España aprobará en octubre medidas para el retorno voluntario de inmigrantes

BARCELONA.- El Gobierno prevé aprobar en octubre las medidas para incentivar el retorno voluntario de los trabajadores inmigrantes que se queden sin empleo, al que podrían acogerse hasta 15.000 personas, indicó el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en una entrevista al diario "La Vanguardia".

"Mi intención es aprobarlo en octubre", indicó, en relación al decreto que adoptará el Gobierno para ayudar a que los extranjeros sin trabajo puedan volver a sus países cobrando en dos veces los subsidios mensuales de desempleo y con microcréditos. El Ejecutivo calcula que "se podrían acoger a la medida de 10.000 a 15.000 personas", según el ministro de Trabajo e Inmigración, que añadió que no se espera "un retorno masivo".

El ministro, que el miércoles anunció que el Gobierno no tramitará en 2009 más contratos de trabajo en países extranjeros y seguidamente fue desmentido por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, coincidió con ella en que "habrá toda la contratación de origen que haga falta, pero ninguna que no sea necesaria".

Después de anunciar medidas para el retorno voluntario, Corbacho anunció que desaparecerá gran parte de los contratos en el extranjero debido a que la crisis económica hizo que el desempleo haya aumentado en España en medio millón de personas en un año, alcanzando los 2,5 millones, de los que cerca de medio millón son extranjeros.

"Mientras aquí tengamos albañiles magrebíes, ecuatorianos o españoles en el paro, no tiene sentido ir a buscar más albañiles a Rabat o a Quito", resumió Corbacho.

De la Vega aseguró el viernes que el Gobierno sigue defendiendo "una inmigración legal y ordenada", pero "en función de las necesidades del mercado laboral, que es lo único que cambia".

El Partido Popular, partidario de una política migratoria más restrictiva, apoyó el sábado el fin de los contratos en el extranjero.

Entre enero y julio de este año, 88.180 extranjeros fueron contratados de esta forma, frente a 200.000 en 2007 y 180.000 personas en 2006. España tiene acuerdos para la contratación en origen con Colombia, Ecuador, República Dominicana y con cinco países africanos y europeos (Marruecos, Rumanía, Polonia, Bulgaria y Mauritania).

Ha firmado acuerdos para poner en marcha proyectos piloto de contratación en origen con El Salvador, Honduras y Argentina, además de con Senegal y Filipinas.

De los 46,06 millones de habitantes que tiene España, 5,22 millones, es decir, el 11,3%, son extranjeros.

El PSRM volverá a pedir en la Asamblea Regional que se anule la reclasificación de La Zerrichera

CARTAGENA.- La diputada regional socialista Teresa Rosique anunció que su Grupo Parlamentario pedirá «por sexta vez» en la Junta de Portavoces que tendrá lugar esta semana en la Asamblea Regional, «que se ordene para su debate en Pleno la moción presentada hace un año por los socialistas para que el Gobierno anule la reclasificación urbanística de La Zerrichera».

En este sentido, Rosique recordó que el Grupo Parlamentario Popular «ha impedido ya en cinco ocasiones que esta iniciativa se pudiera debatir en el Pleno de la Asamblea», lo que, a su juicio, «confirmaría el sólido e inexplicable compromiso del Gobierno regional con los intereses del promotor Trinitario Casanova», según informaron fuentes del PSOE.

Así, esta formación política recordó que «la orden de reclasificación urbanística de La Zerrichera fue firmada en su día por el entonces consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana».

Rosique subrayó que esta reclasificación «sigue viva, ya que el Gobierno regional no ha dado ni un solo paso atrás sobre ella, a pesar de estar basada en innumerables irregularidades que han supuesto que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) tenga imputados a varios altos cargos del Ejecutivo autonómico por gravísimos delitos, como prevaricación, cohecho o tráfico de influencias».

Al respecto, la diputada socialista explicó que «la reclasificación de un paraje protegido como La Zerrichera, vulnerando la legislación urbanística y medioambiental vigente, no tuvo jamás justificación política». Sin embargo, añadió que «menos justificación tiene desde el punto de vista social mantener esta reclasificación, que supone construir 4.000 viviendas, un hotel y un campo de golf en un lugar que es Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección de Aves, que se vería gravemente dañado».

Así, enfatizó que, a pesar de las actuaciones de la Justicia, «el Gobierno regional no ha dado ni un paso atrás» en este asunto, «todo lo contrario, lo último es el pacto que el PP de Águilas, bendecido por la Administración autonómica, ha firmado con un intermediario de Trinitario Casanova, que garantizaría así desde el Ayuntamiento de Águilas la viabilidad de los negocios de este promotor».