viernes, 12 de diciembre de 2008

El Gobierno da luz verde a convertir en VPO los pisos libres sin comprador

MADRID.- El nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado hoy en Consejo de Ministros, supondrá una inversión de 10.188 millones de euros para el conjunto del periodo y prevé movilizar 34.000 millones en préstamos para beneficiar a un millón de familias.

El Gobierno espera que el plan entre en vigor con el arranque del próximo año, para que no haya desfase con la conclusión del actualmente vigente, indicó la ministra de vivienda, Beatriz Corredor, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

No obstante, el texto incluye un conjunto de medidas transitorias, que estarán en vigor durante 2009, con el fin de hacer frente a la crisis que atraviesa el sector residencial. Fundamentalmente pasan por aprovechar el actual 'stock' de viviendas nuevas libres actualmente sin vender (unas 600.000 unidades, según los promotores) para aumentar el parque de viviendas protegidas.

En concreto, el nuevo plan prevé ejecutar en sus cuatro años un total de 996.000 actuaciones, un 38% más en relación al plan actual. Para ello, por un lado, aumentan el número de colectivos que pueden beneficiarse de sus ayudas.

Así, teniendo en cuenta las circunstancias personales, las personas dependientes, los divorciados o separados al corriente del pago de la pensión, las víctimas del terrorismo o las personas afectadas por situaciones catastróficas, acceden a la categoría de potenciales beneficiarios que ya tenían las familias con menor renta, mujeres víctimas de violencia de género, discapacitados, familias monoparentales con hijos o las numerosas.

Por lo que a las condiciones económicas respecta, podrán beneficiarse del plan familias con ingresos anuales de hasta 45.500 euros (6,5 veces el IPREM) para viviendas protegidas de tipo concertado. En el régimen de VPO especial el máximo de ingresos será 17.472 euros anuales, y de 31.449 euros al año para el régimen general, que incluye ayuda a la entrada y subsidiación del préstamo.

Con la ampliación de los límites de ingresos se persigue garantizar el acceso a la vivienda a rentas medias que hasta ahora no podían beneficiarse del plan, pero tampoco acudir al mercado libre.

Otra de las novedades del nuevo plan es su apuesta por la vivienda protegida en alquiler, de forma que aspira a que el 40% de las nuevas VPO que se construyan se destinen al arrendamiento. El Ministerio confía en contar con unas 100.000 viviendas de nueva construcción y otras 70.000 procedentes de la rehabilitación.

Para impulsar este tipo de viviendas, el departamento que dirige Corredor subvencionará su construcción con 410 euros por metro cuadrado últil. La ayuda también se recibirá cuando se trata de viviendas del 'stock' de pisos libres sin vender que se califiquen como VPO para alquiler.

Además creará nuevos tipos de viviendas protegidas en alquiler, para rentas más bajas, y alojamientos temporales para colectivos como científicos, investigadores y universitarios, entre otros.

En cuanto a las referidas medidas transitorias que el plan contempla para 2009 con el fin de ayudar a dar salida a los pisos de promoción privada que no se venden, destaca la posibilidad de que una familia con renta de 48.900 euros anuales pueda comprar una vivienda concertada.

Asimismo, durante el próximo año las viviendas libres terminadas podrán considerarse como usadas y ser compradas como protegidas sin esperar el preceptivo plazo de un año. La fórmula será el alquiler con opción a compra después de cinco años.

Además, durante 2009 Vivienda permitirá que se califiquen como VPO para compra o alquiler las viviendas libres con licencia de construcción anterior a septiembre de 2008, siempre que se ciña los precios fijados en el plan.

El nuevo plan persigue también fomentar la rehabilitación de pisos, para contribuir a impulsar la actividad de la construcción, segmento. En este área se fija alcanzar las 470.000 actuaciones, más del triple que en el plan anterior.

Para ello, contempla subvenciones de hasta 3.400 euros, que podrán ascender a 6.500 euros cuando la vivienda se destine al alquiler durante cinco años.

Por otra parte, el Consejo de Ministros autorizó hoy modificar tres leyes con el fin de contribuir al impulso del mercado del alquiler y mejorar su seguridad y fomentar la eficiencia energética de los edificios.

En concreto, se modificarán parte de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la de Enjuiciamiento Civil con, entre otros fines, dar más agilidad a los procesos judiciales por desahucio e impagos de renta, y resolver el contrato de alquiler si el propietario necesita la vivienda y así lo consignó previamente en el contrato

En la misma línea, se cambiará la Ley de Propiedad Horizontal fundamentalmente para flexibilizar la mayoría requerida para que las comunidades de propietarios afronten la realización de obras de eficiencia energética en sus edificios y viviendas.

La Fundación del PSOE propone fulminar los paraísos fiscales y limitar los blindajes empresariales

MADRID.- El responsable de Estudios y Programas de la dirección federal del PSOE, Jesús Caldera, presentó hoy el primer trabajo de la Fundación Ideas, que propone acabar con los paraísos fiscales, reducir el apalancamiento de las entidades financieras, y limitar las remuneraciones excesivas de los directivos, entre otras medidas, para hacer frente a la crisis económica y financiera internacional.

El decálogo de reformas, que aspira a contribuir a la nueva arquitectura financiera internacional que salga de las reuniones del G-20, apuesta por una directiva europea que suprima el secreto bancario y establezca medidas severas "de aislamiento financiero" para los Estados que no quieran colaborar.

En aras de acabar con estas "áreas de impunidad" también aboga por introducir un proceso de regularización fiscal progresiva y coordinada en todo el mundo hasta 2015 en el que los capitales que abandonen estos paraísos no serán penalizados y tributarán a un nivel inferior.

A cambio, los fondos obtenidos serían puestos a disposición de organismos financieros internacionales para reducir a la mitad el hambre en el mundo. Desde 2015, los paraísos fiscales, que acumulan un patrimonio privado de casi un trillón de dólares, quedarían completamente prohibidos y los Estados que los mantuvieran "serían excluidos de todos los organismos financieros internacionales".

A escala nacional, propone un gravamen especial para todo movimiento de fondos que tenga como origen o destino un paraíso fiscal, prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios, y fijar penas agravadas cuando el fraude fiscal se produzca a través de estos paraísos fiscales.

Caldera sostuvo que no se trata de una "amnistía fiscal", sino de establecer una serie de ventajas para los capitales derivados de productos opacos, con el fin de aflorarlos, e insistió en que esta propuesta contó con el entusiasmo del premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz. "Esto es mejor de lo que hay ahora", sostuvo.

Dentro de la mejora de la regulación financiera, aboga por imponer límites numéricos al nivel de endeudamiento de las entidades- con un límite de entre 15 y 25 veces los recursos propios- lo que daría un amplio margen de maniobra para financiar la economía real y evitaría situaciones como las que llevaron al colapso a Lehman Brothers, con un ratio de apalancamiento superior a 50 veces sus recursos propios.

Asimismo, la Fundación del PSOE considera que podrían aumentarse las provisiones para las futuras pérdidas esperadas, sistema que "ha funcionado bien en España" gracias a las exigencias del Banco de España, recordó Caldera, también partidario de limitar los blindajes empresariales y las remuneraciones excesivas por parte de los directivos.

La Fundación Ideas también propone crear un Tesoro Europeo que, aunque no sustituiría a los nacionales, gestionaría el presupuesto europeo, y contaría con capacidad financiera mediante la emisión de deuda propia y avales a títulos, así como con liderazgo político para coordinar respuestas conjuntas frente a las crisis de solvencia y liquidez financiera como la actual.

En esta linea de más coordinación europea, apuesta por un sistema europeo de supervisión financiera que iría más allá de la propuesta británica de introducir colegios regionales de supervisores para las entidades de dimensión transfronteriza. Sería una entidad supranacional como el BCE, con el mandato de garantizar la estabilidad financiera y vigilar a las entidades.

Caldera anunció que la Fundación seguirá profundizando en sus propuestas de cara a la próxima reunión del G-20 que se celebrará en Londres el próximo 2 de abril para contribuir a la futura arquitectura financiera internacional, al tiempo que confió en que España sea invitada. "Tenemos esa esperanza, para esto trabajamos", dijo, tras referirse en este sentido al "G-21".

Por su parte, el catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, Emilio Ontiveros, que ha participado en el estudio, aseveró que "ningún acontecimiento de la historia de la humanidad, a excepción de la crisis del 29, ha mermado tanto el bienestar de la sociedad" como la crisis financiera actual.

El propósito de este primer informe de la Fundación Ideas es alimentar el debate sobre las medidas a adoptar para sortear las dificultades sobre las bases de la cooperación internacional, la transparencia de la información y la mejora de la regulación. "No son planteamientos abolicionistas de las instituciones actuales, pero sí para democratizarlas", dijo.

Prohibir las inversiones financieras que distorsionan los precios de las materias primas, crear nuevas agencias de calificación, ampliar la vigilancia de los bancos centrales, impulsar expansiones fiscales coordinadas a escala mundial y transformar el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un Fondo Monetario Global, con una capacidad financiera cuatro veces mayor, son otras de las ideas que defiende la Fundación del PSOE.

Zapatero anuncia un acuerdo en financiación autonómica pronto, "incluso antes de fin de año"

BRUSELAS.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió hoy en que se cerrará "pronto" el acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica, que podría estar listo "incluso antes de fin de año", aunque no quiso apuntar una fecha. Además, aseguró que será "bueno para todos" y que servirá en concreto para mejorar los recursos con los que cuentan las comunidades para la educación y para la sanidad.

"Va a haber un acuerdo y lo va a haber pronto", respondió el presidente preguntado por el asunto en la rueda de prensa que ofreció hoy en Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo. "Si conseguimos que el acuerdo lo tengamos cuanto antes, incluso antes de fin de año, estaremos satisfechos", reiteró.

Aunque no precisó cuándo se anunciará ese acuerdo, Rodríguez Zapatero lo desvinculó, en cualquier caso, de la aprobación definitiva el jueves en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado. El nuevo sistema de financiación, dijo, "forma parte del programa electoral y de investidura" y no tiene "más vinculación que ésa".

También aclaró que aunque el acuerdo se cierre rápido, el desarrollo del mismo llevará tiempo porque requiere su aprobación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y tiene que quedar recogido en una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), entre otros trámites.

Respecto al contenido, Zapatero se mostró seguro de que satisfará "a todas las comunidades autónomas" porque todas ellas "van a mejorar" sus ingresos para dos capítulos del Estado del Bienestar: el sistema educativo y el sistema sanitario. "Si es importante el acuerdo es porque a través de él, quienes gestionan la educación y la sanidad, que son las comunidades, van a poder invertir más", recalcó.

El jefe del Ejecutivo situó este asunto entre los cuatro grandes objetivos que su Gobierno se ha fijado para esta legislatura, que citó por este orden: el plan para estimular la economía, la lucha contra el terrorismo, la Presidencia española de Unión Europea en 2010 y la reforma del sistema de financiación autonómica.

También la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa de la Vega, fue preguntada de nuevo por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y volvió a responder escuetamente que el Gobierno trabaja en el asunto para lograr "un acuerdo satisfactorio para todo el mundo".

En cuanto al voto de los diputados del PSC a los Presupuestos del Estado, ante el malestar catalán porque no se haya cerrado todavía el citado acuerdo sobre financiación, De la Vega subrayó de nuevo que será un voto "responsable".

Bancaja y CAM rompen el contrato con Standard & Poor's (S&P)

MADRID.- Las cajas valencianas, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Bancaja, decidieron romper el contrato con la agencia de análisis y calificación crediticia estadounidense Standard & Poor's (S&P). Ambas entidades enviaron una carta a la firma de ráting el pasado 24 y 26 de noviembre, respectivamente, solicitando la retirada de la calificación, según revela "Expansión".


Fuentes de Bancaja indican que la decisión se ha tomado porque «percibimos que la actividad en los mercados de capitales va a ser menor y, por lo tanto, pensamos que no necesitamos estar calificados por las tres agencias». Desde CAM no tenían ninguna posición oficial.

No obstante, según marcan las pautas internas de la agencia de calificación, antes de romper el contrato, el comité se debe reunir para decidir qué ráting definitivo se le da en el momento de la retirada.

S&P decidió ayer rebajar la calificación a Bancaja y CAM un nuevo escalón, hasta el BBB+, tan sólo dos niveles por encima del grado de bono basura o bono de alto riesgo (por debajo de BBB-).

Tras varias revisiones paulatinas, hemos visto que el deterioro de la economía, así como nuestras expectativas de desempleo, afectan más al deterioro de la calidad de los activos en unas entidades que en otras.

Y Bancaja y CAM son especialmente vulnerables, tal y como adelantamos cuando las pusimos con perspectiva negativa (paso previo a una posible rebaja de calificación), apunta Jesús Martínez, analista de banca de S&P. No es la primera vez que S&P les rebaja la calificación, El pasado 26 de septiembre las colocó en A-.

En el caso de CAM, S&P justificó su decisión en las expectativas de "un significativo debilitamiento" en el perfil financiero de la caja en los próximos trimestres, debido a una mayor vulnerabilidad que sus rivales a la desaceleración económica.

Respecto a Bancaja, indicó que su calificación refleja su previsión de un significativo debilitamiento del perfil financiero de la entidad en los próximos trimestres, "en el contexto de un cada vez más difícil entorno económico".

Las agencias de ráting, Moody's y Fitch Ratings también, han rebajado el ráting a otras 22 entidades españolas en lo que va de año, algo que no había ocurrido en toda la historia, por la elevada exposición de los bancos y las cajas al sector inmobiliario y constructor.

El funcionario Cano Valverde se adjudicó contratos de la Comunidad Autónoma por 1,1 millones

MURCIA.- La sociedad Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería (ACADI S.L.) se constituyó el 5 de septiembre del año 2001 y desde ese momento figuró como su administrador único Domingo Peñalver Garrido.

Sin embargo, no le costó demasiado esfuerzo a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comprobar que quien se encontraba detrás de esa firma era el entonces funcionario de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde y que el citado Domingo era, en el mejor de los casos, su socio y amigo, cuando no simplemente su testaferro u hombre de paja, según "La Verdad".

Tanto era así que dos meses antes de constituir esa sociedad, ambos ya habían abierto una cuenta conjunta a nombre de la misma y los dos, Cano y Peñalver, estaban autorizados para operar en ella.

La estrecha relación entre Cano y Peñalver quedó aún más de relieve cuando los UCO comprobaron que la sociedad Control y GIS S.L., propiedad del funcionario de Presidencia, y la citada ACADI, a nombre de su socio, compartían domicilio social en el mismo número de la calle García Lorca de Murcia. Por si faltaba algo, las dos empresas figuran inscritas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial con numeraciones correlativas.

La importancia de estas conexiones entre uno y otro es básica para desentrañar la presunta trama de corrupción que, bajo la denominación Operación Biblioteca, fue desmantelada el mes pasado y acabó suponiendo el encarcelamiento durante dos semanas del citado Cano, del alcalde de Librilla, José Martínez García; del teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, y del gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), José Andrés Cortés Otálora.

Todos ellos, que ya están en libertad provisional, están imputados en las diligencias abiertas por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsificación de documentos públicos.

La investigación policial y judicial, parte de cuya documentación se encuentra ya en poder de La Verdad, surge de la citada conexión entre Cano y Peñalver y, a raíz de ahí, se centra en averiguar cómo ambos -fundamentalmente el primero- se enriquecieron gracias a la adjudicación de gran cantidad de contratos públicos de la Consejería de Presidencia y del Ayuntamiento de Librilla, sobre todo, pero también de otros consistorios como los de Caravaca de la Cruz y Aledo.

Y todo ello, supuestamente, gracias a la privilegiada posición que Cano tenía como responsable del Servicio de Asesoramiento Técnico para Municipios de la Comunidad Autónoma.

«Informes arbitrarios»

«Hay indicios suficientes para afirmar que José Luis Cano, desde su puesto de funcionario y como ingeniero superior, ha informado proyectos pendientes de adjudicación pública de manera arbitraria. El propósito de estos informes habría sido beneficiar económicamente a ACADI -sociedad de su propiedad en un 50%-, abusando de su condición pública, lo que lleva a pensar que con la emisión de los citados informes estaríamos supuestamente ante un caso de prevaricación administrativa».

Tal conclusión puede leerse en un informe-resumen redactado por la UCO el pasado 22 de septiembre y que está incluido en las citadas diligencias.
Los agentes consideran probable además que las cantidades presupuestadas por los contratos «hubieran sido elevadas arbitrariamente, ya que así sería mayor el beneficio».

Lo que los investigadores vienen a decir es que durante largos años, desde el 2001 hasta que se marchó con una excedencia el 31 de mayo del 2007, José Luis Cano se habría aprovechado de su condición de alto funcionario de Presidencia para impulsar la adjudicación de contratos de esa consejería a ACADI, la sociedad que compartía con su socio y amigo Peñalver.

Cuando el año pasado ya surgieron sospechas sobre Cano, Presidencia le abrió expediente, que se archivó al no hallarse nada irregular.

Ahora, los UCO, con la colaboración de especialistas de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), dependiente del Ministerio de Hacienda, han comprobado que ACADI facturó a la Comunidad Autónoma -en su gran mayoría a Presidencia- casi 1,1 millones de euros (unos 183 millones de pesetas): 48.790 euros en el 2001; 46.330 euros en el 2002; 186.672 euros (2003); 246.153 euros (2004); 333.982 euros (2005) y 229.048 euros (2006).

Actor principal y secundario

El papel secundario que Domingo Peñalver desempeñaría en esta sociedad respecto de José Luis Cano queda de manifiesto por el hecho de que ACADI trasvasó en ese años un total de 1,05 millones de euros (casi 175 millones de pesetas) a las cuentas de Control & GIS, que Cano poseía al 100% junto a su esposa Josefa B.B., también imputada en el caso.

Con ello se demuestra que prácticamente todo el dinero que ACADI facturaba a la Comunidad Autónoma acababa en manos del funcionario que trabajaba para esta administración pública.
Asunto bien distinto parecía ocurrir cuando ACADI obtenía los contratos de otras entidades públicas, como el Ayuntamiento de Librilla.

En estos casos, los UCO consideran que era Domingo Peñalver quien se encontraba en situación privilegiada para hacerse con el dinero público, ya que éste estaba prestando sus servicios técnicos al citado consistorio desde el año 2004.

Desde ese momento, y hasta el año 2006, ACADI recibió de las arcas de Librilla un total de 3.008.601 euros (más de 500 millones de pesetas), bien por contratos adjudicados directamente desde el Ayuntamiento u otorgados desde la sociedad municipal IDL.

Las investigaciones judiciales y policiales apuntan a que ACADI -esto es, Cano y Peñalver- habría conseguido tal cantidad de contratos públicos gracias a la connivencia del alcalde, José Martínez; del concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, y del gerente de IDL, José Andrés Cortés, quien consiguió la plaza de funcionario siendo José Luis Cano miembro del tribunal de oposición.

A cambio de esos contratos, Cano y Peñalver habrían abonado diversas comisiones a los tres altos funcionarios públicos de Librilla, tal y como el propio Peñalver confesó ante el juez haber hecho.

En esta línea de investigación, y más allá de las declaraciones de ese imputado, los UCO yan han encontrado datos objetivos que apuntan a posible gratificaciones económicas a cambio de la adjudicación de contratos públicos, al menos en lo que se refiere al gerente de IDL.

Así, han comprobado que en el año 2005, en el que ACADI recibió contratos de IDL por importe de 417.600 euros, Cano y Peñalver ingresaron 18.335 euros en las cuentas de Francisca G.M., esposa de José Andrés Cortés Otálora.

«Estas transferencias -reseñan los especialistas de la Guardia Civil en su informe del pasado septiembre- están bajo la sospecha de ser pagos encubiertos».

La Audiencia Provincial juzga a Trinitario Casanova, ex dueño de Hispania, por fraude a Hacienda

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia juzgará la semana que viene al empresario de la construcción Trinitario Casanova, para quien el fiscal pide una pena de seis años de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública, según dice hoy "La Opinión".

El ministerio público considera que el empresario -hasta hace unos meses propietario del Grupo Inversor Hispania y todavía promotor de la urbanización de la Zerrichera- defraudó 1,2 millones de euros en concepto de IVA y del Impuesto de Sociedades correspondientes al ejercicio económico 2003.

Además de la pena de prisión -tres años por cada uno de los dos delitos-, el fiscal solicita una multa de 7,2 millones de euros y una indemnización de 1,2 millones de euros para la Hacienda Pública.

Las conclusiones provisionales del ministerio público señalan que este promotor inmobiliario, para evitar el pago de sus impuestos, "trató de crear la apariencia de que, durante el año 2003, su empresa había soportado importantes gastos".

Estos desembolsos, añade el fiscal, se habrían producido, según el acusado, por las obras de movimiento de tierras y desmonte de terrenos en una urbanización conocida como Sierra de Altea II, situada en el término municipal de Altea.

"Estas obras, afirma la acusación pública, no se habían realizado, ni, por tanto, habían supuesto para el acusado gasto alguno, por lo que, con el fin de aparentar esos gastos inexistente frente a la Agencia Tributaria, se puso en contacto con otras personas para que emitieran las correspondientes facturas".

El empresario consiguió así hacerse con un total de 91 facturas que le permitieron eludir el pago de 596.372 euros en concepto de IVA y casi 606.00 euros por el Impuesto de Sociedades, siempre según el fiscal.

Trinitario Casanova es el promotor de un proyecto de urbanización que pretendía construir cuatro mil viviendas en la finca La Zerrichera, ubicada en Águilas, y que está enclavada en una zona de especial protección ambiental (ZEPA).

El proyecto se encuentra paralizado por una resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

Igualmente, Casanova está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta difusión de noticias falsas para intentar alterar el precio de las acciones del Banco Popular.

La consejera de Economía prevé que Murcia 'se salvará de la recesión'

MURCIA.- La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, da por hecho que Murcia se salvará de la recesión (dos trimestres seguidos de descenso). En un encuentro con los medios de comunicación, la responsable de las arcas regionales aseguró que la economía regional ha seguido creciendo hasta el tercer trimestre de este año, por lo que está convencida de que 2008 se cerrará con un saldo positivo, aunque no se alcance el 1,7 por ciento que había previsto, según la versión de "La Opinión".

Para 2009 también prevé que la economía no llegará a entrar en números rojos. La caída de la recaudación y el descenso de los ingresos del Estado obligarán a pedir prestado a los bancos 307 millones de euros, que elevarán la deuda al 3,6 por ciento del PIB, aunque la Comunidad tiene margen suficiente para seguir endeudándose.

Inmaculada García aseguró que este año "vamos a cerrar por encima de la media nacional", gracias al crecimiento del primer semestre del año, que se ha mantenido incluso en el tercer trimestre. Ante el alcance que estaba adquiriendo la crisis, había rebajado su previsión inicial al 1,7 por ciento, aunque admite que "podemos quedarnos algo por debajo".

Tampoco comparte los augurios de recesión y mantiene que la Región seguirá creciendo, aunque no descarta que no llegue a alcanzarse el 1,1 por ciento de la previsión oficial.

La consejera defendió las cuentas de la Comunidad para 2009 asegurando que hay un presupuesto "realista, riguroso y conservador". La caída de los ingresos obligará a recurrir al endeudamiento para hacer frente al gasto público, aunque García recordó que Murcia, con una deuda equivalente al 2,6 por ciento del PIB, se encuentra entre las comunidades autónomas con más margen para pedir dinero a las entidades financieras, dado que está dos puntos por debajo de la media nacional.

En principio, piensa pedir 307 millones, con lo que se alcanzaría el 3,6 por ciento del PIB, aunque la deuda "no superará los mil millones de euros", añadió la consejera.

La Comunidad Autónoma mantiene los convites de Navidad en plena crisis

MURCIA.- El Gobierno regional mantiene las comidas y cenas navideñas previstas por las diferentes consejerías pese a la polémica surgida en los últimos días. Fuentes de Presidencia aseguraron que la decisión se toma «para no perjudicar a la hostelería en plena crisis», según "La Verdad".

Las críticas surgieron a principios de esta semana cuando se supo que Sanidad preparaba un ágape para cerca de 700 altos cargos y funcionarios a costa de unas arcas públicas muy mermadas por la difícil situación financiera que arrastra el Servicio Murciano de Salud.

Finalmente, el departamento que dirige Ángeles Palacios decidió suspender la cita. Sin embargo, el resto de consejerías no seguirá sus pasos.

Se mantendrán las comidas y cenas, aunque Presidencia aclara que los funcionarios «pagarán más de la mitad» del cubierto y defiende que se han ajustado al máximo los presupuestos con los restaurantes. También se seguirán haciendo regalos, aunque habrá recortes, y se enviarán tarjetas.

En este último caso, el Gobierno regional recuerda que el dinero suele ir a parar a ONG, que son quienes editan las tradicionales felicitaciones.

Con las distintas medidas de ahorro, la Comunidad pretende recortar «conforme a los criterios de austeridad y responsabilidad que exige la actual situación económica», pero «sin que desaparezca la tradición».

En total, respecto a años anteriores se espera reducir el gasto «entre un 30 y un 50%».

Por su parte, el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, terció en la polémica y aseguró que «lo único que ha liderado estas últimas semanas para afrontar la crisis» la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, ha sido «la organización de un convite de Navidad para cada consejería, cuando el paro crece cada día en 220 personas en la Región».

La UCO extiende sus investigaciones a los ayuntamientos de Caravaca de la Cruz y Aledo

MURCIA.- Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han extendido sus investigaciones sobre la Operación Biblioteca a los ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y Aledo, con el fin de determinar si dos de los principales implicados en esa trama de corrupción, José Luis Cano y Domingo Peñalver, se enriquecieron aún más, de forma ilícita, con contratos públicos adjudicados por esos consistorios, avanza hoy "La Verdad".

Así se hace constar en un informe elaborado por los investigadores el pasado marzo, en el que señalan que «no se descarta que en un momento más avanzado de la investigación se aprecien nuevas relaciones que apunten a un posible enriquecimiento injusto de Cano Valverde, procedentes de sus actuaciones dentro de la Consejería de Presidencia y relacionados con los municipios de Caravaca de la Cruz y Librilla, ya que lo apuntado hasta ahora tiene que completarse con gestiones pendientes de realizar por los agentes y encaminadas a descubrir nuevos ilícitos penales».

Dentro de la misma línea argumental se reseña que, además de haberse comprobado que ACADI facturó grandes cantidades de dinero a Presidencia y al Ayuntamiento de Librilla, se ha constatado que sólo en el 2006 cobró del Consistorio de Aledo 7.260 euros.

«En el informe que nos ocupa -señalan los UCO- se apunta una nueva línea de investigación, consistente en que José Luis Cano habría podido usar la influencia de su cargo público para asegurarse adjudicaciones de otras entidades locales», al margen, se entiende, de Librilla, que está en el origen del caso.

En los mismos informes policiales se hace constar que ACADI habría suscrito contratos públicos con el Ayuntamiento de Librilla (32), con la Comunidad Autónoma (12, 6 de ellos con Presidencia), 5 con el Consistorio de Caravaca y 7 con el de Aledo.

Además, Cano era socio de la firma Golden Sky, que promueve un gran complejo urbanístico en la finca caravaqueña de El Roblecillo.

La CAM resulta adjudicataria en la segunda subasta de activos por el Tesoro Público

ALICANTE.- Caja Mediterráneo resultó ayer adjudicataria de «una importante cantidad» de dinero en la segunda subasta de activos celebrada por el Tesoro Público dentro del plan de rescate del sistema financiero español.

Una fuente autorizada de la entidad que preside Vicente Sala asegura a "La Verdad" que «hemos acudido esta segunda vez, la primera y cuantas hagan falta para ayudar en todo lo posible a nuestros clientes».

El Tesoro español compró ayer activos dentro del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) por un importe de 7.224 millones de euros a un total de 31 entidades y a un tipo de interés marginal del 3,750%, frente a un importe solicitado de 9.479 millones de euros.

El objetivo no es otro que dar liquidez al sector y reactivar los créditos a familias y empresas. El fondo tenía un máximo de 7.855 millones a tres años, por lo que se ha repartido el 91% del total. Este volumen era el resultado de sumar los 5.000 millones previstos más los 2.885 millones que se quedaron sin adjudicar en la primera subasta.

También Bancaja ha acudido, al igual que en la primera subasta, a esta segunda adquisición de fondos de activos financieros, es decir de la deuda que tiene contraída el sistema financiero (cédulas y bonos de titulización de activos respaldados por cédulas hipotecarias con calificación triple A, el máximo).

La razón del éxito de esta subasta es que los tipos de interés ya han bajado (el 4 de diciembre), y que las entidades necesitan liquidez para cerrar los balances de fin año. Otro factor que ha ayudado es que se ha perdido el miedo a la estigmatización que existió en la primera. Es decir, las entidades, sobre todo los bancos cotizados, temían que el mercado castigara a los hubieran pedido dinero al Tesoro.

Entre las entidades solicitantes -no necesariamente adjudicatarias- de esta segunda subasta se encuentran Bancaja, Banco Sabadell, CAM, Caixa Galicia, BBK, Caixanova, Caja España, Caja Castilla-La Mancha, Caja Duero y Caja Navarra, Cajastur, Cajacanarias, Caixa Sabadell, Caixa de Terrassa, Caixa Tarragona, Caja Vital, Caja Segovia, Caja de Avila, Caja La Rioja y Caja de Jaén.

Los sindicatos UGT, Sicam y Csica siguen negociando con la dirección general de Seguros la venta de tres sedes de la CAM para obtener liquidez, como se había informado. Está previsto ingresar unos 70 millones de euros.

Casi 20 años ha tardado Costas en encargar un estudio sobre los desprendimientos en El Portús

CARTAGENA.- Diecinueve años después de que les desalojaran de sus casas por la caída de rocas, los propietarios de una docena de casas situadas al pie del monte de las Casillas, en El Portús, parece que podrán regresar a ellas pronto, según anuncia "La Verdad".

Después de que el Ayuntamiento haya asumido los trabajos para apuntalar el cerro y construir un muro entre las peñas y las casas, la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia va a encargar la redacción de un estudio técnico para actuar de forma definitiva contra el elevado riesgo de desprendimientos.

«Hay viviendas en una situación precaria por el riesgo de caída de rocas y otras están incluso en ruinas. Nuestro propósito es llevar a cabo unas obras que mejoren la seguridad tanto para quienes estén en los inmuebles como para quienes estén en la playa», señaló la jefa de la Demarcación de Costas, Francisca Baraza.

En el año 2002, la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma bloqueó la iniciativa del Ayuntamiento para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y realojar a los afectados en nuevas casas que serían construidas en la zona norte de Las Casillas.

La Comunidad se basó en un informe vinculante de Costas, que rechazó la idea municipal de considerar El Portús como núcleo consolidado y poder construir a partir de veinte metros desde la línea de costa, en lugar desde los cien.

El proyecto formará parte de uno más amplio para mejorar la accesibilidad a las playas de El Portús y La Losa, por ejemplo desde el camping nudista. «La gente se queja de que cada vez hay menos zona de playa y lo que queremos es recuperar la este entorno para el disfrute público», destacó Baraza.