sábado, 28 de junio de 2008

El congreso regional del PP y la sucesión de Ramón Luis Valcárcel / Juan Redondo

Los nuevos estatutos del Partido Popular establecen un sistema de primarias para elegir el candidato a la presidencia del Gobierno. Antes era el comité electoral el que proponía, ahora se celebrará un congreso extraordinario, donde los compromisarios de las distintas provincias elegirán al candidato.

Esta norma podría trasladarse a los aspirantes de las distintas comunidades autónomas, tema que queda pendiente del desarrollo de un reglamento por parte de la dirección nacional de los populares.

De darse está última circunstancia formalmente Valcárcel no podría designar a dedo a su sucesor, como en su día hizo Aznar con Mariano Rajoy, sino que serían los delegados murcianos los que tendrían la última palabra.

En el otoño celebran los populares murcianos su conclave regional, Valcárcel ha anunciado que se presentará como candidato a la presidencia del PP y nadie duda que saldrá elegido por aclamación, por lo que tendrá las manos libres para decidir su futuro político personal y el del partido en la Región. El líder incuestionable del PP mantiene la duda sobre si agotará la legislatura o dará el relevo dentro de un año con motivo de las europeas.

Saura en el debate sobre el Estado de la Región pidió a Valcárcel que agotará el mandato. El sentir del líder del socialismo murciano es compartido por un amplio sector de los populares. Es más son muchos los dirigentes regionales del PP que opinan que debería aspirar al menos a un mandato más, por aquello de que en tiempos de mudanza, templanza. Dicen que con la crisis económica que se avecina, por el bien de la Región Valcárcel debe mantenerse al frente del timón, “porque es un político se crece ante las adversidades”.

De momento el mejor situado en la recámara es Pedro Antonio Sánchez, alcalde de Puerto Lumbreras, diputado regional y portavoz del PP. Algunos rumores le sitúan en el Gobierno Regional en la remodelación que dicen que va a hacer Valcárcel antes de las vacaciones. “No parece oportuno, ya que tendría que dejar la portavocía del partido, perdiendo peso en el interno”, comenta un veterano militante popular.

De momento Valcárcel se ha tomando unos días de descanso, de asuntos propios, tras un mes intenso, entre el debate regional en la Asamblea y la organización y evolución del congreso popular, que le dejó con un secuela febril por el aire acondicionado. En este descanso dicen sus más allegados que reflexionará sobre la posible remodelación del Ejecutivo Regional y también sobre temas de mayor calado como su agenda política personal y la sucesión. Julio puede traer sorpresas.

Los “sanfermines” de Martínez Andreo

El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, está previsto que comparezca a partir del día 7 ante la sala del TSJ, que preside Julián Pérez Templado, sobre el proceso judicial abierto por la “Operación Tótem”. Esa fecha, las declaraciones y las posibles actuaciones judiciales posteriores, van a marcar la hora punta en su continuidad al frente de la corporación municipal. Es el compás de espera que se ha dado la dirección regional del PP para la salida del edil imputado.

En principio las cosas parecían más fáciles para los dirigentes regional del PP, con una salida prácticamente pactada. La posición del grupo municipal y las manifestaciones públicas de la plataforma vecinal de apoyo, ha enconado el tema. Y el PP no quiere llegar a la tesitura de presentar una moción de censura si Andreo mantiene su enrocamiento.

www.elfaro.es

La Azohía y Cala Reona únicas zonas de costa urbanizables en el término de Cartagena

CARTAGENA.- El ayuntamiento de Cartagena sólo permitirá que se construya en dos zonas costeras orientadas hacia el Mediterráneo: Cala Reona e Isla Plana y La Azohía. Se trata de poco más de dos kilómetros que suponen el 1,2% de la costa del municipio, destacó ayer la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, durante la presentación del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y recoge "La Opinión".

Este documento regula además los 20.000 millones de metros cuadrados de suelo protegido en la ribera sur del Mar Menor "donde no se podrá edificar, tal y como nos comprometimos en 2006, con el apoyo de IU y el voto en contra del PSOE", dijo.

Barreiro hizo hincapié en que el aprovechamiento de los valores paisajísticos, medioambientales y naturales, enfocados a potenciar el turismo y los servicios, es uno de los tres criterios políticos del PGOU, "que es un instrumento de desarrollo económico que obedece a la política de diversificación de la economía del PP. Los otros dos ejes son los servicios en las zonas rurales y el suelo industrial. En situaciones de crisis es difícil que los tres ejes se vengan abajo".

En este sentido, subrayó que Cartagena "se va a convertir en el municipio con mayor superficie protegida del Mediterráneo: el 71,17% del territorio del municipio tiene algún tipo de protección, es más de lo que ofrece cualquier área del Mediterráneo".

La mejora de los servicios y recursos en las zonas agrícolas supone la creación de nuevas carreteras y vías de gran capacidad que terminarán con los problemas de acceso y circunvalación de algunos barrios y que mejorarán las salidas y entradas al casco y la comunicación entre zonas del municipio.

"Estos servicios se generarán alrededor de la zona oeste para que pueda crecer más, y no sólo con edificaciones y protecciones ambientales, sino con equipamientos para transportes y comunicaciones", señaló.

Grandes avenidas

El PGOU permitirá el crecimiento urbano hasta el límite que establecen la autovía Cartagena-Murcia y la circunvalación de la autopista Cartagena-Vera por el norte, y la ciudad se extenderá hacia el este, sobre Potasas y en el camino hacia La Unión. Barreiro destacó que el Plan habilita 16,6 millones de metros cuadrados susceptibles de ser edificables, donde se prevé la construcción de 96.000 viviendas, de las cuales el 30% serán de protección oficial.

"El plan actual vigente de 1987 contemplaba 17.000 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, donde se podían edificar una media de 96.000 casas. Se han construido 45.000 viviendas".

El nuevo diseño urbano apostará por accesos a la ciudad por grandes avenidas: una será la primera línea de fachadas del barrio de San Antón, de forma que se pueda configurar una prolongación de la Alameda hacia el norte.

Esa concentración de edificabilidad permitirá 'esponjar' el núcleo actual del barrio y hacer que se abran espacios para parques y plazas para mejorar su habitabilidad y su calidad de vida. El mismo modelo se propone tanto para la prolongación de Alfonso XIII hacia el este, sobre los antiguos terrenos de Potasas, como para la conexión del casco hacia La Unión.

El avance del nuevo PGOU amplía hasta un 36% el suelo industrial respecto al plan vigente de 1987. "Se pasa de 28 millones de metros cuadrados a 38,5 millones de metros cuadrados. No podrá decirse que por falta de suelo industrial no puede instalarse una empresa en el municipio", subrayó.

Aumenta el suelo industrial

Destacó como lo más importante un gran entorno de 9,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial en el entorno del polígono de Los Camachos, que unirá éste con Cabezo Beaza. Asimismo, en las diputaciones de La Palma, El Albujón y La Aljorra se incluirán bolsas de suelo destinadas a la consolidación y ampliación de sus polígonos industriales. En Escombreras se amplía en dos millones de metros cuadrados su superficie.

(Playa de Cala Reona)

La CNMV investiga a Trinitario Casanova

MADRID.- Trinitario Casanova ya no podrá vender su 3,5% del Banco Popular al grupo fantasma que supuestamente estaba dispuesto a pagar por él un elevado precio. La razón es muy simple: ya no tiene ese paquete, según revela hoy "El País".

El empresario que controla el Grupo Hispania comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha dejado de tener una participación significativa (esto es, superior al 3%) en el Popular. No ha sido él el que ha decidido vender, sino que el acreedor que tenía las acciones en prenda ha vendido una parte para asegurarse el cobro de la deuda.

La operación alimenta la teoría de que el supuesto interés de un grupo inversor mexicano por hacerse con un 20% del Banco Popular pagando mucho más de lo que vale en Bolsa era una cortina de humo llamada a inflar la cotización del Popular en Bolsa.

Para Casanova, era vital que las acciones no siguiesen cayendo. Las había comprado con un préstamo y se había visto atrapado por la negativa evolución en Bolsa. Pagó a 12,36 euros acciones que ayer cerraron a 9,02. Casanova invirtió 526 millones, de los que 394 correspondían a un préstamo bancario con las acciones pignoradas en garantía.

Con la caída del Popular en Bolsa, esa garantía resultaba insuficiente, por lo que Casanova tuvo que aportar otros 99 millones en enero. Pero el Popular ha seguido a la baja y el banco ha exigido nuevas garantías. Al no aportarlas, el acreedor ha ejecutado la prenda y ha vendido parte de las acciones en Bolsa. Casanova no ha desvelado qué parte ha sido vendida.

Falsa noticia

Hace unas semanas, justo cuando la caída en Bolsa del Popular hacía inminente la amenaza de la ejecución de la prenda, un diario gratuito (que tuvo negocios con las empresas de Casanova) publicó la falsa noticia de que un grupo inversor mexicano liderado por el empresario Tomás Milmo iba a lanzar una OPA para hacerse con la mayoría del Popular. Algún otro medio dio credibilidad a que había un acuerdo casi cerrado de Milmo con accionistas como Nicolás Osuna o Américo Amorim, entre otros.

Esas falsas noticias, desmentidas por sus supuestos protagonistas, hicieron subir las acciones del Popular en Bolsa y evitaron la ejecución de las garantías del préstamo de Casanova. La CNMV pidió explicaciones y finalmente sólo el propio Casanova dijo estar negociando con "un grupo inversor mexicano" no identificado la venta de sus acciones. Según se iba desmontando la versión inicial, las acciones volvieron a caer.

Esta semana, Casanova y una sociedad recién constituida con un capital mínimo llamada Blueprime comunicaron un acuerdo de venta del 3,5% del Popular a 14,2 euros por acción. En realidad, el acuerdo no sólo no tenía sentido, sino que además era papel mojado, pues estaba sujeto a condiciones aparentemente imposibles de cumplir, entre ellas, el acuerdo del banco acreedor que tenía las acciones en prenda.

Blueprime decía estar en negociaciones avanzadas con varios accionistas para comprarles sus acciones, y aseguraba estar interesado en comprar el 20% del Banco Popular. La CNMV investiga quién está detrás de esa sociedad y si todo ha sido un montaje para impulsar la cotización.

La CNMV exige a la CAM que sea clara en la colocación de sus 'acciones'

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió una nota informativa en la que advirtió de la complejidad de las cuotas participativas frente a las acciones tradicionales. El regulador, que el jueves dio el visto bueno a la emisión de 50 millones de cuotas por parte de Caja Mediterráneo (CAM), instó a los inversores a una 'atenta lectura' del folleto de emisión 'dada la novedad y las características' del producto que se lanza por primera vez, según "Cinco Días".

En su nota, la CNMV hizo especial énfasis en la complicada política de dividendos de las cuotas y, en especial, a la más que probable posibilidad de que la participación de los cuotapartícipes en los beneficios de la caja se reduzca progresivamente desde el 7,5% inicial.

Tal y como publicó "CincoDías" el viernes, ese porcentaje irá modificándose cada año al estar referenciado al patrimonio de la caja, que normalmente aumenta cada ejercicio, ya que buena parte del beneficio se destina a reservas. Como el número de acciones no cambia, lo que representan sobre el valor patrimonial baja, y esa cifra es la que se utiliza para calcular el dividendo que se paga a los cuotapartícipes.

La CNMV también le lanza un mensaje a CAM, a la que exige que, ya que va a ser el colocador del tramo minorista, informe a sus clientes del posible conflicto de intereses, al ser también el emisor. La caja se ha comprometido a hacer un 'test de conveniencia' de los posibles inversores.

"Dada la novedad y las características de la emisión, la CNMV recomienda la atenta lectura del tríptico y la consulta del folleto de emisión", afirma el institución que preside Julio Segura (en la imagen).

Además, la CNMV recuerda que existe un límite a la tenencia de cuotas participativas que se sitúa en el 5% del volumen total en circulación.

De superarse ese límite, apunta la CNMV, se suspenderán todos los derechos económicos de las cuotas adquiridas por los accionistas.

El organismo supervisor explica que también es obligatorio notificar a la caja y al Banco de España cualquier participación que exceda del 0,5% de la emisión.

La caja murciano-alicantina pondrá en el mercado un total de 50 millones de cuotas con un valor nominal de 2 euros cada una. Se admitirán a negociación el próximo 23 de julio y su precio indicativo y no vinculante será de entre 5,84 y 7,30 euros.

El TSJRM declara ilegal la cantera del presidente de la Cámara de Comercio de Murcia

MURCIA.- Al cabo de 34 años, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha declarado ilegal una cantera propiedad del presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García Balibrea, que obtuvo licencia municipal en los estertores del franquismo, en 1974, siendo alcalde de Murcia el actual secretario general y ex presidente de los empresarios regionales, Clemente García García.

La sentencia de la sala de lo Contencioso del TSJM, cuyo ponente ha sido el magistrado Enrique Quiñonero Cervantes, establece que “la licencia es para lo que es; es decir, la instalación de trituración y clasificación de áridos”, y no está incluida en ella la explotación de la cantera, denominada ‘El Zacacho’, como reclamaba el propietario de la misma, director gerente y propietario de la sociedad Áridos del Mediterráneo S.A. (ARIMESA), Pedro García Balibrea.

Desde que en 1974 comenzó la explotación de la cantera declarada ahora ilegal, ARIMESA ha destruido hectáreas de monte para extraer la piedra que no estaba autorizada a sacar. En su momento, la licencia fue otorgada por el Ayuntamiento de Murcia pues el lugar pertenecía a ese término municipal.

Al producirse la segregación de Santomera, en 1978, y la constitución de su municipio, los sucesivos consistorios ya democráticos en manos tanto del PSOE como del PP han hecho la vista gorda sobre lo que se hacía en 'El Zacacho', a pesar de las reiteradas denuncias de vecinos afectados por la actividad ilegal y de grupos ecologistas.

Esa extracción ahora declarada ilegal definitivamente ha sido objeto, además, del inicio de procedimientos penales en curso por delito ecológico.

La sociedad propietaria de ‘El Zacacho’, ARIMESA, cuyo accionista principal es el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García Balibrea, ha argumentado en todos los procedimientos que la extracción de piedra estaba incluida en la licencia municipal de 1974, cosa que queda ahora desmentida por la sentencia firme y que no admite recurso del TSJM, que tiene fecha del 30 de abril de 2008.

Arrastra un expediente desde 1994

Además, la sentencia establece que la planta de producción de hormigón incluida en ‘El Zacacho’ carece igualmente de cualquier tipo de licencia: ni municipal, ni de las Consejerías de Industria o de Medio Ambiente. De hecho, la Comunidad Autónoma abrió expediente al respecto en 1994.

Item más, a ‘El Zacacho’ la Consejería de Ordenación del Territorio le abrió otro expediente urbanístico por carecer de licencia de obras para instalar oficinas y otros edificios en suelo no urbanizable, en marzo de 1996.

Sorprendentemente, ‘El Zacacho’ no ha cesado su actividad extractiva e incluso ha ampliado instalaciones, a fecha de la sentencia del TSJM, el 30 de abril pasado. Las consejerías de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente quedaron subsumidas en la de Desarrollo Sostenible en la última remodelación del gobierno regional murciano del PP, sin que haya tomado cartas en el asunto a fecha de hoy.

www.elconfidencial.com