El ex consejero Marqués declara de nuevo en la Jefatura Superior de Policía de Murcia

MURCIA.- El ex consejero del Gobierno regional, Francisco Marqués, ha declarado durante dos horas esta mañana en la Jefatura Superior de Policía de Murcia ante los agentes que investigan una presunta trama de corrupción urbanística en Águilas.

Según confirmaron fuentes de la investigación, es la Policía y no el juzgado la que llamó a declarar a Marqués en el marco de las investigaciones que está llevando a cabo sobre una presunta trama de corrupción urbanística en Águilas y en la que se detuvo a dos personas el pasado martes en Lorca, como presuntos autores de los delitos de prevaricación, cohecho y contra el medio ambiente, y que ya han pasado a disposición del juez que instruye este caso y el de La Zerrichera.

Marqués estaba en libertad con cargos desde el pasado marzo, cuando fue detenido por orden del titular del juzgado de instrucción nº 3 de Murcia, Antonio Alcázar, que instruye el caso 'La Zerrichera'.

Durante su declaración, Marqués admitió que tenía un piso en propiedad en Hacienda El Hornillo, y que lo había comprado a un precio "muy favorable" por su amistad con la consejera de Economía, Inmaculada García, que es prima de quien se lo vendió, el notario de Lorca y promotor inmobiliario, Sebastián Fernández Rabal.

Se especula conque la declaración de Marqués podría estar relacionada con una nueva imputación a raiz de los datos obtenidos tras las detenciones de Lorca.

El magistrado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, y el fiscal superior, Manuel López Bernal, vienen trabajando de forma muy estrecha con los agentes anticorrupción, de ahí que les confiasen la nueva toma de declaración al ex alto cargo del Gobierno de Valcárcel, según 'La Verdad'.

El objetivo de la citación policial era requerir a Marqués para que ofreciera aclaraciones sobre varios documentos que los agentes han intervenido en los últimos días, fruto de los registros realizados en viviendas y en la sede de la notaría del también imputado Sebastián Fernández Rabal, así como en el domicilio de su hombre de confianza en la promotora Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres.

Los policías están muy satisfechos con el resultado de esos registros, ya que les han permitido intervenir «documentación muy abundante, que habrá que ir procesando y que puede abrir nuevas vías de investigación», según señalan las mismas fuentes.

Éstas aseguran que entre todo ello «se encuentran algunas pruebas que parecen confirmar que la venta de una vivienda a Francisco Marqués, por parte de los responsables de la sociedad Hacienda del Hornillo S.L., fue en la práctica una especie de regalo», debido a su precio excepcionalmente reducido: 104.000 euros para un apartamento en un complejo residencial cuyo precio de mercado, según los informes policiales, rondaba los 300.000 euros.

Ésta es una de las razones por las que tanto Marqués como el notario y constructor Sebastián Fernández, y su apoderado, José Cáceres, están imputados en un delito de cohecho, ya que estiman los agentes anticorrupción que la venta de ese piso habría sido en realidad un pago encubierto por el trato de favor que el primero habría dado a los segundos durante su etapa como consejero. En concreto, habría permitido a Hacienda del Hornillo realizar obras en lugares protegidos por la legislación medioambiental.

Francisco Marqués, director general de HEFAME, continúa imputado por los delitos antes citados, con el pasaporte retirado y con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

(Mientras tanto, los sindicatos de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (HEFAME) ATRAHE y STGH realizaron hoy una jornada de protesta contra los directivos de la empresa por los despidos que se han producido en la misma, para lo cual utilizaron un coche con megafonía).

Decisión judicial

Previamente, Fernández Rabal y Cáceres Olivares habían sido trasladados a las diez de la mañana, por agentes de la Policía Nacional, desde los calabozos de la Jefatura Superior de Polícía, en Murcia, hasta la sede del juzgado nº 3 sita en el Palacio de Justicia.

Ambos fueron conducidos, sin esposas y con el rostro descubierto, desde los calabozos hasta el coche policial. Antes de entrar al Palacio de Justicia, a sus propios calabozos, fueron esposados aunque el notario se puso la chaqueta sobre sus manos para tratar de ocultar las esposas, a la hora de entrar al despacho del magistrado Alcázar para comparecer ante su autoridad. Los dos fueron escoltados por la Policía y estuvieron acompañados del letrado Juan de Dios Teruel.

Los miembros de la UDEF trasladaron simultáneamente desde la Jefatura de Policía al Juzgado nº 3 varias cajas con la documentación requisada estos días en Lorca, Águilas y dependencias de la Comunidad Autónoma, en Murcia.

En ese juzgado de instrucción nº 3 de Murcia concluyó tres horas después la declaración del apoderado de Hacienda El Hornillo S.L., José Cáceres ante el magistrado Antonio Alcázar por un presunto caso de corrupción urbanística en Águilas.

El apoderado, que prestó declaración durante dos horas, ha quedado en libertad, (al parecer, sin cargos), según declaró su abogado, Juan de Dios Teruel al finalizar la declaración.

Acto seguido, el presidente de la misma empresa, Sebastián Fernández, ha entrado para prestar declaración ante el juez y no se descarta un careo con Francisco Marqués en presencia del juez.