miércoles, 2 de julio de 2008

Española del Zinc recibe licencia para demoler su fábrica en Cartagena

CARTAGENA.- Española del Zinc ha recibido hoy la licencia por parte del Ayuntamiento de Cartagena para la demolición de su antigua fábrica situada en Torreciega, según explicó la compañía metalúrgica.

Este es uno de los requisitos necesarios para que la sociedad cumpla su plan de viabilidad y haga efectivo el traslado su producción al polígono industrial de Los Camachos.

"Es un paso importante para la compañía. Con esta licencia administrativa comienzan a despejarse las dudas que había apuntado el auditor en torno a la venta de los terrenos de la fábrica", explicó un portavoz a la compañía.

La compañía acordó con QUORUM la venta de los terrenos donde se ubica la factoría de Torreciega por 142 millones de euros, importe que se anotó como beneficio en sus cuentas de 2006.

El auditor de Española del Zinc indicó en su informe que consideraba que no se habían cumplido las condiciones necesarias para completar la operación.

Por otra parte, la compañía indicó que el Gobierno autónomo de Murcia iniciará la evaluación del impacto ambiental de su futura fábrica en Los Camachos.

"Este es el segundo trámite administrativo contemplado en el plan de viabilidad, cuyo satisfactorio cumplimiento nunca había estado tan cerca", añadió la empresa en una nota.

La Politécnica de la Región de Murcia / Juan Redondo

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC) es una de las cuatro públicas que existen en España. En la década que lleva implantada ha conseguido un reconocimiento y prestigio, tanto por la formación de las promociones de titulados, como por los proyectos de investigación desarrollados, aspectos que avalan la idoneidad de sus instalaciones y la calidad del profesorado.

Sin embargo, cuando llegan estas fechas donde se ofertan las plazas universitarias, la UPCT se encuentra con que la demanda por parte de los alumnos no supera las previsiones. “Necesitamos más alumnos”, apuntan desde la UPCT.

El rector, Félix Faura, recientemente reelegido por aclamación, dice que también espera más apoyo y protección del Gobierno Regional a la hora de implantar nuevos títulos de grado. La apreciación puntual de Faura viene por la preinscripción para Arquitectura, de próxima implantación.

En esta disciplina van a competir en captación de alumnos la UPCT y la privada UCAM. De momento en está última, la de la polémica titularidad entre Obispado y la Fundación San Antonio de la familia Mendoza, las solicitudes ya han superado ampliamente los puestos ofertados. La duplicidad de la oferta docente, pública y privada, no tiene porque ser cuestionable, ya que ambas cuentan con los correspondientes requisitos legales.

Sin embargo quizás sea el momento de empezar a plantearse el por qué del estancamiento de la UPCT, de su baja competividad frente a ofertas privadas o publicas, como las de Alicante. Su ubicación en Cartagena debe considerarse la más idonea debido a que ahí se encuentra el gran polo industrial de la Región.

Sin embargo no acaba de considerarse como la Politécnica de la Región de Murcia. A veces por la distancia o quizás por la falta de promoción por las instituciones regionales. Faura habla sensatamente de más proteccción por parte de la Comunidad. La UPCT no puede ni debe quedarse limitada en su expansión e incluso, como apuntan analistas, no debería descartar ampliar su campus a Murcia. Un debate que queda abierto.

Y Saura tiene la culpa del “agujero sanitario”

La situación financiera de la Sanidad regional es más que preocupante, sino no presentan la concursal es porque las entidades públicas no pueden acudir a esta medida. Con una deuda actual de 300 millones de euros a unos proveedores que les tienen con la soga al cuello. Con un libramiento de 70 millones por parte de la tesorería regional, que apenas cubre un mes, y con la amenaza de no librar más euros hasta final de año, con lo que la deuda se irá a los 600 millones, sale la consejera Palacios echando la culpa a Pedro Saura.

Las transferencias las negoció en su día Francisco Marqués, la jornada de 35 horas y el incremento salarial de los funcionarios del SMS lo firmó el Gobierno Regional. A la actual consejera la trajo Valcárcel de Cartagena para sustituir a Teresa Herranz, como teórica experta en control del gasto. Y ante una situación sino caótica, al menos preocupante, sale con la coyuntura y con Princesa. Disculpas que a los acreedores no les harán mucha gracia.

www.elfaro.es

El Gobierno regional recula ahora con la UCAM

MURCIA.- La crisis producida en torno a la UCAM por las maniobras de José Luis Mendoza en el Vaticano ha hecho recular al gobierno regional, dentro de un compás de espera para ver cómo se resuelve finalmente en los dicasterios el contencioso con el Obispado de la diócesis de Cartagena por la titularidad del centro.

De momento, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) sí podrá impartir el próximo curso el título del grado de Arquitectura, que no podrá ofertar la UCAM en Murcia, y que por acuerdo del Consejo Interuniversitario celebrado hoy, tampoco podrá ofrecer en el curso académico 2008-09 la licenciatura en Psicología.

La Consejería de Educación no descarta que ambos grados universitarios puedan ser impartidos en el futuro por la UCAM y confirma que el próximo curso sí podrá impartir las mismas titulaciones que ya venía impartiendo.

Oculta posiblemente el consejero Medina Precioso que las supuestas dificultades económicas son otros de los motivos para actuar con cautela en espera de la evolución de este trance. Y, por supuesto, que la existencia de una plataforma de la sociedad civil por la calidad de la enseñanza universitaria en la Región de Murcia, también le frena al saberla dispuesta a recurrir a los tribunales ante el más mínimo exceso de la Consejería o del propio Mendoza por su cuenta.

La negativa ante las pretensiones de la UCAM, según fuentes del PSRM presentes en la reunión del Consejo Interuniversitario de esta mañana, tiene que ver conque no estaba garantizada la calidad de la docencia en sus dos solicitudes, mientras que la UPCT demostró que sí tiene los medios necesarios y suficientes como para poder poner en marcha los estudios de Arquitectura a partir de octubre.

En un alarde más de imprudencia, la UCAM tenía abierto ya un plazo de preinscripción para las 50 plazas previstas para cursar los estudios de Arquitectura. Mendoza no se ha esperado a conocer el informe que, tanto el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia como el de Aparejadores y Arquitectos, han realizado en función de sus salidas profesionales.

Ahora a la UCAM le cabe presentar un recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia por la rotunda negativa del Consejo Interuniversitario aunque Medina Precioso ya dijo hace unos días que “su criterio político está en dar prioridad a las universidades públicas sobre las privadas”.

Desde la UMU se ha venido pidiendo al Consejo Interuniversitario que tenga en cuenta los requisitos legales del decreto de 1991 por el cual se regula el proceso de nuevas titulaciones. Esto supone tener en cuenta el número de doctores adscritos a esta titulación o las instalaciones con las que se cuentan.

El Consejo de Estudiantes de la UMU (CEUM) solicitó ya a los miembros del Consejo Interuniversitario que se cumplan todos los requisitos legales y reglamentarios establecidos por el Estado y la Comunidad Autónoma en función de la dedicación laboral de los doctores de la carrera y pidió también que, en el caso de que alguna titulación no cumpla esos requisitos, se deniegue su aprobación.

Algunos implicados en la "Tótem" se muestran remisos a colaborar con la Justicia

MURCIA.- Los empresarios Fulgencio y Juan Marín Bravo declararon hoy ante el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado, por su presunta relación con la operación 'Tótem'.

A su salida, ambos dijeron estar muy "tranquilos y contentos"; mientras un tercer empresario, José Antonio Alcántara, no declaró, según confirmó su abogado, José María Caballero.

El primero en entrar a prestar declaración --que duró aproximadamente unos 35 minutos-- fue Fulgencio Marín Bravo, no afirmando ni negando a su salida si había comparecido, aunque su abogado corroboró que sí que había declarado.

Posteriormente, a las 11.00 horas entró su hermano Juan, quien afirmó, a su salida tras haber pasado una hora, que sí había declarado y que salía "muy contento".

La comparecencia de José Antonio Alcántara se alargó poco más de media hora y a su salida, no quiso hacer ningún tipo de comentario. Su abogado, José María Caballero, aseguró que no declaró "por coherencia con el incidente de nulidad" que se presentó el pasado lunes y, "por lo menos, hasta que se resuelva".

Y es que, aclaró el letrado, "si pedimos que el procedimiento sea nulo y estamos instando esa declaración de nulidad, entrar a declarar sobre algo que es nulo sería contradictorio".

Caballero explicó que los dos hermanos relataron que "habían hecho una operación absolutamente legal, en la que no ha intervenido nadie, ni nadie se ha llevado comisiones ilegales".

"Las únicas comisiones pactadas eran las propias de este tipo de operaciones, en las que hay una persona que hace una función de corretaje, tan común en nuestra zona de intermediación y ya está", puntualizó Caballero, quien dejó claro que si el ex alcalde, Juan Morales, "se hubiera llevado el corretaje de esa venta, no sería legal".

En este sentido, continuó argumentando que "el corretaje que se pactó fue normal, entre los que hacen de corredores y los que hacen de comprador y vendedor y Morales --insistió-- no lleva absolutamente nada".

"Lo que fuera no lo han cobrado", apostilló.

El defensor de Alcántara también resaltó que "una de las cosas que ha dicho" el mencionado empresario es que "además de ser legal, no se ha llevado un duro por una operación que, además, le costó mucho trabajo".

Igualmente, aseguró que con la ex esposa de Morales "no se han pactado ningunas comisiones en absoluto". Y es que, denunció públicamente, "se habla de un documento, del que dicen hay un original, que siempre se afirma que hay un original, pero que el original no aparece por ningún lado y que lo hemos reclamado", por lo que demandó que "si hay un original que lo traigan y si no, que dejen de mencionarlo".

Por último, Caballero precisó que "Morales y Alcántara comparecen por cuestiones totalmente distintas", ya que al segundo de ellos "lo conozco de muchos años y, posteriormente, vino a verme el ex alcalde de forma totalmente independiente".

Sobre ello, subrayó que "no hay defensa que sea incompatible, ya que no hay imputaciones recíprocas ni ninguno de ellos dice nada que pueda perjudicar al otro y entendí que se podían llevar perfectamente".

Mañana declarará, entre otros, ante el magistrado instructor la compañera sentimental de Morales, cuya defensa la lleva un compañero del despacho de Caballero.

El abogado especialista Juan Enrique Serrano exculpa a la legislación autonómica murciana de la corrupción urbanística en los municipios

MURCIA.- El abogado y ex consejero de Urbanismo en un gobierno del PSRM, Juan Enrique Serrano, considera que la legislación que ordena el suelo en la Región de Murcia no es culpable de los casos de corrupción, según publica hoy "La Verdad".

Éstos se deben más a la «debilidad de los municipios por la falta de recursos que padecen». Así, tampoco quedan exentas de culpa la Comunidad Autónoma y el Estado, que «en materia de financiación han dejado indefensos a los ayuntamientos ante quienes propician la corrupción».

«Si los ayuntamientos fueran fuertes económicamente deberían poder hacer frente a la corrupción», afirma Serrano antes de presentar el libro Comentarios a la legislación urbanística de la Región de Murcia.

«Este libro no juzga el modelo, sino su legislación, porque uno lo deciden los gobernantes, mientras que la otra pone los medios para desarrollarlo», comenta Serrano.

Tomando como ejemplos los casos de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, el abogado sostiene que, aunque «la legislación murciana es serena, no como la de Valencia, que ha propiciado crecimientos desmesurados, y sean en verdad muy distantes, el resultado en cuanto al modelo es el mismo».

Aunque las leyes que afectan al crecimiento vertical de las ciudades y pueblos son «neutras», existen instrumentos del Derecho «que la Comunidad Autónoma podría aplicar e implicar a los municipios para evitar la corrupción».

De qué mecanismos estamos hablando es otra cuestión que «habría que estudiar», pero una de ellas es la mejora de la seguridad que las leyes dan a propietarios, compradores y administraciones.

La Región de Murcia vuelve a ser líder nacional en desempleo

MURCIA.- El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la Región de Murcia en el mes de junio aumentó en 2.788 personas, lo que supone un incremento del 4,52 por ciento respecto al mes anterior, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Con esta cifra, el número total de desempleados en la Comunidad se sitúa en 64.512 trabajadores. Asimismo, en términos interanuales, el paro aumentó en 21.031 personas, lo que representa un incremento de un 48,37 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, la más alta del país y más del doble que la media nacional.

En el conjunto nacional, el número de parados registrados en las oficinas del INEM subió en 36.849 personas en junio, el 1,5 por ciento más respecto a mayo, con lo que la cifra total de desempleados se situó en 2.390.424 personas.

Esta subida es la primera que se produce en este mes desde 1996, primer año de la serie histórica con datos comparables. El ascenso de junio es el tercero consecutivo tras el de mayo, cuando el desempleo subió en 15.058 personas, registrando también el primer repunte en un mes de mayo en doce años.

Por sectores, el paro registrado en la Región de Murcia aumentó en 1.431 personas en el sector de la Construcción; en 820 personas en el sector Servicios; en 218 personas en la Industria; en 214 en la Agricultura, y en 105 personas en el colectivo Sin Empleo Anterior.

Por sexos, de los 64.512 desempleados registrados el pasado mes en la Región de Murcia, 32.237 eran mujeres y el resto, 32.275, fueron hombres.

El Notario y su velléité / Juan José Cánovas*

Siempre he pensado que un Notario debe ser un cargo ecuánime, que vela por la legalidad y la Justicia. Al igual que los jueces o fiscales, se deben a una función para que los actos jurídicos se ajusten a la Ley y al interés público, que como recoge la Constitución, está muy por encima del privado.

Por esas razones, hay cosas que no me cuadran en el comportamiento de don Patricio Chamorro en relación a su actuación en la venta de la parcela de Kappa, cuyo legítimo dueño era el pueblo de Totana. Conociendo algunos detalles de la trama investigada por la Justicia y la Guardia Civil, todavía resulta menos entendible. El Notario compareció como imputado, aunque no es menos cierto que abandonó sin cargos el Palacio de Justicia. Es un honor para mí que don Patricio me nombrase, del orden de las seis veces en su confesión ante el magistrado.

No solo se requirió al Notario, en sede judicial y como imputado, por el tema de la parcela de Kappa. Había más cosas. Vayamos por partes. Cuenta el señor Chamorro que tuvo conocimiento de la intención de vender la parcela y asesoró a las partes para que la compraventa fuese algo perfecto, ya que su amigo, Gabriel; “quería el solar limpio de cargas…”. Por tanto, les orientó para que solicitaran permiso al Consejo de Administración de la Empresa Municipal "Proinvitosa".

Lo que no sé es si les dijo que la oferta pasase fuera del orden del día, sin avisar y careciendo de informe jurídico, para que los que decidían, supiesen a qué se atenían. Si el Notario considera y consideraba que la clausula, incluida por mí en el año 2000, no era válida; ¿por qué orienta a las partes que lo pasen por el Consejo? Supongo que para hacerlo sin mácula. El único tropiezo era que en el Consejo había un “comunista” (Pedro Martínez) que no vio clara la operación especulativa, presentando impugnaciones y denuncia ante el fiscal por atentar, el acuerdo, contra el interés público.

Manifiesta, don Patricio, que una hora antes de formalizarse la escritura, “se presenta Juan José Cánovas (O sea, yo) en su despacho y se siente amenazado, al igual que los miembros del Consejo de Administración…”. Quizás se sintió cohibido por el fuerte olor a azufre que emitimos los “comunistas”, cuando nos encontramos en los despachos de los Notarios. Solo quería decirle (y le dije) que el acuerdo no era correcto, pues atentaba contra los intereses del pueblo de Totana y que el acta no estaba aprobada, además de haber firmado el certificado el secretario, que no se encontraba en la reunión. Sus lacónicas palabras, emulando a Pilatos, fueron: “A mi me han traído el certificado de un acta…”

Que cada cual saque sus conclusiones. Estamos hablando de una operación que ha reportado casi 15 millones de euros de beneficio ilícito, al especular con un solar, cuyo legítimo dueño es el pueblo, mientras los pequeños y medianos empresarios de Totana se quedaban sin parcelas, fruto del trapichéo de unos pocos.

No se entiende que en las conversaciones, interceptadas por la Guardia Civil, Gabriel le diga a Morales que se asesorarán con Patricio para hacer bien los documentos sobre el cobro de comisiones (o cohechos) a Nuaria. Tampoco se entiende que el Notario llame a los consejeros del PP para tranquilizarlos, en presencia de Morales, una vez hubo regresado éste de su viaje a Brasil.

Olvidó, el servidor público, que podría haber informado y tranquilizado, también, a los consejeros del PSOE y al de IU. Quizás iban a ser duros de mollera y no entrarían por ceder ante los intereses de sus amigos y compañeros de mesa y mantel, los honorables Gabriel Martínez y Juan Morales, acompañados por el ínclito y empalagoso, Álvarez Moreno. Buen elenco para mejor faena.

Habla de imperfección, sin tener en cuenta la voluntad de las partes (la mía, al firmar en el año 2000, era que no se especulara con el suelo público) e intenta echar un poco de fango sobre mi actuación como presidente de Proinvitosa, intentando enredarme en los chanchullos de UCOM y Martínez Andreo, para la venta de otra parcela, al igual que “el pelotazo de Mariper” o el de Sierra Espuña Trade. Estaba, don Patricio, muy afectado en su honor, que debe ser mucho más valioso que el mío. Algunos, tendrán “honorables” compañeros del buen yantar y tertulias, sin Derecho. A otros, nos queda la dignidad, la honestidad y el poder ir por la calle con la cabeza alta.

Que no recuerde si la fachada de Los Carlos se hundió o fue derribada, con alevosía y festividad, es algo “normal” en un fedatario público y que en plenas detenciones y registros, se ofrezca a llevar los poderes para pleitos a Morales, a la sede del PP en Murcia, contrasta con su negativa a llevar un requerimiento, solicitado por Pedro Martínez en junio de 2006, a la vuelta de la esquina, porque tenía mucho trabajo. Pero lo más gracioso de todo es la desaparición del nombre de Morales, de las bases de datos, cuando otorga un poder a una señora para que le compre el piso de Murcia. Concretamente, a ella misma.

Nos debería explicar el Notario, la perfección de un acto jurídico, en el que la misma persona compra y vende el mismo bien, mediante un apoderamiento. Un error informático, hace desaparecer a su amigo y compañero de comidas, el poderdante, Juan Morales, de las bases de datos que pueden investigar la Justicia, por si se ha producido un delito. En fin, con todos mis respetos, no me terminan de convencer esos actos jurídicos y documentados tan perfectos, ni las veleidades del Notario.

* Coordinador de IU en el Bajo Guadalentín

Caja Mediterráneo debe colocar antes, al menos el 68% de las cuotas para poder cotizar en Bolsa

MADRID.- Caja Mediterráneo (CAM) inició ayer el proceso de colocación de su emisión de cuotas participativas, con la que pondrá en mercado 50 millones de títulos con un precio de entre 5,84 y 7,30 euros –dos euros de valor nominal y el resto, como prima de emisión–.

La caja abre el periodo de formulación de mandatos de suscripción por parte de inversores minoristas e institucionales, así como de asignación gratuita de cuotas en el tramo para empleados.

La entidad tiene que cubrir al menos el 68% de la emisión para poder iniciar su cotización en bolsa, prevista para el 23 de julio. Prevé superar con creces este objetivo, ya que afirma contar con reservas que superarían ya el importe asignado a cada segmento: el 65,5% para inversores minoristas, el 31% para institucionales y el 3,5% para empleados, según "Expansión".

De hecho, la emisión de la CAM no cuenta con entidad aseguradora, que asuma los valores que no sean suscritos en la oferta pública.

Los particulares interesados pueden acudir a la propia CAM, mientras que los institucionales deben dirigirse al banco de inversión Lehman Brothers –coordinador global de la emisión– o las sociedades de valores Ahorro Corporación y Gestión de Activos del Mediterráneo –del grupo de la caja–. Las solicitudes podrán formularse hasta el 18 de julio.

La salida a Bolsa permitirá a la CAM ingresar entre 292 y 365 millones, que irán a “reforzar los recursos propios y la estructura financiera para dar cobertura al crecimiento del negocio”.

El precio máximo se fijará el 15 de julio y el definitivo, el 21, dos días antes del inicio de la negociación en el parqué. A los ingresos habría que restar 20,47 millones de gastos por la operación.

La entidad se valora entre 3.893 y 4.866 millones, lo que supone situarla por encima de Bankinter o Banco Pastor.

Las cuotas participativas serán remuneradas con un dividendo ligado al beneficio de la caja y carecen de derechos políticos. Su precio estará sujeto a la negociación en bolsa.

Tanto CAM como la CNMV recuerdan que los títulos están sujetos al riesgo de mercado y a los que inciden en la evolución del negocio y el patrimonio de la caja, como los de crédito, tipos de interés y liquidez.

Además, el peso de las cuotas en el reparto de beneficios –inicialmente del 7,5%– se reducirá a medida que el patrimonio de la caja vaya aumentando.

En el folleto informativo emitido por la CAM con motivo de la emisión de cuotas participativas, la entidad asume que si los precios del mercado inmobiliario cayesen de manera significativa "se reduciría el valor de los activos que garantizan la cartera de préstamos hipotecarios, y, por tanto, aumentaría el riesgo de no recuperar toda la deuda en caso de tener que ejecutar las garantías", según recoge el diario "Información".

Con motivo de la salida de la caja a Bolsa, ésta hace un informe pormenorizado de su situación financiera y de los segmentos de la economía donde opera. La CAM informa de que su cartera de créditos hipotecarias ha crecido a un ritmo muy elevado (25% en tasa media anual desde 2005).

"Las inversiones crediticias suponen un 80% del activo total a diciembre de 2007, y el 71,99% de estas inversiones cuenta con garantía real", aduce la caja.

No obstante, la CAM advierte: "la debilidad de la demanda podría afectar negativamente al valor de nuestra cartera de participaciones en proyectos inmobiliarios. Estas participaciones se poseen por CAM en un porcentaje menor al 50% y están, por tanto, participadas a su vez por otras sociedades que podrían sufrir dificultades".

Y concluye de forma contundente: "en caso de dificultades financieras del resto de socios de nuestras participaciones, la viabilidad de los proyectos y empresas podrá verse comprometida, con un impacto negativo sobre los intereses de la CAM".

Acerca del riesgo crediticio contraído con el ladrillo, Caja Mediterráneo reconoce que, con arreglo a lo estipulado por la normativa del Banco de España, en el grupo financiero existe sólo un cliente con la consideración de "gran riesgo" al superar el 10% de los recursos propios de la caja.

"El mencionado grupo opera en el sector inmobiliario y está al corriente de los pagos a la fecha de registro del presente folleto informativo. A 31 de diciembre de 2007, su cómputo representa el 11,4 de los citados recursos propios, habiéndose reducido al 10,1% a 31 de marzo de 2008".

Fuentes conocedoras de estas situación apuntaron a la inmobiliaria Hansa Urbana como el cliente de "gran riesgo". Esta inmobiliaria está participada por la CAM en más de un 20%.

La CAM mantuvo hasta marzo de este año unos ratios de morosidad en el sector inmobiliario inferiores al del resto del sector de cajas de ahorros. En concreto, el porcentaje de créditos dudosos de la entidad era del 0,71% frente al 1,12% de la media del conjunto de estas entidades sin ánimo de lucro, según los datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) incluidos en el folleto.