miércoles, 11 de febrero de 2009

Algunas propuestas altermundistas ante la crisis global / Attac Murcia

Habría que aclarar primero de qué crisis se está hablando, ¿de una crisis financiera más del capitalismo mundial o de la crisis del capitalismo financiero global? En Attac pensamos que se trata de la crisis del capitalismo, que en la actualidad es un capitalismo financiero global. Y por tanto, las explicaciones que razonan como si se tratara de la explosión de una nueva burbuja financiera del sistema, de la que se volverá tarde o temprano a la economía productiva y keynesiana de antes de la globalización, es una confusión que dificulta el análisis y las soluciones.

Desde la perspectiva de Attac, el proceso de acumulación capitalista ha sufrido una profunda mutación en estos treinta años de globalización. En la actualidad se asienta sobre la creación de valor financiero, lo que implica que el sistema ha sustituido la centralidad del salario (y por tanto del trabajo y de su sujeto social transformador que es el trabajador asalariado), por la centralidad de la renta (y por lo tanto del cambio, quedando pendiente de identificar quién pasaría a ser el nuevo sujeto social transformador).

Esto es relevante porque de ello resulta que el capital ya no se nutre de la apropiación de valor creado por el trabajo, sino que el capital ha pasado a ser hoy la expresión del valor actualizado de un flujo de rentas, y se fundamenta en la creación de valor financiero a partir de la especulación con las cotizaciones bursátiles, con el cambio de divisas, con los créditos y las hipotecas, con los fondos de pensiones… y con las burbujas por venir.

En este planteamiento, la centralidad del sistema ya no es el salario sino el tipo de interés, que se ha convertido en la variable estratégica del capitalismo financiero. De forma muy esquemática podemos decir que cumple tres funciones simultáneas: a) donde interviene el tipo de interés logra crear un espacio financiero que permite medir y calcular; gracias a la gran liquidez de que se ha dotado el sistema, el tipo de interés interviene en cada vez mas ámbitos “no económicos” como las relaciones familiares y afectivas, por ejemplo; b) es el instrumento para elegir y para decidir en los proyectos de inversión de las empresas, a través de la comparación de la rentabilidad del dinero; y c) es un instrumento sancionador, pues a través del riesgo-país los mercados financieros castigan a las situaciones económicas que asumen excesivos “riesgos” (o se alejan de la norma neoliberal).

El capitalismo financiero global tiene una característica adicional: es totalizador; esto es, no quiere dejar nada fuera de su ámbito, lo que supone que todo, las cosas pero también las personas, tiene una existencia económica en tanto y en cuanto se conviertan en activos financieros. El tipo de interés como variable estratégica del sistema explica la importancia de la estabilidad monetaria y financiera en el sistema y establece que la inflación y la volatilidad son los grandes peligros que la amenazan. La gestión de esta estabilidad es tan relevante que se saca de “la política” y se le encarga a los bancos centrales, escamoteándosela a los ciudadanos, gracias a la pretendida independencia de aquellos respecto a los gobiernos, pero no de los mercados financieros.

En 2008 los mercados financieros han entrado en crisis y lo han hecho porque ha colapsado el tipo de interés y la liquidez, esto es los dos grandes instrumentos con los que el capitalismo financiero global funciona y se reproduce. Aunque Attac no es una formación con un proyecto político para administrar el capitalismo -y mucho menos para gestionar su profunda crisis- sí ofrece a la ciudadanía un conjunto de propuestas políticas, que se podrían estructurar en tres bloques:

1º.- Aunque la corrupción y la especulación sean sistémicas, hay que penalizar a los corruptos y a los especuladores financieros. Por tanto, un primer bloque de propuestas son las que de manera muy enérgica se dirigen a sancionar a los corruptos, esto es, a sustituir a las actuales elites financieras mundiales corruptas, persiguiendo judicialmente a los que hayan cometido delitos financieros.

Y cuando falten leyes que les penalicen, la propuesta es presionar socialmente para que se creen, de forma que el delito financiero sea un delito tanto o más grave que los de hurto o robo de bienes materiales de cualquier tipo. Además de acabar con la impunidad financiera que supone la libertad de movimiento de capitales y la ausencia de impuestos a las transacciones especulativas, dentro de este bloque se incluirían propuestas como la prohibición de aplicar de elevadas gratificaciones complementarias a los gestores financieros; el vincular el derecho de voto accionarial a un período mínimo de posesión de las acciones (5-10 años); o el incremento de la transparencia y del control de los lobbys y asesores financieros.

2º.- El segundo bloque se estructura en torno al concepto de control ciudadano de las finanzas. Las propuestas van encaminadas a crear mecanismos sociales, que no han de ser necesariamente estatales o nacionales, de gestión y de control del proceso financiero. Hay que ser conscientes que no le estamos pidiendo al Estado central, ni a los gobiernos autonómicos ni a los Ayuntamientos que gestionen los problemas que ha creado el capitalismo financiero. Aunque le pidamos a los poderes públicos que actúen en la emergencia y que apoyen a los más perjudicados por la debacle financiera, los mecanismos a largo plazo tienen que pasar por procesos sociales de gestión y control. Por tanto, el objetivo sería socializar la banca mas que nacionalizarla o estatizarla, conscientes de que se trata de un proceso largo encaminado a erradicar tanto la corrupción financiera en la banca privada como la enquistada en las instancias estatales y políticas.

Para ello, habría que proceder al cierre efectivo e inmediato de todos paraísos fiscales, la supresión del secreto bancario y profesional (en el caso de los abogados de bufetes financieros) y a un apoyo condicionado a la intermediación financiera de las Cajas de Ahorros, exigiendo que funcionen de otra manera, con otra rendición de cuentas no solo a los impositores sino al conjunto de la ciudadanía. El control social de las finanzas implica igualmente la prohibición de las stock options y de las ventas al descubierto; la fijación de un límite a los activos bajo control y de las operaciones bilaterales al margen del mercado (OTC); y la exigencia de negociar los derivados en mercados normalizados y autorizados entre otras propuestas.

3º.- Y el tercer bloque de propuestas tiene como objetivo la consolidación de un espacio social no financiero donde las decisiones se tomen conjugando criterios de eficacia económica con otros de justicia y de equidad. Lo que se persigue es sustraer a las finanzas aquellos asuntos que la ciudadanía decida mantener fuera del juego financiero.

Las propuestas parten de una defensa explícita y decidida de la fiscalidad directa y progresiva en cada estado, especialmente para financiar los bienes públicos y los servicios sociales, que se quieren sustraer del espacio de las finanzas; en concreto, educación y sanidad como servicios públicos, prevención social, pensiones, bienes públicos, etc.; la creación de un Fondo Especial para afrontar la crisis en cada país constituido a través de una contribución extraordinaria y puntual sobre todas las ganancias de capital superiores a 50.000 euros y con un impuesto extraordinario de un 1% sobre todos los beneficios empresariales del sector financiero; la reversión de los procesos de privatización de la educación, la sanidad, los fondos de pensiones, el agua, etc.; y la implantación progresiva de una renta básica de ciudadanía financiada con impuestos.

La crisis, Bolonia y la UCAM / Antonio Campillo *

Estamos sufriendo la primera crisis económica de la era global, pero sus efectos están siendo muy diferentes en cada país y región, en función de las políticas adoptadas por los responsables públicos en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Por eso conviene distinguir las diferentes escalas geográficas de la crisis, para exigir a cada cual las responsabilidades que le corresponden y para determinar las medidas que es posible adoptar en cada nivel de decisión.

En España, los efectos están siendo más graves que en otros países europeos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria a la que habían contribuido las entidades financieras, los empresarios del sector y los poderes públicos locales, regionales y centrales. Desde el tardofranquismo, la economía española se basó en la construcción, la emigración y el turismo. Desde 1986, dependió también de los fondos europeos. Este modelo se intensificó con la Ley del Suelo de 1998 y la llegada masiva de inmigrantes. España comenzó a crecer por encima de la media europea, pero tenía los pies de barro.

El gobierno de Zapatero frenó la especulación inmobiliaria y aumentó la inversión en educación e investigación, pero estas medidas han sido tardías e insuficientes. España sigue por debajo de la media europea en educación e investigación, y de esto son responsables el gobierno central (el actual y los precedentes), los gobiernos autónomos (que tienen competencias en esas materias) y las empresas (que no invierten en investigación ni valoran el trabajo cualificado).

Un ejemplo del desfase español: la Declaración de Bolonia creó en 1999 el Espacio Europeo de Educación Superior, para que a partir de 2010 todo el sistema universitario europeo esté homologado y facilite la movilidad de estudiantes y profesionales. Pues bien, en España hubo que esperar a 2007 para que se iniciara el proceso de reforma. Además, se inició sin contar con la financiación correspondiente. De ahí que la reforma, aunque en principio sea positiva, se esté realizando en este país de una forma tan traumática, con tantas resistencias e incertidumbres.

En la Región de Murcia, la situación es todavía peor. La crisis está golpeando aquí con más fuerza, porque aquí se adoptó el monocultivo del ladrillo como la gran panacea. El PP murciano estuvo presumiendo de que el PIB regional crecía por encima de la media nacional, y despreció las voces críticas que desde diversas instancias alertábamos del inminente batacazo y denunciábamos las perniciosas secuelas de este modelo: descapitalización de la industria y la agricultura, empleo precario y no cualificado, destrucción del patrimonio natural e histórico, corrupción política, etc. Ahora, el gobierno de Valcárcel no puede culpar a otros ni puede seguir recurriendo a la eterna cantinela del agua y del AVE, sino que ha de afrontar las responsabilidades que le corresponden.

Tras 14 años de gobierno popular, esta región sigue a la cola de España en los indicadores educativos y culturales. Casi un tercio de nuestros adolescentes no termina la ESO. La UE acordó en Lisboa que el 85% de los jóvenes tuviera en 2010 un título de Educación Secundaria Superior. Pues bien, el 49% de los murcianos de entre 20 y 24 años no tenía en 2008 ningún título de Secundaria Superior. Y también han disminuido los matriculados en las universidades murcianas.
En estas condiciones, la inversión en educación, universidades e investigación debería ser una prioridad estratégica del gobierno regional. En lugar de eso, este gobierno ha estado descuidando la red de centros públicos y promoviendo los centros privado-concertados. Y lo mismo ha hecho en el nivel universitario: en lugar de potenciar las dos universidades públicas (UMU y UPCT), se ha dedicado a apoyar el negocio privado de la UCAM, concediéndole toda clase de privilegios, como ha venido denunciando la Plataforma por la Democracia Universitaria.

El último regalo de Valcárcel a la UCAM ha sido el convenio suscrito por el Servicio Murciano de Salud, en virtud del cual varios hospitales públicos de la región, incluido su personal médico, son puestos a disposición de una universidad privada de dudosa calidad, cuya titularidad se dirime en los tribunales y cuyo propietario está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Una vez más, el presidente Valcárcel ha puesto el patrimonio público al servicio de intereses privados. Cuando se le llena la boca proclamando su apoyo al I+D+i, está claro que no tiene ni idea de lo que está diciendo, o tal vez cree que puede seguir engañando impunemente a la ciudadanía e hipotecando todavía más el presente y el futuro de esta región.

* Antonio Campillo es catedrático de Filosofía de la UMU y miembro del Foro Ciudadano.

El Parlamento Europeo sigue breando al depredador urbanismo especulativo de la costa mediterránea española

BRUSELAS.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó hoy, con los votos en contra de los socialistas y los 'populares' españoles, un informe en el que amenaza con congelar los fondos estructurales para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

El informe --aprobado por 23 votos a favor, once en contra y una abstención-- pide la suspensión y la revisión de todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria. Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

Las duras críticas que contiene el informe hacia el urbanismo en España salieron adelante pese a que los eurodiputados del PSOE y del PP habían presentado enmiendas coincidentes para suavizar su contenido y suprimir parte de las denuncias.

La mayoría de estas enmiendas fueron rechazadas porque no contaron con el respaldo de sus colegas conservadores y socialistas europeos, que apoyaron el texto original, elaborado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken, e incluso lo endurecieron.

El informe todavía debe ser votado por el pleno de la Eurocámara, que está previsto que se pronuncie el próximo 26 de marzo. Los socialistas y los populares españoles anunciaron que presentarán una resolución alternativa.

Si sale adelante el texto aprobado este miércoles, será la tercera vez que el Parlamento Europeo respalde un informe que censura los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. En las dos ocasiones anteriores, los socialistas españoles votaron a favor, pero esta vez han cambiado de postura y se han acercado a las tesis defendidas por el PP.

En todo caso, la eurodiputada socialista Maruja Sornosa dijo que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, es el mayor responsable del informe porque no ha ajustado la Ley Urbanística Valenciana a las exigencias de la normativa comunitaria pese a las peticiones de la Eurocámara y la denuncia interpuesta por la Comisión ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El primer informe del Parlamento sobre el urbanismo en España se centraba en la Comunidad Valenciana, mientras que en el aprobado este miércoles se generalizan las críticas al resto del país.

"Si desde el Gobierno del señor Camps se hubiesen hecho las cosas de forma adecuada, en este momento no estaríamos con una mala imagen", afirmó Sornosa, que volvió a reclamar un pacto en la Comunidad Valenciana sobre urbanismo. Indicó en todo caso que el informe del Parlamento "no tiene ninguna validez" y ha salido adelante sólo porque da argumentos a los eurodiputados británicos y alemanes de cara a las elecciones europeas de junio.

En contraste con esta postura, el eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo criticó al Gobierno central por no haber comparecido ante la Eurocámara para "defender el buen nombre de su país", tal y como pidió el PP. También censuró a los socialistas españoles por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España y les acusó de "rectificar tarde".

A su juicio, el informe "es un cañonazo en la línea de flotación de lo que es la salida de la crisis" porque transmite una imagen de España "absolutamente falsa y extraordinariamente dañina para los intereses de las empresas y los trabajadores españoles" al afirmar que el derecho de propiedad no está protegido.

La ponente del informe señaló que su aprobación constituye una "gran victoria" para los denunciantes, y subrayó que la mayoría de ellos son españoles. Auken dijo que espera que el Gobierno español "se lo tome en serio" y recordó que pueden "pedir una congelación de los fondos (europeos) si es necesario".

Su compañero de grupo, David Hammerstein, destacó que "el Partido Socialista y el Partido Popular españoles se han quedado aislados, marginados". "Sus argumentos no convencen a nadie porque hay miles y miles de ciudadanos españoles y europeos que han visto los abusos urbanísticos", remachó.

Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, afirmó que el informe representa un "tirón de orejas muy fuerte a todas las administraciones del Estado". Y va "al centro del problema", que, en su opinión, ha sido "la apuesta por un crecimiento económico totalmente salvaje que ha situado a España en estos momentos de la crisis en el peor estado para poder salir adelante".

El informe denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria". También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".

"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".

El Parlamento asegura que "las personas que hayan adquirido de buena fe una propiedad en España que haya sido declarada ilegal deberían tener derecho a obtener una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles".

El Banco de España no descarta una intervención en las cajas de ahorros

ZARAGOZA.- El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advirtió hoy de que "no se puede descartar" una intervención estatal en los bancos y cajas de ahorros españoles, si bien matizó que por el momento "no es necesario".

"Hasta ahora en España no es necesario, pero a la vista de la intensidad de la crisis, no se puede descartar nada", dijo Fernández Ordóñez al término de su intervención en unas jornadas organizadas por la Federación de Usuarios de Cajas de Ahorros.

El gobernador contestaba así a una pregunta de los periodistas sobre si veía factible la posibilidad de una intervención estatal en las cajas de ahorros si la crisis se endurece, a la que Fernández Ordóñez contestó refiriéndose a todas las entidades financieras, no sólo a las cajas, según precisó posteriormente el Banco de España.

El máximo responsable del instituto emisor recalcó que el sistema financiero español es "muy sólido", pero se enfrenta a "problemas importantes" como el aumento de la morosidad y su elevada exposición al sector inmobiliario.

En este escenario, ahondó, es evidente que no asistiremos a un crecimiento del crédito como en años anteriores, lo que afecta a los resultados empresariales, a lo que se añade el mayor coste de la financiación exterior.

"Todo eso debe llevar a las entidades a saber que necesitan reestructurarse, se fusionen o no", dijo el gobernador, para quien, a veces, "es buena una fusión" como fórmula de aunar fuerzas, de reestructurarse.

"Si una fusión mejora la solvencia y la situación financiera, adelante, lo que nos importa es tener un sistema financiero sólido", insistió el gobernador del Banco de España.

En cualquier caso, Fernández Ordóñez, aseguró hoy que "hay que estar contentos" de que los bancos y cajas de ahorros tengan buenos beneficios, porque éstos son la primera linea de defensa de las entidades frente a la crisis.

"Depositantes y usuarios deben estar muy contentos de que las entidades tengan buenos resultados, es satisfactorio", dijo al término de su discurso en unas jornadas organizadas por la Federación de Usuarios de Cajas.

Fernández Ordóñez afirmó que los beneficios de las entidades financieras están cayendo, pero confió en que desciendan "poco", al tiempo que incidió en la necesidad de que se utilicen para afrontar adecuadamente el "oscuro" escenario.

En este sentido, sostuvo que en el reparto de los beneficios las entidades financieras deben tener en cuenta que la crisis "puede ser muy duradera y deben dejar recursos dentro de las instituciones, no como en otros años", por lo que el organismo vigila "estrechamente" las provisiones que realizan las entidades.

Sobre la contracción del crédito, Fernández Ordóñez describió la situación de "círculo vicioso" en la que cae tanto la demanda como la concesión de los mismos en un entorno de contracción del consumo.

"Todo es verdad, que la demanda de créditos cae es evidente, como pone de manifiesto que se compren menos casas y menos coches, pero es verdad que los bancos, en la medida que la morosidad aumenta y la financiación es complicada, tienen una actitud más cuidadosa a la hora de dar créditos", argumentó.

Cientos de agricultores regalan 2.000 kilos de hortalizas en Madrid

MADRID.- La Coordinadora de Organizaciones de Agricultura y Ganaderos (COAG) repartió hoy frente a la sede en Madrid del Ministerio de Asuntos Exteriores alrededor de 2.000 kilos de tomates y pimientos en señal de protesta contra la revisión del Acuerdo de Asociación que la UE mantiene en materia agrícola con Marruecos.

El encuentro, que comenzó siendo un acto de reivindicación del sector, terminó con una tercera parte de las hortalizas previstas para el reparto tiradas por los suelos tras la recepción de los representantes de la coordinadora por parte del jefe de servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, que expresaron su malestar por no poder ser atendidos por los altos cargos del Ministerio.

Los manifestantes, un millar según la organización y 250 según fuentes policiales, se mostraron reacios a las concesiones europeas frente a la entrada de productos marroquíes y especialmente contra la liberalización de un sector, que se llevará a cabo mediante la firma de unos convenios, que de producirse, podrían ocasionar pérdidas de empleo a un ritmo del 10% anual, según las estimaciones del responsable del sector hortofrutícola de la organización agraria, Andrés Góngora.

"El nuevo acuerdo con Marruecos va a dejar en la cuerda floja a muchos agricultores, ya que muchas multinacionales desarrollan proyectos en ese país, aprovechándose de la mano de obra barata con el único objetivo de esquilmar sus recursos y traer los productos a la Unión Europea", manifestó Góngora.

En esta misma línea, el miembro de la junta ejecutiva nacional de COAG, Miguel Padilla, recalcó que los agricultores no piden ningún tipo de ayuda y subrayó que su única petición es "poder seguir vendiendo los productos".

Tras su encuentro en el Ministerio, Padilla y Góngora comunicaron que sus peticiones habían sido registradas para ser remitidas al secretario de Estado, para que pueda contestarlas en el plazo de una semana.

La tabla reivindicativa de la coordinadora se compone de ocho puntos, vertebradores entre los que destaca la aplicación efectiva de los mecanismos de control de los acuerdos que regula la entrada de los productos hortofrutícolas provenientes del Norte de África, y la no ampliación de los contingentes actuales de exportación y adaptación.

COAG también reclama el mantenimiento del principio de preferencia comunitaria, así como el establecimiento de medidas compensatoria para los productos españoles, la facilitación de información precisa sobre el estado del acuerdo entre Bruselas y Rabat, el rechazo a la liberalización de aquellos productos catalogados como 'no sensibles', y la inclusión de cláusulas sobre condiciones laborales, sociales y medioambientales en los terceros países con los que la UE mantiene acuerdos comerciales.

Barreda reitera su apuesta por la caducidad del Tajo-Segura y se muestra muy seguro de ganar

MADRID.- El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, reiteró anoche la apuesta por mantener la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015 y asegurar la reserva de los 600 hectómetros para el uso de la cuenca del Tajo-Segura.

Antes de asistir en Madrid a la entrega de los 'Premios Castellano-manchegos del Mundo' que otorga la Junta y Unidad Editorial, Barreda pidió un "esfuerzo de flexibilización" y rechazó las críticas vertidas desde el PP, en las que le acusaban de no querer aprobar el texto autonómico.

Si no hubiera querido, explicó el presidente castellano-manchego, "me hubiera bastado con no mover ni una coma para que el Estatuto resultara imposible".

Tras recordar que desconoce las enmiendas presentadas por los 'populares', incidió en que las de los socialistas cuentan con el visto bueno del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando se conozcan las presentadas desde el PP, llegará el turno, concretó, de "abrir la Comisión del Constitucional para discutir las enmiendas".

Por otra parte, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, ha manifestado hoy que si el Congreso aprueba las enmiendas del PSOE a la reforma del Estatuto de Autonomía de esta comunidad, "el trasvase Tajo-Segura sería ya historia".

Según su interpretación, los 600 hectómetros cúbicos de caudales "no trasvasables" que el PSOE ha introducido en sus enmiendas para satisfacer las necesidades de la cuenca del Tajo suponen una reserva estratégica en los embalses de cabecera del río que, de facto, supondrá la caducidad del trasvase Tajo-Segura.

A su juicio, el que no se mencione en las enmiendas que la reserva estará en la cabecera del Tajo o que el río debe llevar 12,7 metros cúbicos por segundo en Aranjuez responde a "un nuevo esfuerzo de flexibilización" por parte de Castilla-La Mancha, pero, "en esencia", el contenido es el mismo.

Rodríguez ha manifestado que ayer fue un "día alegre" y ha aplaudido la labor del presidente regional, José María Barreda, en defensa de los intereses de la Comunidad, pues ha logrado "el mejor acuerdo" para Castilla-La Mancha.

También el portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Moreno, expuso que los requerimientos de agua para este año en esta Comunidad son de 3.000 hectómetros cúbicos, por lo que «una enmienda para que en el futuro se reserven 600, se queda corta como pretensión».

Moreno defendió que el texto incorpore la «extinción» del trasvase, ya que la referencia del PP a una «revisión» en 2015 podría ser al alza.

La CAM lanza un préstamo para unificar deudas

MURCIA.- Caja Mediterráneo ha creado el Préstamo Reestructura de Garantía Personal, que permite unificar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales, creando un nuevo préstamo con una cuota mensual inferior. Dentro de este nuevo préstamo se pueden incluir recibos pendientes de hasta 90 días.

Adicionalmente, esta nueva modalidad de préstamos permite hasta 6 meses de carencia para afrontar problemas de disminución temporal de los ingresos, y contratar a la vez un Plan de Protección Total, con coberturas ante posibles casos de desempleo, invalidez o fallecimiento.

Jesús Samper rechaza el concurso de acreedores del Real Murcia

MURCIA.- Jesús Samper, ex presidente y accionista del Real Murcia , ha manifestado hoy en un comunicado de prensa su desacuerdo con la presentación de solicitud de concurso de acreedores y aclara su posición ante la crisis que atraviesa la entidad.

Samper manifiesta en el comunicado que se opuso desde un principio a esta medida al considerar que el Club no está en situación de suspensión de pagos y tenía -y tiene- otras salidas a su situación actual.

Dado que la participación de Samper en el Real Murcia es minoritaria, se vio forzado a abandonar la presidencia del Consejo de Administración del Club ante la imposibilidad de hacer valer sus propuestas.

De esta forma, ante el concurso de acreedores presentado el lunes, y que ha puesto al Club en una posición delicada –sobre todo, de cara al futuro- Samper reitera su desacuerdo con una medida que, a su juicio, ha llevado al Real Murcia a una situación a la que no estaba necesariamente abocado.

Al mismo tiempo, Jesús Samper ratifica en el comunicado su compromiso con el Real Murcia, al que asegura que seguirá vinculado y por el que seguirá trabajando en la medida de sus posibilidades como accionista minoritario.

La fiscal de Cartagena insiste en aclarar si cinco ex jefes de 'Navantia" se quedaron con dos millones de euros

CARTAGENA.- La fiscal jefa de área de Cartagena, Verónica Celdrán, está cumpliendo al pie de la letra esta máxima de la investigación judicial para tratar de esclarecer si la caja B descubierta hace cuatro años en los astilleros de Navantia servía no sólo para favorecer a empresarios con la adjudicación fraudulenta de contratos, sino también para enriquecer a quienes manejaban el dinero negro, cinco ex directivos, según 'La Verdad'.

Celdrán ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción 2 y decano de Cartagena, Jacinto Aresté, ampliar las investigaciones para saber si esos jefes cometieron no sólo un presunto delito de falsedad documental, sino también otro de apropiación indebida.

Quienes tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados son el ex director de la división de Motores de Navantia, José del Pino; el ex director de Motores Cartagena, Luis Rodríguez Bustelo; el ex jefe de Planificación de Motores, Luis Armada Vadillo; el ex gestor de Producción, Diego Sánchez Sánchez; y el ex jefe de Posventa, Emilio Sánchez Álvarez; así como un sexto imputado: J. M. Z., socio de la empresa subcontratada Zafrucsa. Les investigan por el presunto desvío de unos 2 millones de euros del astillero público a través de la subcontrata.

La clave está en 13 facturas emitidas por Zafrucsa y pagadas por la fábrica de Motores a cuenta de trabajos nunca hechos. El agujero fue descubierto en febrero de 2005 y casi todos los sospechosos han reconocido que había una contabilidad paralela de cientos de miles de euros.

Algunos dijeron que el dinero se usaba para pagar comisiones a intermediarios y poder optar a contratos internacionales para el astillero. Pero han negado que fuera para provecho particular.
Sin embargo, la fiscal ha pedido diligencias de investigación complementarias. Tras la fase de diligencias previas, la fiscal considera que deben revisarse cuentas bancarias y documentos sobre inmuebles y otras propiedades de los imputados.

La petición de nuevas pesquisas se enmarca en un recurso contra la decisión de encauzar el caso del Pino mediante el Procedimiento Abreviado (PA) sólo por falsedad documental. Este delito está castigado con una pena de tres a seis años de cárcel; a ella se podría sumar otra de uno a seis años de prisión por apropiación indebida.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ha aprobado el nombramiento del capitán de navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada Pedro Quintana-Lacaci y Ramos como jefe del programa de submarinos S80, los cuatro sumergibles que construye Navantia en su astillero de Cartagena.

El nombramiento de Quintana-Lacaci, a propuesta del jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Manuel Rebollo García, fue publicado ayer en el Boletín Oficial de Defensa (BOD).

Los nuevos sumergibles de la Armada comenzarán a ser entregados a partir del año 2013, según las mejores previsiones ministeriales.

La auditoría sobre la gestión del ex alcalde socialista de Ceutí desvela que faltan justificantes de pago y de gasto

MURCIA.- El aparente desbarajuste existente en los contratos públicos suscritos por el Ayuntamiento de Ceutí, durante los últimos años de gestión del alcalde socialista Manuel Hurtado (ahora senador), se extiende también en apariencia a los expedientes de adquisición de obras de arte, que se convirtieron en el santo y seña de este municipio.

Una auditoría, encargada hace dos años con el beneplácito de PP, PSOE e IU, y de cuyos resultados viene informando La Verdad, desvela un innumerable cúmulo de irregularidades en la gestión municipal que también alcanzan, de lleno, a los expedientes de compra o donación de esculturas, pinturas y otras obras de arte.

Así parece demostrarse por las conclusiones del informe que los auditores realizan, por ejemplo, sobre la adquisición de once esculturas a la firma MAGISA. El importe total de las operaciones ascendió a 453.163,14 euros.

Pues bien, para empezar ni siquiera hay constancia en los expedientes de que tal gasto fuese autorizado por el Pleno del Ayuntamiento. Pero, además, tampoco existe constancia de los justificantes de gasto por importe de 84.748 euros (más de 14 millones de pesetas), ni justificantes de pago por 34.782 euros (cerca de seis millones de pesetas).

Sin embargo, lo que parece causar mayor extrañeza a los auditores es que, pese a que el denominado Contrato Privado de Creación Artística se celebra entre el Ayuntamiento de Ceutí y la citada MAGISA, parte del importe (194.862,60 euros; unos 32 millones de pesetas) son facturados por la empresa de arte a dos constructoras (Aglomerados Los Serranos y UTE Dragados), sin que en el expediente se justifique qué tipo de vinculación existe entre esas compañías, MAGISA y el Consistorio.

Fuentes del actual gobierno municipal sí han confirmado que estas constructoras se encuentran entre las principales adjudicatarias de obra pública en el municipio. En concreto, Los Serranos son los constructores y adjudicatarios de la explotación del aparcamiento subterráneo de la plaza del Ayuntamiento y de la urbanización de la Unidad de Actuación Número 4, así como de numerosas obras de pavimentación.

El ex alcalde Hurtado ha señalado que el pago de esas esculturas por parte de las dos empresas citadas se hizo en concepto de donación, aunque no se registraron en los expedientes como tales.

Los auditores sí han comprobado que las obras de arte están repartidas por las calles, a excepción de una escultura de Mar Solís, que el Consistorio no ha recibido en apariencia, pese a que habría sido abonada como el resto. Y no se trata de una obra que pase fácilmente desapercibida, pues su descripción señala que tiene 5,3 metros de altura y está realizada en acero corten.

Frente a la posible desaparición de obras de arte, que es un hecho que queda reflejado en varios apartados de la auditoria, Hurtado se ha limitado a señalar que todas llegaban al Ayuntamiento y que deben estar expuestas o guardadas en algún almacén.

Propietarios de Sierra Escalona y Sierra de Carrascoy piden al Parlamento Europeo la suspensión de ayudas a Valencia y Murcia

MURCIA.- El asesor jurídico de las asociaciones de propietarios de Sierra Escalona, en Orihuela, y Sierra de Carrascoy, en Murcia, Diego de Ramón, se ha dirigido por escrito al Parlamento Europeo para que se abra una investigación sobre la extensión de zonas protegidas en sitios menos propicios que otros y para saber por qué se han elegido precisamente esas zonas y no otras en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

El letrado de los afectados habla de abusos urbanísticos a sus defendidos, incluso tras la resolución del Parlamento Europeo de junio de 2007, con vulneraciones graves de la propiedad privada en el caso de Sierra Escalona, donde el Consell aumenta la imposibilidad de protección por las servidumbres de paso en el citado parque natural, a la vez que no señala nuevas zonas para ello por los intereses urbanísticos de empresas valencianas que se disputan las zonas ya recalificadas.

En Murcia, el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del parque regional del Valle-Carrascoy también vulnera, a su juicio, derechos de propiedad al no ajustarse a los límites del LIC (Lugar de Interés Comunitario), encubriendo una expropiación forzosa por fijar una doble protección en algunas zonas, sin justificar con el rigor científico adecuado y sin un mapa debatido con los grupos sociales reconocidos.

En ambos casos, De Ramón constata tala de pinos en terrenos de propiedad privada, que se extienden a terrenos colindantes a la zona protegida para percibir más ayudas europeas sin que se den legitimadoras justificaciones técnicas de rigor al existir ya urbanizaciones con miles de viviendas en el caso de Sierra Escalona.

En su escrito de súplica, el abogado de ambas asociaciones habla de que las víctimas de esta urbanización extensiva han sufrido continuas violaciones de sus derechos fundamentales, cuando sólo la Comunidad Valenciana ha recibido ayudas de la Unión Europea por un montante de 5.800 millones de euros desde 1.990, por lo que solicita también que se proteja el valor económico de los propietarios, junto con sus derechos inherentes a la propiedad privada, y su justa compensación.

(Aprovecha para recordar que las autoridades de Valencia y Murcia todavía no han puesto en marcha los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para compensar a las víctimas de abusos urbanísticos propiciados por su legislación específica).

Que se paralice todo tipo de extensiones de las zonas declaradas protegidas y las ayudas económicas que tengan que recibir ambas regiones hasta tanto no se verifiquen los extremos expuestos de extensión de la protección sobre lo más fácil pero no comprometiéndose con políticas de protección de nuevos parajes de valor ambiental aunque estén cerca de urbanizaciones.

Tras exponer la falta de claridad, precisión y seguridad jurídica del derecho de propiedad en España y la falta de aplicación adecuada y coherente de la legislación ambiental, el letrado señala en su escrito al Parlamento Europeo que ambos extremos son la causa de muchos abusos y laxitud en los procedimientos judiciales, que han generado una forma de corrupción endémica, donde el ciudadano europeo es la primera víctima.

Pide también que las autoridades presupuestarias de la Unión Europea congelen o interrumpan los fondos para persuadir a un Estado miembro de que ponga fin a violaciones graves de las reglas y principios que está obligado a respetar en virtud de los tratados y mantenerlos en reserva hasta que estos problemas se resuelvan, incluso pedir la devolución de lo ya recibido para financiar proyectos que no respeten las reglas comunitarias.

Y que se abra una investigación por el Tribunal de Cuentas europeo sobre la fiscalidad de los fondos recibidos sobre temas de la Red Natura 2000 y otros para protección de parques naturales o zonas protegidas medioambientales, requiriendo a las regiones de Valencia y Murcia para que cumplan la resolución del Parlamento Europeo del 21 de junio de 2006.

Concluye el representante legal de ambas asociaciones su petición, sugiriendo que la investigación solicitada debería ser previa a la aprobación de nuevas ayudas y subvenciones a las regiones de Valencia y Murcia mediante una supervisión imparcial de la Dirección General XI de la Comisión Europea y que se señalen nuevas zonas a proteger en distintos sitios de la costa valenciana y murciana, necesitados verdaderamente de esa protección ante la alta tasa de urbanización ya existente.

La Región registra el segundo precio más barato de España por m2 en viviendas de segunda mano

MURCIA.- La Región de Murcia registró un precio medio de 1.916 euros por metro cuadrado en viviendas de segunda mano, el segundo más bajo de España, sólo por encima de Castilla La Mancha, que registró 1.951 euros, según datos de Fotocasa.es.

Por el contrario, las tres comunidades autónomas más caras fueron el País Vasco, con 3.957 euros, la Comunidad de Madrid con una valor por metro cuadrado de 3.392 euros, y Cataluña con 3.327 euros, según datos del Fotocasa.es.

Así, se trata de las tres comunidades más caras porque la media situó en los 2.541 euros por metro cuadrado en enero, lo que supone un 10% menos que en el mismo mes del pasado año y la vuelta a los valores de julio de 2005.

Además, los precios cayeron un 2,8 por ciento en enero respecto al mes precedente, registrando variaciones negativas en todas las comunidades autónomas excepto en Canarias, Baleares, Cantabria, Andalucía y La Rioja, que experimentaron incrementos inferiores al uno por ciento.

La comunidad que registró el mayor descenso fue Aragón, con una caída del 3 por ciento, seguida de Castilla-La Mancha (-1,6 por ciento) y Cataluña (-0,9 por ciento).

Por otro lado, el portal inmobiliario indica que el precio de la vivienda en alquiler en España se situó en 8,95 euros por metro cuadrado al mes en enero de 2009, lo que representa un descenso del 6,8% respecto al mismo mes de 2008.

Sólo cuatro comunidades autónomos superan el precio medio de alquiler a nivel nacional. En primer lugar, se sitúa el País Vasco, con 11,65 euros, a la que le siguen Cataluña, con 11,09 euros; Madrid (11,01 euros) y Aragón (9,16 euros).

En cuanto a la evolución del precio del alquiler, las principales caídas se produjeron en Comunidad Valenciana y Cataluña, con descensos del 8,1%, y Aragón (-7,1%), frente a los incrementos en Galicia (+7,6%), en el País Vasco (+3,7%) y en Extramadura (+1,9%).

Los pantanos de la cuenca del Segura aumentan en 26 hectómetros cúbicos su capacidad en la última semana

MURCIA.- Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 305 hectómetros cúbicos, por lo que aumenta en 26 hectómetros cúbicos su capacidad con respecto a la pasada semana, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

En comparación con el año anterior, los embalses del Segura disponen de 100 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha de 2008, y 97 hectómetros cúbicos más que la media que suele almacenar en esta época del año (203 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura siguen siendo los que almacenan menos agua del país, ya que se encuentran al 27 por ciento de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hidráulica está al 56,5 por ciento de su capacidad, ya que almacenan 30.698 hectómetros cúbicos, lo que representa un aumento de 1.561 hectómetros cúbico -2,9 por ciento- más que la semana pasada.

No obstante, la cuenca del Ebro disminuyó 21 hectómetros cúbicos, mientras que la del Tajo aumentó 357 hectómetros cúbicos. Las precipitaciones fueron abundantes en todo el país, y la máxima se produjo en Navacerrada (Madrid) con 99,5 litros por metro cuadrado.

Por ámbitos, Galicia Costa se encuentra al 82,5 por ciento; Miño-Sil, al 79,4; Cantábrico, 87,8; Cuencas internas del País Vasco, al 90,5; Duero, al 63,3; Tajo, al 51,3; Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura), al 51,6; Cuenca Atlántica Andaluza, al 55,3; Guadalquivir, al 46; Cuenca Mediterránea Andaluza, al 47; Segura, al 27; Júcar, al 32,6; Ebro, al 73,8; y las cuencas internas de Cataluña, al 79,6.

Murcia registra en 2008 un 6,1% de efectos de comercio impagados sobre vencidos

MURCIA.- La Región de Murcia registró en 2008 un 6,1 por ciento de efectos devueltos impagados sobre vencidos, por encima de la media nacional del cinco por ciento, y el tercer porcentaje más alto de España por Comunidades Autónomas, sólo por detrás de Canarias que tuvo un 8,5 por ciento y Andalucía con un 6,8 por ciento.

Por el contrario, la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco fueron las comunidades autónomas con menor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos, con un 3,3 por ciento y un 3,5 por ciento, respectivamente, según la Estadística de Efectos de Comercio Impagados Año 2008 y Diciembre 2008 publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, la Región de Murcia registró 3,8 millones de efectos vencidos por un importe de 14.384 millones de euros, mientras que los efectos impagados ascendieron a 236.316, por un importe de 1.044 millones de euros.

Además, la Región registró un importe medio de los efectos de comercio impagados de 4.421 euros, el sexto mayor de España por Comunidades Autónomas. En este sentido, Andalucía con 5.076 euros e Illes Balears con 4.818 euros fueron las comunidades con mayor importe medio. Por su parte, Cataluña y Principado de Asturias fueron las de menor importe medio, con 1.987 y 2.131 euros, respectivamente.

En el conjunto de España, el importe de los efectos de comercio devueltos impagados ascendió a 21.130 millones de euros durante 2008, cifra superior en un 83,9 por ciento a la de 2007, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El número de efectos de comercio devueltos por impago subió el año pasado un 32,2 por ciento, hasta superar los 6,7 millones, mientras que el importe medio de estos efectos se incrementó un 39 por ciento, hasta los 3.118 euros.

Estos datos contrastan y superan los registrados en los últimos dos años. En 2007, el número de efectos impagados subió sólo un 3,9 por ciento, mientras que el importe de dichos efectos se incrementó un 27,9 por ciento. En 2006, el volumen de efectos devueltos por impago cayó un 3,4 por ciento y el importe se redujo un 4,7 por ciento, hasta 8.987 millones de euros.

Según el organismo estadístico, el cinco por ciento de los efectos de comercio vencidos resultaron impagados en 2008, un punto y medio más que en 2007.

En el mes de diciembre, la Región de Murcia registró un 7,3 por ciento de efectos devueltos impagados sobre vencidos, por encima de la media nacional del 5,7 por ciento, y el tercer porcentaje más alto de España por Comunidades Autónomas, sólo por detrás de Canarias que tuvo un 9,1 por ciento y Andalucía con un 7,4 por ciento.

Por el contrario, las comunidades con menor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos fueron País Vasco y Comunidad Foral de Navarra, ambas con 4,0 por ciento.

Concretamente, la Región de Murcia registró 313.791 efectos vencidos por un importe de 1.062 millones de euros, mientras que los efectos impagados ascendieron a 22.983, por un importe de 107.167 millones de euros.

Según el importe medio de los efectos de comercio impagados, Andalucía con 5.364 euros, Región de Murcia con 4.663 euros y Extremadura con 4.583 euros son las comunidades autónomas con mayor importe medio.

En el conjunto de España, sólo en el mes de diciembre, el volumen de efectos devueltos por impago aumentó un 43,9 por ciento respecto a igual mes de 2007, hasta totalizar 670.509. El importe de estos efectos sumó 2.024 millones de euros en el último mes del, un 61,6 por ciento más.

Por undécimo mes consecutivo, el importe medio de los efectos de comercio impagados superó al de los efectos vencidos. En concreto, el importe medio de los efectos impagados se situó en diciembre de 2008 en 3.019 euros, un 12,3 por ciento superior al de igual mes de 2007, mientras que el de los vencidos ascendió a 2.570 euros, un siete por ciento menos.

El porcentaje de los efectos de comercio impagados sobre vencidos cayó alcanzó en diciembre el 5,7 por ciento. En el último mes de 2008, el número de efectos de comercio impagados aumentó un 61,8 por ciento en las cajas de ahorro, un 52 por ciento en las cooperativas de crédito, y un 36,2 por ciento en los bancos.

En diciembre, el importe medio de los efectos de comercio impagados en las cajas fue de 3.493 euros, mientras que en las cooperativas de crédito ascendió a 3.473 euros y en los bancos, a 2.758 euros.

El porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos alcanzó el 5,8 por ciento en el caso de las cajas de ahorros, mientras que en los bancos y cooperativas fue del 5,7 por ciento.

El 76,6 por ciento de los efectos que vencieron en diciembre eran efectos en cartera, mientras que el 23,4 por ciento restante eran efectos en gestión de cobro de clientes. El porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos fue mayor para los efectos de comercio en cartera (6,1 por ciento) que para los efectos de comercio en gestión de cobro de clientes (4,5 por ciento).

También el importe medio de los efectos de comercio impagados fue mayor para los efectos en cartera (3.222 euros) que para los efectos en gestión de cobro de clientes (2.120 euros), siendo las cajas de ahorros las entidades con mayor importe medio en cartera (3.762 euros) y los bancos los que registraron mayor importe en gestión de cobro de clientes (2.137 euros).

En diciembre, las comunidades autónomas con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos fueron Canarias (9,1 por ciento), Andalucía (7,4 por ciento), Murcia (7,3 por ciento) y Extremadura (7 por ciento). Por el contrario, las comunidades con menor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos fueron Navarra y País Vasco, ambas con un cuatro por ciento.

Según el importe medio de los efectos de comercio impagados, Andalucía, Murcia y Extremadura fueron las regiones con mayor importe medio en diciembre, con 5.364, 4.663 y 4.583 euros, respectivamente, mientras que Cataluña y La Rioja registraron los menores importes, con 1.833 euros y 2.348 euros, respectivamente.

La Plataforma de Defensa del Transporte convoca a los camioneros a un paro desde el 27 de febrero

MADRID.- La Plataforma en Defensa del Transporte ha convocado a los transportistas de mercancías por carretera a secundar un paro indefinido a partir del próximo 27 de febrero, según informó la organización.

Con esta convocatoria, la plataforma pretende denunciar la situación del sector e instar al Gobierno a abrir una negociación sobre las medidas que proponen para garantizar la subsistencia de sus empresas, que se está viendo agravada por la actual coyuntura de crisis.

La Plataforma en Defensa del Transporte, que ya secundó el paro realizado en el sector en junio de 2008, asegura representar a unas 20.000 empresas y autónomos.

Entre las reivindicaciones de este colectivo destaca la condonación del IVA del ejercicio 2008, permitir una carencia de un año en los créditos del sector y la "inmediata" aplicación de la Ley de la morosidad, fijando el cobro de los servicios de transporte en un plazo máximo de 30 días, con sanciones para los incumplidores.

Asimismo, piden que el Gobierno abra una negociación sobre un paquete con estas y otras medidas que ayuden a las empresas transportistas, por considerar ineficientes las aprobadas tras el paro de junio del pasado año.

La plataforma asegura haber remitido ya escritos al Ministerio de Fomento y al Ministerio de Economía y Hacienda planteando su convocatoria de paro indefinido a partir del 27 si no se abre antes la referida negociación.

Defensa adjudica a Repsol y Cepsa contratos de suministro de combustible por siete millones

MADRID.- El Ministerio de Defensa ha adjudicado a Repsol YPF y a Cepsa el suministro de combustible a distintas unidades del Ejército por cerca de siete millones de euros, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De estos contratos, el más cuantioso es el de suministro de gasóleo B para buques en puertos nacionales, del que se hará cargo Repsol y que tiene un valor de 3,75 millones.

El grupo presidido por Antonio Brufau también se ha adjudicado un lote del suministro de combustible de automoción a parques móviles, valorado en 1,01 millones, y un contrato por 600.000 euros para aprovisionamiento de aeronaves.

Por su parte, Cepsa se ha adjudicado el lote uno del contrato de parque móvil, por 948.000 euros, y el suministro de gasóleo C por 750.000 euros. Como parte del proceso de adjudicaciones, a Disa se le ha asignado un lote de combustible a parques móviles por 12.000 euros.

La entidad adjudicadora de todos los contratos anteriores es la Dirección de Abastecimiento y Transporte de la Armada.

Por su parte, Brugarolas se hará cargo del suministro de lubricante en la Base Aérea de Getafe por 121.995 euros, en un contrato concedido por el Centro Logístico de Material de Apoyo.

Zapatero: el "brusco bloqueo" de la liquidez ha "yugulado" la economía

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró anoche que "el brusco bloqueo" de la liquidez es, sin duda, responsable "en buena medida" de que se haya "yugulado" la actividad y de que se haya resentido tanto el empleo, especialmente en algunos sectores muy intensivos en mano de obra.

Durante su séptima comparecencia en el Congreso de los Diputados para hablar de la crisis, Zapatero afirmó que en los últimos años "se han cometido muchos excesos" y que ahora los ciudadanos están pagando "la codicia ilimitada" y la "especulación irresponsable" en la que incurrieron aquellos que se aprovecharon de unos mercados financieros "mal regulados".

Sin embargo, el presidente del Gobierno insistió una vez más en que el sistema financiero español ha resistido "con éxito" al terremoto de septiembre, aunque no ha sido inmune a la caída de la confianza, que ha provocado la restricción de crédito y ha estrechado la liquidez de muchas empresas.

Por este motivo, aseguró que permanecerá "especialmente atento" a la evolución del crédito en España, consciente de que la recuperación económica pasa necesariamente por que éste fluya de las entidades financieras a las familias y las empresas. "Quiero reiterar que el Gobierno ha hecho y hará todo lo que está en su mano para que eso suceda", subrayó.

En este sentido, afirmó que el Ejecutivo impulsará una acción coordinada internacionalmente para evitar el colapso del sistema financiero; que movilizará, a través del ICO, el mayor volumen de recursos de la historia para financiar a las empresas, y que será flexible a la hora de introducir nuevas líneas y modificar las existentes, siempre y cuando ello contribuya al reestablecimiento del canal de crédito.

El jefe del Ejecutivo aseveró una vez más que Gobierno es consciente de que hay que amortiguar los "graves problemas de liquidez y financiación" que hoy viven muchas pequeñas y medianas empresas, y que sabe que la estabilidad de los mercados financieros es una condición "previa e imprescindible" para la reactivación económica.

En este sentido, insistió en que el Ejecutivo, movido por esta convicción, adoptó durante el último trimestre del año las medidas necesarias que consideraba "indispensables" para restaurar la normalidad en las condiciones de acceso al crédito por parte de los ciudadanos.

En concreto, se refirió al Fondo de Adquisición de Activos Financieros y recordó que ha realizado ya cuatro operaciones de compra de activos de la "máxima calidad" por un importe superior a los 19.000 millones de euros, al tiempo que se ha concedido la autorización a 53 entidades de crédito para utilizar, previo pago de la prima correspondiente, la garantía del Estado en las emisiones de deuda que lleven a cabo durante 2009.

Asimismo, destacó que, hasta la fecha, no ha sido necesaria ninguna actuación del Fondo de Garantía de Depósitos ni tampoco se ha juzgado necesario aplicar la medida cautelar de reforzamiento del capital de ninguna entidad española. "No ha habido pues, inyección directa alguna de fondos públicos a ningún banco o caja de ahorros", subrayó.

Por otro lado y ante la preocupación del Gobierno en una situación de demanda muy debilitada y un endurecimiento "claro" de las condiciones de acceso al crédito, recordó que el Ejecutivo ha establecido la mayor movilización de recursos financieros de la historia, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con cerca de 30.000 millones de euros. "Todas las líneas ICO que anuncié en mi comparecencia de finales de noviembre, ya están operativas", aseveró.

No obstante, subrayó que habrá que esperar algunas semanas para apreciar su alcance y efectividad, aunque insistió en que a través de estas líneas ya se han concedido créditos a más de 2.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos por un volumen total de 185 millones de euros.

Zapatero recordó que en la última reunión con los principales responsables del sistema financiero español se abordó el mayor esfuerzo que empresas y familias tienen que hacer para poder financiar sus decisiones de gasto, y que, contando con la colaboración y compromiso de las entidades, el Gobierno decidió impulsar y flexibilizar algunas de estas líneas de apoyo a la financiación para que lleguen con más efectividad a los ciudadanos.

De hecho, el presidente consideró que "todo apunta" a que la nueva línea ICO-Liquidez, destinada a financiar el capital circulante de las pymes, tendrá tanta aceptación que agotará, en pocas semanas, su dotación (10.000 millones de euros).

Además, recordó que el Gobierno ha autorizado el traspaso de fondos desde la línea ICO-Pyme a la línea ICO-Liquidez y ha previsto la ampliación de su importe en el caso de agotamiento de la dotación económica de ambas líneas, al tiempo que ha ampliado el plazo máximo más dilatado de la línea ICO-Moratoria pyme 2009 hasta cinco años, y ha aprobado modificaciones de la línea ICO-Moratoria Hipotecaria para favorecer su eficacia.

Con todo, reiteró que el Estado ha puesto sus recursos, a través del ICO, al servicio de dos objetivos esenciales del Gobierno: favorecer la liquidez y la inversión de las pequeñas y medianas empresas con el fin de que puedan continuar su actividad y, con ello, mantener su nivel de empleo; y facilitar a los parados y autónomos que hayan perdido su negocio el pago de las cuotas hipotecarias.

Más de mil personas trabajan ya en la ampliación de 'Repsol' en Escombreras

CARTAGENA.- Más de mil personas trabajan actualmente en la ampliación de la refinería de Repsol en el Valle de Escombreras. El director de la planta de Cartagena, Francisco Vázquez, adelantó a La Opinión que las obras marchan a muy buen ritmo y que siguen "bajo programa", ya que la crisis económica no afecta al proyecto de Repsol. "No hemos tenido ningún tropiezo y esperamos seguir así", destacó Vázquez.

Actualmente ya se ha ejecutado el seis por ciento de los trabajos de obra civil y el ochenta por ciento de los de ingeniería. "La cosa va muy bien y esperamos que para finales de 2010 las plantas estén listas para arrancar como está previsto", aclaró el director de la factoría del Valle de Escombreras.

El proyecto de ampliación de Repsol prevé la construcción de veintidós nuevas unidades que les permitirán aumentar hasta once millones de toneladas su capacidad de refino, que actualmente es de cinco. Esto supondrá que se reduzcan un 33 por ciento las importaciones españolas de destilados medios como los gasóleos, y hasta un treinta por ciento las de coque de petróleo.

Para su nueva planta, la refinería necesitará 310 nuevos trabajadores; 150 operadores de planta; 33 de mantenimiento mecánico; 13 de mantenimiento eléctrico y control: nueve analistas; 61 técnicos medios y 39 técnicos superiores. A estos se sumarán los 400 trabajadores que se contratarán de forma indirecta y los 1.500 inducidos, lo que supone un total de 2.200 empleos.

Además, durante la construcción de la nueva refinería habrá picos de hasta seis mil trabajadores, lo que ha obligado a la compañía a buscar soluciones a diversos problemas logísticos, como la comida, ya que actualmente no posee infraestructuras suficientes para atender a tantos empleados.

En total, la empresa petroquímica invertirá en Cartagena más de 3.200 millones de euros, lo que, según los responsables de Repsol, es la inversión industrial más importante de toda la historia de España.

Con esta ampliación, Repsol producirá el gasoil más ecológico del mercado, ya que el tanto por ciento de biocombustible que incorporará a sus gasóleos ya duplica las exigencias mínimas del ministerio de Industria.

Los socialistas no murcianos pretenden poner límites de fecha y caudal al Tajo-Segura

MADRID.- Los socialistas, no los murcianos o valencianos, proponen 600 hectómetros 'no trasvasables' y hablan de 2015 como la fecha de 'la extinción del Tajo-Segura' tras agrupar todas sus propuestas en nueve enmiendas, que afectan al preámbulo y nueve títulos del Estatuto de Castilla-La Mancha, y que han presentado en solitario al apreciar que la negociación con el PP estaba bloqueada y que este partido decía cosas diferentes en Castilla-La Mancha y en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia.

Al menos, eso recogen las enmiendas presentadas por el grupo socialista a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, propuestas que han sido ya registradas, según el secretario general del grupo parlamentario socialista, Ramón Jáuregui, y el diputado por Toledo Alejandro Alonso.

La sexta enmienda del PSOE pretende modificar la política hidráulica fijada en el texto que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad en enero de 2007 y que establece la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el año 2015. Ese planteamiento ha sido suprimido de la disposición transitoria primera del texto y se ha incluido sólo en el preámbulo, sin fuerza normativa y como una voluntad del Parlamento autonómico.

La enmienda socialista plantea que el preámbulo del texto hable de una "progresiva disminución del agua trasvasable y el cumplimiento de los objetivos medioambientales" fijados en la directiva marco del agua de la UE, "cuya eficacia plena habrá de alcanzarse en el año 2015 y que, para las Cortes de Castilla-La Mancha, conllevaría la extinción del trasvase".

En el preámbulo y en el articulado se recoge otro de los aspectos clave de la propuesta: que la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo plantee "la disminución progresiva de los caudales trasvasables y el aumento de las reservas no trasvasables para atender las necesidades de la propia cuenca que los poderes públicos de Castilla-La Mancha han estimado en 600 hectómetros cúbicos".

La enmienda del PSOE propone que la Junta de Comunidades tenga que ser informada con carácter previo ante cualquier trasvase o cesión de agua que afecte a las cuencas de la comunidad, a fin de que emita preceptivamente un informe, que requeriría respuesta motivada.

Recoge también la participación de Castilla-La Mancha en el proceso de planificación hidrológica de las cuencas que afecten a su territorio y en los órganos de dirección de las cuencas hidrográficas intercomunitarias que le afectan.

Tras presentar las enmiendas, Jaúregui ha explicado que, en materia de agua, el PSOE ha tratado de respetar el texto, que combina "cierta fidelidad" al espíritu de lo propuesto por las Cortes de Castilla-La Mancha con un principio fundamental: que sólo el Estado puede decidir sobre la planificación del agua y determinar qué es trasvasable o no, o cuándo se trasvasa.

Una auditoría al Ayuntamiento de Ceutí desvela que las obras de CeutImagina comenzaron antes de su adjudicación

MURCIA.- El alcalde de Ceutí, Pascual Lorente, aseguró anoche, en una nota de prensa, que según los resultados de una auditoría sobre el Ayuntamiento de la localidad, la primera fase del Espacio para las Artes y la Ciencia CeutImagina, que data de la época en el que el socialista Manuel Hurtado gobernaba el municipio, se comenzó antes de que se adjudicaran las obras.

En este sentido, recordó que "Hurtado inauguró, con total boato, CeutImagina el 24 de noviembre de 2004, cuando la obra ni siquiera estaba adjudicada". Sin embargo, defendió, "CeutImagina se adjudicó, firmó y se hipotecó después de la construcción de la primera fase -correspondiente a la parte expositiva-".

De hecho, continuó, "en 2004, Manuel Hurtado inauguró la primera de las exposiciones de CeutImagina, aunque en septiembre ya hay fotos que demuestran que la muestra ya estaba montada".

En el informe de tasación, fechado el 23 de marzo de 2004, se ven fotografías de las obras, sin embargo, la autorización del contrato por parte de la empresa municipal Promociones Ceutí se adoptó el 5 de noviembre de 2004 y el contrato con la empresa adjudicataria se firmó el 22 de diciembre de 2004, señala la auditoría. Asimismo, la hipoteca se firmó el 20 de enero de 2005 sin constancia de un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que autorice esa hipoteca, relató el primer edil.

El alcalde hizo así referencia a un informe de una empresa auditora del patrimonio de Ceutí que, al investigar los expedientes, ha descubierto que la obra de CeutImagina se adjudicó "a dedo a una empresa sin cumplir los principios de publicidad y concurrencia que marca la ley". "Es por eso que ninguna otra empresa pudo optar a esta obra que supuso siete millones de euros", apuntó.

Además, Lorente indicó que, según consta en el informe de la empresa auditora, "existe un gasto de 526.253 euros que no está justificado y que corresponden a la diferencia de los casi 7 millones de euros por los que se firmó el contrato y el importe que se ha podido verificar que costó la obra -6.463.746-".

Sin embargo, para el alcalde "no queda muy claro" el coste real de CeutImagina, ya que, aunque se hizo un contrato por siete millones de euros, "Hurtado colocó un cartel a la entrada de Ceutí por la carretera de Archena que informaba de que el importe era de nueve millones de euros, cantidad que el ratificó en declaraciones a los medios el día de su inauguración".

A juicio de Lorente, todo este asunto demuestra que "la falta de transparencia ha sido la seña de identidad de Manuel Hurtado durante los 28 años de gestión municipal", al tiempo que aseguró que lo único que busca con esta denuncia pública es trabajar por su pueblo y gestionar el Ayuntamiento "con transparencia y las cuentas claras".