que sostienen que hay que multiplicar esa cifra por cinco o por seis- los dos millones de euros (330 millones de pesetas). Entre los bienes acumulados figura una parcela de mil metros cuadrados en la urbanización Torre Rame, que habría adquirido con ánimo especulador, ya que en una conversación reconoce que no sabe «ni dónde está». Sólo esta parcela le habría costado 360.000 euros.

Con todo, uno de los hechos que más ha llamado la atención de los investigadores se refiere a que Diego Sánchez y su hijo Juan de Dios se habrían visto favorecidos por la construcción de sendas viviendas, por parte del empresario Valero Garcerán -también imputado y, durante un mes y medio, encarcelado por la Operación Ninette-, sin que supuestamente le hubiesen llegado a abonar el precio de las obras. Dicho de otra forma, los policías sospechan que les hizo las casas gratis.

En abril del 2007, los agentes detectan una conversación de Sánchez y Garcerán, en la que el primero trata supuestamente de arreglar el asunto, aunque fuese de forma ficticia. Así, el constructor le dice en un principio que le haga un talón o un cheque, y que luego le devolvía el dinero. Sin embargo, el hijo del empresario, Francisco Javier, le dijo que no lo hiciesen de esa forma, «que tiene que haber movimiento de dinero».

Más tarde, Diego Sánchez le expresa su voluntad de solicitar una hipoteca, lo que llevaría a Garcerán a expedirle una certificación de pago de veinte millones de pesetas. En en ese contexto se produce la siguiente conversación:

-Diego: Soy el secretario.

-Valero: ¿Hombre, Don Diego! ¿Qué tal? (...)

-Diego: Valero, que yo quiero solucionar el problema ya, pero ya. Yo quiero abonar y cerrar ese tema, y estoy mucho tiempo y no hay forma, Valero. Y esto es muy sencillo,: es que me hagan una certificación, yo le pago y se ha acabao. (...) Yo quiero resolver esto, porque sí, porque a mí me gustan las cosas como son, usted sabe.

-Valero: Don Diego, ¿está, está luego? ¿Paso por ahí y hablamos?

Preocupado por una inspección fiscal

En abril del año pasado, Valero Garcerán se mostraba preocupado por la inspección a que Hacienda estaba sometiendo las cuentas de sus negocios y, en apariencia, fue ese hecho el que despertó en Diego Sánchez la necesidad de saldar la cuenta pendiente que en apariencia tenía por la construcción de dos viviendas en Los Alcázares.

Curiosamente, destacan los policías que les investigaron, también la mujer del ex alcalde Escudero declaró haber realizado diversos pagos al constructor Garcerán (unos 102.000 euros), sin que en sus cuentas se refleje movimiento alguno en ese sentido. De ahí que los investigadores infieran que ese pago no llegó a producirse, o bien que se hizo en dinero negro.

Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier mantenían relaciones muy fluidas con altos funcionarios del Ayuntamiento de Los Alcázares.

La Fiscalía pide al Ayuntaminto de San Javier papeles sobre Roda Golf y planes en La Manga

SAN JAVIER.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha reclamado al Ayuntamiento de San Javier que le remita una exhaustiva documentación sobre actuaciones urbanísticas realizadas o iniciadas por el anterior equipo de Gobierno del PP, según "La Verdad".

En el requerimiento escrito, al que ha tenido acceso este periódico, pide información relativa a las nuevas urbanizaciones en Roda, La Manga y El Mirador, donde la Fiscalía ha comenzado a investigar supuestas irregularidades.

Entre ellas, la Fiscalía dio un plazo de 10 días el pasado mayo para que le fueran entregados documentos relativos al Polígono G y L de Veneciola, en La Manga, para investigar si se ha construido el campo de golf sobre una parcela pública, como así lo afirmaba la denuncia del Grupo Independiente tras la auditoría urbanística que realizó el pasado año durante sus cinco meses de Gobierno municipal compartido con el PSOE. Según fuentes municipales, el campo de golf cuenta con licencia a pesar de encontrarse sobre suelo público.

El fiscal pide además los proyectos de Reparcelación y de Urbanización en el Plan Parcial de Usos Terciarios de Sucina, «al haber edificaciones realizadas sin licencia», detalla el requerimiento de la Fiscalía. Reclama que se le envíen expedientes sancionadores y copias de licencias de obra en los terrenos colindantes al cementerio. Otro expediente que el Ayuntamiento ya ha enviado a la Fiscalía es el Plan Parcial Himoinsa «por construir en zona verde».

Se interesa también por el Plan Parcial Mirador Sur debido a que el Ayuntamiento comenzó a construir un polideportivo en la pedanía sobre una parcela de propiedad privada que no había sido cedida previamente al patrimonio municipal, según confirman fuentes municipales. El nuevo Gobierno tripartito ordenó paralizar las obras el pasado verano al comprobar la titularidad privada del terreno, que además se encuentra en zona de rambla.

Solicita el fiscal además el proyecto de reparcelación del Plan Parcial Roda Golf y se interesa sobre «si han sido entregadas al Ayuntamiento las parcelas de equipamientos y zonas verdes o si se ha abierto algún expediente disciplinario por existir alguna construcción sobre tales parcelas», precisa el Ministerio Público en su petición.

«La auditoría urbanística ya evidenció el pasado año que algunas instalaciones de la urbanización Roda Golf se encuentran sobre suelo público, como son la oficina de ventas e información y la balsa de riego», según precisa la ex concejal de Urbanismo y portavoz independiente, Arancha Espeso.

Varias unidades de actuación en la carretera de Sucina, en Roda y en San Blas requieren la atención del fiscal, que pide «conocer la concreción y materialización del 10% de aprovechamiento municipal».

Requiere certificados finales de obra presentados y cédulas de habitabilidad otorgadas en las viviendas del Plan Parcial Señorío de Roda «para que ya en junio de 2006 puedan existir, no sólo viviendas terminadas, sino personas viviendo en las mismas según consta en Acta Notarial», detalla en la solicitud.

Quiere que le envíen además expedientes sancionadores incoados y sanciones impuestas o archivadas de estas construcciones en Señorío de Roda. Requiere también informes de los técnicos municipales sobre varios expedientes de construcciones de viviendas en el municipio, sobre los que detalla número y fecha.