domingo, 23 de noviembre de 2008

El notario Patricio Chamorro se querella contra el concejal de IU en Totana, Juan José Cánovas

TOTANA.- El notario de Totana, Patricio Chamorro, ha instado a un acto de conciliación, previo a la presentación de querella, contra el concejal de IU en Totana y responsable de Política Municipal de esa formación en la Región de Murcia, Juan José Cánovas. El acto, que al parecer no tendrá acuerdo de las partes, se celebra mañana, lunes, día 24, en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Totana.

El Notario que, según recuerda IU, fue llamado a declarar, como imputado, al Tribunal Superior de Justicia, basa su amenaza de querella, en unos artículos de Cánovas, publicados en su blog, sobre su actuación en el tema de la venta de la parcela de Kappa, actuaciones relacionadas con Juan Morales y otros acusados en el sumario de la Operación Tótem.

Desde IU, se considera "curiosa la coincidencia que estos días, cuando los miembros de la U.C.O. y la Justicia siguen encarcelando presuntos corruptos, que las iras del notario se desaten sobre un político, que se ha destacado por su honestidad en la gestión, denunciando los acuerdos y actuaciones que atentaban contra el patrimonio y el dinero público. Denuncias que, entre otras, han destapado tramas de corrupción y enriquecimiento ilícito de personajes detestables desde el punto de vista moral y político".

Cánovas (en la imagen), recuerda que su artículos de opinión, se basaban en hechos ciertos, así como "incongruencias en la actuación de un notario, que se supone debe velar por la legalidad de las actuaciones y la defensa de lo público".

Patricio Chamorro, entre otras actuaciones recordadas ahora por IU, "convocó a los consejeros del PP en la sociedad Proinvitosa, para 'tranquilizarlos' sobre su actuación en el acuerdo, autorizando la venta de una parcela" que, según IU, debería haber revertido al Patrimonio Municipal, en beneficio de pequeños y medianos empresarios de Totana. "Poniendo, los votantes del acuerdo, esa parcela de 60.000 metros cuadrados en manos de especuladores que ahora persigue la Justicia".

Desde IU se recuerda igualmente que, "mientras se presentan querellas, contra políticos honestos, el notario o Valcárcel (que también anunció otra querella a Juan José Cánovas, hace un año), callan y no actúan ante los políticos y funcionarios que son arrestados, encarcelados y acusados por la Justicia".

Murcia sufre una caída del 76,8% en la edificación de nuevas viviendas respecto a 2007

MURCIA.- La construcción de nuevas viviendas en la Región de Murcia ha caído 'en picado' en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2007, dado que entre julio y septiembre se solicitaron visados para edificar sólo 2.568 viviendas, un 76,8% menos en relación a los de igual fecha el pasado año, según los datos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.

La estadística de los arquitectos muestra además como el parón en la actividad de construcción residencial se ha ido acentuando a lo largo del presente ejercicio.

Por tipos de viviendas, las libres (las que promueve la iniciativa privada) se desplomaron en el conjunto de los primeros nueve meses del año.

En el caso de la vivienda de protección oficial (VPO) arroja un tímido avance.

Agricultura publica en Internet la nueva ortoimagen digital de la Región de Murcia

MURCIA.- La Consejería de Agricultura y Agua ha publicado en Internet la nueva ortoimagen digital de la Región de Murcia, que constituye un conjunto de imágenes procesadas en las que se corrigen los desplazamientos ocasionados en la captación de los relieves a gran altura, según informaron fuentes del Gobierno regional.

Para la obtención de estos mapas se han utilizado por primera vez técnicas innovadoras como la combinación de cámaras fotogramétricas digitales (que resaltan la forma y dimensiones de los objetos) con un barrido mediante un sensor de tipo LIDAR, lo que dota a estas imágenes de mayor precisión y resolución.

El director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Pablo Fernández, señaló que el empleo de estas técnicas permite "el registro de las elevaciones del terreno de forma cuatro veces más precisa que con las técnicas fotogramétricas habituales, con lo que se consiguen levantamientos topográficos mucho mas detallados, facilitando así el estudio de aspectos como la erosión, inundabilidad y otros riesgos naturales".

Asimismo, destacó que los datos se reciben, validan y disponen en los servidores de la Administración regional de forma inmediata, por lo que quedan incorporados de facto al flujo de trabajo y a los servicios que se prestan al ciudadano.

"Esto permite reducir notablemente los plazos de tramitación de numerosos expedientes e informes ambientales, al disponer con antelación de una herramienta de certificación y validación que evita numerosas comprobaciones en campo", señaló.

Esta Dirección General viene trabajando en el proyecto 'Natmur 08' para obtener un registro detallado y actualizado de la superficie regional. Aunque el proyecto tiene prevista su finalización en enero de 2009, ya se han publicado en Internet los primeros resultados, como el de la ortoimagen completa a color. Estos resultados pueden verse en la página http://www.murcianatural.com/natmur08/

Este producto, que registra el estado de la Región entre los meses de julio y septiembre de 2008, se ha conseguido en un tiempo récord, "gracias a la reutilización de las bases de datos preexistentes en el Sistema de Información Geográfica y Ambiental".

Pablo Fernández señaló que con la publicación en Internet de esta información, "también se facilita la conexión al servicio a las empresas y profesionales de la Región, y se ofrece una licencia de uso gratuita que permite descargar y reutilizar los datos íntegros sin restricciones de calidad".

El acceso a los datos no está condicionado al uso de un visor concreto, sino que puede realizarse a través del estándar WMS (Web Map Service). Esto ha permitido, añadió el director general, "que de forma inmediata, además de estar disponible para la planificación y gestión del medio ambiente, también esté ya incorporada a otros sistemas como las aplicaciones de gestión de ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) o a la Oficina Virtual del Catastro".

Las imágenes obtenidas con el uso de estas nuevas técnicas, disponen de un canal de información infrarroja de gran interés en estudios medioambientales, ya que se pueden componer imágenes complementarias con información sobre salud vegetal, estrés hídrico y riesgo de incendios, entre otros aspectos.

El director general anunció que los distintos productos (ortoimagen visible, datos infrarrojos, índice de vegetación y diversos modelos digitales del terreno) que se van a obtener con este proyecto, "estarán igualmente disponibles en Internet, en sus versiones íntegras, para su uso y descarga con licencia de uso gratuita".

'Repsol' contrata en Asturias la obra crítica para su nueva refinería de Escombreras

OVIEDO.- La petrolera hispanoargentina Repsol YPF, en pleno debate sobre el cambio de titularidad de sus accionistas de referencia, acaba de adjudicar a la compañía asturiana Sodes la totalidad de las obras de interconexión de la ampliación de su refinería de Cartagena, con lo que esta instalación duplicará su tamaño y capacidad de producción, informa hoy "La Nueva España".

La adjudicación de este contrato, que garantiza durante dos años (2009-2010) la mitad de la facturación actual de la compañía asturiana, movilizará a 300 empleados de Sodes (ingenieros, técnicos, oficiales y especialistas) entre enero próximo y agosto de 2010.

Sodes asumirá el montaje de la parte crítica de la instalación: tanques de almacenamiento y tuberías de interconexión, así como prefabricación y posterior montaje de las tuberías, soportes y estructuras, que sumarán 4.000 toneladas.

La refinería de Cartagena fue la primera de la Península y hoy es una de las cinco con que cuenta en España Repsol YPF. Unida desde el año 2000 a la refinería de Puertollano por un oleoducto, tiene una capacidad de tratamiento de 5,5 millones de toneladas anuales y está formada por dos grandes áreas: una de producción de combustibles y otra de bases lubricantes, asfaltos, parafinas y aceites aromáticos.

El ambicioso proyecto de ampliación supondrá la construcción de 22 nuevas unidades, que aumentará hasta 11 millones de toneladas su capacidad de refino, lo que convertirá la planta cartagenera en la segunda más importante de la multinacional, casi igualada a la de Vizcaya, que opera bajo la marca Petronor, y que tiene capacidad para 12 millones.

Repsol tiene una capacidad de destilación de crudo de otros 9,4 millones en Tarragona, de 7,5 millones en Puertollano y de 6 millones en La Coruña.

Sodes, con casi un millar de empleados, cuenta con dos talleres en Langreo y otro en Bobes, así como otro taller en Tarragona, amén de instalaciones de almacenamiento en San Claudio y en Bobes. El grupo no subcontrata tareas, por lo que acomete íntegramente los proyectos que ejecuta, caso ahora de la ampliación de la refinería de Repsol en Cartagena.

Trabaja habitualmente para grandes tecnólogos internacionales (Siemens, Almston, Foster Wheeler, etcétera) y ha participado en la construcción de instalaciones industriales en diversos países europeos. Desde 2000 la compañía opera también en México, con oficinas y almacenes propios. Actualmente negocia su posible implantación en un país de Oriente Próximo para aprovechar las oportunidades que se generan en el área.

La sociedad está participada por cuatro familias, arraigadas dos de ellas en Asturias y las otras dos, en Galicia y Cataluña. Juan José Martínez Martínez, de 37 años, e hijo de uno de los fundadores de la sociedad, acaba de asumir la presidencia de la compañía.

Sodes, que nació con una fuerte especialización en soldadura, es hoy un grupo de montaje y construcción de proyectos llave en mano, fundamentalmente para los sectores energético y químico. Su especialidad es la fabricación, montaje y mantenimiento de instalaciones para refinerías y centrales eléctricas (tanto térmicas clásicas como de ciclo combinado), así como tuberías de transporte energético (oleoductos y gasoductos).

Simultáneamente con esa especialización, el grupo asturiano ha desarrollado dos nuevas áreas de actividad. En un caso se trata de la producción con tecnología propia de placas solares térmicas, que, con la marca Kinichtec, produce, en régimen de maquila, en China.

La otra actividad, en la que el grupo fue pionero en España, es la gestión de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), a resultas del Protocolo de Kioto. Estas operaciones de consultoría climática las realiza el grupo desde 2005 a través de la sociedad Tutransformas.

La compañía opera también en el desarrollo de proyectos limpios para reducción de emisiones a cambio de créditos de carbono (CECS) que concede la ONU.

El PSOE de Cartagena se mantiene a favor del debate biprovincial, pese al 'no' federal

CARTAGENA.- La coordinadora local del PSOE en Cartagena, Caridad Rives, aseguró a "El Faro" que su partido mantiene, tanto en Cartagena como en el ámbito de la Región de Murcia, su compromiso de defender que la creación de una o más provincias en el seno de la Comunidad de Murcia debe contemplarse en la reforma del Estatuto de Autonomía.

Lo hizo pese a la negativa emitida el pasado viernes por el secretario federal de Política Municipal, Antonio Hernando, a contemplar modificaciones territoriales de ese tipo y ante la catarata de reacciones sociales y políticas que suscitó en la jornada de ayer.

Hernando sostuvo, al ser preguntado en Murcia por esta cuestión, que el mapa territorial de España está “cerrado” y que no se contempla modificación alguna “ni a corto ni a largo plazo”.

Rives consideró que es normal que Hernando se pronunciara de esta forma, porque “no procede abrir ese debate a nivel nacional todavía”. A su juicio, “la cuestión debe abordarse en la esfera autonómica”. En concreto, ha de ser en la Asamblea Regional, que es donde el PSOE insta al PP, que tiene la mayoría en la Cámara, a que incluya un mecanismo estatutario o camino que permita la creación de provincias.

El portavoz del Gobierno del PP en el Ayuntamiento, Joaquín Segado, consideró que no debe extrañar que los políticos nacionales se pronuncien en contra de este territorial, “porque probablemente no saben ni de que se les está hablando, y se trata de un tema conflictivo por lo que significa en otras partes de España”.

En ese sentido, “la diferencia entre PP y PSOE a nivel regional y local es que los socialistas incluyeron esa cuestión en su programa electoral y nosotros no, porque creemos que se trata de un debate que debe promoverse a nivel social”, apuntó.

Para el portavoz municipal de Movimiento Ciudadano, Luis Carlos García Conesa, “la responsabilidad de ese desconocimiento es de los líderes locales y regionales de los partidos de estructura estatal: PP y PSOE. Su obligación es transmitir las inquietudes de quienes les han elegido. Con esto, se demuestra que no lo están haciendo o no les hacen caso”, añadió.

La opinión de los sectores sociales incide en que la cuestión de la provincialidad se verá lastrada por el desconocimiento total a nivel nacional, en el ámbito político.

Más de 1.300 cartageneros se enfrentan al embargo por deudas municipales

CARTAGENA.- Más de 1.300 personas, empresas y otras sociedades se enfrentarán, a partir de la segunda semana del mes de diciembre, al embargo de las propiedades que el Ayuntamiento tiene registradas a su nombre, si no comparecen en el plazo de dos semanas para satisfacer las deudas que mantienen con el Consistorio, referentes a impagos del presente ejercicio fiscal, según confirmaron fuentes municipales a "El Faro".

“No se trata de un número excesivo de deudores en fase de apremio. Todos los años se produce un listado similar de personas a las que no se ha localizado. Muchas de ellas simplemente no han recibido información al respecto, por lo que una vez informados de la posibilidad de embargo, acaban pagando y los embargos no se ejecutan”, apuntaron las fuentes consultadas.

La entrada de todos estos expedientes de deuda en la vía de apremio ha sido publicada en la página web municipal, al igual que la lista de deudores ha aparecido en el número 270 del Boletín Oficial de la Región de Murcia, correspondiente al pasado jueves, 20 de noviembre, entre las páginas 35.638 y 35.653. A la consulta de ese listado, en formato PDF, puede accederse a través de la página municipal en Internet.

Las fuentes municipales consultadas señalaron que los apremiados tienen pendientes impagos que superaron ya la fase de recaudación ejecutiva y cuentan con una doble notificación con acuse de recibo en los domicilios conocidos por el Consistorio. Es al no habérseles localizado cuando se publican sus nombres para que se presenten en un plazo de quince días. Si lo hacen, deberán abonar la deuda correspondiente, con el 20% de recargo.

Expirado el plazo, cosa que ocurrirá el 5 de diciembre, se iniciará el proceso de embargo de las cuentas y bienes de los que sean propietarios.

Las deudas se refieren a tributos que, como el Impuesto Municipal de Vehículos y el IBI de este año, han superado ya hacer varios meses el periodo de pago voluntario para los contribuyentes.

Resulta curioso observar como varios cientos de las personas que aparecen en los listados son de nacionalidad extranjera y por sus apellidos, tienen de forma mayoritaria origen anglosajón o árabe.

Ródenas defiende los trasvases en un plan hidrológico nuevo

MURCIA.- El director general del Agua, Miguel Ángel Ródenas, defendió esta semana en Madrid “un plan extraordinario en infraestructuras hidráulicas” que contemple, entre otras actuaciones, los embalses de la cuenca del Ebro y el trasvase desde este río para garantizar los recursos hídricos en España, según informaron fuentes del Gobierno regional.

El titular de Agua realizó estas declaraciones durante su intervención en la mesa redonda ‘Las políticas del Agua en España’, celebrada en el marco de la jornada ‘La gestión del agua en España. Nuevos retos’, que organizó el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.

Ródenas señaló que la ejecución de estos proyectos que contemplaba el Plan Hidrológico Nacional “supondrían una inyección en obra hidráulica de 10.000 millones de euros –4.200 para el trasvase del Ebro–, que serían estratégicos en estos momentos de crisis para reactivar la economía nacional”.

Además, indicó que esta cantidad “está en armonía con los 150.000 millones de euros destinados al auxilio del sistema financiero”.

Asimismo aseguró que la ejecución de estas infraestructuras “sería un arma muy eficaz contra el paro, que es la mayor amenaza que tiene la sociedad en estos momentos”, y resaltó que “además, a largo plazo tendríamos más agua, con mayor garantía y más barata, y proporcionaría más energía”.

“La Región de Murcia y España seríamos más competitivos”, apostilló.

Durante su intervención, Ródenas afirmó que la construcción de estos proyectos “ya estudiados y conocidos”, implican, según el director general, “impulsar mano de obra, consolidar la ingeniería hidráulica y la industria de construcción civil, y favorecer nuestro sistema productivo”.

Repsol y Noksel aparecen como fuentes de nuevas vías de negocio

MURCIA.- La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, en el marco del Plan Industrial de la Región de Murcia, estudia nuevas oportunidades de negocio propiciadas por los significativos proyectos de inversión en la Región, como Repsol en Cartagena o Noksel en Lorca, según informaron fuentes del Gobierno regional.

En este marco, miembros del INFO mantuvieron esta semana una reunión con la Federación de Empresarios de Puertollano, en Ciudad Real, con la finalidad de conocer las ventajas de multinacionales en aquella localidad.

Con este encuentro, ambas instituciones pretenden aprovechar las sinergias y los conocimientos de los empresarios de Ciudad Real, en concreto “del importante complejo empresarial y petroquímico de Puertollano, en el que la compañía Repsol YPF cuenta con una planta que tiene la mayor complejidad técnica de todas las refinerías españolas, tanto por la variedad de sus productos como por la integración de las unidades, y que será el modelo de partida para las obras que realizará la petrolera en el Valle de Escombreras”.

Los empresarios de Puertollano describieron la articulación de un modelo de tejido industrial, acorde a las necesidades de las inversiones realizadas, en este caso por Repsol, lo que propició una potente industria auxiliar y de suministros.

La compañía Repsol YPF anunció a principios de este año el aumento de su inversión prevista en el Valle de Escombreras en más de un 50 por ciento, hasta alcanzar los 3.262 millones de euros.

Un aspecto significativo de esta inversión es que durante el plazo de ejecución de las obras, cerca de tres años, la planta creará unos 300 puestos de trabajo directos, más 400 contratistas diarios y 1.500 trabajos inducidos.

Para el Info, “las nuevas inversiones e instalaciones que se llevarán a cabo en la Región “son una receta más para hacer frente a la crisis económica”, y señala que “la Consejería, a través del Info, está poniendo en marcha toda una serie de mecanismos para fomentar el acceso de los empresarios murcianos a este tipo de grandes obras de infraestructura, ya que se cuenta con un tejido muy diversificado, que puede ofrecer su servicio y experiencia”.

Es la energía, estúpidos (y el aeropuerto) / José Antonio Martínez-Abarca

Los hombres de empresa, no sólo Luis del Rivero, murciano que creó Sacyr prácticamente de la nada, tienden a pensar que el dinero no tiene padrinos y que no es nunca moral o inmoral, sino sólo dinero, con el que se puede apostar a voluntad ya que el dinero sólo debe dar cuentas a su propietario (¡ah, la fama de chalaneros que aún tenemos los murcianos por ahí fuera!). Terrible error.

Con el dinero que no es moral ni inmoral sino sólo dinero los grandes hombres de empresa como Del Rivero pueden acometer acciones que sí son morales o inmorales, éticamente impecables o éticamente reprobables, con repercusión únicamente privada o con repercusión del todo pública, incluso en clave antinacional y antipatriótica, anticiudadana.

Si se consuma la inicua venta de las acciones de Sacyr en la empresa que acumula buena parte de la energía en España, Repsol, a las siempre dudosas zarpas rusas, a través de una de esas empresas/títere que tanto gustan en el Kremlin, se habrá consumado una operación patibularia contraria a los intereses de España (no sólo los estratégicos), y que arrojará sombras imborrables sobre el futuro del país, de las que el Gobierno de Zapatero, más temprano que tarde, deberá responder en una investigación al efecto.

Es la cuestión más importante, ésta de la energía, que tenemos ahora mismo en la actualidad española, aunque, cómo no, qué boda sin la tía Juana, no figure ni en el “top ten” de las preocupaciones de los españoles. Ya figurará. Ni el terrorismo de ETA, ni el paro, ni la crisis, ni los nacionalismos periféricos, ni las bodas gays, ni el maltrato de género, ni el debate sobre la eutanasia activa o pasiva. La cuestión energética: es la madre del cordero de todas las batallas, la madre del cordero de todos los corderos. Es la energía, estúpidos.

Sin energía nuclear, sin petróleo, con las “alternativas” en mantillas y subvencionadas por el Estado, Inviables sin tutela, España no puede seguir dependiendo inquietantemente (y aún menos, depender aún más, como se pretende, depender en absoluto, de forma esférica y total) de que las decisiones sobre nuestra energía, crudo, gas, electricidad, se tomen en otros países, y concretamente en países convulsos, no democráticos, no fiables, donde no existe un cuadro de seguridad jurídica previsible, cuando no decididamente gamberros, dictatoriales o teocráticos o las tres cosas a la vez.

Y, por si poco fuera, que sea la propia presidencia del Gobierno, a través de su beautiful people amiga (del Rivero, entre otros muchos) se promueva o al menos se facilite que las cosas lleguen a ese espeluznante escenario. Aquí , en este tipo de operaciones aparentemente “de mercado”, nos estamos jugando los próximos cincuenta años del país.

Hemos escrito “aparentemente de mercado”, que es la coartada de quienes no han creído nunca en un sistema de juego claro y limpio para echárnoslo en cara a los liberales. Porque en realidad no son operaciones de mercado. No hay mercado, no puede haberlo, en los países que el poder político no está sometido a fiscalización jurídica de ningún tipo, porque ésta es la condición inexcusable. Por supuesto, Rusia. En Rusia gobierna Mad Max tras ese apocalipsis: una manga de mafiosos a las órdenes de un ex torturador del KGB. Todas las demás consideraciones son aleatorias, irrisorias.

Y a ese selecto club de gente de callejón oscuro es a donde quiere mandar el juguetón murciano Del Rivero una compañía como Repsol , al amparo de un supuesto “mercado libre”, que en realidad sólo es el mercado de las islas Caimán, el de las cuentas suizas, el de las sociedades fantasma, el de los oscuros intermediarios, el de los tipos que compran y venden países en un minuto por internet, el de los Estados fallidos, o sea, el mundo en el que suena el timbre a las cinco de la mañana y nunca es el lechero.

Eso no es ni libre ni mercado porque para que haya ambas cosas es preciso antes una democracia de alta intensidad (ni siquiera estoy nada seguro de que la española lo sea, claro que comparado con Moscú, España es el Capitolio). Del Rivero puede no parecer beautiful people (desde luego, la estética ha desmejorado mucho desde Mariano Rubio o Alberto Cortina, y no quedan igual en las fiestas), pero juega con el dinero, suyo pero a poder ser ajeno, como si eso quedara fuera del ámbito de la responsabilidad o incluso de la imputabilidad.

Esta vez no, señor. Está a punto de ir demasiado lejos y sin billete de vuelta. Creí sinceramente que la opción de Sacyr más Cajamurcia más un grupo diminuto de capital murciano (segunda lectura: es una verdadera vergüenza que cuando desde los poderes públicos se pide a las grandes empresas murcianas que inviertan en un sector estratégico aquí casi nadie se llame a andana y los que sí se llaman pongan dos duros pelados por cubrir el expediente, seguimos con el chalaneo murciano) para construir el aeropuerto regional, porque, en efecto, gracias a la particular cercanía de Del Rivero al círculo de Zapatero la cosa podría ir mucho más deprisa y “engrasada”, pues así es como funcionan realmente las cosas en este país y me imagino que en casi todos: la humana condición, ay.

Desconocía, como todos los españoles, la situación financiera real de las empresas de Del Rivero, que se ha destapado ahora. El juego de las grandezas ha terminado. Game over. Si no existe más opción para que Sacyr-Vallehermoso, una emprendeduría privada, no quiebre que el vender España, una idea pública, a los rusos, la respuesta es evidente para cualquiera que no sea un nihilista corrupio. Quizás haya que ir pensando ya en otras soluciones para el aeropuerto de Corvera, porque con según qué socios me temo que ya vamos a ir a pocos sitios. Seguro que al presidente ejecutivo de Cajamurcia, el siempre avisado Carlos Egea, ya se le ha ocurrido algo.

Sudamérica

Los “campeones nacionales” han resultado no serlo tanto. España se malvende en una rifa o subasta acalorada en la que los dedos alzados sacarán punta al cielo a lo largo del 2009. En Sudamérica, ni siquiera se vende España, sino que los gobiernos protodictatoriales se la quedan por la patilla y porque sí, disfrazado de “decisión judicial” o de “negociación de Estado”. Así, Argentina con Marsans, o Venezuela con el grupo Santander.

En nuestro propio país, para no ser menos, queremos poner lo que nos queda de la herencia, para ir tirando a lo menos un añito más, al ya te veré de los piratas internacionales que pagan en “cash”, en billetes usados, pequeños y sin marcar. Los que en España sirven para seguir yéndonos de fiesta laica de la democracia, que en los sitios de copas no te cambian billetes de quinientos euros.

España, el sistema financiero más sólido del mundo. Para algunos que se van a lucrar sí o sí en esta nueva edición de la “gente guapa” felipista, ya lo creo que es sólido. Blindado, diría yo.

www.elfarodemurcia.info

IU exige a Valcárcel que fuerce la dimisión del alcalde de Librilla

MURCIA.- Izquierda Unida de la Región de Murcia, a través de la dirigente regional del partido y concejal de IU-LV en Murcia, Esther Herguedas, exigió hoy al presidente de la Comunidad Autónoma y del PP regional, Ramón Luis Valcárcel, que fuerce, "por democracia y decencia", la dimisión del alcalde de Librilla, José Martínez García, así como del teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.

"La difusión de un nuevo caso de supuesta corrupción urbanística popular en todos los medios de alcance nacional es un lamentable espectáculo", criticó, Herguedas en un comunicado de prensa, quien añadió que "sólo con la dimisión inmediata de estos responsables municipales se evitará este espectáculo al que ya asistió la sociedad murciana en el caso de Totana; un alcalde entre rejas que finge dirigir desde prisión su municipio".

A este respecto Herguedas calificó de "medida claramente insuficiente" la baja cautelar como militante del PP del alcalde de Librilla.

"Esta medida no frena el deterioro de la imagen de la Región de Murcia, así como de sus políticos, y es compatible con espectáculos mediáticos y teatrales a cargo de las personas imputadas, utilizando las instalaciones y medios municipales con fines claramente personales, como ha sucedido en Totana, con Martínez Andreo".

Por todo ello Herguedas consideró que la Región de Murcia no puede permitirse otro 'caso Martínez Andreo' y que "sólo Valcárcel, desde su posición institucional y política, posee los resortes para que los ciudadanos de Librilla recuperen la credibilidad en su Ayuntamiento", concluye.

También el PSRM-PSOE exigió al presidente Ramón Luis Valcárcel, que “vaya más allá y se comprometa” a que este alcalde deje de ser primer edil cuando salga de la cárcel. Califica como “gravísimos” los hechos ocurridos en Librilla y recuerda que el PP también suspendió de militancia al alcalde de Totana, pero tras pasar un tiempo en la cárcel por otro caso de corrupción urbanística, continúa ejerciendo su papel de primer edil.

Considera que la consejera de Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, “debería estar más preocupada por dar explicaciones y porque la Guardia Civil haya tenido que entrar en el departamento que regenta”, ya que los agentes de la Benemérita entraron en sus dependencias el pasado martes.

'Cespa' termina llevando al supuesto ecologista Joaquín Pastor ante los tribunales de justicia

MURCIA.- La empresa Cespa, del grupo Ferrovial, ha emprendido acciones judiciales que finalizarán con la presentación de cuatro denuncias y cuatro querellas contra Ecologistas en Acción Región de Murcia y el supuesto ecologista Joaquín Pastor, por presuntas denuncias falsas y calumnias, y les reclamarán 200.000 euros de indemnización, según revela hoy "La Verdad".

Los abogados de Cespa ya han emprendido acciones judiciales y están preparando las demandas y querellas contra Joaquín Pastor (concejal socialista de Ulea) y Ecologistas en Acción, ante la duda de si Pastor actúa como representante de la citada asociación o a título personal como ecologista.

El director de Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial Servicios, al que pertenece Cespa, Vicente Galván, ya anunció que recurrirían ante el juez por una campaña de difamación por parte de «supuestos ecologistas».

Las cuatro demandas y cuatro querellas van a ser presentadas por la empresa Cespa y por tres directivos de la misma, concretamente por Javier Díez, delegado en Murcia de Cespa; Buenaventura Gómez, director de la planta de Ulea y Vicente Galván, director de Calidad de Cespa.

(Cada una de estas partes reclama a Ecologistas y a Joaquín Pastor 50.000 euros, lo que multiplicado por cuatro, da los 200.000 euros).

El bufete de abogados que trabaja para Cespa está trabajando en ellas y la intención de los directivos de la empresa es presentarlas en el plazo de uno ó dos meses, casi con toda probabilidad antes de que finalice este año.

En cualquier caso, no hay ningún ánimo de lucro por parte de los directivos de Cespa y ya han anunciado que si la sentencia les es favorable donarán esa cantidad a una ONG o alguna asociación benéfica.

La representación letrada de Ecologistas en Acción manifestó su oposición a la demanda de conciliación planteada por la empresa Cespa. Los motivos argumentados fueron que dicha asociación ecologista «nunca ha realizado manifestaciones calumniosas ni injuriosas ni hacia los demandantes en conciliación ni hacia ninguna otra persona».

Agregaba que «lo único que ha hecho ha sido ofrecer información acerca de una serie de hechos con un indudable interés público, como es la gestión de los residuos en la Región de Murcia, y siempre con base en una serie de documentación de todo tipo (escrita y en forma de grabaciones de vídeo) obtenida por profesionales contratados al efecto.

La corrupción política tenía atenazada a Librilla desde dos administraciones públicas

MURCIA.- José Luis Cano Valverde, funcionario en excendencia de la Consejería de Presidencia, lo debió ver claro desde su privilegiada atalaya de responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios cuando, corriendo el año 2001, un terremoto causó daños muy cuantiosos en la comarca del río Mula y la Administración Regional pronto estableció una línea de ayudas a los damnificados. Fue entonces cuando, según diversos datos que surgen de la investigación realizada con motivo de la Operación Biblioteca, Cano decidió supuestamente constituir una trama dirigida a lucrarse con ese dinero público.

Fuentes próximas a la investigación han señalado a La Verdad que fue entonces cuando el funcionario buscó a un ingeniero conocido suyo, Domingo Peñalver Rojo, y le ofreció constituir entre ambos una sociedad llamada Asesores de la Calidad y Desarrollo de la Ingeniería S.L. (ACADI), dirigida a elaborar informes para los ayuntamientos -en los que Cano tenía buenos contactos por razón de su puesto en la Comunidad Autónoma- con los que solicitar y obtener esas subvenciones públicas.

Para evitar posibles incompatibilidades, Cano habría convencido a Peñalver para que sólo éste figurase al frente de la sociedad, aunque él tuviese el 50% de las acciones, que tampoco declaró ante el Registro Mercantil.

Tal es el germen de la presunta trama de corrución desmantelada esta semana por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) y del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo.

OTRAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS

Una vez que la sociedad Cano-Peñalver comenzó a funcionar, fue ampliando con el paso de los años sus actividades, siempre orientadas a seguir lucrándose presuntamente de sus privilegiadas relaciones con la Comunidad Autónoma y con diversos ayuntamientos.

Según relata textualmente el fiscal en los autos de prisión dictados este viernes, y a los que La Verdad ha tenido acceso, contra el alcalde de Librilla, José Martínez García; el teniente de alcalde de Urbanismo Pedro Martínez Muñoz; el gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), José Andrés Cortés Otálora y el referido José Luis Cano (sólo Peñalver quedó en libertad con cargos), «la presunta trama se habría urdido por José Luis Cano, con la colaboración de Domingo Peñalver, para constituir una serie de sociedades con las que enriquecerse mediante la adjudicación de contratos públicos a través de esas empresas, bien utilizando el puesto de don José Luis en la Consejería de Presidencia o bien favoreciéndose de los contactos de este último con otros funcionarios públicos, a los que se habrían pagado comisiones ilegales por esas actividades».

Es en este punto donde entran en escena el alcalde y el concejal de Urbanismo de Librilla, así como el gerente de IDL, José Andrés Cortés.

Aprovechándose supuestamente de las buenas relaciones que Cano tenía con el equipo de gobierno de Librilla, el funcionario de la Comunidad consigue lo que el juez llama «el desembarco de Domingo Peñalver en el Ayuntamiento de Librilla». Primero, como técnico municipal; y después, al conseguir que «a una empresa con tan poco bagaje económico como ACADI -presidida por Peñalver-, se le adjudique la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de ese municipio».

«BENEFICIOS MUY IMPORTANTES»

Para completar la trama, el equipo de gobierno habría situado al frente de la sociedad municipal IDL a un hombre de confianza, José Andrés Cortés, quien acabó convirtiéndose en funcionario en unas oposiciones de cuyo tribunal formó parte José Luis Cano.

Con este panorama, al juez Carrillo no le extraña que ACADI -la sociedad que era propiedad de Cano y Peñalver- «haya extraído beneficios tan importantes como los obtenidos de la sistemática adjudicación de los contratos de IDL a esa ACADI. Y ello en repetidos concursos que, según refiere el mismo Domingo Peñalver, no eran tales por fijarse unos perfiles específicos para el adjudicatario que prácticamente sólo encajaban con la referida empresa».

Es decir, que según el instructor, los contratos públicos estaban amañados de antemano para que fueran siempre a parar a ACADI.

«SOBRES CON DINERO»

¿Qué habrían ganado el alcalde y el teniente de alcalde de Urbanismo, así como el gerente de IDL, con esa adjudicación sistemática de los concursos públicos a la sociedad controlada por Cano y Peñalver? Tal es la pregunta que se hace el juez y que se contesta de la siguiente forma: dinero. Dinero obtenido en forma de comisiones, que constituirían un presunto delito de cohecho.

Así, el magistrado otorga gran credibilidad a las confesiones de uno de los imputados y presuntos integrantes de la trama, Domingo Peñalver, quien ha reconocido haber abonado cuantiosas comisiones al gestor de IDL y al alcalde y al edil de Urbanismo. El instructor considera que no parece que existan «intereses espurios» en las acusaciones de Peñalver, ya que él mismo está autoinculpándose de delitos tan graves como el cohecho y la falsedad en documento.

En concreto, el administrador de ACADI relató en su declaración ante la Guardia Civil, luego ratificada en el juzgado, que hizo diversos pagos de 30.000, 40.000 y 60.000 euros (entre cinco y diez millones de pesetas) a José Martínez, Pedro Martínez y José Andrés Cortés. Peñalver contó además que, de entrada, IDL se quedaba ya con el 10% de todos los contratos, y que luego Cortés y Pedro Martínez comenzaron a exigirle otro 20% para ellos y para el alcalde.

«ME TIENES QUE DAR LO MÍO»

El juez sigue señalando que la credibilidad indiciaria de Peñalver en su relato es elevada y que «se aprecian muy serios indicios sobre la comisión de delitos graves, como lo es sin ir más lejos el cohecho de José Martínez García y de Pedro Martínez Muñoz. Domingo Peñalver da datos concretos acerca de circunstancias temporales y espaciales relativas a la entraga de cantidades a estos últimos, como medio para conseguir desbloquear el pago de cifras a favor de ACADI».

Y es que el gerente de ACADI declaró que los responsables municipales y el gerente de IDL le retrasaban los pagos de dinero público, con el presunto fin de forzarle a entregarles más comisiones. De esta forma, durante un año y medio casi no habría percibido dinero alguno; una circunstancia que el alcalde, el teniente de alcalde y el responsable de IDL admiten, pero que achacan a otras circunstancias de procedimiento y no a un intento de extorsionarle.

Respecto a la aportación de datos concretos sobre el pago de comisiones a que se refiere el instructor, Peñalver llega a relatar cómo en una ocasión se reunió en una cafetería llamada Mulligan's con su socio Cano, el alcalde y el edil de Urbanismo, y él mismo le entregó un sobre con dinero a su amigo para que a su vez se lo entregase a los dos cargos públicos de Librilla.
Cuando a lo largo del interrogatorio el juez le pregunta si José Martínez le pidió directamente dinero, el administrador de ACADI responde: «Me dijo que le tenía que dar lo suyo».

-«¿Y usted a qué cree que se estaba refiriendo con esa expresión?», le insistió.
-«Pues a que le diera su dinero, aunque no lo nombró de esa forma expresa», aclaró.

UN ESTADO CASI DEPRESIVO

Habrían sido presuntamente las continuas e imperiosas solicitudes de dinero las que habrían llevado a Domingo Peñalver a querer apartarse totalmente de Cano y de sus relaciones con Librilla. Tanto es así que en el último año no había vuelto por el pueblo y que había regalado ACADI a su socio, después de haber despedido e indemnizado a los empleados.

Ese estado casi próximo a la depresión es el que habría llevado a Peñalver a confesar de plano cuando la Guardia Civil le anunció que estaba detenido y lo condujo al cuartel para tomarle declaración. La misma que le llevó este viernes a ratificar su testimonio ante el juez instructor. Y la misma que, por colaborar con la justicia, le ha permitido eludir por ahora una prisión en la que ya están cuatro de quienes, durante años, fueron sus presuntos compinches.

RECHAZAN LAS ACUSACIONES

No, no, no. Y, además, no. Los cuatro encarceladso por su presunta pertenencia a la trama desmantelada con la Operación Biblioteca han negado, tanto en sus declaraciones ante la Guardia Civil como en el juzgado, cualquier implicación en hechos delictivos. Por supuesto, el alcalde y el teniente de alcalde de Librilla, así como el gerente de IDL, niegan haber percibido cualquier comisión por la adjudicación de contratos públicos, mientras que el también encarcelado Cano rechaza haber pagado a los otros tres, o tener conocimiento de que su socio Peñalver lo hubiera hecho.

Sin embargo, entre ellos cuatro incurren en ocasiones en algunas contradicciones. Así, y según han confirmado fuentes próximas a la investigación, Cano admite que recomendó a su socio Domingo Peñalver en el Ayuntamiento de Librilla, mientras el alcalde afirma que «Cano no apadrinó a Domingo».

Otro dato importante está en la declaración del teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, cuando reconoce que la empresa pública IDL, gestionada por José Andrés Cortés, le cobraba el 9% del importe de todos los contratos adjudicados a ACADI. Aunque aseguró que ello estaba contemplado en contrato e insistió en que todo se hacía legalmente, «se enredó en algunas explicaciones sin sentido a preguntas del fiscal», según las mismas fuentes. Ese dinero que recaudaba IDL iba a parar, según el concejal, al Ayuntamiento de Librilla y no a los bolsillos de ninguno de ellos.

El empresario Peñalver denuncia ´el chantaje de años´

"Me he quitado de encima un chantaje que ya duraba muchos años" y me alegro "de ser parte y haber colaborado con la investigación de los guardias civiles". Así se expresaba el joven empresario de 27 años Domingo Peñalver, a cuyo nombre se encuentra la sociedad Acadi, con la que se benefició de contratos del ayuntamiento de Librilla por un valor superior a los seis millones de euros, recoge hoy "La Opinión".

Este testimonio de uno de los detenidos el martes ha sido fundamental para que el juez Andrés Carrillo decidiera enviar a prisión como presuntos autores de los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios al alcalde de Librilla, José Martínez; al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Pedro Martínez.

También el funcionario de la consejería de Presidencia en excedencia José Luis Cano, y considerado el cerebro de la trama y copropietario de la empresa Acadi, fue trasladado a la cárcel de Sangonera la Verde, al igual que el empleado del Ayuntamiento y consejero delegado de la sociedad municipal del suelo José Andrés Cortés.

Por el contrario, el titular del juzgado de instrucción número 6 de Murcia acordó libertad con cargos y sin fianza, con obligación de presentarse ante el juez cada 15 días, para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, que también fue la adjudicataria de la redacción del PGOM de Librilla.

En su declaración, tal y como confirman fuentes del caso, Peñalver aseguró que los dirigentes del ayuntamiento de Librilla le exigían entre el 10% y el 20% de los pagos realizados por el Consistorio a la sociedad Acadi, cuyo titular era Peñalver, pero que también pertenecía a Cano, tal y como ha confirmado la investigación desarrollada por la Guardia Civil.

Las mismas fuentes aseguraron a "La Opinión" que el magistrado interrogó al alcalde y al concejal de Urbanismo sobre una presunta reunión celebrada en una cafetería de Murcia en la que habrían participado los dos políticos, José Luis Cano y el propio Domingo Peñalver, en la que habrían recibido varios sobres con dinero, términos que ambos rechazaron.

El primer edil y el responsable de Urbanismo también fueron interpelados por el presunto cobro de comisiones a la empresa Urvisán, que fue registrada por los agentes.

El letrado Francisco Valdés, defensor de José Luis Cano, aseguró: "Nos vamos un poco decepcionados porque nuestro defendido no tenía que soportar una medida tan dura", añadió, aunque "por suerte se ha tomado bien" la decisión de su envío a provisional a prisión.

Ello se debe en parte, aclaró, a que desde esta mañana "le venía diciendo que esto podía ocurrir, que era lo más probable, para que estuviera psicológicamente preparado, porque luego es más fácil llevarse una alegría que esperar lo contrario y, de pronto", decidan enviarlo a la cárcel, como ha ocurrido. Valdés dijo estar de acuerdo con la decisión del juez de liberar a Peñalver.

El abogado que representa al primer edil y al concejal de Urbanismo, José Ángel González Blanco, aseguró que recurrirán la decisión de prisión sin fianza, según "El Faro", pero que esperarán a que se cumpla el plazo de cinco días que tienen para apelar para ver si modifica su criterio el juez que lleva el caso.

Según González Blanco, “esperamos que en este plazo el juez tome declaración a todos los que ha llamado, y en el caso de que no se produzca una modificación una vez hecho esto, pediremos la libertad de los dos por la vía del recurso”. Y es que González Blanco opinó que “la prisión es para que los detenidos no hablen con los que faltan por declarar”.

El concejal de Juventud y Deportes, Manuel Solana Sánchez, se hará cargo de la alcaldía en funciones de Librilla a partir de mañana lunes. También tuvo que dar las claves de su ordenador a los agentes de la UCO para la investigación.

PRINCIPALES IMPLICADOS

José Martínez García: Alcalde de Librilla entre los años 1991-1999 y desde el 2003 a la actualidad. Conocido en su localidad como Pepe El Mecánico. Se le imputa haber recibido comisiones por la adjudicación de contratos a ACADI. En situación de prisión preventiva.

Pedro Martínez Muñoz: Teniente de alcalde de Urbanismo y concejal de Librilla desde el 2003. Se le imputan los mismos hechos que a su alcalde. En prisión preventiva.

José Luis Cano Valverde: Funcionario de la Consejería de Presidencia en excedencia desde junio del 2007 y ex responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios. Presunto cerebro de la trama creada para lucrarse con contratos públicos. Socio de ACADi junto a Domingo Peñalver. En prisión.

José Andrés Cortés Otálora: Gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.). Se le acusa de recibir comisiones por influir en la adjudicación de contratos públicos a ACADI. En prisión.

Domingo Peñalver: Socio de Cano en ACADI S.L.. Se le acusa de pagar comisiones a cargos públicos. Ha confesado. En libertad provisional.

(Alcalde de Librilla)