lunes, 8 de diciembre de 2008

Tres tramos de carril bici unirán el centro de Murcia con la UMU y la UCAM en 2009

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha en enero la construcción de 8,3 nuevos kilómetros de carril bici. Esto permitirá completar tres tramos que miden 13,6 km por los que se podrá ir en bicicleta desde el casco urbano de Murcia hasta los campus de Espinardo de la Universidad de Murcia (UMU) y de los Jerónimos, de la Católica (UCAM).

"Las zonas norte y oeste del municipio de Murcia estarán comunicadas por bici en tres tramos y con un presupuesto de 393.000 euros, de los que el 75% lo aportará la Consejería de Obras Públicas", explicó su titular, José Ballesta.

Los kilómetros de carril bici se sumarán a otros dos kilómetros de vía amable en los que los ciclistas circulan junto a vehículos que no pueden superar los 30 km/h.

Además, el Ayuntamiento de Murcia anunció ayer que en septiembre del año que viene la ciudad dispondrá de un sistema de alquiler de bicicletas automático, con un mínimo de cinco puntos de alquiler y 100 bicicletas.

Tres tramos en Murcia

1º tramo (4,09 km): Unirá la avenida Juan Carlos I de Murcia, con la urbanización Los Rectores hasta el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia.

2º tramo (7,46 km): Unirá Murcia, el paseo del Malecón, pedanías de Rincón de Seca y Guadalupe hasta el campus de los Jerónimos de la Univesridad de Católica.

3º tramo (2,09 km): Unirá el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, con la vía de servicio de la A-7, la costera norte, la carretera de Guadalupe hasta llegar a la Universidad Católica de Murcia.

Bicis para 16 municipios

Murcia es uno de los 16 municipios que han recibido subvenciones para el fomento del uso de la biclicleta por parte de la Consejería de Obras Públicas.

1,3 millones se han repartido este año en 21 actuaciones para construir carriles bici, aparcamiento de bicicletas y oficinas de alquiler.

Otros proyectos...

Habrá carril bici en...: Puerto Lumbreras, Pliego, Bullas y San Javier. Se construirá un carril bici que una a los municipios del Mar Menor.

Aparcamiento de bicis: Con suministro y préstamo manual (Mula y Blanca) y otra sin préstamo (Bullas).

Planes de movilidad urbana sostenible: Cuatro planes integrales en Cieza, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y La Unión.

Préstamo automático de bicis: Puerto Lumbreras, Alhama de Murcia y San Javier.

Experiencia piloto de ordenación del tráfico: Totana y Las Torres de Cotillas.

Diego de Ramón insta al Banco de España a que no autorice a la CAM a emitir más cuotas participativas sin verificar su solvencia

MURCIA.- El letrado Diego de Ramón ha instado al Banco de España a que no autorice una segunda emisión de cuotas participativas por parte de Caja Mediterráneo hasta que no se verifiquen los requisitos de información a los clientes para conocer de antemano los posibles riesgos que pueden asumir al adquirir las citadas cuotas.

Pide, además, un exámen exhaustivo previo de Caja Mediterráneo, de acuerdo con la Directiva de la Unión Europea 2006/48 sobre solvencia financiera, antes de autorizar esa segunda emisión.

En coherencia con la ley española 36/2007 sobre recursos propios, obligaciones de información y el último acuerdo de Basilea 2004, solicita se hagan públicos igualmente los informes de Auditoría en toda su extensión.

Que se hagan públicos también los informes de las agencias calificadoras de riesgo en toda su extensión y su falta o puesta en conocimiento del BCE, CNMV y Dirección General de Seguros.

De Ramón quiere saber si el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han controlado, fiscalizado y vigilado el cumplimiento de solvencia financiera de la CAM, o "si por el contrario, existe ausencia de intervención al no haber promovido ninguna medida inspectora y sancionadora, faltando así a sus responsabilidades" pese a las constantes puestas en conocimiento por parte de este letrado.

Se refiere luego este abogado murciano en su escrito a la situación de la CAM, "ahora profundamente en crisis, según se desprende de su grado de calificación sobre solvencia, liquidez y morosidad".

¿Qué hacemos con los bancos y cajas de ahorro? / Juan Torres López

La reunión que mantuvo el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, con los más importante representantes del sector bancario es una muestra más de la patética situación económica en la que vivimos. Desde hace meses, los bancos centrales y los gobiernos han puesto cientos de miles de millones de dólares (más de dos billones calculan algunas estimaciones) a disposición de la banca mundial tratando de que ésta lleve a cabo la función que en teoría le corresponde: financiar a empresarios y consumidores. Han sido insuficientes para evitar el cierre del crédito y no han podido evitar que, sin la financiación necesaria, la actividad productiva se precipite en una crisis que a medida que se vaya agudizando no va a tener parangón con ninguna otra anterior.

Como antes habían hecho los responsables gubernamentales de otros países, ayer Pedro Solbes instó "a las entidades financieras a trasladar cuanto antes a familias y empresas las medidas de apoyo a la financiación, puestas en marcha por el Gobierno", según el comunicado oficial de su Ministerio. Pero, por mucho que lo implore, Solbes no va aconseguir que eso ocurra. La banca española (y las cajas de ahorro que en lugar de seguir una lógica de servicio público se han limitado a clonar el modelo de la banca privada) sufre el mismo mal que el resto de la banca mundial: fueron al casino y allí perdieron su capital.

Aunque puede que eso ocurra aquí en menor medida, como consecuencia de la política más conservadora del Banco de España, ese es el mal que también afecta a nuestras entidades financieras.

Buscando la rentabilidad se inmiscuyeron en el juego especulador, desnaturalizaron su función y en lugar de intermediar entre el ahorro y la actividad productiva lo hicieron entre el ahorro y los mercados financieros especulativos a través de operaciones muy arriesgadas que al final salieron mal, como no podía ser de otro modo, y las han descapitalizado.

Ahora, las entidades se enfrentan a un doble problema. Por un lado, disponen de menos liquidez como resultado de sus pérdidas patrimoniales y, por otra, tienen menos acceso al crédito interbancario porque entre todas han creado un clima de tanta desconfianza que nadie presta a nadie. Y así, ahora es imposible que haya disponibilidades para proporcionar a la economía real toda la financiación que necesita.

Las ayudas de los bancos centrales y el rescate de los gobiernos es insuficiente por varias razones. Primero, porque la descapitalización es tan grande que ha convertido a los bancos en una especie de sacos sin fondo. Segundo, porque cuando las rescatan siguen haciendo lo mismo: seguir moviendo la rueda de la titulización (es decir, de la generación de papeles sobre papeles) o limitándose sencillamente a generar dividendos con esas ayudas.

Finalmente, porque las exigencias que plantea la crisis en curso crecen más que las disponibilidades que se les ofrecen a los bancos para que éstos las pongan a disposición de empresarios y ahorradores.

La situación, pues, es complicadísima. Los dirigentes gubernamentales y los banqueros no pueden reconocer claramente todo esto y actuar en consecuencia porque podrían provocar un caos colosal y conflictos sociales sin precedentes cuando la gente se diera cuenta de que los bancos no solo han perdido sus inversiones de rentabilidad variables (fondos de inversiones, acciones, etc.) sino incluso sus propios depósitos.

Además, cualquier solución medianamente resolutiva tendría que ser adoptada a nivel internacional y eso tiene dos dificultades principales. Una, que no hay organismos con capacidad y legitimidad suficientes para adoptarlas. Otra, que la situación de los diferentes subsistemas bancarios es muy distinta y no sería fácil adoptar soluciones que fueran, como es necesario que sea, sistémicas y al mismo tiempo apropiadas a cada territorio.

Para colmo, en estos momentos se está tratando por igual a todas las entidades financieras cuando es evidente que no todas ellas están en la misa situación. Sería necesario que se hiciera transparente la realidad pero ¿cómo lograrlo sin producir también por esta vía un descalabro financiero en cadena? Los bancos han hecho saltar por los aires el sistema financiero mundial. No funciona, y la actividad económica no puede sobrevivir sin financiación. Esta es la cuestión y, como acabo de señalar, tiene un arreglo muy problemático.

Se podrán ir poniendo paños calientes y los gobiernos podrán ir inyectando fondos para paliar los efectos del paro y la recesión, pero el cáncer que ha hecho enfermar a la economía (la morbidez del sistema bancario) sigue sin más tratamiento que el engañabobos que representan las inyecciones de liquidez, los planes de rescate, los avales, la compra de activos tóxicos... que al fin y al cabo dejan intacta la lógica perversa que provocó la crisis.

Lo que se precisa es regenerar el sistema financiero y para que eso pueda lograrse es imprescindible establecer nuevas reglas y mucha mayor disciplina financiera, limitar radicalmente la capacidad de crear dinero de los bancos y estableciendo mecanismos que garanticen que el ahorro fluya a la actividad productiva y eviten su fuga a la especulación financiera. Pero es evidente que no es posible que eso se logre, por mucho que se quisiera, a corto plazo. Hacen falta instituciones, negociación y una voluntad de cambio que seguramente no aparezca hasta que la crisis no se haga mucho más letal de lo que hasta ahora viene siendo.

Los gobiernos pueden limitarse a seguir instando a los bancos a que sean buenos y hagan lo que debieran hacer pero eso no va a resolver nada. Si de verdad quieren evitar la catástrofe deben intervenir inmediatamente nacionalizando entidades financieras y recuperando la lógica de servicio público que debe presidir el funcionamiento del sistema financiero, incluso cuando se lleve a cabo por entidades privadas.

Lo que hace muy poco parecía una utopía de jóvenes radicales hoy día es una exigencia elemental para que la economía mundial (¡e incluso el propio beneficio capitalista!) siga funcionando: acabar con los paraísos fiscales, con la desregulación financiera, con la libertad de movimientos de capital, con la desfiscalización y la renuncia al Estado y, por el contrario, establecer impuestos sobre los capitales especulativos, crear bancos públicos que garanticen la financiación y someter a los privados a una severa política de reservas y coeficientes de inversión es el único punto de partida eficaz para resolver la crisis. No hay otra alternativa al desastre financiero que han creado los bancos. Instarles a que sean buenos es algo peor que una simple ingenuidad.

www.elplural.es

La estafa de Bolonia / Carlos Fernández Liria*

El proceso de Bolonia y su "revolución pedagógica" no es más que la tapadera de lo que se decidió en la OMC en el marco del Acuerdo General del Comercio de Servicios (GATS): una reconversión de la Universidad que desvía el dinero público de la educación superior hacia la empresa privada. La receta es simple: la financiación pública de la docencia y la investigación se condiciona a la previa obtención de financiación privada.

De este modo, las empresas absorben dinero público para sus propios fines, al tiempo que se hacen con un ejército de becarios pagados con los impuestos.Al tiempo, se somete la Universidad a una evaluación permanente de su calidad, por medio de agencias (ANECA, etc) que miden su adecuación a lo que se llama "demandas sociales" (que no son obviamente más que demandas empresariales, pues es absurdo pensar que la Universidad va a conseguir financiación externa mediante colectas parroquiales).

Todo ello, se pretende, ha de servir para dar salida laboral a los egresados. Es un experimento suicida. Una vez que se ha dado por inevitable un mercado laboral basura, se pide flexibilidad a la enseñanza superior para crear una Universidad basura. Mientras tanto, las universidades privadas ya se encargarán de formar a precio de oro las elites profesionales del mundo empresarial. Lo más patético es que esta mercantilización de la educación superior se consolida justo en el momento en que el mercado ha conducido a la economía mundial a un abismo insondable.

El mercado no ha sabido gestionar ni las finanzas, pero se pretende que decidirá sabiamente los planes de estudio de Física o de Filología. No ha sabido ni administrar los bancos, pero se supone que hará justicia respecto a las prioridades humanas de la investigación farmacéutica.

La lógica es siempre la misma: poner el dinero público en manos privadas, un atraco en toda regla que a nivel global nos está costando miles de millones de euros. Y lo peor es aguantar a los pedagogos cantando las excelencias de la futura universidad basura. Aunque es verdad que no lo hacen gratis: a cambio de sus servicios propagandísticos, se les ha encomendado un Master de Formación del Profesorado que a la larga quintuplicará su plantilla laboral. Una tentación corporativista a la que no van a renunciar.

*Carlos Fernández Liria es profesor titular de Filosofía en la

Universidad Complutense de Madrid.

Unibersidad / Antonio Orejudo

La historia de la Universidad española desde el ‘Trivium’ y el ‘Cuadrivium’ hasta la Declaración de Bolonia es la historia de una decadencia. Cada reforma de la Universidad ha empeorado la anterior con una tenacidad digna de admiración. La última de estas reformas, la que comenzó en 1991 con el proceso de Bolonia tiene sublevados a los estudiantes y a buena parte del profesorado.

“Bolonia”, como se conoce entre los universitarios, es un compromiso de varios países para crear en 2010 un espacio común europeo de educación superior basado en la calidad, la movilidad, la diversidad y la competitividad.

Sobre todo la competitividad. La obsesión de los políticos que han firmado Bolonia es que los estudiantes aprendan en la Universidad aquellos conocimientos que les permitan encontrar un puesto de trabajo. La formación, el desarrollo de la inteligencia crítica, el debate —pendiente— sobre lo que debe saber una persona culta en el siglo XXI, todo eso son paparruchas.

El contenido del saber lo deciden las leyes del mercado. Sólo vale lo que vale para encontrar trabajo. Quizás tengan razón y hoy día no tenga sentido seguir estudiando el ‘Quijote’ o las civilizaciones antiguas, salvo para montar otro Atapuerca, marca registrada. Seguro que los equivocados somos los profesores de Humanidades, que hemos consagrado nuestra vida a una disciplina del siglo XIX.

¿Cómo hacer rentables los estudios literarios, que consisten en leer y reflexionar? ¿Pidiéndole a la FNAC que elabore el temario de Filología? Microsoft o Telefónica acabarán desde luego diseñando el currículum de los ingenieros a los que luego contratarán. ¿Elaborará Paco El Pocero la carrera de Arquitectura?

www.publico.es

La crisis obliga a las empresas murcianas a presentar 142 EREs en 2008

MURCIA.- Las empresas y sobre todo, las pequeñas y medianas, sufren la crisis económica de forma más significativa. De hecho, la fórmula que manejan las instituciones para evitar los despidos improcedentes es realizar expedientes de regulación de empleo (ERE), que es el procedimiento que se solicita a la Autoridad Laboral para suspender o extinguir definitivamente las relaciones laborales entre una empresa y sus empleados garantizando los derechos de los trabajadores.

De hecho, las empresas de la Región de Murcia han procedido a presentar en los once primeros meses del año 142 ERES, aunque, según indicó a "El Faro" el director general de Trabajo, Fernando Vélez, “las cifras mayores se han registrado en los últimos dos meses”.

Así, destacó además que el mayor número de expedientes de regulación de empleo se da en la pesca, con el 30%, aunque esta cifra no se da por la situación de crisis.

“No es relevante porque pasa todos los años debido a que la autoridad marítima decreta el paro. Por ello, el sector más perjudicado es el de la Construcción, que se lleva el 15% del total y, seguido de este, vienen sus subsectores (madera, gestión inmobiliaria, cemento...).

En lo que respecta a los municipios donde más se producen, destacan Águilas y Cartagena, pero también se debe al paro de la flota pesquera, por lo que los más señalados por la crisis que achaca a la Región son Murcia, Molina de Segura, Yecla, Caravaca, Calasparra, y Cieza.

El ERE realizado al que más trabajadores ha afectado es el de Conservas Fernández, que llegó a los 300 despidos. A este, le sigue otro con 30 trabajadores y según Vélez, es el expediente regulador más numeroso “con diferencia”. A pesar de estas cifras, el director general de Trabajo también quiso recalcar que se han llevado a cabo en empresas con tres trabajadores.

La mayoría de ERES se realizan, según Vélez, por suspensión y no por extinción, es decir, que cuando se dictan, el trabajador no tiene derecho a indemnización.

En lo que se refiere a expedientes reguladores conflictivos, en la Región sólo se ha dado uno, que se ha dispuesto al juzgado de lo Mercantil, pues en el resto se llegan a acuerdos con los representantes sindicales de la empresa.

Los murcianos pueden afrontar un sobrecoste de la factura farmacéutica de 125 millones hasta 2018

MURCIA.- El Servicio Murciano de Salud (SMS) y los pacientes murcianos tendrán que afrontar un sobrecoste de la factura farmacéutica de 125 millones de euros a lo largo de la próxima década.

Este gasto se produciría si se retrasa el lanzamiento de las nuevas versiones genéricas de aquellos medicamentos cuyo periodo de explotación por parte de los laboratorios está a punto de expirar.

Así lo demuestra un estudio de la consultora Solchaga Recio & Asociados que refleja el impacto económico que tendrá un cambio en la regulación de patentes farmacéuticas.

Actualmente existen 27 fármacos que perderán su exclusividad próximamente al haber pasado los veinte años que se otorgan a los laboratorios para comercializarlos en régimen de monopolio.

Pero la salida genérica al mercado de diez de estos medicamentos se encuentra bloqueada por los litigios interpuestos por los propietarios de las patentes, quienes intentan alargar la comercialización de estos productos.

El estudio elaborado por la mencionada consultora subraya que el cambio de la ley de patentes supondría un retraso de tres años de media en la disposición de estas versiones genéricas, lo que supondría para el Sistema Nacional de Salud (SNS) un sobrecoste de 3.668 millones de euros, algo más de la factura farmacéutica de las comunidades de Madrid, Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha juntas, o la construcción de veinte nuevos hospitales con 600 camas cada uno.

Además, "es entre los años 2009 y 2011 donde se concentrará el mayor impacto económico, ya que en plena crisis se tendrá que soportar el 63% del coste total previsto para la próxima década", según explican desde la patronal de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos (AESEG).

El principal perjudicado en el caso de que se limite el acceso a estos nuevos fármacos más económicos es el paciente, que tendrá que pagar 7,5 millones de euros más en Murcia por sus medicamentos, lo que supone un aumento de 90 euros por persona, cantidad que está previsto se pueda ahorrar si se ponen a la venta los medicamentos cuya comercialización en exclusividad concluirá próximamente.

En lo que respecta al coste per cápita, Valencia, Asturias, Galicia y Extremadura se encontrarían entre las regiones con mayor impacto, variando el coste por individuo desde los 97 euros de Valencia hasta los 94 de Extremadura.

El informe de la consultora Solchaga Recio & Asociados recoge que gran parte de las políticas sanitarias y económicas actuales están dirigidas a trabajar en la contención del gasto farmacéutico y a promover la prescripción de genéricos.

"Por este motivo, poner trabas a la disponibilidad de nuevos medicamentos genéricos que contribuirían a la contención del gasto va en contra de los intereses generales", apuntó Raúl Díaz-Varela, presidente de la patronal AESEG.

Ante lo que indicó que "nuestra principal reivindicación es que el Gobierno ratifique el marco legal vigente en materia de patentes y permita de este modo el acceso de todos los ciudadanos españoles a las nuevas versiones genéricas".

La unión entre Bancaja y la CAM suscita en los especialistas posiciones enfrentadas

VALENCIA.- Las dos principales cajas valencianas, Bancaja y la CAM, han rechazado que tengan en perspectiva alguna fusión. Ni entre ellas ni con otras. Sin embargo, resuenan los ecos de oposición y adscripción a una eventual alianza entre ambas porque el mercado se está moviendo e impondrá reubicaciones en el escenario. La posibilidad de que ambas se fusionen divide, y los argumentos, a menudo, trascienden lo económico. Pero, ¿existen razones financieras para ello?, se pregunta hoy "El País".

Un directivo de la CAM considera que el tiempo de una fusión con Bancaja pasó. "Hace unos años cuando se planteó, el coste personal habría sido mínimo, pero hoy habría que cerrar muchas oficinas y el coste sería importante", asegura. Desde su punto de vista, ambas entidades "han crecido demasiado", al transformar sus estructuras especializadas en captar pasivo en estructuras muy comerciales.

"Lo que impone ahora la economía son las fusiones interregionales", agrega.

El consejero de la CAM y catedrático de Economía Aplicada, el murciano Martín Sevilla, subraya que "una fusión es la suma menos el campo duplicado", y CAM y Bancaja "comparten clientes y los riesgos que se plantean son los mismos tras una supuesta fusión". Según los cálculos realizados hace unos años cuando la Generalitat apostó por la fusión, había un solapamiento de 1.000 oficinas y 2.000 empleados.

El catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universitat de València, Jordi Palafox, cree que "está por ver" que una fusión destruya empleo, y recurre a los datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA): "En 1990 había 67 cajas con menos de 77.000 empleados; hoy 45 emplean a casi 132.000".

En cuanto a la duplicación de redes, afirma que es cierta en Alicante y Valencia, "pero no en el resto de España, donde, con excepciones, la presencia de ambas es puramente publicitaria".

En su opinión, la caída del préstamo promotor obligaría a cerrar algunas oficinas cuyo beneficio se derivaba en exclusiva de esas operaciones, aunque una apuesta por la presencia para captar recursos de "clientes normales" podría mantenerlas.

Sevilla rechaza que la necesidad de financiación sea un argumento determinante para fusionar entidades. Incluso, después de que el Fondo de Adquisición de Activos Financieros sólo haya adjudicado 2.115 millones de los 5.000 disponibles, sostiene que "las entidades no tienen una necesidad urgente de financiación".

En su opinión, "salvo por cuestiones políticas, no hay en este momento propuestas de fusiones de cajas en España", y añade que las que más sinergias podrían producir serían las que se plantearan entre distintas comunidades autónomas, y "las competencias autonómicas las vuelven muy complicadas".

Uno de los inconvenientes más barajados es que, desde el punto de vista de la diversificación de riesgos, unir las dos cajas sería un error por la concentración de ladrillo que arrojaría el balance de la nueva entidad. Palafox reconoce la concentración, aunque mantiene que si cada una tiene el 40% de su inversión en el sector, la caja resultante también tendrá el 40%.

"El problema sería para algunos constructores clientes de las dos cajas, ya que pueden pasar a tener la cuota CIRBE [Central de Información de Riesgos del Banco de España] demasiado alta".

El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, argumentó hace unos años que esta alianza limitaría la competencia, objeción que algunos expertos relativizan porque los clientes, en un mercado plagado de entidades financieras, no tienen como única opción una de las dos cajas.

En este punto, Palafox considera que los más perjudicados serían los empresarios que consiguen posiciones de privilegio en ambas cajas utilizando el argumento de que "la otra me lo da".

Con todo, previene contra algunos "argumentos falsos a favor de la fusión". Entre los que cita, están "que resuelve los problemas de eficacia", "que es más eficiente" y "que dará mayor presencia y poder en las grandes empresas". Del primero asegura que "es obvio que no". Del segundo, que "depende de la gestión que hagan sus órganos de gobierno", y del tercero, que "hasta ahora eso no se ha visto con Iberdrola ni con Unión Fenosa".

"Sin estrategia de participadas, no mayor porcentaje supone mayor capacidad de influencia", añade.

A partir de la información del tercer trimestre de 2008, el profesor de Análisis Económico de laUniversitat de València Joaquín Maudos contrasta variables claves para juzgar ventajas e inconvenientes de esta fusión. La CAM tiene el 3,21% de morosidad frente al 2,94% de Bancaja.

En cuanto a las provisiones para la morosidad, la proporción está 52,1% a 65,9; la solvencia, 10,2% frente a 11,1%; la eficiencia, 28,2% contra 39,9%; la rentabilidad (ROA), 0,55% frente a 0,61%, y el crédito con garantía real como porcentaje del activo total, 58,3% contra 55%.

A falta de información más desagregada de la cartera crediticia, las participadas o la liquidez, Maudos manifiesta que "a priori las ventajas de la fusión serán mayores para la CAM, ya que se fusionaría con una entidad más rentable y solvente y con menos morosidad, si bien la CAM es más eficiente".

Palafox enumera algunos argumentos "reales" a favor como la "visibilidad". En un momento en que la captación de depósitos vuelve a ser lo más importante, considera que una caja unida permitiría racionalizar la situación de cajas regionales con implantación en algunas zonas, "cerrando oficinas en la Comunidad Valenciana y convirtiendo la resultante en una caja nacional". También ve ventajas en los costes y la financiación.

"Financiarse en mercados internacionales es más barato cuanto más tamaño se tiene, a un mismo nivel de solidez, y aunque sean pocos puntos básicos, cantidades elevadas suponen un ahorro relevante", explica.

Sevilla insiste en que la fusión "no solucionaría los problemas ordinarios" de dos cajas cuyas "estrategias han sido divergentes". "El mayor tamaño no implica menor riesgo, porque las cajas que han tenido problemas no ha sido por tamaño, sino por falta de liquidez", refiere. Y respecto a la capacidad de captación en momentos difíciles, recurre a una respuesta muy gráfica: "Cero más cero es igual a cero".

Maudos observa algunas ventajas potenciales de la fusión. La entidad resultante se situaría entre las primeras de España por tamaño, "siendo además una reacción defensiva ante las fusiones que se están produciendo en otras comunidades". Y "reduciría costes medios y ganaría en eficiencia, lo que mejoraría su competitividad". Y sobre todo, que en las circunstancias de dificultades los clientes valoran el tamaño de la entidad, "por lo que mejoraría la imagen con la fusión".

Palafox no ignora la existencia de poderosos "argumentos reales en contra". Uno de los más importantes es que la lucha entre los equipos distraiga los retos reales. Otro sería la intervención política para tratar de contentar a todos en asuntos como el nombre de la entidad resultante, la ubicación de la sede o los equilibrios nominales entre los equipos, lo que llevaría a la distorsión de los objetivos. Y el más determinante: "Alicante no quiere y la Generalitat no se atreve".

El tamaño importa

La crisis ha devuelto la relevancia del tamaño a las entidades financieras. Así lo ratifican los llamamientos del Banco de España para afrontar con mayor fortaleza la situación económica.

Algunos expertos consideran que el tamaño de Bancaja y la CAM puede plantear dificultades en un tiempo en que, con el mercado interbancario seco, la banca se ve abocada a nutrirse de depósitos de particulares y, por tanto, necesita mayor presencia territorial. Incluso cuando se recupere la fluidez interbancaria necesitará más musculatura financiera para ganar capacidad de negociación.

De acuerdo con los datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Bancaja y la CAM disponen de activos propios de entidades provinciales, frente a La Caixa o Cajamadrid, entidades que, en consecuencia, cuentan con una notable presencia en el mercado español y que, como en el caso de la Caixa, además tiene una fuerte penetración en la Comunidad Valenciana, frenando el ámbito de expansión natural de ambas.

Una alianza entre las dos cajas valencianas, que incorporara a la de Ontinyent, situaría los activos al nivel de Cajamadrid, que con menos oficinas obtiene mejores rendimientos. En cuanto a datos financieros y resultados, Bancaja y la CAM ocupan la cuarta y sexta posición en la clasificación de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros aunque esa realidad se vería alterada con las fusiones planteadas, como la del BBK y Kutxa, que de momento se ha enfriado.

Su posición desciende si se eleva el ámbito. El ranking internacional establecido por la revista The Banker en 2005 reunía 45 entidades españolas entre las mil de mayor dimensión mundial. Bancaja estaba en la séptima posición y la CAM en la novena. Entre ambas, el BBK, que las dejaría detrás en caso de fusión.

El compost de alpeorujo mejora las propiedades de los suelos salinos de zonas semiáridas

MURCIA.- Investigadores del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Segura (CSIC), de Murcia, han demostrado que el uso de compost de alpeorujo, los residuos obtenidos de la aceituna molturada, y el estiércol mejoran las propiedades de los suelos agrícolas con alto contenido en sales, según informaron fuentes del centro.

Hecho éste que se produce por la baja calidad de las aguas de riego en aquellas zonas donde existe escasez de lluvia, como sucede en el conjunto de los ecosistemas mediterráneos y en otros de similares características en extensas regiones de Australia, Chile, EE.UU.o México.

El trabajo ha puesto en evidencia que el uso de materia orgánica en suelos salinos evita la entrada de sodio en el complejo de cambio del suelo, a la vez que las enmiendas orgánicas "mejoran el equilibrio iónico de las plantas, favoreciendo su desarrollo y producción", aseguró la investigadora del CSIC, María del Pilar Bernal.

En este sentido, el estudio ha mostrado el doble beneficio de la aplicación de compost orgánicos: por un lado, enriqueciendo y recuperando el suelo y, por otro, reestableciendo el equilibrio iónico, que se traduce en una mejora de la nutrición mineral de las plantas.

Asimismo, Bernal apuntó que "es muy importante la selección de las especies vegetales que se cultivan en los suelos con alto contenido salino".

En el estudio, las especies que mejor toleran la salinidad, como la acelga o la col, "responden claramente al tratamiento con materia orgánica y, por tanto, su cultivo es más recomendable frente a otras especies de menor tolerancia a las sales, como el tomate", subrayó.

La investigación, que lleva por título 'Biorremediación con plantas detoxificadoras de suelos salinos y contaminados por metales tóxicos', ha estado dirigida por los científicos del CSIC, María del Pilar Bernal y David J. Walter.

El trabajo tiene una aplicación práctica inmediata al establecer los beneficios del uso de materia orgánica en suelos agrícolas con problemas de salinidad, dando las razones científicas para la mejora tanto del suelo como de las plantas.

Por otra parte, se trata de una investigación que ofrece pautas para la conservación de los recursos naturales mediante el reciclado de residuos orgánicos de forma compatible con el medio ambiente y la recuperación de suelos contaminados. Unos suelos que se encuentran especialmente en zonas de importante déficit hídrico.

Los resultados de las investigaciones de Bernal y Walter han sido publicados por revistas científicas como 'Journal of Environmental Quality', 'Environmental Pollution', 'Ecosistemas', 'Ecotoxicology and Envionmental Safety', 'Chemosphere' o 'Water & Pollution'.

La Región reclamará indemnizaciones si se cierra el trasvase del Tajo al Segura

MURCIA.- La respuesta del PP y PSOE murcianos al Estatuto de Castilla-La Mancha ya está perfilada por medio de la Proposición que pretende modificar la Ley del Plan Hidrológico Nacional para blindar -como gusta decir ahora- el Trasvase Tajo-Segura. Si el texto castellano manchego aspira a lo máximo para intentar cerrar el acueducto, la iniciativa que apadrinan por Ramón Luis Valcárcel y Pedro Saura reacciona en sentido contrario: no sólo intenta garantizar el funcionamiento del canal, sino que además demanda una indemnización económica si se cambia sustancialmente el Trasvase Tajo-Segura o se extingue, según ha podido saber La Verdad.

Si culmina el pacto de octubre entre Valcárcel y Saura, esta Proposición de Ley será aprobada por la Asamblea Regional para pasar luego al Congreso de los Diputados, siguiendo la misma mecánica que la utilizada por José María Barreda y María Dolores de Cospedal. No se trata de un texto estatutario, pero el objetivo es el mismo en lo que atañe a la política de agua. La norma que se está cociendo entre el PP, PSOE -al parecer IU se va a sumar al texto- es muy ambiciosa y busca la tutela de las Cortes para evitar nuevas tentaciones autonomistas de recortar el acueducto.

Por parte del PP, el peso del trabajo lo lleva su portavoz parlamentario, Juan Carlos Ruiz. El objetivo es reformar dos artículos y tres disposiciones de la ley del PHN que, conviene recordar, no fue derogado en el año 2004 por Rodríguez Zapatero y Cristina Narbona, sino sometido a dos intervenciones quirúrgicas: eliminar la obra del Trasvase del Ebro y retocar la disposición relativa al Tajo-Segura para reducir, en definitiva, los envíos a Murcia conforme aumentara la producción industrial de agua desalinizada.

El texto murciano, en primer lugar, postula que las aguas trasvasadas cubran las necesidades económicas y sociales de la cuenca del Segura.

Pide asimismo que las comunidades autónomas receptoras y los usuarios de las mismas tengan voz y voto en la Confederación Hidrográfica del Tajo y en la Comisión Central de Explotación del Acueducto.

Otra novedad es que establece un plazo de seis meses para que el Ministerio de Medio Ambiente y Rural otorgue las concesiones de agua del Tajo a los usuarios del Sindicato Central de Regantes y al Taibilla.

Advierte de que cualquier cambio legal que se produzca posteriormente y que afecte al funcionamiento del acueducto, o acaso lo elimine, debe llevar implícita una indemnización económica a los usuarios receptores de Murcia.

Otorga al Congreso de los Diputados y al Senado el control periódico de los caudales desembalsados, el volumen y destino, y la recaudación y las tarifas.

El PP y PSOE murcianos pedirán que se consoliden los bancos de agua -que ya vienen operando desde Estremera y Aranjuez- entre los usuarios de las cuencas del Segura, Tajo, Guadiana y Júcar. Están vertebrados por el acueducto.

Por último, solicitan al Gobierno de la nación que estudie todas las opciones posibles de nuevos canales para transportar más agua desde otros puntos.

La clave: El recorrido de esta Proposición de Ley dependerá de los derroteros que tome el Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados. Esto es; si en las Cortes se despejan todos los peligros que se ven desde Murcia, quizás la iniciativa de Valcárcel y Saura a favor del Trasvase Tajo-Segura ya no sea necesaria.

Familias numerosas y ex amigos de la UCAM se pronuncian a favor de monseñor Reig Plá

MURCIA.- Ante la lamentable polémica levantada en torno a la titularidad de la Universidad Católica de Murcia-UCAM, iniciada por su presidente, don José Luis Mendoza, "de forma que dista mucho de la condición de ferviente católico, la asociación de Familias numerosas de Murcia-AFANUSE y la ex Asociación Amigos de la UCAM, deseamos con ecuanimidad y rectitud moral, afirmamos en los siguientes inmutables principios básicos".

PRIMERO

Apoyamos, como la mayoría de los católicos murcianos, filialmente, a nuestro Obispo, Monseñor Reig Pla, máxima autoridad de la Iglesia en la Diócesis de Cartagena-Murcia, por considerar que sus ideas y defensa en tan delicado asunto, están apoyadas en la legalidad y en los principios morales y sociales que emanan de su consideración de católica y no en el negocio especulativo personal.

SEGUNDO

El actual litigio que mantiene el Sr. Mendoza frente a la autoridad del Sr. Obispo, nace de una serie de irregularidades y fallos en la gestión de la Universidad, en sus orígenes, que ya fueron polémicos y escasamente ortodoxos. Fallos que se debieron a los antecesores del actual prelado murciano, y en los que el Sr. Mendoza intervino de forma obtusa, organizando una trama para hacerse con la titularidad de la UCAM, por la que fuimos engañados los miembros de la antigua asociación de Amigos de la UCAM.

TERCERO

Los orígenes conflictivos de la UCAM, en la que intervinieron decorosamente la antigua Consejera Dña. Cristina Gutierrez-Cortines y su secretario autonómico D. Fernando de la Cierva, que en el inicio se opusieron a la participación de D. José Luis Mendoza, no ha hecho sino aumentar en los últimos años, coincidiendo con la inusitada prosperidad económica de este señor, partiendo prácticamente de cero, quien ha valorado al centro universitario en unos 18.000 millones de las antiguas pesetas, lo que da una idea exacta del entorno comercial, financiero y de negocio de la actual UCAM.

CUARTO

Como el problema de la fundación y puesta en marcha de la Universidad revestía caracteres conflictivos, solicitamos audiencia a Monseñor Antonio Cañizares para expresarle la difícil situación a la que se iba a llegar con la actuación problemática del presidente universitario, aportando una alternativa para que se hiciera a cargo de la UCAM en sus orígenes, el CEU, de dilatada experiencia académica en esta región. No fue posible ya que en el diálogo con Monseñor Cañizares no encontramos apoyo.

QUINTO

Poco después de su confusa fundación, fue cesado D. Santiago Fernández Ardanaz, la persona que hizo posible que se gestara la UCAM, siendo el primer Rector de la misma, y por fuertes divergencias con el Sr. Mendoza, que ya se había hecho con el poder universitario y el apoyo así mismo de los poderes fácticos regionales y nacionales, que nadan tiene que ver con el mundo de la docencia y la enseñanza, poderes que siguen apoyando a la actual dirección de la universidad aún católica.

SEXTO

Tanto la Asociación de Familias Numerosas (AFANUSE) como la mayoría de los miembros de la Asociación Amigos de la UCAM y gran parte de los sacerdotes con los que hemos contactado, estamos con la autoridad eclesiástica y religiosa de la Diócesis y sólidamente convencidos de que este modelo de universidad, aún católica, tendría una fuerte personalidad murciana, una acción educativa fuertemente social y una actitud independiente, alejada de poderes políticos, económicos y financieros, que nada tienen que ver con nuestra Diócesis, la Iglesia y la UCAM.

Manifiesto ético

La UCAM nunca hubiese sido posible con la imagen de Mendoza.

La Consejera Dña. Cristina Gutierrez y D. Fernando de la Cierva, le negaron hasta la saciedad, la posibilidad de crear la UCAM ya que este señor era conocido en el entorno de la Educación.

El Sr. Mendoza, utilizó a un abogado de buena fe, el cual, reunió a unos amigos, entre ellos yo, para comenzar la andadura y convencer a la Consejera de que este proyecto era interesante y que las personas más representativas y de garantía eran Monseñor Azagra y D. Santiago Fernández Ardanaz, primer Rector de la UCAM, más el apoyo de nuestra asociación Amigos de la Ucam.

Ante muchas manifestaciones, visitas a la Consejera y presiones en el entorno político, fue posible la autorización de la UCAM, siempre sin la presencia del Sr. Mendoza.

Se destapa el pastel

Cuando en la Comisión nos dimos cuenta de la influencia del Sr. Mendoza sobre el Sr. Azagra, ya le había firmado por 50 años la cesión de Los Jerónimos, así como, descubrimos que igualmente se había escriturado el Convento de San Antonio en su nombre y la posterior venta de los bajos de dicho convento a D. Raimundo González (La barra del Rincón).

El colmo de estos despropósitos, y que además tuvo consecuencias nefastas, fue la gestión de la compra de la nave anexa a Los Jerónimos, propiedad de las monjas, descubriendo D. Santiago Fernández Ardanaz que también el Sr. Mendoza se la había escriturado a su nombre. Como consecuencia de las discrepancias entre ellos, por no haber escriturado a nombre de la UCAM, fue destituido como rector de la UCAM.

Nuestra actuación ante la posible alarma social

Ya que nosotros dimos la cara ante la sociedad murciana para el proyecto, visitamos nuevamente a D. Cristina Gutierrez Cortines y D. Fernando de la Cierva para comunicarles los hechos. La contestación fue tajante: "Ya sabía yo que volveríais a pedir ayuda, conocíamos a este señor y nunca lo hubiésemos autorizado, ya no puedo hacer nada".

Último intento

Pedimos audiencia a Monseñor Antonio Cañizares para exponerle la situación, aportando una alternativa para que se hiciera a cargo el CEU, ya que tenía experiencia y presencia en Murcia en el ámbito educativo. Tampoco fue posible, el Sr. Mendoza ya tenía suficiente poder económico e influencia, para que Monseñor Cañizares pudiera realizar alguna actuación. Sin embargo, si Monseñor Cañizares hubiese actuado como el actual Obispo, Reig Pla, no se hubiese dado lugar a esta situación.

Todos sabemos que el Sr. Mendoza en esa época inicial, era un coche viejo y nada más. Hoy le pide 30 millones de euros a los murcianos.

Todo lo expuesto y, considerando que Monseñor Reig Pla es merecedor del apoyo sobre la verdad que él defiende, manifiesto mi respaldo ya que entonces fui portavoz del colectivo y me siento en la obligación de denunciar estos hechos.

Antonio Sánchez Lapaz

Los 30 millones de euros de la UCAM / Antonio Sánchez Lapaz *

El precio de la lealtad de Judas fueron treinta monedas de plata de la época, el de Mendoza – presidente de la Fundación de la UCAM, que la rige en concesión- es de treinta millones de euros. ¡Qué casualidad que toda deslealtad tenga su precio!.

El actual litigio que mantiene Mendoza frente al Obispo Reig Pla es consecuencia de muchos fallos cometidos por los antecesores del prelado murciano, entre los que destacan Azagra, Cañizares y Ureña, unos por acción y otros por omisión dieron pábulo a los delirios de Mendoza con la UCAM, y le abrieron las puertas de Roma, de forma que este les vio prescindibles y comenzó a urdir su trama para hacerse con la titularidad de la UCAM, que en origen se determinó por Azagra que era de la Iglesia, entregándose por cincuenta años su gestión a la Fundación San Antonio, que es uno de los instrumentos institucionales con los que juega Mendoza.

Así las cosas, la Iglesia erigía canónicamente la Universidad Católica de Murcia, y entregaba su gestión empresarial a una Fundación por cincuenta años, cediéndoles el uso del Monasterio de los Jerónimos, con el compromiso por parte de la Fundación de acondicionar el Monasterio y pagar un canon por alumno a la Diócesis, compromisos que Mendoza no cumplió plenamente, pues que se sepa sigue sin abonar el canon por alumno a la Iglesia –que resulta ser una de las claves jurídicas determinantes de la situación del convenio que dio luz a la UCAM, por cuanto no se reconoce ni explícita ni implícitamente la titularidad a la Fundación San Antonio-.

Si bien, con el paso del tiempo, y el régimen de administración del negocio universitario, que no se atuvo al uso solo de la Fundación, sino que parece que también se han utilizado –por parte de Mendoza- sociedades mercantiles interpuestas, y con adquisiciones asignadas a la red patrimonial del mismo, realizadas con ingresos de matrículas –según ha llegado a reconocer el primer Rector, que fue cesado por Mendoza por discrepar de sus modos de gestión-, cesiones de terrenos públicos incluidas en Murcia y Cartagena; el patrimonio del gestor ha crecido desde la nada hasta cifras muy considerables – que él mismo señala por encima de los 30 millones de euros-, de forma que él mismo ha estimado que aquello es suyo. Y ahora le indica al Obispo –prensa por medio, para mayor discreción- que si quiere quedarse con la UCAM tiene que pagarle la Iglesia 30 millones de euros (¡!).

Tal pretensión se compadece poco con la realidad de las cosas, por más que intente liarla interesadamente el clan de Mendoza, pues tendría que aclarar bien sus cuentas de explotación del negocio al titular del mismo, cuestión esta que también llevó escándalo, por cuanto el Obispo tuvo que requerirle notarialmente para que le entregara las cuentas de gestión. Y llegados a ese extremo, seguramente el prelado y sus asesores posiblemente no compartan algunos criterios contables de los utilizados, pues no parece leal que un socio, con los ingresos de la explotación negocial compre y se ponga a su nombre propiedades, que en todo caso deberían de ser de titularidad de la sociedad, en este caso de la Universidad, no de la Fundación, ni de Mendoza, ni de sus sociedades mercantiles. Y de igual manera los terrenos públicos cedidos –pues públicamente se ha dicho por los políticos cedentes, que se atribuían a la Universidad Católica de Murcia-.

Luego, parece lícito preguntarse, ¿qué está pasando?.

El autor de la presente, que tuvo ocasión de conocer a José Luís Mendoza cuando pretendía hacerse con la gestión de la UCAM, y que participó con otras personas de buena voluntad a crear la Asociación de Amigos de la UCAM, para apoyar el proyecto universitario ante unas autoridades regionales adversas al mismo (que luego comprendimos su posición), y que finalmente fuimos defraudados en nuestra confianza por la ambición manifiesta de Mendoza, recuerda que éste no tenía apenas dinero para subsistir, pues recién llegado de Santo Domingo con su gran familia, retomaba con su hermano una academia de enseñanza profesional, de hecho poseía un pequeño vehículo utilitario, una modesta vivienda –escasa para su numerosa prole- y urdía su acceso al proyecto universitario con promesas de colaboración a todo el que se le acercaba.

Por consiguiente, no puedo hacerme a la idea de la realidad de las actuales afirmaciones de Mendoza para pedir sin rubor los 30 millones de euros, pues lo basa en que en el negocio ha ingresado su patrimonio familiar. ¡Pero si no tenía dinero, hace diez años….!. Incluso se recuerda que la UCAM la comenzó con un préstamo hipotecario que le concedió la CAM por importe de unos 275 millones de pesetas, sobre la hipoteca del convento de la calle San Antonio –cuyo uso estaba cedido a la Diócesis-.

¿Luego, José Luís de donde ha salido tu patrimonio familiar, en estos diez años?, y a tu socia la Diócesis ¿cuanto le has pagado?. ¿Cómo te atreves a defender lo indefendible?. ¡La verdad sólo tiene un camino…!

* Presidente de AFANUSE (Asociación de Familias Numerosas de Murcia)

Murcia: semana constitucional horribilis

MADRID.-¡Vaya semanita! Un constructor visto para prisión incondicional por una estafa millonaria; un alcalde, en libertad tras ser imputado por el cobro de comisiones; otro constructor, obligado a declarar por su relación con éste; un edil más, en vista oral acusado de malversación; otro más, que se subió las dietas mientras su municipio se asfixia económicamente; y por último, un diputado regional imputado al que la Asamblea abre expediente por no aparecer por el hemiciclo, según publica hoy www.elconfidencial.com


Todo esto ha pasado en Murcia en una semana, la que acabó ayer con las celebraciones constitucionales. La misma semana en la que un juez, Fermín Calamita, fue juzgado en el TSJ por retrasar maliciosamente la adopción de una niña por una pareja homosexual.


Tras sus lloros en el juicio, el jurista fue distinguido, el jueves, por aclamación en el Cabildo de Cofradías de Murcia, con motivo de “su defensa de la familia y unas ideas que compartimos”.


Los tintes vodevilescos que está adquiriendo la sociedad murciana merced a estos asuntos se completan con que el constructor estafador usó para obtener unos 15 millones de euros de sus clientes un supuesto complejo turístico que iba a promover en Brasil: Lagoa do Coelho Resort, en el estado de Natal.


Y esos tintes rizan ya el rizo y rozan lo intolerable para los bienpensantes porque el diputado regional Juan Morales, ex alcalde de Totana por el PP, también parece que “exportó” sus beneficios de convenios urbanísticos fraudulentos a Brasil, lugar de procedencia de su actual pareja, con la colaboración de su esposa.


La Asamblea Regional le quiere retirar el acta porque no aparece por allí desde hace un año, aunque sigue cobrando sus 3.000 salariales, cuando estalló la Operación Tótem en Totana, su municipio, el mismo donde el primer edil, José Martínez Andreo, del PP como Morales, incrementó sus gastos de Protocolo en un 65% hace quince días, mientras su consistorio ha dejado de ingresar unos 20 millones de euros que se han esfumado al irse al traste los convenios urbanísticos fraudulentos destapados en aquella operación.


Por si faltara algo, la prensa regional contaba ayer domingo que un sonado divorcio económico, el de los dos socios de Polaris World –primer grupo de turismo residencial europeo– no fue tan pacífico como se pretendió hacer creer en 2006: Pedro García Meroño, que se quedó en la empresa, insultaba a su socio Facundo Armero en unos sms que éste ha puesto a disposición judicial para exculparse de otra investigación judicial sobre los tejemanejes con terrenos en Torre Pacheco, municipio base del grupo inmobiliario.


José Martínez García 'El Mecánico', alcalde en libertad de Librilla tras pasar unos días en el trullo como sospechoso por el cobro de comisiones, aseguraba el domingo que tiene la conciencia tranquila y que seguirá en la alcaldía mientras la Justicia se lo permita. A imagen y semejanza de su compañero de partido (PP), Martínez Andreo, de Totana.


En relación con 'El Mecánico' fue llamado a declarar también esta semana el constructor Santiago Martínez Esparza, propietario de la constructora Urvisán, cuyo gerente y yerno del dueño se suicidó en Murcia hace dos meses, aunque las esquelas decían que había fallecido cristianamente en San Javier, a 40 kilómetros.


El otro alcalde popular fue más discreto en la vista oral de su juicio, el jueves pasado, pendiente de sentencia por malversación, aunque tuvo el alivio de que el fiscal retiró el cargo de prevaricación.

El primer edil de Mazarrón, Francisco Blaya, también del PP, está acusado de pagar más de 30.000 euros al jefe del Partido Independiente gracias al cual gobierna, Domingo Valera, que fue alcalde del PP en esa localidad durante dos legislaturas antes de crear su propio partido. (Ambos en la imagen)

Una semana espectacular y edificante, sin duda, de cara a las celebraciones con motivo del trigésimo aniversario de la Constitución.