miércoles, 18 de febrero de 2009

Fernández Bermejo: 'La cuestión no es la caza sino la corrupción'

MADRID.- El ministro de Justicia y diputado por Murcia, Mariano Fernández Bermejo, confirmó hoy que entre 2007 y 2008 cazó en la finca de Quintos de Mora y aseguró que esta actividad no está prohibida en ese lugar y añadió "que la cuestión no es la caza, sino la corrupción".

"Pero claro, pero hombre por Dios ¿cómo no voy a confirmar que cacé en Quintos de Mora?, si quiere cuento más cosas, pero creo que ya resulta un poco aburrido, recuerde que no es la caza, es la corrupción", dijo el ministro preguntado acerca de esta cuestión por los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a un encuentro con sus homólogos de Brasil y Portugal celebrado en el Ministerio.

El titular de Justicia, quien no quiso ofrecer datos sobre el precio que le costaron dichas cacerías, matizó que Quintos de Mora "no es un Parque Nacional como se ha dicho", sino "patrimonio del Estado, con un plan cinegético aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha". "Se puede cazar todos los días del año", dijo el ministro, quien añadió que se trata de "caza legal" en un sitio donde "no hay prohibición".

En relación al plan cinegético de la finca Bermejo explicó que existen "algunos matices, entre ellos el control de toda la población que existe allí y el análisis de todas la especie".

"Se hacen análisis de las especies, se hacen pruebas continuas de tuberculosis y otras enfermedades y se mantienen muchas especies para alimento de otras como ocurre en la pirámide biológica, aunque muchos desde los centros urbanos no sepan muy bien que eso funciona así", remachó.

Fernández Bermejo, rechazó la idea de dimitir, tal y como le viene solicitando el PP, y lo justificó en que tiene que "trabajar" por España en un proyecto que, según dijo, llevará "hasta el final".

En ese contexto, atacó a los 'populares' llamándoles a solucionar lo que calificó como "un lío monumental" en relación con la 'operación Gürtel' que investiga el juez Baltasar Garzón.

"Yo no estoy atado aquí por nada personal, sino por un proyecto que voy a defender hasta el final y claro que no dimito porque tengo que trabajar por este país", dijo el ministro durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Bermejo se enfrentó en el Pleno del Congreso a tres diputados del PP que exigieron su dimisión al sumar su asistencia a la controvertida cacería compartida con Garzón a la situación de la Justicia y la huelga de jueces convocada para hoy,

Uno de ellos, Juan José Matarí, reprochó a Bermejo lo que calificó como "la situación crítica de la Justicia, con dos millones y medio de asuntos sin resolver". "Es el peor ministro en 30 años, no es capaz de impulsar reformas, no le quiere nadie como interlocutor porque no propone, amenaza", añadió.

"Dimita o no, usted está inhabilitado y es responsable del uso partidista de los fiscales en favor del PSOE y de su doble vara de medir", le recriminó el diputado popular, quien denunció en relación con la operación Gürtel que "a los dirigentes del PP se les detiene con la mayor publicidad posible, se les mete en la cárcel y luego ya se verá".

Asimismo, el diputado Guillermo Mariscal le cuestionó al ministro por las filtraciones en torno a la 'operación Gürtel'. "Se está cometiendo un delito a la vista de todos, se filtran los sumarios y usted no ha hecho nada, ni ha perseguido el delito ni ha condenado las filtraciones", dijo.

Bermejo criticó las filtraciones, "no deben producirse", aseguró al tiempo que añadió que "de haberse producido deben ser investigadas, cosa que está ocurriendo".

No obstante, cuestionó la existencia de filtraciones en torno a la operación Gürtel ya que, según dijo, todos los medios de comunicación publican lo mismo. En ese sentido, y en tono irónico se refirió a una filtración masiva.

"No le hace pensar que estén todos tranquilos menos ustedes, no le hace reflexionar que ustedes tienen un lío dentro y es a ese lío al que tienen que poner coto", respondió Bermejo a las palabras de Mariscal quien antes le había descrito como "la escopeta del sectarismo con la que Zapatero dispara al PP".

En el debate también resultó malparado el alcalde de Las Palmas, Jerónimo Saavedra, el único cargo socialista que públicamente ha recomendó la dimisión del ministro por la "impresentable" estampa de la cacería. Bermejo cree que el regidor se "retrata" cuando también sostiene que los políticos no deberían dimitir por el mero hecho de ser imputados.

Además, contestó al dirigente del PP Federico Trillo, que "no es el momento de la utilización de la munición gruesa sino de echar una mano e intentar sacar la justicia de donde está".

"Dimita usted antes de que alguien le cuelgue como trofeo", le había espetado momentos antes Trillo, quien también le reprochó el colapso en la Administración de la Justicia y la poca inversión en medios materiales y económicos llevados a cabo por el Gobierno, "por debajo de la media europea".

"De cada 100 euros que gasta el Ejecutivo, gasta en la Justicia cincuenta céntimos y tenemos ocho sistemas informáticos incompatibles entre si que explican muy bien el 'caso Mari Luz'", dijo Trillo al tiempo que recordó que "hoy es la primera vez en la democracia que hay una huelga de jueces".

"Se olvidó de añadir la huelga de Madrid", replicó el ministro a Trillo en relación con la reciente huelga de funcionarios de Justicia en la Comunidad de Madrid. A partir de ahí explicó que "el problema de la Justicia son 30 años de retraso" y añadió que "hasta hace unos días había un proyecto de modernización que era compartido".

"Tenemos en el palmarés haber creado creado más plazas de jueces y fiscales, secretarios judiciales y funcionarios que nunca, tenemos el presupuesto más alto que nunca, hemos duplicado la inversión, comparado con los que ustedes hicieron no hay color", añadió.

Bermejo aseguró ser "consciente" de los problemas de la Justicia por "haberlos vivido durante más de 30 años".

"Sé el precio que hay que pagar para cambiar las cosas, cada vez que se intenta, surgen las resistencias de los cuerpos que se llama corporativismo", explicó.

"Hay que pagar el precio por empujar en la buena dirección", avanzó el ministro. Así, lamentó que "cuando se intenta que el Cuerpo Superior de Secretarios asuma unas funciones útiles de decisión, se ha encontrado con un grupo que quiere seguir en listas durante toda la mañana dando fe de lo que allí ocurra cuando puede ser filmado".

En la misma línea, el ministro también hizo referencia al rechazo que genera el proyecto de otorgar un mayor peso al fiscal en la investigación penal y calificó la figura del juez instructor como "un juez sin garantías".

"Y cuando se dice que los magistrados deben juzgar y hacer ejecutar lo juzgado siempre habrá algunos que querrán seguir con funciones administrativas, pero vamos a intentar cambiarlo y pagaré gustoso el precio", insistió.

La Consejería de Hacienda reconoce ahora que la crisis comenzó en verano del año 2007

CARTAGENA.- La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, reconoció, antes de dar cuenta de la liquidación del presupuesto regional de 2007 en la Asamblea Regional, que la rebaja de ingresos sobre lo previsto, en el segundo semestre de ese ejercicio, fue un anticipo claro de la crisis económica actual.

García subrayó que ese año, pese a todo, el crecimiento siguió siendo mayor que la media española, al igual que los ingresos tributarios. La ejecución se situó por encima del 85% en todas las partidas y en el 90% en cuanto a la inversión. Entre las obras más importantes acometidas estuvieron las autovías Totana-Mazarrón y Alhama-Campo de Cartagena.

Desde la oposición, tanto Begoña García Retegui (PSOE), como José Antonio Pujante (IU) reprocharon al Gobierno regional que no empezara a tomar medidas estructurales de cambio de modelo productivo en cuanto vislumbró la caída de ingresos sobre todo en derivados del sector inmobiliario.

Por su parte Domingo Segado, del PP, destacó la labor del Gobierno regional para afrontar la caída económica “absolutamente solo, con fondos europeos y estatales en continuo descenso desde ese año”.

Hallan pisadas de animales de hace cinco millones de años

JUMILLA.- El joven geólogo jumillano Emilio Herrero ha hecho público el hallazgo de huellas de animales con una antigüedad de cinco millones de años en una zona de la Sierra de las Cabras. Herrero encontró las huellas de forma casual cuando buscaba por la zona de la Sierra de las Cabras un yacimiento de amonites, según revela hoy 'La Opinión'.

Estas huellas podrían corresponder, según las primeras hipótesis, a un máximo de cinco tipos de animales. Así, se baraja que pudieran pertenecer a rinocerontes, tigres dientes de sable, aves como las zancudas e incluso osos. También se cree que es posible que estos animales pasaran por el borde de un lago situado en esta zona.

La mayoría de estas huellas corresponden a la etapa del terciario y se encuentran ahora protegidas en un pequeño habitáculo con una zona acristalada gracias a la colaboración de la concejalía de Cultura del ayuntamiento de Jumilla.

Sin embargo, todavía se espera que llegue una partida presupuestaria para limpiar las huellas, asegurar los bordes e instalar paneles educativos, según declaró Cayetano Herrero, director del Museo de Etnografía y Ciencias de la Naturaleza 'Jerónimo Molina'.

Entre estas huellas podría encontrarse la de un cangrejo de grandes dimensiones que tenía seis patas. El rastro hallado podría ser de las pinzas del cangrejo, ya que andaba de forma lateral y podría encajar con el rastro encontrado en la Sierra de las Cabras.

De las huellas también se deduce que el rinoceronte iba rápido cuando dejó sus pisadas en esta zona. Cayetano Herrero también ha señalado que estas huellas son menos antiguas que las de la Hoya de la Sima.

Los alumnos del Máster de Geología de la Universidad Complutense de Madrid, encabezados por el catedrático Lorenzo Vilas, aprovecharon su reciente visita a Jumilla para ver estas huellas. Vilas, que estudia la geología del Altiplano desde los años ochenta, asegura que "el término de Jumilla es una delicia para el estudio de la geología".

Y prueba de ello, dice, es el interés que suscitó la zona entre los 14 alumnos que realizan el Máster, entre los que destaca la presencia de tres geofísicas venezolanas y un geólogo peruano.

Los colegios privados de la Región empiezan a perder alumnos por la crisis

MURCIA.- La crisis afecta a todo y en la educación empiezan ya a verse algunos de sus efectos. Distintas fuentes relacionadas con la enseñanza en la Región de Murcia afirman que los colegios privados están registrando bajas de alumnos cuyas familias ya no pueden permitirse pagar las elevadas cuotas mensuales. Todavía no se trata de ninguna avalancha, pero es un hecho que se están multiplicando los casos. Las fuentes consultadas por 'La Opinión' explican que la situación podría empeorar de cara a la matrícula del próximo curso.

La cuota mensual en un colegio privado puede costar entre 500 y 600 euros; una cifra que hay que multiplicar por el número de hijos que se tenga. Las fuentes consultadas por esta redacción explicaron que los afectados son principalmente empresarios que han visto como sus ingresos se han reducido drásticamente en los últimos meses.

Donde parece que todavía no se están notando las bajas de los alumnos es en los cursos de Bachillerato de los centros concertados. Este nivel educativo no está subvencionado y los padres que lo eligen suelen pagar en torno a trescientos euros al mes. El hecho de que el Bachillerato sean tan sólo dos años y de que normalmente las familias no tienen a la vez a más de un hijo en el mismo ciclo hace que muchos padres decidan aguantar el tirón hasta que acaben la etapa.

Otro de los aspectos en los que la crisis está haciendo mella es en el comedor escolar. Todavía no hay cifras, pero en los centros, tanto públicos como privados, se están registrando bajas de este servicio. En este fenómeno influyen dos circunstancias.

En primer lugar la necesidad de las familias de apretarse el cinturón y que hace que decidan recortar gastos; y por otro lado el hecho de que en muchas uno o los dos padres se han quedado en paro y eso motiva que puedan ocuparse de los niños durante la hora de la comida. El servicio de comedor escolar suele costar entre 90 y 130 euros al mes.

Por otra parte, ahora parece que la UMU no tiene suficientes profesores para implantar Bolonia. El proceso de convergencia europea, conocido como proceso de Bolonia, implica necesariamente que las universidades tendrán que reducir significativamente el número de alumnos por clase para facilitar la formación continua.

Sin embargo, parece que con la actual plantilla la Universidad de Murcia no tendrá posibilidad de llevar a cabo este objetivo, al menos no en todas las titulaciones. Se trata de un problema del que se habló durante el Claustro extraordinario sobre el proceso de Bolonia.

Rubén Giménez, presidente del Consejo de Estudiantes (CEUM) dejó patente que la UMU va a tener que exigir mucha más financiación ante las administraciones públicas para poder conseguir los fondos.

"Se necesita mucho dinero para reducir los grupos y no estamos dispuestos a que se consiga a costa de que las titulaciones tengan números clausus", afirmó ante la comunidad universitaria.

La Universidad de Murcia lleva semanas llevando a cabo, gracias a un programa de simulación informática, un estudio sobre el profesorado que tienen y cómo podrán ajustar sus horarios laborales con los nuevos planes de estudio que entrarán en vigor por el proceso de Bolonia en el próximo curso.

El presidente del CEUM afirmó que todavía no se conocen los resultados de estos estudios, pero que la información oficiosa que tienen indica claramente que las cuentas no salen, sobre todo en titulaciones como Derecho o los magisterios.

Este fue sólo uno de los muchos temas que se trataron ayer en un claustro en el que intervinieron principalmente estudiantes. La necesidad de que haya más becas y el temor a que las empresas tengan demasiado peso dentro de la universidad estuvieron presentes en el debate.

El rector Cobacho volvió a dejar claro una vez más que Bolonia será positivo y que la UMU está haciendo un buen trabajo.

El suelo urbanizable creció más de un 200% en la Región entre 2001-2007

MURCIA.- El crecimiento urbano en la Región de Murcia es completamente «insostenible», según el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE), que revela que entre 2001 y 2007 el suelo de naturaleza urbana (terreno urbano y urbanizable) creció más del doble de lo necesario.

Según el estudio, el crecimiento ha sido «espectacular» en Murcia, llegando a alcanzar el 216%. También en el periodo 2001-2007, el valor catastral creció un 160% en Murcia. En este caso, la revalorización catastral se debe a una «reclasificación masiva» del terreno.

Además de en Murcia, el crecimiento ha sido muy grande en Toledo (135%), Salamanca o Barcelona, mientras que en otras, como Granada, pese a que la población ha decrecido el 2,22%, el terreno urbanizable ha aumentado un 14%.

También en el periodo 2001-2007, el valor catastral creció una media del 25% en todas las ciudades estudiadas, un valor que se duplicó en Murcia (160%), Madrid (143%) y Barcelona (118) principalmente por el aumento del patrimonio urbanizable.

En el caso de Madrid este aumento se debe a las grandes bolsas de suelo urbanizable, y en Barcelona a la revalorización de los inmuebles del centró urbano, puntualiza el OSE.

El informe denuncia que el planeamiento urbano y la ordenación del territorio dejan mucho que desear en España y que el crecimiento urbano está «claramente desvinculado» de la necesidad de vivienda. Según el estudio, en 29 de las cincuenta capitales de provincia estudiadas, el terreno de naturaleza urbana creció una media del 39%, lo que supone seis veces más que el aumento poblacional.

La UMU abre un plazo extraordinario de matrícula para poder cursar el último CAP

MURCIA.- El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia (ICE) abre hoy el plazo de matrícula en el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), que se prolongará hasta el 3 de marzo, según informa la institución docente.

Este plazo será para todos aquellos estudiantes con título universitario expedido hasta el curso académico 2006-2007, ya que para aquellos con título posterior el plazo será del 4 al 10 de marzo. Los interesados pueden recibir mayor información en la sede del ICE, en el campus de Espinardo.

Ésta es la última oportunidad de optar a una plaza docente a través del CAP en las oposiciones de Secundaria. A partir del curso 2009-2010 será necesario cursar el máster en Secundaria. La aplicación del Espacio Universitario Europeo certificó el fin del CAP, que no solía superar el cuatrimestre de duración.

Ahora, el nuevo máster durará dos años y será más caro. La nueva modalidad empezará a impartirse en septiembre, siempre y cuando las universidades lleguen a tiempo de prepararlo. Si no es así, el año quedaría en blanco.

Por eso, muchos tratarán de acogerse a esta última oportunidad para conseguier el CAP.

Este último curso del CAP empezará a finales de marzo o en abril, y se prolongará hasta septiembre. La Universidad de Murcia no ha aclarado si se podrá seguir de forma virtual. Toda esta información estará disponible en el Instituto de Ciencias de la Educación.

En principio, podrán optar todos los titulados en alguna universidad murciana (pública o privada) o en una foránea si están empadronados en la Región.

Murcia, segunda autonomía con mayor seguimiento de la huelga de jueces

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró hoy en un 35,47 por ciento (1.621 jueces) el seguimiento de la huelga convocada hoy en la práctica totalidad de órganos judiciales españoles en demanda de mejoras estructurales en la Administración de Justicia.

Estos datos responden a la información facilitada por los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, según los cuales la Comunidad Valenciana fue la tercera autonomía con mayor seguimiento de la huelga, de un 60,19 por ciento, tan sólo por detrás de Aragón y Murcia.

Según una nota hecha pública por el Consejo las movilizaciones ponen de manifiesto que "existe una amplia voluntad de cambio en la Justicia española", si bien este órgano destacó "el alto grado de responsabilidad de los jueces y magistrados, especialmente de aquellos que, en su mayoría, han decidido atender a los ciudadanos".

Los primeros datos oficiales difieren en gran medida de los ofrecidos a la misma hora por los convocantes (el comité de huelga y las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente), que hablan de un seguimiento de los paros por parte del 70 por ciento de la carrera (2.192 jueces del total de 4.570 existentes).

Según los datos oficiales, que según el Consejo aún son provisionales, la comunidad donde porcentualmente se ha producido un mayor seguimiento de la huelga ha sido Aragón, donde un 65,35 por ciento de los jueces han parado (un total de 83 de los 127 que ejercen en dicho territorio); seguida de Murcia, con seguimiento del paro del 62 por ciento (84 de 134); Comunitat Valenciana, con un 60,19 por ciento (han parado 254 del total de 422 ejercientes en esta comunidad); Extremadura, 56,99 por ciento (han parado 53 de un total de 93 jueces) , y Canarias, con un 51,22 por ciento de los jueces en huelga (hicieron huelga 105 de 205).

En Madrid, la huelga ha sido seguida por el 37,12 por ciento de la Carrera, un total de 22 jueces de los 598 que ejercen en esta comunidad, mientras que el seguimiento más bajo se ha registrado el País Vasco con 9,17 por ciento de los jueces parados (apenas 20 de los 218 que ejercen en dicha comunidad).

En otros territorios el seguimiento de la huelga, según el CGPJ, ha sido el siguiente: Andalucía, el 27,67 por ciento (han parado 202 jueces de los 730 ejercientes); Asturias, el 24,26 por ciento (33 de 136); Baleares, 38,61 por ciento (39 de 101); Cantabria, el 39,71 por ciento (27 de 68); Catilla y León, el 25,26 por ciento (72 de 285); Castilla-La Mancha, el 29,24 por ciento (50 de 171); Cataluña, el 33,57 por ciento (239 de 712); Galicia, el 36,48 por ciento (116 de 318); La Rioja, el 14.71 por ciento (5 de 34); Navarra, el 25 por ciento (15 de 60).

El seguimiento de la protesta ha sido inapreciable en los órganos centrales como el Tribunal Supremo, donde no ha parado ninguno de sus 74 magistrados, mientras que la Audiencia Nacional han hecho huelga dos, el juez de Instrucción número 6 Eloy Velasco y el magistrado de lo Contencioso-Administrativo de este órgano Carlos de Rozas.

Como primera reacción a la huelga, y en espera de la comparecencia pública anunciada por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, para las 18.00 horas de hoy, el órgano de gobierno de los jueces ha hecho pública una nota en la que se destaca que la voluntad hecha pública hoy por este colectivo por primera vez en la historia exige tanto al Consejo como al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito "trabajar en pro de la reforma necesaria".

"El CGPJ, como órgano de Gobierno, continuará, como ha venido haciendo hasta ahora, con todos los esfuerzos precisos para conseguirla", concluye el escrito.

'Mercadona' baja los precios un 10% de media desde octubre

VALENCIA.- Mercadona llevó a cabo una bajada media del precio de sus productos del 10 por ciento desde octubre tras realizar "una profunda revisión" de su surtido y dar de baja cerca de 800 referencias --400 de Bosque Verde, Deliplus, Hacendado y Compy, y otras 400 del resto de marcas--, según informó hoy la compañía en un comunicado, en el que resaltó que esta "relevante" reducción, en una compra media tipo de 600 euros al mes, se tradujo en "un ahorro de 60 euros".

Señalaron al respecto que esta rebaja, de un 10 por ciento de media, fue posible "gracias a la decisión tomada por la compañía el pasado mes de octubre", cuando "optó por adaptarse a la realidad del contexto y a la reducción del precio total de la compra que demandaban sus clientes".

De este modo, Mercadona "no sólo ha ahorrado dinero a los más de cuatro millones de hogares que realizan sus compras en sus supermercados, sino que también supone una inyección a la economía española de más de 100 millones de euros al mes, lo que contribuye a incentivar el consumo", subrayaron las mismas fuentes.

Para ello, la cadena valenciana realizó durante estos meses "una profunda revisión de las más de 9.000 referencias que componían su surtido, eliminando todo elemento que añadiese coste innecesario al proceso", un "trabajo de optimización" con el que dieron de baja cerca de 800 referencias, 400 de ellas de producto recomendado --Bosque Verde, Deliplus, Hacendado y Compy--, y 400 del resto de marcas.

Sobre esta cuestión, desde la compañía recalcaron que "en todos los casos, no cumplían los criterios de rotación de venta, estaban duplicadas y, lejos de aportar valor al cliente, no respondían a necesidades reales pero incrementaban el precio final del carro de la compra en sus supermercados".

Además, el grupo presidido por Juan Roig implantó la venta de fruta y verdura a granel "en aproximadamente la mitad de los supermercados", y posibilitó así "la bajada del precio por kilo de estos productos".

"En todos los casos, los ahorros conseguidos como consecuencia de las decisiones tomadas se han trasladado en su totalidad a los clientes, puesto que se han aplicado exclusivamente a la reducción del precio final del producto", resaltaron las mismas fuentes, quienes aseveraron que gracias a los positivos resultados obtenidos hasta el momento, "seguirá revisando permanentemente su surtido, con el objetivo de ofrecer a sus clientes el carro de la compra de mayor calidad y más barato del mercado".

Mercadona, con capital íntegramente nacional, cuenta en la actualidad con 1.212 supermercados repartidos por toda la geografía nacional, donde desarrollan su vida profesional 61.500 personas, todas ellas con contrato fijo.

De acuerdo a su apuesta por la industria agroalimentaria nacional, la firma realizó compras en 2008 por valor de 14.000 millones de euros a más de 2.000 proveedores españoles, tanto de productos como de servicios, cifra que representa un 1,4 del PIB español.

El MARM anuncia que en seis meses se dispondrá de la DIA del proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán

MURCIA.- El secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Juan Carlos Martín Fragueiro, aseguró hoy que en unos seis meses aproximadamente se dispondrá de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental de la Regeneración y Adecuación Ambiental de la Bahía de Portmán, que se encuentra en la Dirección General de Calidad Ambiental siguiendo su trámite natural.

"Esperemos obtener esta evaluación lo antes posible para seguir con los ritmos de los trabajos que nos hemos propuesto", indicó en rueda de prensa, al tiempo que aseguró que el Ministerio "sigue adelante" con este proyecto, que cuenta con una inversión de 120 millones de euros.

El objetivo, comentó, es "dar la mayor fiabilidad y que esta inversión, con un periodo de ejecución de 27 meses desde el momento del inicio de la ejecución de las obras, sea una realidad y recupere una zona afectada por un desastre medio ambiental".

Asimismo, destacó que la inversión en este proyecto es "la mayor de estas características que se va hacer en el Estado español". "Creo que no hay ningún precedente en cuanto al montante de la misma", aseveró.

Y es que hoy la comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de La Unión para la recuperación y adecuación ambiental de la bahía de Portmán, se reunió, durante dos horas, en la Delegación del Gobierno en Murcia.

En la actualidad, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino está llevando a cabo el proyecto piloto con una inversión de casi seis millones de euros para conseguir la estabilización del terreno y la inertización de los materiales pesados que forman parte del material de vertido.

En esta reunión, se presentó el análisis de los resultados y conclusiones de los trabajos de investigación de la Universidad de Murcia, así como el estado de tramitación y desarrollo de los diferentes proyectos relacionados con la bahía (proyecto piloto, el Estado del Informe de Impacto Ambiental del proyecto de regeneración o el de puerto deportivo).

En este sentido, cabe destacar que la Universidad de Murcia y, concretamente, profesionales del Departamento de Química Agrícola están llevando a cabo tanto la metodología de trabajo como los estudios de experimentación. Los resultados en esta fase de experimentación serán expuestos en la Comisión de Seguimiento para su conocimiento, y se iniciará una segunda fase que contará igualmente con la colaboración de esta institución docente.

Durante el transcurso de la reunión, se acordó además la creación de otra Comisión, formada por representantes de las tres Administraciones, con el fin de negociar con los propietarios de Sierra Minera para conseguir aportación económica para el proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán.

Esta última estará formada por Francisca Baraza, jefa de la Demarcación de Costas en Murcia como representante del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino; el director del Área de Industria y Energía, Francisco Faraco, por parte de la Delegación del Gobierno en Murcia; la directora General de Transportes y Puertos, Carmen María Sandoval, por parte de la Comunidad Autónoma; y el alcalde de La Unión, Francisco Bernabé.

Los grandes beneficiarios de esta inversión, señaló el secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, "no son sólo los vecinos de La Unión", sino que también los propietarios de los terrenos que en su día se acometerán, "de una forma ordenada y compatible y con criterios de sostenibilidad".

En consecuencia, consideró que los beneficiarios de esta regeneración deberían también cofinanciar "en la medida de lo posible parte de esta inversión". Y a tal fin, anunció, que se ha constituido una comisión, "para ver de qué forma se da contenido al convenio que se quiere suscribir".

El alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, resumió la reunión como 'Portmán año cero', y aseguró que "este es el año en el que, sin lugar a duda, debe procederse a licitar la obra de regeneración de la Bahía de Portmán", tras lo que avanzó que la Comisión acordó reunirse el próximo verano en la misma bahía para dar a conocer los resultados de la evaluación de impacto medio ambiental y "una vez ya que ha quedado libre el camino, se puedan iniciar los trámites de licitación".

"No cabe otra alternativa posible. Portmán ha esperado ya mucho tiempo", apuntó, al tiempo que recordó que la bahía fue calificado por Greenpeace como "el mayor atentado ecológico de la historia del Mediterráneo", y así manifestó que "esta zona no es menos que las costas gallegas con el Prestige".

"Necesariamente tiene que ser licitado este año, con el compromiso de administraciones y propietarios, pero indudablemente no podemos esperar más tiempo, la historia nos debe la regeneración de Portmán a todos", sentenció.

El proyecto deportivo recoge las actividades pesqueras, históricas y clásicas de la zona de Portmán, con aproximadamente 171 puntos de amarre, más unos 550 para actividades náuticas.

De tal forma, será un puerto que superará los 700 puntos de amarre con una inversión de unos 90 millones de euros. Asimismo, el laboratorio de Calidad de la Consejería está realizando trabajos de investigación conjuntamente con la UMU para que esos estériles que hay que extraer tengan una utilidad.

En concreto, para la fabricación de hormigones, con lo cual esos estériles tendrían una utilidad medio ambiental a pesar del tiempo transcurrido, porque no habría que extraer este tipo de material de otras canteras.

Esto supone el 'reciclado' de los residuos de la construcción y las canteras de áridos que contienen filler calizo --sujetos a la normativa de Residuos /98 por la cual deben ser tratados antes de ir al vertedero--, dándoles un nuevo uso como agentes descontaminantes de metales pesados.

Además, dispondrá en el extremo sur de una zona verde de separación entre el puerto y la playa que ocupará una superficie superior a los 26.000 metros cuadrados, y otros 32.000 metros para el estacionamiento de embarcaciones.

El proyecto del nuevo puerto, que actualmente se encuentra en fase de redacción, ha recogido las principales reivindicaciones vecinales, entre ellas, la integración medioambiental y la recuperación del antiguo puerto pesquero.

Para su integración en el entorno y la mejora de la actuación paisajística, las embarcaciones de gran eslora se dispondrán cerca del paseo peatonal que bordeará la instalación, en la que se ha reservado una zona exclusiva para uso pesquero.

El 62,68% de los jueces y magistrados de la Región de Murcia secundan la huelga

MURCIA.- Un total de 84 jueces y magistrados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de los 134 plazas en activo secundaron hoy la huelga, lo que supone un 62,68 por ciento, al objeto de exigir las mejoras en la Administración de Justicia y poner solución a las carencias existentes, según los datos que aportó hoy, en rueda de prensa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Juan Martínez Moya.

Este porcentaje varía si no se tienen en cuenta las 25 plazas --del total de 134-- ocupadas por los sustitutos. De esta manera, serían 109 los jueces titulares los que manifestaron su seguimiento a esta protesta, la primera de este colectivo en la historia convocada por jueces y magistrados de la práctica totalidad de órganos judiciales de toda España en demanda de mejoras estructurales en la Administración de Justicia, lo que representa el 74,33 por ciento.

Sin embargo el juez decano de Murcia, Miguel Pascual de Riquelme, en calidad de portavoz del Comité de Huelga, ofreció los datos sin contabilizar las 25 plazas ocupadas por los suplentes. Así, cifró en un 87 por ciento el seguimiento de la huelga alcanzado, que en términos absolutos supone casi un centenar de jueces y magistrados --94--.

Con motivo de este paro o protesta de 24 horas, más de medio centenar de jueces y magistrados, entre los que se encontraban los representantes regionales de las cuatro asociaciones judiciales --Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-- se concentraron, pasadas las 12.00 horas, a las puertas del Palacio de Justicia de Murcia, e hicieron lectura de un comunicado.

En dicho comunicado, leído por Pascual de Riquelme, se denunciaron públicamente "los graves defectos y carencias de la Administración de Justicia, especialmente la falta de medios personales y materiales, la sobrecarga de trabajo, la falta de modernización y la defectuosa gestión de los recursos existentes".

Por ello, y atendiendo al estado de "deterioro" en el que dijeron que se encuentra dicha administración, "entendemos que ha llegado el momento de exigir a los poderes públicos la definitiva solución de estas graves carencias, con el fin de poder ofrecer a los usuarios un servicio público, moderno, ágil, eficaz y adecuado a las necesidades de la sociedad actual".

En concreto, reivindicaron la "efectiva y urgente instauración de la nueva oficina judicial, con delimitación precisa de las funciones y las responsabilidades dentro del ámbito de la Administración de Justicia; y la plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías".

Entre las solicitudes, también se encuentra la "formación adecuada de todo el personal al servicio de la Administración de la Justicia, y asegurar la inmediata cobertura de vacantes mediante personal titular; así como que se establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial".

Por último, los jueces y magistrados pidieron "una revisión en profundidad de la actual planta judicial, arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares; y adopción de medidas para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar".

Tras finalizar la lectura de este comunicado, el juez decano de Murcia, en su condición de portavoz del Comité de Huelga, compareció, en rueda de prensa, ante los medios allí presentes. En la misma, precisó que su mensaje se ha realizado, exclusivamente, a través de la acción de protesta, que siguió "el 87 por ciento de jueces y magistrados de la Región", aunque eludió hacer una interpretación de estos datos.

A su juicio, "se ha hecho un ejercicio de responsabilidad, que era el que pretendíamos trasladar a la opinión pública el estado lamentable de la Administración de Justicia". Por ello, dejó claro que "no es una huelga contra usuarios, contra el Ejecutivo, sino a favor de la Administración de Justicia" con lo que, apostilló, "se ha querido causar la menor perturbación posible".

Al hilo, precisó que "cada juez y magistrado lo que ha hecho ha sido cubrir las actuaciones incluidas en los servicios mínimos" establecidos por el Comité de Huelga nacional.

El 13 por ciento restante de jueces y magistrados, según Pascual de Riquelme, "optaron por no ponerse hoy en huelga, lo que no significa que no compartan las reivindicaciones ni tampoco que no compartan otros actos de protesta, como el realizado hoy [en referencia a la concentración], ya que me consta que algunos de los que no han secundado la huelga, estaban allí presentes en ese acto".

Preguntado sobre los efectos de este paro en las unidades judiciales que componen la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, insistió en que fue su "vocación y esfuerzo el de minimizarlos todo lo posible", tras lo que añadió que "se han suspendido actuaciones, se han suspendido anticipadamente y se han intentado señalar a la mayor brevedad". De hecho, avanzó que para mañana "ya están convocados en muchos juzgados las actuaciones que en el día de hoy quedaron suspendidas".

"El impacto en cuanto a perjuicios ha sido el mínimo posible", resaltó el portavoz del Comité de Huelga en Murcia. Asimismo, puso de manifiesto, preguntado sobre si temen represalias, que "somos hombres de derecho y la palabra represalia no está en nuestro vocabulario".

Tras lo que argumentó que el colectivo judicial se caracteriza por ser "difícilmente intimidable y prácticamente, en nuestra vida profesional se ha desarrollado en ambientes muchas veces hostiles y sometida al conflicto y preocupación", por lo que consideró que "no estamos preparados para aguantar ningún tipo de presión o amenaza; de hecho no la hemos sentido".

Poco después compareció el presidente del TSJ de Murcia, Juan Martínez Moya, quien explicó que "la inmensa mayoría de jueces y magistrados que han manifestado su derecho de seguir la huelga acudieron hoy a su despacho profesional para atender los servicios mínimos previamente concertados".

Resaltó la necesidad de "más inversión en justicia", aunque consideró que se debe pensar en el día después, en mañana y en los que siguen. Llamó, entonces, a la "prudencia, reflexión, diálogo, en el que el poder judicial ha de mantenerse al margen de la lucha de los partidos políticos". "Es momento de tender puentes entre todos los implicados en que la justicia funcione y es hora de la unidad", matizó.

En cuanto a la producción de suspensiones de diligencias previas o señalamientos como consecuencia directa de esta huelga, Martínez Moya señaló que "en la mayoría de los órganos judiciales no se ha procedido a la suspensión el mismo día 18 de señalamiento alguno, ya que se adoptaron, con antelación, medidas dirigidas a no señalar o en su caso, aplazar vistas o diligencias judiciales". "Sólo excepcionalmente se ha suspendido alguna vista señalada para el día de hoy", indicó.

Igualmente, los jueces en situación de guardia, "con independencia de su voluntad expresa de seguimiento de la convocatoria de la huelga, han realizado todas las actuaciones propias del servicio; y también los jueces de guardia en materia de violencia de género"; mientras que en la jurisdicción social, "aquellos juicios de despido que estaban señalados por su carácter preferente y urgente se han celebrado".

Por último, el presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Pacheco, subrayó que el seguimiento de la huelga fue "mayoritario" por los miembros que componen este órgano.

Zapatero, contra la corrupción urbanística

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hoy que el Grupo Socialista y el Gobierno siempre están abiertos a considerar nuevas medidas de caracter normativo y preventivo que "puedan generar una mayor fuerza en la prevención contra comportamientos irregulares o delictivos".

Zapatero respondió así a una pregunta parlamentaria de la diputada del Grupo Mixto Uxue Barcos, acerca de si tiene previsto el Gobierno tomar medidas para atajar la corrupción de los Ayuntamientos.

A este respecto, el presidente recordó que el Gobierno ha venido trabajando en los últimos años para "reforzar todos los mecanismos en esa lucha contra la corrupción, y de manera singular en el ámbito urbanístico".

"Medidas que han reforzado los medios y las funciones de la Fiscalía Anticorrupción, y así también se ha creado la figura del fiscal coordinador del medio ambiente y urbanismo. Se han reforzado los medios policiales con la creación de grupos específicos de Policía y Guardia Civil contra delincuencia urbanística", explicó.

Añadió que, además, está la Ley del Suelo, en la que se introdujeron "diversas previsiones específicas para combatir" la corrupción urbanística. Citó también las reformas normativas en materia local sobre las obligaciones de publicidad de los bienes e intereses de los miembros de los Gobierno, así como el endurecimiento de su régimen de incompatibilidades.

Reconoció, eso sí, que es "verdad" que el conjunto de casos que están dando lugar a sumarios o actuaciones por parte de la Fiscalía ponen de manifiesto que hay un "combate contra lo que pueden ser comportamientos delictivos, que afectan a un número ayuntamientos, en todo caso relativo, pequeño, en el conjunto de los más de 8.000 municipios que hay".

La diputada Barcos, por su parte, señaló que las medidas que enumeró el presidente eran "interesantes pero no suficientes", y pidió que se resuelva la financiación de los ayuntamientos, porque "su falta de financiación los convierte en un talón de aquiles del sistema", tal y como demuestran "los casos que copan las páginas de los periódicos".

Asimismo, estimó necesaria "más transparencia" al promover mayor colaboración con la administración de Justicia en los casos que se requiera, y pidió transparencia política. "Lo ha pedido el PSOE en el caso del espionaje madrileño. Es precisa transparencia política y aceptar las comisiones de investigación junto a las investigaciones judiciales", recalcó.

Ante estas afirmaciones, Zapatero puntualizó que "desgraciadamente" muchos supuestos de corrupción o delitos en el ámbito municipal no tienen que ver con las necesidades de financiación de los ayuntamientos sino con "otro tipo de necesidades mucho más inmorales".