El Gobierno central impulsará un plan de apoyo al sector español del Mueble

VALENCIA.- El Gobierno central impulsará la puesta en marcha de un plan de apoyo a la madera y el mueble con el fin de lograr que este sector "se mantenga como uno de los principales motores de la economía española y valenciana", según indicó hoy la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, tras reunirse en Valencia con representantes de esta actividad.

La reunión tuvo lugar en la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de estudiar la situación de este sector productivo, integrado por 40.000 empresas y 250.000 trabajadores en el conjunto de España, y abordar medidas para asegurar su continuidad.

De la Vega, que mostró el "compromiso" de la Administración central con los fabricantes de madera y mueble, comentó que el objetivo del Gobierno será, por medio de este programa, defender la calidad de este sector "ante productos que suponen competencia desleal", estableciendo en las fronteras los controles que lo garanticen y asegurando "las buenas prácticas en los sistemas de contratación".

Asimismo, se trabajará por impulsar la competitividad del mueble y la madera, promover la investigación y la innovación en nuevos productos y mantener los puestos de trabajo en esta actividad, así como aumentar la cualificación del sector, favorecer el reciclaje y "cuidar a los trabajadores de mayor edad", teniendo en cuenta su experiencia. Igualmente, se prevé contribuir a la salida de esta actividad al exterior.

La responsable del Ejecutivo central destacó la "gran sintonía" con la que ha trabajado con los responsables del sector del mueble y la madera, al tiempo que resaltó la voluntad del Gobierno de trabajar para que éste sea "más moderno, más competitivo, más productivo, más innovador, más fuerte y estable". Agregó que éste es "un sector con importancia para la economía española y de la Comunidad Valenciana".

Mostró la "plena confianza" de la administración central en esta actividad económica que, según dijo, cuenta con empresarios y personal "con gran capacidad dinamizadora y de innovación", además de afirmar que "con el calendario de trabajo" pactado con el sector "antes de fin de año", éste se encontrará "en vías de cambiar los parámetros de funcionamiento y con grandes perspectivas de futuro".

María Teresa Fernández de la Vega indicó que tanto los responsables del mueble y la madera como el Gobierno trabajan "desde hace tiempo" en dicho plan, "fruto del diálogo y del trabajo en común". A su vez, recordó iniciativas similares puestas en marcha en otros sectores productivos "importantes" de la Comunidad Valenciana como el del calzado o el textil.

El plan de apoyo al sector del mueble y la madera contemplará incentivos fiscales, entre ellas, deducciones de hasta un 10 por ciento en el Impuesto de Sociedades y descuentos en el IVA, así como ayudas a la reindustrialización o líneas de crédito.

La vicepresidenta recordó también los programas de promoción del sector como 'Vivir con Madera', 'Construir con Madera' y 'Transportar con Madera', tres iniciativas en las que el Ministerio de Industria ha invertido entre 2006 y 2008, un total de 1,5 millones de euros, dijo.

Por su lado, el presidente de Federmueble, Alfredo Roe, que compareció junto a De la Vega en la rueda de prensa que ofrecieron tras la reunión, valoró la "puesta en común" llevada a cabo desde el sector y el Gobierno central para "concretar qué hacer en un momento complicado como el actual", dijo.

Asimismo, agradeció el "gran interés", la "comprensión" y la "actitud" de la vicepresidenta ante el sector del mueble y la madera.

Roe comentó que los problemas del sector no son sólo coyunturales sino de "debilidad estructural" por lo que el plan comentado hoy "intenta llegar hasta la estructura organizativa de las empresas, reducir la vulnerabilidad y fortalecer la capacidad competitiva" frente a las ayudas sólo "horizontales" que se prestaban hasta ahora, sostuvo.

Indicó que éste es "un sector complicado que desde hace tiempo piensa que es necesario modernizarse, mejorar la baja productividad y su competitividad en los mercados exteriores".

Asimismo, avanzó que el próximo 22 de julio ya está prevista una nueva reunión con el Ministerio de Industria, con representante de los sindicatos y Ministerio de Trabajo para "canalizar todo esto".

Alfredo Roe consideró que el actual es "un momento complicado" pero advirtió de que se trata de "un momento más" ante el que es "necesario que todo el mundo recupere la confianza".

Se mostró convencido de que se podrá salir adelante porque ésta es una actividad en la que hay "gente muy dinámica" e invitó a trabajar "todo el mundo hombro con hombro". "Es cuestión de trabajar, si trabajamos saldremos, si nos dormimos no", dijo.

Los jueces advierten que los gestores de una empresa en liquidación podrían responder con su patrimonio

MADRID.- El magistrado de lo Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid, Alberto Arribas, advirtió hoy a los administradores de las sociedades en liquidación que pueden verse obligados a responder a las deudas con su patrimonio personal si incurren en insolvencia punible.

"Los administradores pueden verse condenados a pagar todo lo que los proveedores no cobren con la liquidación de los bienes de la sociedad concursada, pudiendo responder con su propio patrimonio", explicó el magistrado durante su intervención en la inauguración de la Escuela de Verano del Poder Judicial celebrada en el Pazo de Mariñán en Bergondo (A Coruña).

Según Arribas, "los delitos de insolvencia punible se sustancian de forma paralela al procedimiento concursal, por la vía penal, y pueden provocar penas severas".

El juez advirtió que la nueva legislación concursal contempla las responsabilidades por acción social, acción individual, responsabilidad por deudas sociales por incumplimiento del deber de disolución de la sociedad o retrasar el concurso, y de responsabilidad por el déficit concursal que se exige dentro del propio concurso en los supuestos en que los administradores generen o agraven el estado de insolvencia.

Arribas afirmó que en el desarrollo de la actual Ley Concursal que sustituyó en 2004 a la antigua suspensión de pagos, el legislador "apostó por la solución del convenio frente a la liquidación".

El concurso establece la posibilidad de liquidar los activos para devolver las deudas contraídas con los acreedores hasta donde se llegue pagando primero a los trabajadores y el convenio permite que mediante una rebaja del importe de los créditos, el aplazamientos en el pago o la quita junto con los aplazamientos en el pago, se consiga la superación de la falta puntual de liquidez o se solucionan los problemas de insolvencia.

¿Para qué sirve un delegado del Gobierno? / Andrés Pedreño Cánovas *

Sostiene el Delegado del Gobierno sentirse "indignado" por "la actitud de algunos agentes" en la redada policial del pasado viernes 27 de junio en Torre Pacheco, la cual es calificada como un "control rutinario" de inmigrantes indocumentados.

¿De qué naturaleza puede estar hecha la indignación de un Delegado del Gobierno? La misma parece focalizarse en la fotografía de portada del periódico La Verdad del sábado, en la que un aguerrido policía municipal agarra violentamente del cuello a un inmigrante. Ciertamente no es muy grato comprar el periódico el sábado en la mañana camino de la playa, y encontrarse con esa fotografía. Y sin embargo esa "actitud de algún agente" es lo que menos importa en este episodio.

Lo realmente indignante no reside en lo que parece indignar al Delegado del Gobierno: el comportamiento desviado de algunos agentes. Es precisamente lo que denomina "control rutinario" donde ha de situarse la profunda indignidad de la orden dada por el Delegado del Gobierno para que ese día más de cien agentes policiales tomaran el centro de Torre Pacheco y se pusieran a la búsqueda de inmigrantes indocumentados.

Es el hecho en sí de la redada lo más preocupante. Las imágenes fotográficas del "control rutinario" expresan la racionalidad organizativa y minuciosidad de la planificada redada policial:

Distribución en el centro urbano de Torre Pacheco de más cien agentes policiales, todos ellos posicionados en puntos desde los cuales desplazarse según un plan de movilidad perfectamente coordinado en función de los lugares donde habitan los inmigrantes (lo cual muestra un conocimiento detallado de la vida cotidiana de la gente inmigrante en la localidad);

Localización de los inmigrantes potencialmente retenibles y procedimiento para la organización de la "identificación" de los mismos. Centenares de inmigrantes son trasladados y concentrados en tres plazas, la mayoría de ellos de procedencia africana (lo que evidencia que la orden del Delegado del Gobierno estaba modelada con criterios étnicos), todos dispuestos en fila, mientras que un funcionario policial les solicita la documentación y comprueba si su residencia en España está "en regla". Finalmente, son detenidas 58 personas que no han cometido delito alguno, pero que quedan inevitablemente "criminalizadas" por el dispositivo de la redada.

La fotografía aparecida en los medios de comunicación de esta fila cuantiosa de africanos vigilada por agentes de policía, mientras que otro funcionario les supervisa la documentación de forma civilizada, racional y sistemática; expresa el lado frío de la almohada sobre la que dormita el Delegado del Gobierno. Una racionalidad de poder en la que el imperativo kantiano de la dignidad tiene una acogida problemática.

Más preocupante es aún, por la irresponsabilidad que denota, el que nuestro Delegado del Gobierno diga que si hubiera conocido con detalle el operativo policial no lo hubiera autorizado, ya que se quedó sorprendido de su "magnitud y dimensión".

Al Delegado del Gobierno le preocupa "la actitud de algunos agentes". ¡No fueron buenos profesionales!, parece querer decirnos. Sin embargo, las actitudes poco profesionales de la redada son la anécdota, y lo que menos importa. Lo realmente importante es la profesionalidad con la que se llevó a cabo, y sobre todo lo que expresa en términos políticos. Varios son los efectos prácticos buscados con esta redada-cacería de inmigrantes indocumentados:

Por un lado, un efecto demostración, a través del cual el gobierno quiere demostrar a sus socios europeos que puede y quiere mostrarse tan contundente con la inmigración indocumentada, como sus socios europeos. Demostrar que es un gobierno a la altura de la recientemente aprobada Directiva de Retorno de Inmigrantes (Directiva de la vergüenza), y merecedor de la credibilidad de un Sarkozy (y de un Berlusconi) para alcanzar un pacto sobre inmigración de cara a la Cumbre europea del próximo mes de octubre.

Un efecto demostración también a nivel interno, de cara al electorado más derechista y al Partido Popular, a quiénes se manda el mensaje de la contundencia con la que se quiere aplicar la dura medicina contra la inmigración indocumentada, esos residuos humanos para los que se busca un vertedero, y cuya gestión es muy rentable electoralmente.

Por otro lado, un efecto de escarmiento dirigido al colectivo de inmigrantes que más le toca al Estado las partes más íntimas de su anatomía, esto es, las fronteras. La redada tenía claramente un objeto de amedrantamiento del colectivo africano, y particularmente marroquí. A pesar de que son cuantitativamente los menos numerosos dentro de la inmigración indocumentada residente en España, sin embargo, dada la fuerza simbólica de su trasgresión de la línea fronteriza a través de pateras, cayucos o saltos de la verja de Melilla-Ceuta, son los más hostiles para aquéllos que consideran que lo más sagrado e intocable que tiene el Estado es la institución de la frontera.

¿Puede un delegado del gobierno indignarse, llorar e incluso soñar con que otro mundo es posible? Inevitablemente, la respuesta es negativa.

*Profesor Titular de Sociología de la Universidad de Murcia y miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

La CAM fija en 5,95 euros el precio máximo del tramo minorista de su emisión de cuotas

MADRID.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha fijado el precio máximo del tramo minorista de su emisión de cuotas participativas en 5,95 euros por unidad, en la parte baja del rango de entre 5,84 y 7,30 euros previsto para la Oferta Pública de Suscripción (OPS).

Según informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este es el precio máximo que pagarán los inversores del tramo minorista y que se tomará como referencia para realizar el prorrateo si fuera necesario.

La fijación del precio definitivo de las cuotas participativas en todos los tramos de la oferta se realizará el próximo 21 de julio, dos días antes de que la CAM salga a bolsa, la primera vez que lo hará una caja de ahorros.

Las Autonomías en quiebra / Luis Ignacio Parada

Si a las Comunidades Autónomas se les aplicara el mismo criterio que a las empresas hace tiempo que estarían todas, absolutamente todas, en suspensión de pagos (o concurso de acreedores como dice la nueva y eufemística ley), no pocas en quiebra técnica y algunas, aparentemente punteras, en quiebra fraudulenta.

Lo confiesan a media voz los banqueros después del tercer whisky pero ninguno deja de renovar créditos que hace tiempo deberían tener provisionados como fallidos. Pero, claro, no se atreven a plantarle cara al poder. Y así hay proveedores que están cobrando a 270 y 360 días… un 50 por ciento. Con un poco de suerte a lo mejor hablan de esto Zapatero y Rajoy en su próximo encuentro.

Y todo porque la financiación de las comunidades autónomas gira en torno al principio de solidaridad recogido en la Constitución que pretende un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio. Pero cada Gobierno de la Comunidad quiere tomar el embudo por la parte más ancha.

En la actualidad conviven en España dos modelos de financiación autonómica: el régimen foral, que se aplica al Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra, y el régimen común, que regula el resto de comunidades españolas. Dentro de este último hay que precisar también —por factores históricos y geográficos— los casos especiales de la Comunidad Autónoma Canaria y las ciudades de Ceuta y Melilla. El sistema de régimen común entró en vigor el 1 de enero de 2002.

Los recursos de financiación se agrupan en tres categorías. Por una parte están los tributos que han sido totalmente cedidos a las comunidades autónomas, de los cuales reciben el 100% de la recaudación, entre ellos los que afectan al patrimonio, las transmisiones patrimoniales, las sucesiones y donaciones y el juego. Y los impuestos relacionados con las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, ciertos medios de transporte y la electricidad.

Un segundo grupo incluye aquellos impuestos compartidos en los que el Estado cede solamente parte de los ingresos. Entre estos se encuentra el IRPF, donde un 33% se transfiere a los distintos gobiernos regionales, el IVA (del que un 35% va a parar a las comunidades autónomas) y los impuestos especiales sobre el vino, la cerveza, el alcohol, las labores del tabaco, los productos especiales y los hidrocarburos, en los que el 40% de los ingresos corresponde a los gobiernos autonómicos.

Para terminar, la legislación establece el llamado Fondo de Suficiencia, una financiación adicional para cubrir la diferencia entre las necesidades de gasto de cada comunidad autónoma y su capacidad fiscal en el año base del sistema (1999). También se prevé una garantía de financiación de los gastos sanitarios, relacionada con las transferencias de la cobertura de la Sanidad a los gobiernos autonómicos.

Se completa con diversos mecanismos de solidaridad como las ‘Asignaciones de Nivelación’ —para asegurar que todas las comunidades dispongan de similares servicios básicos—, los ‘Fondos de Compensación Interterritorial’ al fondo de renta relativa (para compensar la menor riqueza relativa de la comunidad autónoma correspondiente), o el fondo para paliar la escasa densidad de población, entre otros.

Según los últimos datos publicados por el Banco de España referidos al primer trimestre de 2008, la deuda de las comunidades autónomas se sitúa ya en los 60.743 millones de euros, más de diez billones de pesetas. Si este no es un tema para la reunión de Zapatero y Rajoy nos vamos a pasar la legislatura de la crisis viendo suspensiones de pagos (concurso de acreedores) no de las Autonomías sino de sus miles de proveedores.

Pujante, de IU, pide explicaciones por la proliferación de misiones comerciales sin resultados

CARTAGENA.- El diputado regional de IU+Los Verdes, José Antonio Pujante, ha solicitado la comparecencia de la consejera de Economía, Empresa e Innovación, Inmaculada García, para que informe sobre el resultado de las “misiones comerciales” en el exterior.

Pujante presentó esta petición tras conocer que la venta de las exportaciones de productos fabricados en la Región ha disminuido más de un 3% desde enero, lo que supone una pérdida de 50 millones de euros.

Señaló que García y el presidente del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, “no paran de pasearse por el mundo”, por lo que es necesario “que den cuenta de esas gestiones, sobre todo cuando la venta de productos murcianos en el exterior se encuentra estancada”.

El diputado puso Alemania como ejemplo de comercio internacional, ya que “pese a tener un coste laboral muy superior al de España, sus productos están basados en la eficiencia y en la inversión en investigación y desarrollo, por lo que sus exportaciones son mayores”.

A este respecto, explicó que la Región de Murcia “llega tarde, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos en materia de I+D+i”.

Las rebajas de verano en la Región de Murcia han sido un estrepitoso fracaso

MURCIA.- La Unión de Consumidores de España (UCE) calcula que las ventas en las rebajas en la Región de Murcia han caído entre un 30% y un 40% este año con respecto al 2007 en la primeras semanas de la campaña. Y eso a pesar de que los comercios y grandes superficies ofrecen más descuentos que nunca, según "La Verdad".

Ni las rebajas han conseguido, pues, animar la actividad en los comercios, que están acusando la crisis económica desde hace meses.

La confianza de los consumidores, tanto en la economía en general como en sus propias finanzas personales, se ha desplomado a causa del frenazo económico, y las tiendas de los cascos urbanos de la Región lo están notando, hasta el punto de que en los últimos meses han tenido que echar la persiana cerca de mil comercios, y se espera que lo hagan casi otros mil en los próximos meses.

El consejero de Consumo, José Pablo Ruiz Abellán (en la imagen), como si tuviera una bola de cristal o fuese el novamás de la predicción económica mundial, recomendó ayer a los propietarios de estos negocios que, en la medida de lo posible, «traten de esperar hasta la campaña de Navidad; es prudente que intenten aguantar unos meses», aconsejó, desde la más osada de las ignorancias, a estos pequeños empresarios inmersos en la más completa incertidumbre.

García-Legaz recuerda que el 9% de los activos de Martinsa-Fadesa están en la Región de Murcia

MURCIA.- El diputado nacional por Murcia del Partido Popular, Jaime García-Legaz, afirmó hoy, que "la suspensión de pagos anunciada por la promotora inmobiliaria Martinsa Fadesa tendrá graves consecuencias para el empleo de la Región".

García-Legaz quiso destacar la crisis que atraviesa el sector de la construcción y comentó la importancia "del concurso de acreedores de Martinsa Fadesa, ya que el grupo inmobiliario tiene inversiones en la región por valor del nueve por ciento de su activo".

La suspensión de pagos anunciada por Martinsa Fadesa "va a afectar seriamente a la Región a través de sus tres grandes proyectos en Nueva Condomina, Valle de Ricote y Mar de Cristal, porque se dejarán de construir cientos de miles de viviendas, lo que tendrá graves consecuencias en términos de empleo".

Sin embargo, Martinsa-Fadesa asegura que pese a solicitar hoy concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) sigue desarrollando su actividad con "absoluta normalidad" y mantiene su compromiso para cumplir los contratos con los clientes que le compraron una vivienda, informaron hoy fuentes de la compañía.

La inmobiliaria que preside Fernando Martín cuenta con una cartera de 12.578 viviendas prevendidas y pendientes de ejecutar y entregar según datos de cierre del primer trimestre del año, los últimos disponibles, registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta cartera de preventas de viviendas equivalía a un importe de 2.060 millones de euros, volumen un 8,8% inferior al registrado al cierre del mismo trimestre de 2007.

Asimismo, y según el informe de resultados remitido por la inmobiliaria al supervisor del mercado, a la conclusión de marzo la compañía contaba con una cartera de suelo de 28,67 millones de metros cuadrados de terreno.

De ellos, un 43% son suelos preurbanizables, otro 29% urbanizables, y el 28% restante suelos finalistas y de obra en curso. Además, el 41% del total está localizado fuera de España.

Martinsa-Fadesa cuenta con presencia en catorce países, además de España: Portugal, Marruecos, Rumanía, Hungría, Polonia, Francia, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, México, y en República Dominicana y en Gran Bretaña, Irlanda y Alemania tiene oficinas comerciales.

Además, tiene una rama de actividad patrimonial integrada básicamente por proyectos hoteleros, centros comerciales y campos de golf, situados tanto en el ámbito nacional como internacional, así como viviendas en alquiler (algunas con protección pública), si bien la promoción y venta de viviendas constituye su "actividad principal" y su primera fuente de ingresos.

No obstante, la diversificación fue uno de los principales objetivos que se marcó el grupo tras su creación el pasado año a partir de la integración de las actividades inmobiliarias de Fernando Martin y su socio Antonio Martín Criado con Fadesa, promotora adquirida a Manuel Jove.

Por ello, recientemente firmó un acuerdo con el grupo Harmonía para la creación de Martinsa-Fadesa Renovables, una sociedad controlada al 55% por la inmobiliaria y en un 45% por Itaca Energy, filial de Harmonía y que nació con el objetivo de alcanzar en 2009 una potencia instalada de 100 megavatios con la construcción de dos parques eólicos, de 50 megavatios cada uno.

Martinsa-Fadesa cerró el primer trimestre del año con pérdidas de 85,1 millones de euros, frente a las ganancias de 412,9 millones del mismo periodo de 2007. En los tres primeros meses del año sus ventas de viviendas cayeron un 45%, hasta sumar 95,2 millones de euros.

La Corporación Financiera ISSOS compra el Grupo "Hispania" a Trinitario Casanova

MURCIA.- La Corporación Financiera ISSOS, que preside el ex ministro Miguel Boyer y que fue fundada por el empresario José Ramón Carabantes de la Plaza, ha adquirido el Grupo Hispania por 650 millones de euros, según ha podido saber "La Verdad" de fuentes de toda solvencia.

Los contactos entre la firma de José Ramón Carabantes, asentada en Madrid y en la Región y centrada en el sector inmobiliario, y el empresario Trinitario Casanova, se iniciaron hace un año y han culminado ahora. Carabantes es consejero delegado del Grupo de Empresas 2002.

La corporación ISSOS se ha hecho con la práctica totalidad de los bienes del Grupo Hispania. Entre éstos figura la emblemática torre que Casanova tenía en la céntrica Plaza de la Fuensanta de Murcia, frente a El Corte Inglés; así como otro edificio en Alicante.

En la transacción figuran asimismo entre ocho y diez centros comerciales que poseía el Grupo Hispania en Murcia y en otras regiones; al igual que otro centro que está en construcción en la avenida Juan de Borbón, cerca del complejo Thader. El lote se ha completado con el 1% de las acciones del Banco Popular.

En la operación no están incluidos los terrenos del paraje de La Zerrichera de Águilas, que siguen en manos de Trinitario Casanova. Como se sabe, en esta finca se proyectó un complejo residencial para más de 3.000 viviendas que se encuentra paralizado por el Tribunal Superior de Justicia. Parte de los terrenos los vendió Casanova a la Kutxa, la Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián.

No es ésta la única operación del Grupo Hispania. El mes pasado vendió una participación del 3,5% del capital del Banco Popular a un grupo de inversores mexicanos, representados por la sociedad Blueprime Limited, a un precio de 14,20 euros por acción.

El Grupo Hispania, que controlaba esa participación, de 42,54 millones de acciones, a través de Titánica Capital Investments, habría ingresado en total algo más de 604 millones de euros por la venta de la misma.

(Centro Comercial "Hispania" en Vera, Almería)

Mª Dolores Amorós, directora general de la CAM: "No vamos a retirar la emisión de cuotas"

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) se convertirá el 23 de julio en la primera entidad de ahorro en cotizar. Pese a la actual coyuntura económica y de los mercados, la institución sigue adelante con su proyecto de emitir cuotas participativas, producto similar a las acciones pero sin derechos de voto. Hoy se fija el precio máximo de colocación para el tramo minorista y termina el periodo de formulación de mandatos de compra. Los expertos prevén una rebaja del precio fijado por la CAM de entre 5,84 y 7,3 euros por título. Pese a todo, en la caja son optimistas y aseguran que las peticiones tanto en el tramo minorista -65,5% de la oferta- como institucional -un 31%- siguen un buen ritmo.

María Dolores Amorós es la directora general adjunta.

Pese a la actual situación de la Bolsa y de la economía, la CAM sigue adelante con su intención de ser la primera caja española en cotizar...

Es sensato pensar que al final no saldremos. Pero hay que valorar más cosas que sólo el momento del mercado. Una, que nuestra emisión es muy pequeña, 50 millones de títulos que representan el 7,5% del patrimonio de la caja. Si la Bolsa estuviera mejor habríamos ampliado la oferta. Y dos, no tenemos problemas en su colocación. El tramo minorista va muy bien y el institucional también. Si hubiera sido una emisión muy grande a lo mejor no estaríamos diciendo lo mismo. Ser la primera caja española que cotiza tiene su atractivo. Además, la actual situación bursátil parece que durará, y si suspendemos la emisión cerramos la puerta a que la mitad del sistema financiero español, muy eficiente en general y con ratios inmejorables, pueda estar en Bolsa.

¿Entonces no se han planteado retrasar la emisión de cuotas?

La emisión está prácticamente colocada. Sería una pena echar para atrás todo el trabajo realizado. No sólo para la CAM, sino para todo el sector. Es lo que nos decide a continuar. Por eso, no la vamos a retirar. Creemos que no podemos retirarla del mercado. Es un símbolo para el sistema y también para la CAM, porque aunque estemos muy bien el mercado siempre hará una lectura negativa o sesgada si retrasamos la oferta. Y no se debe jugar con la imagen y la credibilidad de una entidad financiera. Su credibilidad es un factor diferencial con respecto a otras empresas, que sí han retirado sus proyectos de salir a Bolsa. Esta decisión cuenta con todos nuestros respetos, pero está el factor diferencial. Somos una entidad financiera, y la confianza es primordial y eso hay que sopesarlo.

¿Creen que tendrán que bajar el precio para que la oferta sea más atractiva?

No vamos a salir a los precios de hace un año. Pero eso ya lo valoramos cuando el consejo de la caja decidió sacar sólo un 7,5% del patrimonio de la entidad frente al 20% con el que contamos con autorización.

¿Entrarán inversores extranjeros en el tramo institucional o estará suscrito en gran parte por las cajas?

Podría ser. Estamos ahora presentando la oferta en distintos mercados exteriores. Londres, Andorra... Está la expectación de ser una caja y del momento elegido para salir al mercado. Por eso no podemos aventurar nada, pero en principio al ser una emisión muy cortita la suscripción de este tramo va bien. Nos gustaría mucho que entraran inversores extranjeros, pero eso excedería en si de lo que es la propia operación y la CAM, y la visión que tienen en estos momentos los inversores extranjeros de la economía española.

¿La CNMV ha exigido a la CAM más que a otras entidades que han realizado OPV?

Es razonable que la CNMV estuviera preocupada porque el folleto reflejara más los riesgos que las oportunidades del producto. Juega su papel, que es muy importante. Una de las cosas que nos recomendaba era que se hiciera una prueba a los interesados en adquirir cuotas, y la estamos haciendo. Es un test muy sencillo, de unas cinco preguntas en el que se determina el conocimiento que tiene el cliente sobre los mercados financieros. La caja ha dirigido la oferta a personas que tienen relación con la Bolsa y, antes de la colocación, hemos contactado con muchos clientes por carta explicando el producto.

¿Cómo afectará a la emisión el recorte del rating realizado por Standard & Poor's a falta sólo de 15 días antes de su colocación?

Entiendo el informe negativo de la agencia. Es una revisión de nuestra calificación más que razonable para nuestro tamaño. Sólo nos ha rebajado de 'A+' a 'A'. Este descenso está muy vinculado a la coyuntura económica española en general y eso también hace que estemos más tranquilos.

¿Han cerrado la ventanilla a las constructoras e inmobiliarias?

No. Lo que ocurre es que exigimos algo más para dar créditos. Hace dos años pedíamos un 30% del nivel de venta de la promoción. Ahora lo hemos elevado a más del 50%.

¿Con qué morosidad calculan que cerrarán el año?

Ahora estaremos alrededor del 1%, y para el cierre de ejercicio podemos andar por el 2,48%.

¿Han utilizado ya las provisiones anticíclicas?

Sí. Todo el sistema financiero ha comenzado a usarlas.

¿Por qué tanto empeño en emitir cuotas ahora?

Salimos con una oferta muy corta para decir al mercado que estamos ahí, que podemos emitir más si hace falta y que hay una oportunidad de compra. Habrá oportunidades en seis meses, un año... No sé, pero las habrá.

www.cincodias.com

Bancaja-CAM, fusión: ahora o nunca / Vicente Lafora

Mazazo. Esa es la sensación que reina en el ámbito económico y financiero tras el "crack" de la primera inmobiliaria española cotizada: Martinsa-Fadesa. Pese a que los comentarios al uso eran que las entidades financieras no iban a dejar caer al coloso presidido por el ex-presidente del Real Madrid, Fernando Martín, la realidad ha superado a la ficción.

Los "gurus" han errado en sus pronósticos y las quinielas a favor de Martinsa-Fadesa se han quedado en meras especulaciones. La compañía ha entrado en barrena y tras un viernes rojo, llegó el lunes negro.

Los nubarrones sobre la burbuja inmobiliaria en España con el desplome de Martinsa-Fadesa, se han convertido en una tormenta que amenaza con desatar un "tsunami" con repercusiones en algunas entidades financieras.

La apuesta en exceso por el sector inmobiliario puede traer cola. En el caso de las dos principales cajas de ahorros de la Comunidad Valenciana, CAM y Bancaja, existe un excesiva dependencia y exposición al riesgo de dicho sector. Su excesiva dependencia del ladrillo y su debilidad, han suscitado informes negativos de las agencias de calificación.

El más reciente es el emitido por Standard & Poor's, publicado el pasado 8 de julio. En este informe la citada agencia bajaba a Bancaja y CAM su rating desde A+ a A, con lo que les degrada un nivel "por un deterioro de la calidad de los activos".

Jesús Martínez Torá, director general de Instituciones financieras de S&P en un informe fechado el siete de julio de 2008 señala sobre CAM que "cuenta con una elevada exposición al sector inmobiliario y a pequeñas y medianas empresas (pymes) que son vulnerables al abrupto coste de este sector".

Respecto a Bancaja, el informe de Standard & Poor's prevé que se produzca una mayor presión sobre sus cuentas "por el negativo entorno operativo; por una caída de los ingresos provenientes del negocio inmobiliario; por el aumento de los costes de financiación y la necesidad de mayores provisiones".

El informe prosigue: "Bancaja cuenta con un riesgo de mercado mayor que sus competidores por su cartera de participaciones industriales".

Otro informe revelador es el emitido por CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro), en el que se ponía de manifesto el exceso de ambas instituciones por solicitar préstamos a las entidades financieras para financiar sus inversiones. La práctica de recurrrir al mercado interbancario suele realizarse de manera excepcional, dado el elevado coste que supone para la entidad que lo solicita.

El informe de la CECA apuntaba que debido a la falta de liquidez de algunas cajas de ahorros, especialmente las que cuentan con menos capacidad de recaptación de recursos, este mecanismo se ha convertido en una práctica generalizada en algunas entidades.

En esta situación se encuentran las tres cajas de ahorro valencianas. Bancaja, CAM y Caixa Ontinyent. De éstas, especialmente Bancaja y CAM muestran unas cifras más que significativas.

El ratio de liquidez de Bancaja calculando la diferencia entre los saldos del interbancario activo y del pasivo, es negativo, de -7,09 puesto que el balance neto es de -5.514 millones de euros sobre un activo de 77.775 millones de euros. Es decir, Bancaja está recurriendo de forma intensiva al mercado interbancario, de hecho, inlcuso algunos bancos estudian minuciosamente sus peticiones.

El ratio de liquidez de CAM calculando la diferencia entre los saldos del interbancario activo y del pasivo es también negativo, -9,73 puesto que el balance neto es de -6.686 millones de euros sobre un activo de 68.720 millones de euros. Es decir, también recurre, con mayor intensidad, a los préstamos interbancarios.

Otro informe fue el realizado por la agencia Bloomberg. Según este informe Bancaja tiene emitidos 20.100 millones de euros en deuda, a un tipo medio del 4,03 %. Este año Bancaja debe asumir el vencimiento de 2.248 millones de euros concentrados en el último trimestre de 2.008. Además, en 2009 Bancaja deberá hacer frente también, y según cálculos de la agencia Bloomberg, a vencimientos de deuda por un importe mínimo de 2.270 millones. La suma de ambos vencimientos ascienden a 4.474 millones de euros.

Otro informe fue el realizado en de 2007 por la agencia Fitch, considerada la de mayor prestigio en su campo, que rebajó en su día el rating individual de Bancaja. En un comunicado indicó que ha reducido la calificación de “A/B” hasta el nivel B, por el “elevado riesgo de concentración en el sector inmobiliario”.

A estos informes hay que añadir el informe PricewaterhouseCoopers sobre la emisión de las cuotas participativas de CAM.

Por ello, ante la coincidencia de los análisis e informes de agencias internacionales y los infomes de la propia CECA, CAM y Bancaja, no tienen otra salida que su fusión.

El presidente Camps debe ser audaz y asumir la realidad, si no quiere pasar a la historia como el presidente de la Generalitat que dejó a CAM y Bancaja adentrarse en un túnel sin salida. Debe apostar por la fusión de ambas entidades. Esa es su responsabilidad. El momento económico y la coyuntura financiera actual, nacional e internacional, requiere una apuesta decidida.

La fusión de ambas entidades, regida por parámetros de una extrema rigurosidad financiera e inversora, dotaría de un nivel de protección a los ahorradores e impositores que tienen depositada su confanza en estas dos instituciones financieras, y les permitiría afrontar con más garantías las turbulencias que la crisis financiera internacional, que va a más, provocará.

Además, las dos cajas que se complementan, tanto geográfica, como social y económicamente, fusionadas constituirían una entidad más competitiva y con más garantías de cara a futuros inversores y posibilitaría la participación en economías de escala y la diversificación en sectores estrátegicos, recuperando cuota de mercado en toda la geografía española.

La fusión, además, posiblitaría también desprendeserse con más facilidad de los lastres que ambas tienen, así como mayores ahorros en los costes financieros que la caja fusionada podría utilizar a través de la liquidez que obtenga del ahorro de esos costes. Además, la fusión también permitiría mayores facilidades para desprenderse de rémoras que tienen por separado Bancaja y CAM.

Con la fusión, la Comunidad Valenciana contaría con una entidad financiera de peso, que incluso, podría condicionar inversiones industriales en nuestro territorio.

El presidente Camps es quien debe poner en marcha este proceso para dar salida a una coyuntura que se augura complicada para ambas entidades. Lo dicho, Bancaja y CAM, fusión, ahora o nunca. Después puede, ojala me equivoque, que ya sea tarde.

www.lavozdigital.net

Se espera en Murcia una sonada suspensión de pagos por un pasivo de 540 millones de euros

MURCIA.- Una sonada suspensión de pagos, por una pasivo de 540 millones de euros (90.000 millones de pesetas), se espera en la Región de Murcia para las próximas semanas, finales de julio o comienzos de agosto, y afectaría a uno de los grupos promotores inmobiliarios surgidos de la nada en la última década, según insisten fuentes bancarias que declinan pronunciar el nombre.

De aceptarse este concurso voluntario de acreedores, algunas entidades prestamistas, sindicadas, avalistas o inversoras en titulización de deuda hipotecaria, incluso extranjeras, podrían quedar seriamente afectadas, siempre según las mismas fuentes solventes.

El rumor es ya un clamor en determinados círculos del sector de la construcción y del crédito y, de confirmarse, podría acarrear también consecuencias políticas de cierta envergadura para determinados gobernantes y algunos de sus parientes, colaboradores y amigos, a tenor de lo que indican quienes dicen estar bien informados.

Tanto la Agencia Tributaria, con la que al parecer está pendiente de pago una cantidad no inferior a los 30 millones de euros, y la Seguridad Social, se mantienen alerta desde hace ya bastantes días.

En el peor de los casos podrían resarcirse con suelo rústico recalificado o recalificable pero muy devaluado por la nueva legislación estatal y la caída de la demanda de vivienda turística, indican quienes dicen seguir de cerca la evolución de los acontecimientos.

Incluso ha llegado a circular la especie de que el juzgado competente rechazó hace poco la petición de concurso voluntario de acreedores para algunas de las empresas del Grupo aduciendo que, o se presentaba en su conjunto, o no se admitía. Ahora, parece, sería una petición global para todo el "holding" afectado por la crisis inmobiliaria y del crédito hipotecario, sostienen estas fuentes.

Cierres de oficinas, despidos, fuertes deudas con proveedores y contratistas así como una considerable redimensión en marcha de esta empresa, parecen dar pábulo a los insistentes rumores de suspensión de pagos ante el hundimiento del mercado inmobiliario británico y español, y la grave situación económica por la que atraviesan Irlanda, Bélgica y Dinamarca, interpretan esas fuentes del sector financiero regional y otras sindicales muy atentas al proceso.