La CAM cotizará en Bolsa el 23 de julio

MADRID.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) prevé salir a Bolsa desde el 23 de julio a un precio de entre 5,84 y 7,30 euros, tras recibir la 'luz verde' de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para la oferta pública de suscripción (OPS) de cuotas participativas, informó hoy el organismo supervisor.

De este modo, la caja se convertirá en la primera entidad en emitir este tipo de instrumentos financieros, similares a las acciones pero sin derechos políticos, y someterse a la valoración del mercado.

La OPS comenzará el próximo 1 de julio y se prolongará hasta el día 18, ambos inclusive, y de acuerdo con la horquilla de precios indicativa, el valor de mercado total de la emisión se elevaría a entre 3.600 y 4.500 millones de euros. El precio minorista quedará fijado el 21 de julio.

La oferta está dirigida a inversores minoristas, con un tramo del 65,5%; a inversores cualificados (otras entidades financieras, fondos de inversión, fondos de pensiones, gestoras de carteras, entre otros), con el 31%; y a empleados, con el 3,5%.

El consejo de administración de la caja aprobó el pasado mes de mayo la emisión de cuotas para "abrir una ventana" a su expansión, así como para reforzar los recursos propios y la estructura financiera de la entidad para dar cobertura al crecimiento de su negocio.

La CAM promoverá su oferta de cuotas participativas en el mercado nacional, y éstas cotizarán en las bolsas de valores españoles, en las plazas de Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao, al tiempo que se incorporarán al mercado continuo.

Caja Mediterráneo emitirá inicialmente 50 millones de cuotas participativas de dos euros de valor nominal cada una, por un importe nominal total de 100 millones de euros. Esto representará el 7,5% del patrimonio de CAM tras la OPS, asumiendo la suscripción completa de la emisión.

De esta forma, el importe de la emisión se elevará previsiblemente a 328 millones de euros, y la prima de emisión ascenderá a 228 millones de euros, de los que 80,9 millones se destinarán al fondo de reserva de los cuotapartícipes y 147,1 millones a las reservas generales de la CAM.

La CAM subraya en el folleto que realiza la mayoría de sus actividades en España, por lo que su evolución futura se podrá ver afectada por la de la economía doméstica, mientras que los mayores costes financieros de la competencia por la captación de recursos se reflejarán en su cuenta de resultados.

Advierte además a los posibles inversores de que el impacto de una tasa de morosidad creciente sobre sus resultados puede ser "muy significativo". Los créditos dudosos representaban en marzo el 0,96% del total de crédito a clientes, con un nivel de cobertura del 108%.

Para el diseño de la operación, la colocación del tramo para inversores cualificados y la asesoría general de la operación se ha contado con los servicios de Lehman Brothers (entidad coordinadora global), Analistas Financieros Internacionales (AFI) como asesores, y como entidades colocadoras Ahorro Corporación y Gestión de Activos del Mediterráneo (Gesamed).

Empleados del Popular expresan al banco su inquietud ante la operación de compra por un inversor desconocido

MADRID.- Los trabajadores del Banco Popular han expresado a la dirección de la entidad su inquietud por las repercusiones que podría tener en la estabilidad laboral del banco el interés del grupo mexicano Blueprime de comprar el 20% de la entidad, informaron hoy fuentes sindicales.

Representantes sindicales se reunieron con el presidente del Popular, Ángel Ron, y miembros de la dirección del banco, quienes les informaron de que desconocen la identidad de los inversores a quienes representa la sociedad Blueprime.

Desde el Popular resaltaron a los sindicatos que por ahora Blueprime sólo ha realizado una oferta de compra sobre el 3,5% del capital en manos del empresario Trinitario Casanova, y que la entidad no está preocupada por un interés que podría quedarse en rumores de mercado.

Tras estas reuniones con miembros del banco, los responsables sindicales indicaron a Europa Press que los trabajadores no están preocupados en exceso por las informaciones aparecidas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la prensa, pero que mantienen el contacto permanente con la dirección del Popular por si hay novedades.

"Les hemos expresado la preocupación, pero como el que oye llover, ellos no transmiten ninguna preocupación y apuntan a la prensa para explicar los rumores, dicen que no tienen conocimiento de nada o no quieren tenerlo", explicó un representante de UGT.

Por otra parte, el sindicalista incidió en que la prima de más del 50% que podría estár dispuesto a pagar el grupo inversor mexicano para hacerse con el 20%, la misma que ha ofrecido a Casanova por su participación, es "muy elevada y no se explica por razones de mercado".

Según los expertos consultados, este sobreprecio no tiene una explicación obvia, porque las acciones cotizan mucho más baratas en el mercado, por lo que podría apuntar a una estrategia enfocada a participar en la gestión del banco.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha solicitado más información a Blueprime para conocer "quien está detrás" de la sociedad, que el lunes confirmó su acuerdo con Trinitario Casanova para adquirir su 3,5% en la entidad y que mantiene negociaciones con otros accionistas del banco para alcanzar el 20%.

No obstante, Casanova necesita la autorización de un acreedor pignoraticio para llevar a cabo la venta. Entre las posibilidades de Blueprime para llegar al 20% se encuentra Ramchand Bhavnani, que posee el 4,99%, y Américo Amorín (7,5%), aunque ambos han manifestado su intención de permanecer en el capital.

Además, Blueprime podría negociar con Allianz, que posee un participación del 9,56%, Dresdner Holding (5,931%) o Nicolás Osuna (3,905%), mientras que la sindicatura de accionistas cuenta con el 14,469% del capital social del Popular.

(Casanova, a la derecha, con el consejero Bascuñana)

La CNMV aprueba el folleto de emisión de cuotas participativas de la CAM

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de oferta pública de suscripción (OPS) de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cuyo volumen de emisión ascenderá a 328 millones de euros si el precio definitivo de las mismas se sitúa en la media de la banda de precios prevista, informó hoy el organismo supervisor.

De este modo, la caja valenciano-murciana se convertirá en la primera entidad en emitir este tipo de instrumentos financieros, similares a las acciones pero sin derechos políticos, y someterse a la valoración del mercado.

El consejo de administración de la caja aprobó en mayo la emisión de cuotas participativas y resaltó entonces que servirá para "abrir una ventana" a su expansión.

La emisión de cuotas participativas de la CAM (acciones sin derechos políticos que cotizan en Bolsa) ha topado con la ambigüedad de la ley de cajas de la Comunidad Valenciana. Un artículo de la norma, el 52, deja en manos de la Generalitat el modo en que deben repartirse los beneficios de las cajas de ahorros, del mismo modo que recae en la Administración autonómica la aprobación definitiva del presupuesto de obra social.

El matiz legal, que hasta ahora había pasado desapercibido, puesto que las ganancias de las cajas se destinan a fondos propios, reservas, inversiones y la propia obra social, ha generado dudas entre los analistas financieros y los inversores por temor a injerencias del poder político, según publicaba hoy el diario "Información".

El artículo 52 de la Ley Valenciana de Cajas de Ahorros establece que "corresponde al Instituto Valenciano de Finanzas la autorización, en su caso, de los acuerdos adoptados por la asamblea general relativos a la distribución del excedente [beneficios] obtenido y el presupuesto anual para la obra benéfico-social" de estas entidades.

Juristas citados por "Cinco Días" interpretan que el gobierno autonómico puede decidir sobre la remuneración de las cuotas. De modo general, los gobiernos autonómicos no se inmiscuyen en el reparto de los beneficios de las cajas, pero experiencia tiene la CAM sobre la interferencias pasadas del Consell en la proporcionalidad de la obra social.

La sola posibilidad de que el poder político ejerciera la menor influencia en la salida a Bolsa de la CAM se mira de soslayo por muchos inversores, sobre todo los internacionales.

Murcia no cuenta para José Blanco / Juan Redondo

De que sirve que Pedro Saura intente cambiar de discurso y de estrategia y se desgañite con su “murcianismo exigente”. De que sirve que los alternativos de Javier Mármol se esfuercen en impulsar el socialismo murciano para intentar acercarlo a la sociedad. Si luego para quién manda en la organización del PSOE, la Región no existe entre sus prioridades inmediatas.

José  Blanco lo ha dejado muy clarito en vísperas del congreso federal de los socialistas. Sus objetivos prioritarios son trabajar para impulsar el PSOE en Madrid, Castilla-León y la Comunidad Valenciana. Ramón Luis Valcárcel tras el congreso popular de Valencia puede estar tranquilo y disfrutar de las vacaciones, ya que los socialistas parece que no tienen ganas de incordiar aquí.

Los argumentos de Blanco recogen que en estas tres comunidades hay posibilidades de cambio entre el electorado e incluso ganar las autonómicas de 2011 y el partido hará un esfuerzo de renovación para responder a las necesidades y desafíos de la sociedad. En ambas el porcentaje de los socialistas se sitúa en torno al 40%. La Región de Murcia, con porcentajes inferiores y con una brecha de cerca de treinta puntos a favor de los populares parece una causa perdida, ya que aquí los revolcones del PP son seguidos desde hace quince años y van "in crescendo".

Con el todopoderoso José Blanco tirando prácticamente la toalla para las esperanzas de los socialistas murcianos, a estos les queda la posibilidad de trabajar para poco a poco acortar esas largas diferencias o esperar que las huestes populares se desgasten o se aburran de estar tantos años en San Esteban y en las alcaldías de los principales municipios. Y las palabras de Blanco no dan mucha moral al personal del PSRM.

De todas formas estás apreciaciones no duraran más de tres semanas, porque cuando se celebre el congreso regional a partir del 18 de julio, aparecerá por aquí José Blanco y algún otro representante de la dirección federal del PSOE y dirán que Murcia es prioritaria, que desde el Gobierno Central y desde el partido se hará un esfuerzo muy importante y que los populares aquí tienen los días contados. Lo de siempre, en Madrid, una cosa y luego aquí, otra.

Y Martínez Andreo sigue reflexionando en Totana

Concluida la etapa congresual, los populares vuelven a la actividad pública, dejada en un segundo plano por las tensiones internas previas al conclave de Valencia. Aquí sigue pendiente del tema de Totana, con el todavía alcalde, Martínez Andreo, centrado en su profunda reflexión personal.

Tras la retirada del apoyo por parte de la dirección regional del PP, se ha reactivado la plataforma de los vecinos por la continuidad de Pepe, como recogen en sus pancartas.

En el PP no quieren que se alargue la salida de Martínez Andreo. Se mueven con tiento porque el grupo municipal popular no está abiertamente por la labor de dejar en la estacada al edil imputado en la “Operación Tótem”, que en unas semanas tendrá que declarar ante el TSJ.

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IU+LV solicita reformar el reglamento de la Asamblea Regional para expulsar al diputado Juan Morales

CARTAGENA.- El diputado de IU+Los Verdes, José Antonio Pujante, ha presentado una iniciativa para la reforma del reglamento de la Asamblea Regional con el fin de que miembros de la Cámara imputados por delitos de corrupción no dispongan de las prerrogativas que les concede este documento.

En esta situación se encuentra el diputado y ex alcalde de Totana, Juan Morales, que pasó al Grupo Mixto tras ser expulsado del Grupo Popular al estar imputado en un caso de corrupción urbanística.

Pujante (en la imagen) hizo hincapié en la necesidad de llevar a cabo esta modificación ante "los casos de corrupción política y urbanística" en los que están implicados cargos públicos de la región de Murcia, "incluido algún representante del Parlamento", indicaron fuentes de la coalición de izquierdas en un comunicado de prensa.

En este sentido, se refirió al diputado Juan Morales, que quedó adscrito de forma automática al grupo parlamentario Mixto tras ser expulsado del PP por su presunta implicación en la operación Tótem, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en Totana.

Pujante anunció además que, con el propósito de poner en marcha esta reforma, ha convocado a la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea.

Además, el diputado de IU+Los Verdes ha presentado otra moción en la que solicita la dotación de "más medios materiales y humanos" de la Fiscalía y la de las Unidades especiales de investigación de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado para "luchar" contra la corrupción en la Región de Murcia.

Andreo: «Que se vaya de ahí Morales, que no quiero detenciones en el Ayuntamiento»

TOTANA.- A Juan Morales le dieron los siete males cuando, el 26 de noviembre del 2007, a primera hora de la mañana, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzaron a detener a varios vecinos de la localidad. Se había iniciado la Operación Tótem y el ex alcalde no debía de tener la conciencia muy tranquila, y además hubo de acordarse del refrán que dice aquello de «cuando las barbas de tu vecino veas cortar...», porque lo primero que hizo fue llamar a su abogado y pedirle asesoramiento. Estaba convencido de que su detención era cuestión de minutos, según revela hoy "La Verdad".

Así lo relató el abogado Javier C.A., también imputado en la Operación Tótem, cuando más tarde, él mismo, después de diversos avatares, se vió en la tesitura de tener que prestar declaración ante los citados agentes de la UCO. «Juan Morales -explica el abogado- le llama desde la Secretaría del Ayuntamiento de Totana (en la imagen) y le pide que vaya para allá. Que desconoce el motivo de por qué éste estaba en la Secretaría. Que llega allí y habla con Morales. Que estaba allí por el asunto de asesorarle por causa de la detención inminente de Morales que se iba a producir».

«Posteriormente -continúa su relato-, cuando el declarante se encontraba en la Secretaría con Juan Morales, llegó Antonio Morales Cánovas y les preguntó qué está pasando y le explican lo que sucede. Laura (la secretaria municipal) les dice que se marchen, porque es posible que la Policía Judicial vaya al Ayuntamiento a registrar (lo hizo tres días más tarde). En ese momento, el dicente llamó al actual alcalde, Martínez Andreo, para comunicarle que estaba en el Ayuntamiento con Juan Morales, y Andreo les dice que se marchen inmediatamente, que no quería detenciones en el Ayuntamiento».

No es necesario que les animen más. Ambos salen del edificio consistorial casi a la carrera. «Morales estaba bastante nervioso. No sabía si ir a su casa de La Charca, si ir a Murcia... Estaba alterado. El declarante no conocía si existían motivos para una detención inminente de Morales. Que quiere hacer constar que no es penalista y que tuvo que consultar detalles sobre el particular. No conocía si a Morales, como aforado, lo podían o no detener, registrar el vehículo, o incluso a él mismo. Luego (el letrado) aclara que a él sí que podían».

Juan no quería que su abogado le abandonase, bajo ningún concepto. Le pide que lo acompañe a la urbanización La Charca, «por si está allí la Policía para detenerlo. Ingenuamente, el declarante aceptó acompañarle hasta su casa. Que realmente no valoró los hechos y que quizás debía haber hecho otra cosa». Llamó a su despacho para que le facilitaran teléfonos de abogados penalistas y llamó a José María Caballero, «a quien comentó la situación y (le pidió) que si podía representar a Juan Morales, quedando en hablar posteriormente».

En la casa, mientras el letrado esperaba en el salón, el ex alcalde recorría diversas dependencias. «Debajo de la mesa del salón -sigue explicando el abogado-, entre periódicos, había varios documentos de los que (el declarante) desconoce su contenido, que Morales metió en una maleta negra junto con ropa, y el propio Morales la sacó de la casa. Que además Juan Morales entró en la cocina y salió con una bolsa de basura de color violeta. Como Morales llevaba las manos ocupadas, le entregó la maleta al manifestante para que se la llevara, a los efectos de poder estudiar su contenido con José María Caballero y preparar su posible defensa. Que el declarante le estaba asistiendo en ese momento, pero que no quería llevar ese asunto».

El detalle de la bolsa de basuras que portaba el ex alcalde de Totana es particularmente importante, por cuanto los agentes de la UCO que le iban siguiendo ese día, con gran discreción, la recuperaron del contenedor y en su interior hallaron un documento hecho trozos, que lograron recomponer.

Este documento era un reconocimiento de deuda de 3,6 millones de euros, firmado por el grupo promotor gallego Inmonuar, en favor de la firma Nubia Inversiones, y que era el método que Morales, su amigo Gabriel Martínez y dos intermediarios habían concebido, supuestamente, para asegurarse el cobro de una millonaria comisión.

Cuando compareció ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Julián Pérez Templado, el ex alcalde no fue capaz de ofrecer una explicación coherente sobre las razones por las que tenía copia de ese documento en su poder.

Tras sacar los papeles de su casa y entregárselos al abogado, ambos se dirigieron hacia Murcia, cada uno en su coche. La mala suerte sorprendió al letrado, ya que Morales atravesó sin problemas un control de la Guardia Civil, pero no así Javier C.A., a quien los agentes dieron el alto y le hicieron abrir el maletero. Cuando vieron la maleta, le preguntaron de quién era, y él respondió que era de Morales, «que es diputado regional, aforado, y que por eso no la pueden abrir».

El guardia civil, sin embargo, la abrió, vio su contenido y llamó a otros agentes, que no tardaron en presentarse en el lugar, a la vez que Morales regresaba a ese mismo sitio. El abogado le preguntó entonces: «Juan, ¿esta maleta es tuya?. Y Juan le dijo que sí, que es suya, y lo reconoce delante del agente. Juan, a indicación de alguien, se marcha del lugar».

Siguen llegando guardias civiles al lugar, éstos de la UCO, y precintan la maleta. Permiten que el abogado se marche. «Se ve con Morales en la gasolinera de Totana y quedan a comer en un restaurante de carretera llamado La Paz. Que mientras se desplazaban, el dicente llama a José María Caballero y ya no llegan a comer, que se desplazan al despacho de caballero, y allí le presenta a Morales y en ese momento Caballero se hace cargo de su asistencia jurídica».

El letrado concluye su declaración afirmando que, «a pesar de la insistencia de Morales en volver a llamarle algún día, él le deja claro que no quiere volver a hablar con él».

Las garantías ofrecidas por los bancos españoles ponen en entredicho la labor del BCE

LONDRES.- Los colaterales aceptados como garantía por el Banco Central Europeo (BCE) a la hora de proporcionar liquidez a los bancos españoles, de los que algunos, como las titulizaciones hipotecarias, podrían haber tenido que ser valorados a un precio teórico por su iliquidez en la presente coyuntura del mercado, podrían no haber sido valorados apropiadamente por la entidad presidida por Jean Claude Trichet, lo que implicaría un "subsidio ilegal" a dichos bancos, según afirma el economista Willem Buiter en el diario 'The Financial Times'.

"Existe la creciente sospecha en los mercados de que el BCE esta subsidiando a algunos bancos de la eurozona a través de la ventanilla de descuento o en las operaciones de recompra (repos), mediante la sobrevaloración o el sobreprecio de los colaterales de escasa liquidez que éstos ofrecen al Eurosistema", afirma Buiter, quien actualmente es profesor de Economía Política europea en la prestigiosa 'London School of Economics', tras haber sido economista jefe del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD).

En este sentido, el economista señala que en 2007 se produjo el colapso de la burbuja de precios de la vivienda y del sector de la construcción en España, que llegó a representar un 18% del PIB del país. Asimismo, indica que este año los bancos españoles, "muy expuestos" al sector de la construcción e inmobiliario, informaron de que han utilizado unos 46.000 millones de euros de sus activos "a menudo sin liquidez" como garantía en las subastas de liquidez del BCE.

"El sector de la construcción en España es un cadáver flotando en el agua y los precios de la vivienda están bajando, lo que expone a los bancos al riesgo de 'negative equity' para los tenedores de sus hipotecas. Como resultado, algunas de las garantías ofrecidas por los bancos españoles al Eurosistema han resultado ilíquidas y han tenido que ser valoradas a precios teóricos, e incluso algunos de estos activos podrían haber resultado no comercializables, como las hipotecas", señala el economista.

De este modo, Buiter señala que, de acuerdo con el manual del BCE, los activos no comercializables reciben un valor en función de un precio teórico o de la cantidad pendiente, por lo que si los bancos centrales optan por una valoración vinculada a la cantidad pendiente, los activos no comercializables podrían estar sujetos a mayores descuentos.

En este sentido, el economista apunta que los instrumentos de deuda no comercializables respaldados por hipotecas se encuentran sujetos a un descuento del 20% en su valoración.

"En el mercado circulan historias referentes a que el colateral ilíquido o no comercializable ofrecido por los bancos españoles había recibido un precio de no más de un 5% por debajo de su valor nominal. Si fuera cierto, probablemente representaría una sobrevaloración salvaje de los colaterales ofrecidos por los bancos españoles y un subsidio ilegal por parte del Eurosistema a estos bancos españoles", afirma Buiter.

El cumplimiento efectivo de la función de prestamista de último recurso de los bancos centrales requiere que durante una crisis de liquidez la institución emisora preste libremente a cualquier institución que no tenga liquidez, pero no a las insolventes, con una tasa de penalización, lo que resulta fundamental a la hora de frenar el riesgo moral y limitar las imprudencias en el futuro, señala Buiter.

Por esta razón, el economista advierte de que el problema fundamental es que, incluso aunque se conozcan los descuentos aplicables, no se puede precisar si el BCE o los bancos centrales nacionales de la eurozona están subsidiando a las entidades cuando estas ofrecen como garantía activos ilíquidos o no comercializables que requieren la asignación de un precio teórico.

Buiter subraya la importancia de la disponibilidad pública tanto de la metodología empleada por el Eurosistema a la hora de fijar un precio para los colaterales de escasa liquidez ofrecidos por las entidades, como de los precios teóricos actuales asignados a factores específicos con colaterales sin liquidez o no comercializables para evitar la opacidad del proceso.

"Siempre pido lo mismo. Primero, la inmediata publicación del modelo o modelos utilizados para computar los precios teóricos de los instrumentos financieros ilíquidos o no comercializables, y en segundo lugar, la publicación, con un retraso apropiado para garantizar la confidencialidad comercial, de los actuales precios y valoraciones de cada asunto específico de colaterales ilíquidos ofrecidos al Eurosistema. Una información que aún no es de dominio público", señala Buiter, quien considera que no existe justificación alguna para esta ausencia de información pública, puesto que el BCE y los distintos bancos centrales nacionales "juegan con dinero público".

"El comité de de Asuntos Económicos y Financieros del Parlamento europeo debería exigir al BCE la información respecto a estos precios

La CNMV investiga operaciones en torno al Banco Popular

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) reconoció ayer miércoles que está investigando las recientes operaciones en torno al Banco Popular.

El regulador ha solicitado a la sociedad Blueprime, que el lunes pasado dio los primeros pasos para adquirir un 20% del capital de Banco Popular, más información sobre sus planes en el banco y sobre quién es su cliente final, dijo el miércoles una portavoz.

"Hemos pedido a Blueprime que amplíen la información. Una de las cosas que les hemos pedido es que identifiquen al cliente final, al comprador, lo antes posible", dijo una portavoz del supervisor.

La sociedad Blueprime, que según algunos medios representa a un grupo de inversores mexicanos, anunció el lunes haber acordado la compra de un 3,5% de Popular en manos del especulador murciano Trinitario Casanova (en la imagen) a un precio sensiblemente superior al de mercado, de 14,20 euros por acción, y agregó que estaba ultimando la adquisición de participaciones adicionales en manos de otros accionistas minoritarios.

Sin embargo, el propio Casanova reconoció un día después del anuncio en un comunicado al regulador bursátil que antes de vender su participación del 3,5% en el banco necesita autorización de un acreedor ya que sus acciones están pignoradas (entregadas en prenda como garantía).

Las acciones de Banco Popular cedían ayer miércoles en la Bolsa.

Al mercado no acababa de encajarle la operación tal como estaba planteada pues en el comunicado del lunes Blueprime no había dicho quiénes eran los compradores ni tampoco se explicaban las razones de una prima tan elevada, que superaba el 50% sobre el precio del cierre del viernes pasado.

Blueprime tendría que requerir además la preceptiva autorización del Banco de España para poder adquirir una participación significativa en una entidad financiera española.