lunes, 22 de septiembre de 2008

Hero afirma que si usa otros aceites junto al de oliva es para incluir ácidos grasos esenciales

MURCIA.- La empresa de alimentación Hero respondió a las acusaciones de la Federación de Consumidores en Acción (Facua), que ha demandado a la compañía por añadir otras grasas vegetales a potitos infantiles en cuyos envases se destaca que están elaborados con aceite de oliva, al afirmar que la mezcla de aceites que utiliza incluye ácidos grasos esenciales, necesarios para el niño y que no contiene el aceite de oliva por sí solo.

El director de Calidad, Investigación y Desarrollo de Hero, Pedro Abellán, explicó que "nutricionalmente no tiene ningún sentido añadir sólo aceite de oliva" en un potito, ya que este aceite no contiene ácidos grasos esenciales, que no puede elaborar nuestro organismo, y que tienen que "venir forzosamente" de la propia dieta.

Según indicó Abellán, este tipo de ácidos grasos, "convenientes para el desarrollo cognitivo y visual" del niño, están presentes en la leche materna, pero no en la leche de vaca, por lo que es recomendables incluirlos en la dieta de los niños de un año y medio a dos años.

Además, el portavoz de Hero señaló que las cuarenta variedades de alimentos infantiles en que se destaca la presencia de aceite de oliva lo contienen en una proporción del 60 por ciento, y así lo advierte el etiquetado, por lo que desde la compañía no se entiende que el consumidor pueda llegar a creer que el producto está elaborado únicamente con este aceite, como indica Facua.

Facua ha remitido sus denuncias, entre otros organismos, al Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Dirección General de Consumo de la Región de Murcia, donde Hero España tiene su sede social.

La CNMV aprieta las tuercas a la CAM

MADRID.- El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM) exigirá desde el próximo día 24 de septiembre que se comuniquen las 'posiciones cortas' sobre acciones o cuotas participativas de 20 entidades españolas cuando se supere el 0,25% del capital social admitido a negociación, informó hoy el organismo supervisor.

Los valores a los que afecta esta medida son Santander, BBVA, Banco Popular, Banesto, Bankinter, Banco Sabadell, Banco de Andalucía, Banco de Castilla, Banco de Crédito Balear, Banco de Galicia, Banco Guipuzcoano, Banco Pastor, Banco de Valencia, Banco de Vasconia, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Mapfre, BME, Renta 4, Grupo Catalana Occidente e Inverfiatc.

El organismo que preside Julio Segura explicó que se entiende por 'posición corta' "el resultado neto de todas las posiciones en distintos instrumentos financieros, incluyendo las propias acciones y cuotas participativas y todo tipo de derivados de ellas, que supongan un efecto positivo para el titular antes descensos en el precio de las acciones sobre las que se declara la posición".

El supervisor explicó que se trata de una medida "imprescindible", aunque aseguró que tendrá "carácter temporal", que entrará en vigor a las 00.01 horas del día 24 de septiembre y que se mantendrá hasta el momento en que "por desaparecer las condiciones de mercado que lo han motivado, la CNMV así lo establezca.

En este sentido, la CNMV subrayó que, en tanto se mantengan las condiciones de mercado actuales, "extremará el ejercicio de sus facultades de vigilancia y supervisión" sobre las operaciones en instrumentos financieros y, en especial, aquellas que pudieran ser constitutivas de abuso de mercado.

De esta forma, tanto las personas físicas como jurídicas deberán hacer públicas las 'posiciones cortas' que ostenten en los citados veinte valores, listado que podrá modificar la CNMV "en cualquier momento". Además, deberán comunicar las variaciones de dichas posiciones, antes de las 19.00 horas del día siguiente a su modificación, siempre que supongan un incremento de la 'posición corta' o una disminución por debajo del umbral del 0,25%.

La CNMV precisó que la publicación requerida se hará a través de la remisión de un comunicado a la Dirección General de Mercados, que procederá a su publicación como hecho relevante. Dicho comunicado deberá incluir la identificación del declarante, la fecha de la declaración y las posiciones cortas netas resultantes, expresadas en número de valores y porcentaje del capital (o el saldo de cuotas participativas emitidas en su caso) en cada uno de los valores afectados.

Asimismo, el regulador recordó que existen normas que "prohíben y penalizan las ventas en corto descubiertas", por lo que instó a los miembros del mercado a asegurarse de que sus clientes y ordenantes cuenten con los valores antes de procesar sus órdenes de venta.

Las ventas en corto descubiertas, son aquellas en las que el vendedor no dispone previamente de los valores que vende, bien sea por medio de una adquisición previa, de un préstamo de valoresacordado o formalizado con anterioridad a la venta o del ejercicio previo irrevocable de un derecho de conversión, opción u otro instrumento derivado.

En particular, "una venta justificada en su fecha de liquidación mediante un préstamo de valores registrado en fecha posterior a la de venta se considerará una venta en corto descubierta salvo que el vendedor pueda acreditar disponibilidad suficiente de valores de forma previa a la venta", explicó la CNMV.

En este sentido, el supervisor indicó en un comunicado que considerará como un indicio de conducta constitutiva de abuso de mercado, en el sentido de falsear la libre formación de precios, la ocultación de la información sobre 'posiciones cortas' y la traslación de información falsa a los miembros de los mercados secundarios oficiales en lo relativo a la disponibilidad suficiente de valores antes de ordenar una venta.

A este respecto, la CNMV "tendrá en cuenta las necesidades operativas de aquellas entidades que realicen de forma habitual funciones de creación de mercado, es decir, que operen por cuenta propia para proveer liquidez, cubrir o atender operaciones con clientes y realizar la cobertura de posiciones en instrumentos derivados en los que actúe como proveedor de liquidez o creador de mercado".

Facua denuncia a Hero por hacer creer que elabora con aceite de oliva potitos a los que añade otras grasas

MADRID.- La Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha denunciado a la empresa de alimentación Hero por "publicidad engañosa", al añadir otras grasas vegetales a potitos infantiles en cuyos envases se destaca que están elaborados con aceite de oliva.

Según explica la asociación de consumidores en un comunicado, en los envases de los potitos, justo al lado de la marca 'Hero Baby', aparece un logotipo con una aceituna que incluye en su interior el texto "con aceite de oliva".

Sin embargo, Facua denuncia que, según el etiquetado de las cuarenta variedades de alimentos infantiles que llevan este logotipo, los potitos contienen entre un 0,25 y un 1,2 por ciento de aceite de oliva, pero "también otros aceites vegetales que no concreta".

Facua considera que la empresa "incurre en publicidad engañosa, ya que puede inducir a los consumidores a creer que el aceite de oliva es el único aceite utilizado para la elaboración de estos productos". La Ley 34/1988 General de Publicidad de 11 de noviembre define como engañosa aquélla que "de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios".

La asociación demanda que Hero elimine de su publicidad y sus envases el logotipo y la frase "con aceite de oliva" o modifique la composición de sus alimentos eliminando el resto de aceites que emplea.

El pasado 5 de septiembre, Facua presentó una reclamación a Hero después de que una madre, miembro de su Red de Consumidores en Acción, le alertase de las irregularidades. La usuaria llevaba meses comprando el producto al creer que sólo contenía aceite de oliva, guiada por el logotipo de la aceituna que aparece en el envase, similar al que exhiben otras marcas de alimentos infantiles que sí usan únicamente este aceite.

Ante la falta de respuesta de Hero, Facua ha remitido sus denuncias, entre otros organismos, al Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Dirección General de Consumo de la Región de Murcia, donde Hero España tiene su sede social.

Hace ahora catorce años, en Lindau, en el Estado de Baviera, sede de una empresa importadora de los potitos Hero en Alemania, se encontraron restos de pesticidas en potitos fabricados en la factoría de Alcantarilla.

La empresa Schlecker, que contaba con 4.000 puntos de venta, reaccionó con rapidez ante el escándalo que se le vino encima con la acusación de vender alimentos infantiles contaminados con lindano y otros pesticidas. Tras unos primeros momentos sin reaccionar, un fax anunció la retirada del mercado de una docena de clases de potitos, según publicó entonces "El País".

Reconoció Sclilecker que se habían superado los niveles de lindano y otros pesticidas más allá de lo permitido por la legislación alemana de alimentos.

Las autoridades de los Estados de Baviera, Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia, que ordenaron investigar los productos sospechosos, se quejaron de que las autoridades de varios estados de que Baden-Wurtemberg, los primeros en descubrir los restos de pesticidas en los potitos, no informaron del hallazgo.

Tanto la empresa importadora, como la que fabricó entonces los potitos españoles, eran filiales de la central suiza Hero.

Se da la circunstancia ahora de que la empresa Hero España, ubicada en España en Alcantarilla, anunció hace tan solo 48 horas que forma parte de la Fundación I+E Innovación España junto a otras seis empresas que operan principalmente en industrias de alto contenido tecnológico, y que contribuyen directamente al sistema español de innovación, hasta el punto de que su gasto en I+D+i representa casi una tercera parte del gasto interno del sector empresarial.

En concreto, la compañía suiza Hero, que tiene más de 80 años de historia, está presente en la actualidad en 15 países y exporta sus productos a los cinco continentes, mientras que la inversión en I+D+i es una de sus «principales preocupaciones», para lo que cuenta en España con el centro de Investigación de Nutrición Infantil en sus instalaciones de Alcantarilla.

La Fundación I+E Innovación España que forman Alstom, Arcelor Mittal, Ericsson, Hero , HP, Sony y ThyssenKrupp Elevator, se propone resaltar el papel de las empresas multinacionales en la redes globales y locales de I+D+i, así como trasladar su experiencia a la administración y a las empresas españolas y multinacionales, animando a éstas últimas a invertir en España.

La salida de prisión de directivos de Riviera Invest preocupa a los más de 500 afectados

MURCIA.- La situación de indefensión en la que se encuentran los más de 500 afectados por la estafa millonaria de la promotora valenciana, Riviera Coast Invest, cuyos responsables ya están en la calle tras pagar sus fianzas de 60.000 y 40.000 euros por apropiación indebida se ha convertido desde el jueves en resignación, según interpreta "El Faro".

Según cuenta a este diario el abogado de la Asociación de Perjudicados por Riviera Invest, José Luis Escobar, los afectados en Murcia son unos de los que peor parados han salido ya que “realmente no tienen nada”.

En otras ciudades, nos cuenta Escobar, los afectados han sido estafados por pequeñas cantidades, o no se les han devuelto fianzas de las residencias de estudiantes, pero en Murcia, todos los compradores de los pisos para estudiantes que se han estado vendiendo desde febrero de 2007 y que nos consta que han quedado vendidos, –1.051–, no tienen más que papeles o pagarés sin validez de nada.

Escobar, al igual que el presidente de la asociación, Miguel Cancela, quedaron muy impactados con la reunión que por primera vez reunía a la mayoría de los afectados por la trama inmobiliaria en Alicante, y a la que acudieron casi un millar de personas. Cancela recordaba que “muchos de los afectados son personas mayores que han invertido sus ahorros en comprar un pisito con el objetivo de vivir de los intereses, –hasta del 7 por ciento–, que prometía Riviera Invest.

Cancela aún no tiene una cifra precisa del numero de afectados en la Región por la compra de los apartamentos de la promoción de residencias de estudiantes llamadas Ulyss, que la inmobiliaria “iba a construir” en Espinardo con un coste por cada uno de 14.000 euros.

Según explicó Escobar, “durante un principio, en 2006, presentaron una promoción de Ulyss con más de 2.000 viviendas, para un año después, volver a presentarla con las 1.051 viviendas que finalmente se han vendido”. Además, en febrero de 2007 solicitaron al Ayuntamiento de Murcia la licencia para la adquisición de los terrenos, solicitud para la que luego no se insistió más ni se presentaron mayores papeles, peticiones o fianzas”.

La detención de los responsables de la trama cuando estaban a punto de huir en un jet privado tampoco ha ayudado en el ánimo de los afectados.

“Llevábamos dos meses detrás de ellos”, nos cuenta Escobar. “Menos mal que finalmente se me ocurrió recurrir a Madrid”, porque desde que presentaran la suspensión de pagos a finales de junio, todos veíamos que pasaban cosas muy raras.

Ahora el caso está bajo la batuta del juez Grande Marlaska, que tomó declaración al presidente de la compañía, Claude Roch Tabarot, y a Francisco Fernández, para los que decretó prisión eludible bajo fianzas de 60.000 y 40.000 euros respectivamente por un delito de apropiación indebida que finalmente abonaron el jueves. Ha sido esta decisión del juez Marlaska la que ha inquietado un poco a los afectados ya que confían en que al menos “las cuentas de ambos hayan sido inmobilizadas”.

Escobar determina que la cantidad estafada puede rondar los 70 millones de euros, “si hasta julio de 2007 tienen 70 millones de euros de ingresos y no pagan a bancos y no pagan a acreedores, y no pagan a afectados la pregunta es ¿dónde está ese dinero? Seguramente en el extranjero, a donde iban a viajar cuando fueron detenidos”.

El próximo martes 30 se sabrá con precisión cuantos afectados de la Región hay y si van a tomar medidas.

El presidente y principal artífice de la promotora inmobiliaria Riviera Coast Invest, Roch Tabarot, libre desde el jueves, ha construido durante los últimos años todo un entramado inmobiliario con residencias para estudiantes, residencias de ancianos, tanto para la venta directa como con el servicio del alquiler-compra que reportaba el ya famoso 7% de beneficios.

Su compañía ha almacenado, según las cifras que aporta José Luis Escobar, unos beneficios de más de 70 millones de euros, en ventas de propiedades que luego no se han construido. Además, gran parte del capital sustraído bajo esta fórmula podría encontrarse invertido en otras propiedades inmobiliarias que la compañía estaba realizando en Marrakech, donde se sospecha que pretendía huir, junto a su cúpula directiva el día que fueron detenidos a pie de avión privado.

El presidente de Riviera Coast Invest, Claude Roch Tabarot, y el consejero delegado de la constructora, Francisco Fernández, salieron el pasado jueves de prisión tras depositar las respectivas fianzas de 60.000 y 40.000 euros impuestas el pasado lunes por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, por un presunto delito de apropiación indebida.

Tras dos días en prisión, los imputados recuperan su libertad con la prohibición de abandonar el territorio español sin autorización y tienen la obligación de presentarse una vez por semana en el juzgado más cercano, así como comunicar cualquier cambio.

Medio centenar de murcianos recurren a Garzón para buscar a sus desaparecidos

LORCA.-La asociación Amigos de los Caídos por la Libertad traslada a la Audiencia Nacional medio centenar de reclamaciones, aunque calcula que en la Guerra Civil desaparecieron 15.000 combatientes de la Región, según publica "La Opinión"


"Ay, pues claro que me gustaría que mi padre estuviera enterrado junto a mi madre. ¿Eso vale dinero?". Esto es lo que le contesta María Hernández, una lorquina de 81 años, a su hija Juani cuando ésta le comenta que un juez muy famoso está buscando a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la represión franquista.

María no sabe muy bien quién es Baltasar Garzón ni qué es eso de la Ley de Memoria Histórica; lo único que tiene son recuerdos de su padre, Cristóbal Hernández, quien desapareció en la batalla que tuvo lugar en Jarama el 22 de febrero de 1937, dejándola huérfana con sólo nueve años.

Por eso, es su hija Juani la que ha decidido dar los primeros pasos para que el caso de su abuelo llegue a manos del juez Garzón, quien ha decidido elaborar un censo de los desaparecidos desde el Alzamiento hasta el final de la Dictadura.

Éste es sólo uno de los cerca de 50 casos que han llegado a la asociación murciana Amigos de los Caídos por la Libertad, cuyo presidente, Floren Dimas, explica que 27 familias de la Región ya habían recurrido a ellos para saber qué pasó con sus familiares desaparecidos. Un número que se ha incrementado en las últimas semanas, tras el anuncio del juez, y que roza ya el medio centenar.

"Los más interesados, los que más se están moviendo, son los nietos, porque ellos están libres de tabúes", explica Dimas, quien informa de que harán llegar esta lista de desaparecidos al Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional para que Garzón la incluya en su investigación.

Cincuenta familias buscando a sus desaparecidos no es una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que la asociación Amigos de los Caídos por la Libertad calcula que puede haber 15.000 murcianos entre aquellos combatientes "de los que nunca más se supo nada".

"Sólo en Lorca y tras un trabajo de tres meses consultando el Registro Civil, he encontrado 413 nombres. Es un trabajo que se puede hacer, pero que requiere recursos", dice Dimas, quien recuerda que "no hubo desaparecidos por parte del bando vencedor, excepto en el caso de algunos combatientes, porque el régimen dedicó todos sus recursos a buscarlos".

"La nuestra es una búsqueda contrarreloj", asegura el presidente de la asociación murciana, ya que muchos de los familiares que esperan saber qué fue de sus seres queridos tienen una edad muy avanzada.

Floren Dimas cuenta el caso, por ejemplo, de cuatro murcianos que fueron hallados en una fosa común en Manresa, donde había un hospital republicano. Sólo consiguieron localizar a dos de las familias. "En uno de los casos, se trababa de una hermana, muy mayor y bastante sorda, que se emocionó con la noticia. Pero como no oía, se puso al teléfono su nuera, que no quiso saber nada del asunto".

Pero los nombres de republicanos que cayeron en combate no han sido los únicos que se perdieron en el olvido, ya que la lista de desaparecidos también se engrosa con aquellos que fallecieron en cárceles o campos de concentración, ya sea porque fueron fusilados o porque no aguantaron las condiciones infrahumanas de estos centros. Es el caso, por ejemplo, del alpargatero caravaqueño Juan José Martínez Sánchez, que falleció en 1942 en un fuerte de Navarra.

También se cuentan con testimonios de supervivientes, como es el caso de Ginés López, que recuerda las torturas que sufrió y los crímenes que presenció en un campo de concentración. Allí conoció a otros murcianos, algunos de los cuales no sobrevivieron en un lugar "donde ir a la enfermería suponía no volver jamás".

Las agencias de calificación de riesgo no avisaron del caos que se avecinaba

MADRID.- Fallaron al no detectar a tiempo los problemas que acabaron con Enron, en 2001. Volvieron a fallar el año pasado, cuando no hicieron sonar las alarmas ante la gravedad de la crisis subprime, afirma "El País".

En esta ocasión, las agencias de calificación de riesgo tampoco avisaron de que los mayores bancos de negocios de Wall Street estaban a punto de irse a pique. La confianza en el trabajo de estas agencias, uno de los pilares del sistema financiero, está una vez más en entredicho. Descontentas por su papel en la crisis, las autoridades europeas y de Estados Unidos han decidido cambiar las reglas del juego.

El terremoto que ha sacudido esta semana Wall Street ha vuelto a poner en el punto de mira a Standard & Poor's (S&P), Moody's y Fitch, las tres principales empresas del sector. Hasta el 10 de septiembre, Moody's no advirtió a Lehman de que rebajaría su calificación si no conseguía rápidamente un comprador. Cinco días después, Lehman se declaraba en bancarrota. S&P rebajó ese mismo día su calificación a Lehman de A, considerada buena, a insolvente.

El 17 de marzo pasado, al reafirmar su calificación A1 a la deuda a largo plazo de Lehman, Moody's afirmaba que el banco "ha navegado muy bien hasta ahora por unos mercados financieros persistentemente volátiles".

Las críticas y las llamadas a un mayor control de las agencias de calificación han sido contundentes a uno y otro lado del Atlántico. El propio candidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, las ha señalado con el dedo por haber dado, en ocasiones, sus mejores notas a bonos vinculados a hipotecas basura y a los bancos que los emitieron o los compraron.

"Debemos investigar a las agencias de calificación y los posibles conflictos de intereses con la gente a la que están calificando", afirmó Obama en un acto de campaña.

Uno de los más duros ha sido el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, quien manifestó el jueves que la actuación de las agencias en 2007 suscitó dudas sobre hasta qué punto han llegado a ser parte de los fallos detonantes de la crisis.

"Los bruscos, con frecuencia tardíos, y no siempre justificados cambios de las calificaciones de ciertos productos, han sido, sin lugar a dudas, un catalizador de la crisis, y cabe pensar que, en algunos casos, pudieran reflejar la existencia de problemas de conflictos de intereses", dijo Segura.

En efecto, el año pasado las agencias no comenzaron a rebajar la calificación de determinados activos vinculados a hipotecas basura -en muchos casos AAA, la misma que los bonos del Tesoro de Estados Unidos-, hasta que éstos no habían perdido gran parte de su valor en el mercado.

Tras investigar durante 10 meses el trabajo de Moody's, S&P y Fitch, la Securities and Exchange Comission (SEC), organismo regulador de los mercados estadounidenses, llegó en julio pasado a la conclusión de que las agencias incurrieron en un conflicto de intereses al calificar determinados activos.

Las agencias, según la SEC, incumplieron las normas destinadas a impedir que otorgaran calificaciones altas en beneficio propio.

El conflicto de intereses está en el núcleo de todas las críticas. Durante años, las agencias ayudaron a los bancos de inversión -a cambio de cuantiosas tarifas- a colocar en el mercado créditos hipotecarios en forma de complejos activos financieros. Al preparar una emisión de esos bonos, las agencias garantizaban a los colocadores una buena calificación para el producto, que así se vendía más fácilmente.

Pero las agencias no quieren ser el chivo expiatorio de la crisis y apuntan hacia otros culpables: la Reserva Federal, la SEC, los propios bancos y la prensa financiera tampoco supieron detectar a tiempo el peligro que se avecinaba, ni ahora ni cuando estalló la burbuja inmobiliaria, sostienen sus responsables.

La crisis subprime y la tormenta desatada por la caída de Lehman Brothers cambiará para siempre el marco regulatorio en que se mueven las agencias de calificación. La Unión Europea y Estados Unidos se disponen a cambiar las reglas actuales.

Tras afirmar que las agencias fueron incapaces de "oler la putrefacción" en los mercados, el comisario europeo de Mercado Interno, Charlie McCreevy, anunció su intención de obligar a las agencias a inscribirse en un registro de la Unión Europea. La Comisión presentará propuestas sobre regulación a finales de octubre.

El comisario de Economía, Joaquín Almunia, declaró esta semana que es necesario mejorar la transparencia y los mecanismos de gestión de riesgos y aclarar los criterios para una adecuada valoración de los activos.