El grupo de Amnistía Internacional de Cartagena contribuye a la liberación de un preso de Guantánamo

CARTAGENA.- El grupo local de Amnistía Internacional en Cartagena ha expresado su satisfacción por la puesta en libertad de Yousef Mohammed Mubarak al-Shehri, y ha dado las gracias a todos los cartageneros y cartageneras que con sus firmas y sus cartas han contribuido decisivamente a su liberación. Yousef fue detenido cuando tenía 16 años y ha permanecido más de 6 años prisionero en la base militar de la bahía de Guantánamo, en Cuba.

El grupo de Amnistía Internacional de Cartagena ha trabajado durante los dos últimos años en el caso de este joven prisionero saudí. En este tiempo, se han recogido firmas, cartas y postales que posteriormente se enviaban a las autoridades estadounidenses y saudíes exigiendo un juicio justo para Yousef al-Shehri, o en caso contrario, su liberación inmediata.

“Hace mucho tiempo que se debería de haber hecho justicia con este caso y con los cerca de 280 detenidos que quedan en Guantánamo”, ha declarado Jesús Baltanás, portavoz de Amnistía Internacional en la Región de Murcia.

Muchos de los detenidos llevan más de seis años sin cargos ni acceso a ningún tribunal, contraviniendo el fallo emitido el pasado 12 de junio por la Corte Suprema de Estados Unidos, que reconoce el derecho de los extranjeros presos en Guantánamo a impugnar su detención ante tribunales civiles estadounidenses.

“Es la tercera vez desde 2004 que la más alta instancia judicial de Estados Unidos rechaza los argumentos de la administración Bush, que sostiene que puede detener indefinidamente a personas sin cargos ni juicio y sin un acceso significativo a la justicia”, ha dicho Jesús Baltanás.

Además, en el caso de Yousef, al ser un menor de edad en el momento de su detención, las autoridades norteamericanas han vulnerado la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 37, art 40), firmada por EE.UU.1, e infringido el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por EE.UU., relativo a la participación de niños en los conflictos armados (art.6)2.

“Todos los menores detenidos y trasladados a Guantánamo ya tienen más de 18 años, pero esto no modifica el hecho de que el trato que recibieron anteriormente vulneró los principios internacionales relativos al trato a menores. Amnistía Internacional considera que ninguna persona recluida en Guantánamo, acusada de un delito cometido cuando era menor de edad, debería ser juzgada por un tribunal militar”, afirma Baltanás.

Yousef al-Shehri tenía 16 años cuando lo detuvieron en Afganistán el 30 de noviembre de 2001. Fue capturado entre Kunduz y Mazar-e-Sherif, junto con otras 120 personas, por fuerzas de la Alianza del Norte del general Abdul Rashid Dostum.

Tras su captura, Yousef al-Shehri fue trasladado a la prisión de Shiberghan, en Afganistán, donde estuvo recluido un mes y medio. Posteriormente fue entregado a Estados Unidos y el 16 de enero de 2002 lo trasladaron en avión al centro de detención de la base militar estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba.

Durante 2005, Yousef al-Shehri participó en una huelga de hambre en Guantánamo, junto a otros 200 detenidos, para protestar por las condiciones de reclusión en el campo y por su prolongada detención indefinida sin juicio.

Los detenidos interrumpieron la huelga de hambre en julio de 2005, a raíz de las diversas promesas de las autoridades para mejorar sus condiciones de reclusión. A Yousef al-Sheri le dijeron que sería liberado en el plazo de tres semanas si ponía fin a su huelga de hambre.

Pero Yousef al-Shehri no fue puesto en libertad y las condiciones en el campo no mejoraron. Y en agosto de 2005 reanudó la huelga de hambre, junto a otros detenidos. Sus abogados no pudieron visitarlo hasta el 1 de octubre de 2005, y según declararon después “estaba consumido y había perdido peso de forma alarmante. Se encontraba visiblemente débil y frágil y tenía dificultades para hablar a causa de las lesiones que la alimentación forzada le había provocado en la garganta”.

Le colocaron por la fuerza una sonda nasal para alimentarlo, sin anestesia ni sedantes.

Después de haber sido vejado y torturado durante más de seis años, las autoridades estadounidenses han considerado que “ya no representa una amenaza para nuestra nación, que ya no tiene valor en materia de información y que no va a ser juzgado por el Gobierno de Estados Unidos por ningún delito”.

Fallece el murciano Juan Vivo, actual director de "El Corte Inglés" en Alicante

ALICANTE.- El murciano Juan Vivo Burruezo, director de "El Corte Inglés" en Alicante, falleció en la tarde de ayer viernes en el sanatorio del "Perpetuo Socorro", a los 62 años, tras una rápida enfermedad que le fue detectada en un pulmón a principios del mes de julio.

Juan Vivo estaba casado y tenía tres hijos. Llegó a Alicante hace más de una década procedente de su anterior destino de director económico-administrativo en Murcia aunque en "El Corte Inglés" de Alicante ostentaba la dirección. Pese a su enfermedad, prefirió no coger la baja y seguir acudiendo a trabajar todos los días hasta la semana pasada.

El lunes de esta misma semana inició sus vacaciones en el apartamento que poseía en "Urbanova", en la costa sur del municipio alicantino, donde el martes sufrió un desvanecimiento y tuvo que ser trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al citado centro sanitario. Los médicos le diagnosticaron una bronconeumonía como consecuencia de sus bajas defensas por el tratamiento de quimioterapia a que estaba siendo sometido. Finalmente, un fallo renal le causó la muerte a las seis de la tarde del viernes.

El funeral de "corpore in sepulto" se celebra esta tarde, a partir de las 18.30 horas, en el tanatorio La Siempreviva, junto al cementerio de Alicante, hasta donde se espera acuda el propio presidente de la empresa, Isidoro Álvarez.

Indicios inobjetables de cohecho en el "caso Zerrichera" según las propias palabras del juez

MURCIA.- Buscad el dinero, es la pista que suelen seguir ahora los especialistas de las fuerzas de seguridad cuando, como ocurre con el caso Zerrichera, el reto estriba en encontrar las posibles razones ocultas de extrañas recalificaciones urbanísticas, según se escribe hoy en "La Verdad".

Tal es el quid de la cuestión: determinar cómo concejales del Ayuntamiento de Águilas y un grupo de altos funcionarios de las consejerías de Medio Ambiente y de Obras Públicas y Vivienda se avinieron «a recalificar lo irrecalificable», en palabras del fiscal y de los especialistas en Delitos Económicos de la Policía; quién, por encima de todos ellos, se encargó de aunar esas voluntades, y, por último, a cambio de qué. O, mejor, a cambio de cuánto.

Porque, dicho con las mismas palabras que el fiscal jefe, Manuel López Bernal, recoge en uno de sus escritos, «los datos de las actuaciones apuntan a que en la tramitación de la Modificación del PGOU de La Zerrichera han existido contraprestaciones económicas para funcionarios públicos, pues de otra manera resulta incomprensible el cúmulo y la gravedad de irregularidades cometidas». O, en palabras del juez Antonio Alcázar, cuando sostiene, refiriéndose en un auto a un edil aguileño, que «los indicios de cohecho parecen a priori inobjetables».

La pieza separada sobre La Zerrichera, que ha permanecido secreta durante más de quince meses y que ahora está en poder de "La Verdad", se abrió para tratar de hallar pruebas que demostrasen si era veraz la información aportada por un concejal socialista de Águilas, Ramón Román, en el sentido de que trataron de comprar su voluntad ofreciéndole un millón de euros.

En concreto, Román declaró en la Fiscalía que antes del Pleno del 27 de octubre del 2005, en el que debía de aprobarse el plan parcial de La Zerrichera, él expresó su intención de votar en contra. Habría sido entonces cuando su compañero de partido, Pedro Gil, le habría informado de la oferta de un millón de euros, pagaderos en tres partes, para que cambiase el sentido de su voto.

Más concretamente, Román aseguró que ese millón de euros formaba parte de un soborno de tres millones que el Grupo Hispania habría ofrecido a cambio del sí de los socialistas al proyecto y que, de haberse aceptado esas condiciones, tendrían que haberse repartido él mismo, Pedro Gil y el intermediario del Grupo Hispania que supuestamente les transmitió la oferta y que creyó identificar como Domingo Martínez (ex secretario general del PSOE en Águilas).

En virtud de tales datos, el juez de Instrucción número 3 de Murcia aceptó la apertura de una pieza separada de la investigación principal y encomendó a los expertos de la UDYCO de Murcia que se pusieran manos a la obra.

Un año y tres meses más tarde, las diligencias judiciales permiten constatar la estrechísima relación entre el empresario Trinitario Casanova, promotor de un resort de 4.000 viviendas, un hotel y un campo de golf en La Zerrichera y hasta hace poco dueño del Grupo Hispania, y el sospechoso de intermediar en el cohecho, Domingo Martínez.

La dependencia de éste hacia el empresario es tal que siempre se refiere a Casanova como «el jefe», realiza innumerables gestiones en ámbitos políticos para tratar de forzar decisiones que favorezcan al empresario y, cuando algo no sale como esperaba y eso irrita a su «jefe», llega a enviarle mensajes como el que sigue, interceptado por la UDYCO: «Yo siempre soy fiel. Te pido que no pierdas la confianza en mí. Espero que me llames para poder hablar contigo».

O como éste, enviado el 24 de diciembre del 2007, con el tono íntimo y entrañable que dan las fechas navideñas: «En estos días que traen tantos recuerdos, quiero que sepas que te tengo en lo más profundo de mi corazón, y te deseo para ti y para tu familia toda la salud, amor y bienestar. De tu amigo Domingo. Feliz Navidad».

Con declaraciones como las anteriores, a los investigadores les quedan pocas dudas sobre el tipo y la consistencia de la relación entre el supuesto intermediario en la oferta de los tres millones de euros y el empresario que, según Ramón Román, iba a ser quien desembolsase el dinero.

Más todavía, Domingo Martínez llegó a ser seguido por los policías hasta Madrid, donde mantuvo una reunión en las oficinas del grupo Hispania en la calle Ortega y Gasset; hasta Orihuela, donde se reunió con el empresario en el complejo Hispania de la calle Tajo, y hasta el edificio Hispania de la plaza de la Fuensanta de Murcia, donde también había sido citado por el promotor Casanova. En todas esas ocasiones fue grabado y fotografiado por los agentes.

Quedaba, sin embargo, por comprobar si entre el ex portavoz socialista Pedro Gil -después del escándalo fue expulsado del partido, junto a otros tres ediles- y Domingo Martínez existía o no alguna vinculación. Algo que, de llegar a demostrarse, añadiría nuevos indicios y daría mayor consistencia a la denuncia sobre cohecho formulada por Román.

Pues bien, también en este caso los agentes de la UDYCO han dispuesto de infinitas oportunidades de constatar la estrecha vinculación del presunto intermediario y peón del empresario Casanova con Pedro Gil, el ex edil socialista, actual presidente del Movimiento Aguileño Socialdemócrata (MASd).

Son decenas las conversaciones intervenidas entre ambos, y no pocas de ellas dirigidas a intentar favorecer los intereses de Trinitario Casanova en Águilas. Incluso alentando «preocupantes movimientos de tipo pseudopolítico -en palabras del juez- que podrían tener como finalidad conseguir que Ramón Román se retractara de lo declarado ante la Fiscalía».

Más todavía, la relación entre Pedro Gil y Domingo Martínez es tan estrecha que cuando el segundo es citado a declarar como imputado en la causa, el concejal le ofrece su declaración, en un supuesto intento de evitar que existan contradicciones entre ambos.

El magistrado estima que la investigación «demuestra los contactos entre Pedro Gil y (el promotor) Trinitario Casanova», a quienes califica como «los dos extremos de aquella supuesta relación interesada». Un eufemismo para referirse al supuesto cohecho.

"Indicios de subordinación"

El juez de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, expone en uno de sus autos, dictado el pasado 2 de abril, que de las conversaciones mantenidas entre el concejal Pedro Gil y el presunto intermediario del empresario Trinitario Casanova, Domingo Martínez, «se aprecia la voluntad previa del señor Casanova de interesarse por diversos asuntos de la corporación municipal aguileña y su extraña relación con el partido político que preside el imputado Pedro Gil -el MASd-, hasta el extremo de que en algunos pasajes se da cierta idea de subordinación en sus decisiones».