viernes, 20 de febrero de 2009

Rajoy encarga a Pilar Barreiro que elabore un informe sobre la actuación de la Fiscalía del TSJRM

CARTAGENA.- La portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, Soyara Sáenz de Santamaría, ha encargado a la alcaldesa de Cartagena y diputada por la Región de Murcia, Pilar Barreiro, que elabore un exhaustivo informe sobre la actuación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia contra cargos públicos de su partido, según confirmaron distintas fuentes a 'La Opinión'.

La petición parte del propio presidente, Mariano Rajoy, quien la semana pasada escuchó las quejas de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de su partido contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, por las filtraciones, y cuya comparecencia en el Congreso ya ha sido solicitada por los populares por el presunto caso de corrupción en las comunidades de Madrid y de Valencia.

A raíz de la solicitud de esta comparecencia, fuentes del PP murciano han manifestado su enfado por que no les hayan hecho caso en los últimos años en la calle Génova.

Las mismas fuentes lamentan que hayan tenido que verse afectados en Madrid por los casos de corrupción para que se produzca una reacción. Cuando los populares murcianos se han sentido acosados por el Ministerio Público e incluso algunos jueces en varias ocasiones, explican, en el PP nacional no hubo ninguna reacción.

Otras fuentes del PP murciano sostienen que además del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, su grupo parlamentario debería pedir explicaciones al ministro de Justicia y diputado del PSOE por la Región, Mariano Fernández Bermejo, a quien consideran uno de los culpables de las directrices que según ellos cumple la Fiscalía, tal y como aseguraban ya durante el transcurso de la pasada campaña electoral.

IU+LV Abarán denuncia la contratación irregular de tres personas por parte del Ayuntamiento

ABARÁN.- El concejal de Izquierda Unida+Los Verdes (IU-LV), Pablo Javier Rodríguez, denunció hoy públicamente que el Ayuntamiento de Abarán "contrató, de manera presuntamente irregular, a tres personas; una de ellas hermana de una edil del Partido Popular (PP), pese a no contar con el apoyo del Pleno de la corporación", según informaron fuentes de la coalición en un comunicado.

De este modo, Rodríguez explicó que el Consistorio abaranero "contrató el servicio de recaudación con una empresa privada para la que trabajaban estas tres personas y que, después de unos años, decidió prescindir de su asistencia para suscribir un convenio con la Agencia Regional de Recaudación".

Asimismo, indicó que el equipo de Gobierno municipal "intentó entonces contratar, mediante una subrogación, a esos empleados para trabajar en el Ayuntamiento", a lo que IU+LV se opuso tras proponer que esa contratación se hiciese a través de la municipalización del servicio de recaudación.

Por otro lado, el concejal de IU+LV indicó que el Consistorio celebró un Pleno extraordinario "para lograr el apoyo de la oposición", pero su grupo político "solicitó que se ausentaran de la votación los concejales de Festejos y Urbanismo, Isabel Carrasco y José Gómez, por ser hermana y prima de uno de los trabajadores".

"Al no contar con el voto de esos dos ediles, el PP perdió la mayoría absoluta, por lo que no se aprobó la contratación de los trabajadores, si bien, unos días más tarde, y mediante Junta de Gobierno Local, fueron contratados de manera indefinida como personal del ayuntamiento", indicó.

Finalmente, Rodríguez señaló que su formación política "apuesta por la contratación legal y no 'a dedo' del personal del consistorio para dar transparencia a la gestión municipal.

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región bajan un 7,6% en el último año y se sitúan en 90.650

MURCIA.- El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia alcanzó los 90.650 en enero, lo que supone una disminución del 7,6 por ciento con respecto al mes de enero de 2008, según datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Así, entre enero de 2008 y 2009 el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia disminuyó en 7.486 personas. Cabe destacar además, que la disminución del 7,6 por ciento registrado en la Región quedó por encima de la media nacional, que registró un descenso del 6,2 por ciento en el último año.

Del total del número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Murcia, 38.166 correspondieron al régimen general; 42.517 se enmarcaron en el régimen agrario; 5.410 fueron autónomos; 4.448 en el Hogar; y 63 trabajadores del Mar.

El consejero Cruz sigue provocando polémicas con sus chapuzas

MURCIA.- El director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Enrique Ujaldón, considera «algo provinciano pensar que ofende nuestra sensibilidad» que una imagen de una cueva ubicada en otra comunidad autónoma ilustre un folleto sobre el arte rupestre murciano cuando es «un patrimonio universal».

Ujaldón explicó que, aunque no ha visto la citada publicidad de Murcia Turística, «el arte rupestre es patrimonio de la Humanidad; no es de un lugar, es de todos», y recordó que el reconocimiento de la Unesco «fue para todo el arte rupestre levantino, que engloba a muchas provincias».

«La publicidad que se haga debe ser conjunta», opinó Ujaldón, para quien «es fácil que haya publicidad de Murcia en otras provincias y viceversa».

«Por ejemplo, el Consejo de Hombres Buenos es una candidatura conjunta (a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad) con el Tribunal de las Aguas de Valencia».

Ante la insistencia de la prensa de que se trataba de un folleto genérico de Murcia Turística, Ujaldón insistió en que «no he visto la publicidad».

«Lo veremos y, si se ha producido algún fallo, asesoraremos a Murcia Turística para que no se produzca, pero no hay que darle más importancia».

«Fue un recurso que utilizó la empresa de publicidad para promocionar la ruta de Abrigos con arte rupestre de la Región, y la imagen sale junto a otras de Calasparra, Cieza, Moratalla y el Cañón de Almadenes».

Esta la explicación que ofreció la Consejería de Turismo y Cultura de la Comunidad Autónomoa para que los ciudadanos puedan entender por qué en un folleto promocional de la Región de Murcia aparece una imagen de una cueva de arte rupestre en Castellón.

El folleto en cuestión de Murcia Turística, en el cual se aprecian cinco fotografías de arte rupestre, se realizó hace dos años para potenciar la mencionada ruta y se publicó en varios medios informativos como parte de una campaña de publicidad enfocada a la promoción de este tipo de arte en la Región.

De esta manera, la Consejería admite que, como aseguró el miércoles en la Asamblea el diputado socialista Antonio Martínez Bernal, se ha utilizado una fotografía de una cueva de Castellón para promocionar la Región. En concreto, esta pintura se encuentra en la cueva La Saltadora, en La Valltorta (Castellón).

El secretario de Estado de Ciencia e Innovación cree que el sector agroalimentario debe ser el estandar del I+D+i en la Región

MURCIA.- Agroalimentación, energías renovables, universidad y salud. Son los cuatro ejes sobre los que, según el Ministerio de Ciencia e Innovación, debe girar el fomento de la I+D+i en la Comunidad Autónoma para que la Región de Murcia salga reforzada de esta omnipresente crisis económica.

Así lo aseguró a 'La Verdad' el número 2 de Cristina Garmendia, Carlos Martínez Alonso, que participó en Murcia en unas jornadas con la comunidad científica regional y que organizó el PSOE dentro de la ronda de contactos que los socialistas murcianos iniciaron el año pasado para «arrimar el hombro» contra la crisis económica.

A la reunión asistieron el propio secretario de Estado, Carlos Martínez, Pedro Saura, María González, Sara García y diferentes investigadores de la Universidad de Murcia, del Imida y del Cebas, entre otros.

Pese a todo, Martínez destacó sobre el resto el sector agroalimentario, y reconoció que la Región «dependía más de la construcción que otras autonomías, pero también es verdad que tiene otras ventajas que no tenían otras comunidades, como el sector agroalimentario o una universidad muy competitiva».

En este sentido, consideró que «hay que hacer de la crisis una virtud, y que hay que mirar las ventajas que la Región de Murcia tiene para salir de la crisis». Por el contrario, apuntó que «lo que no podemos fijarnos en las desventajas», e hizo hincapié en que «hay que buscar la colaboración con las industrias para salir reforzados de esta crisis y ganar en competitividad».

Al respecto, insistió en la necesidad de apoyar la agroalimentación porque se trata de un sector «muy productivo y competitivo en la Región y, desde el punto de vista de generación del conocimiento, afirmó que «hay una universidad y organismos de investigación extraordinariamente competitivos».

Además, Martínez indicó que España destinó el 1,27% de su PIB a I+D+i en 2007, y mostró su interés en que «otras comunidades hagan también su objetivo de esta apuesta por la investigación». Y es que se trata de una cifra que se encuentra a 3,6 décimas de la media regional, que es de 0,91%, una diferencia que «se ha incrementado desde el bienio 2000-2001», destacó Pedro Saura.

El líder de los socialistas murcianos apuntó que «sólo saldremos de la crisis si se apuesta por la competitividad, la innovación y el apoyo a la investigación», para lo que consideró «importante» la concienciación del Gobierno regional, que «tiene muchas de las competencias en este área y es importante que las asuma».

Comienzan los incumplimientos en las primeras 'obras' del fiasco de Corvera

MURCIA.- «Valcárcel decía que las obras del aeropuerto nos iban a ayudar a salir de la crisis, pero a nosotros nos van a llevar a la ruina». Estas palabras de Juan Luis Martínez Carrillo, empresario de Torre Pacheco, reflejan la rabia y la frustración de un grupo de empresarios murcianos para los que uno de los principales proyectos de futuro de la Región se ha convertido en una pesadilla.

Son trece pequeños empresarios que han prestado sus servicios en la construcción del nuevo aeropuerto desde el inicio de las obras, en julio del año pasado, pero que hasta ahora no han cobrado ni un céntimo, según publica 'La Verdad'.

En su mayoría se trata de empresas de maquinaria pesada, contratadas para la excavación y movimientos de tierras por la sociedad Ginapefe, S. L., de Castellón, subcontratada por Sacyr para realizar estos trabajos en el futuro aeropuerto. La subcontratista, según indican los empresarios afectados y confirma la concesionaria del proyecto, Aeromur, ha cobrado ya por su contrato, pero no ha liquidado sus deudas con los empresarios murcianos que realizaron las trabajos.

Todos los pagarés que entregó la empresa de Castellón y que han vencido les han sido devueltos sin pagar a los afectados.

La deuda total dejada por Ginapefe en Murcia asciende a 299.896,07 euros, aunque no todos los afectados viven el problema con la misma angustia. A Tracmarto, S.L., la empresa de Juan Luis Martínez, le deben 86.271 euros, mientras que el Café-Bar El Perillas, de Corvera, tiene pendiente de cobrar los 1.767,90 euros que costaron las comidas de los empleados de Ginapefe y que se fueron sin pagar.

La deuda está causando problemas de liquidez a algunos de los empresarios perjudicados, que incluso se ven amenazados por la quiebra, según explican en la carta que han remitido al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, a la Consejería de Obras Públicas, y a Sacyr. «A la mayoría nos han dejado en una situación precaria y en situación de plantearnos el concurso de acreedores o tener que despedir a parte de los empleados», señalan los empresarios murcianos en dicha carta. Estas sociedades dan trabajo a casi un centenar de personas.

En la misiva reclaman a la Comunidad Autónoma y a Sacyr, máximo accionista de la concesionaria del aeropuerto y responsable de la contratación de Ginapeje, que «con la máxima urgencia tomen medidas, dado que nuestra situación económica es insostenible».

Aeromur dice haber pagado

La llamada de auxilio lanzada por los trece empresarios murcianos dejados en la estacada por la empresa Ginapefe, subcontratista de las obras del aeropuerto, ha recibido una discreta respuesta, hasta ahora, por parte de la Comunidad Autónoma, contratista de la concesión, y de Sacyr, máximo accionista de la concesionaria y responsable de la contratación de la empresa morosa.

José María Bernabé, secretario general de la Consejería de Obras Públicas, declaró ayer a La Verdad que «lo máximo que podemos hacer nosotros, dado que es una concesión, es pedir información a la concesionaria sobre el contrato con la empresa que no paga, y ya lo hemos hecho».

Bernabé considera que los empresarios perjudicados «tendrían que ir a los tribunales y reclamar, con los contratos en la mano, el pago de su deuda».

Los empresarios no descartan esta opción, pero Juan Luis Martínez, que viajó a Castellón para exigirles el pago tras serle devueltos varios pagarés, indica que le amenazaron con no pagarle si recurría a los tribunales.

La Consejería anunció que se pondrá en contacto con todos los afectados para explicarles su posición y ofrecerles el apoyo y la información que precisen para reclamar el pago de la deuda.

Fuentes de Aeromur, concesionaria del aeropuerto y participada por Sacyr, Cajamurcia, CAM y El Pozo, entre otras sociedades, indicaron que Ginapefe es una de las tres empresas que formaban el grupo empresarial con el que se contrató el movimiento de tierras, el mismo trabajo que realizaron en la ampliación del aeropuerto de Alicante, lo que era suficiente garantía para Sacyr.

La concesionaria pagó en noviembre a estas empresas a través de pagarés, los cuales ya han sido descontados por las subcontratadas.

El grupo de empresarios afectados por el impago de Ginapefe, S.L., advierten en la carta remitida a la Comunidad Autónoma y a Sacyr, en la que explican su situación, de la posibilidad de realizar alguna protesta pública si no cobran los trabajos realizados en el nuevo aeropuerto.

Juan Luis Martínez Carrillo confirma esta amenaza: «Queremos cobrar por nuestro trabajo o que nos den una solución, y si no lo hacen estamos dispuestos a llevar nuestras máquinas al aeropuerto y paralizar las obras».

La indignación de los afectados es tal que incluso extienden su denuncia a las obras del aeropuerto: «Están paradas desde octubre, hay trabajando unos pocos albañiles y nada más. A nosotros, hace quince días, nos pidieron que lleváramos las máquinas unas horas, mientras que duraba el acto al que fueron Valcárcel y el presidente de Sacyr; cuando se acabó el acto nos las llevamos», indica Rubén España, de Transformaciones Hijos de Martínez y Baños, S. L.

A las quejas de los empresarios afectados por el impago de una de las subcontratistas del aeropuerto se sumarán hoy las de los propietarios de los terrenos de Corvera expropiados por la Comunidad Autónoma para ejecutar las obras.

La Asociación de Afectados del Aeropuerto Internacional de Murcia, que agrupa a un centenar de expropiados, reclamará hoy a la Consejería de Obras Públicas que concrete una fecha para la determinación del justiprecio de los terrenos ocupados, y así poder desbloquear el proceso administrativo paralizado desde hace meses.

«En junio ocuparon los terrenos, nos despojaron de nuestras fincas, algunas de ellas en explotación, y todavía hoy no nos han dicho ni cuanto valen», indica María José Rabal, portavoz de la asociación.

Detenido el inspector jefe de la Brigada de Extranjería de Murcia por la presunta comisión de un delito

MURCIA.- La Guardia Civil ha detenido al inspector jefe de la segunda actividad de la Brigada de Extranjería y Documentación de Murcia, Diego de Gea, según informaron hoy fuentes cercanas. Al parecer, está implicado en una red dedicada a regularizar a inmigrantes de forma fraudulenta.

Y es que, la Benemérita, en la denominada operación 'Huellas', llevada a cabo en Murcia, ha desarticulado dicha red. La operación se ha saldado con la detención de 21 personas y la imputación de 17 más, entre las que se encuentran funcionarios de la Administración y miembros del Cuerpo Nacional de Policía destinados en el edificio de Extranjería de Murcia.

Los hechos se remontan a hace seis meses, cuando la Guardia Civil recogió una serie de denuncias de particulares y de organizaciones versadas en supuestas prácticas irregulares que se venían sucediendo en torno a trámites administrativos gestionados en el inmueble de la Oficina Única de Extranjeros (O.U.E.), más concretamente en el área policial de dicho inmueble, según informó la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Tales irregularidades se enmarcaban en el proceso de estampación de la huella digital, así como en el de la concesión y renovación de los permisos de residencia. De hecho, algunos de los inmigrantes que conseguían regularizar su situación administrativa tenían incluso causas pendientes con la justicia, llegando a estar buscados por ella.

Tras una "exhaustiva" investigación por parte de la Guardia Civil, se pudo determinar la existencia clara de dos grupos de actores "perfectamente estructurados y jerarquizados" de forma piramidal.

Un primero formado por funcionarios tanto del Cuerpo Nacional de Policía, como de la Administración General del Estado destinados en el área policial de la O.U.E, que serían los que tendrían acceso a realizar los trámites fraudulentos a cambio de supuestas comisiones económicas. Sobre este grupo se han realizado tres detenciones y otras tres imputaciones.

Un segundo grupo, estructurado de forma jerarquizada y piramidal, formado por personas de origen árabe externas a la O.U.E. y en cuyo vértice se encontraba un marroquí --que responde a las iniciales de T.N.-- el cual mantenía "estrechas" relaciones con el primero de ellos, y ejercía de enlace personalmente entre los mismos. El resto lo componían facilitadores o captadores de clientes que se los hacían llegar a T.N. Sobre este grupo se han realizado 18 detenciones y otras 14 imputaciones.

El pasado lunes comenzó la explotación de la operación, organizándose por parte de la Jefatura de la Zona de la Guardia Civil de Murcia un "gran despliegue" de efectivos por toda la Región que localizó, detuvo e imputó en menos de 10 horas a 36 personas implicadas en dicha trama.

Aquellas que habían pagado por la compra de documentos falsos o habían realizado los trámites de forma irregular fueron puestas en libertad tras prestar manifestación.

En otro sentido, aquellos pertenecientes a los dos grupos anteriormente citados pasaban en calidad de detenidos a disposición judicial. El total de la operación arroja un total de 21 detenciones y 17 imputaciones, 5 registros domiciliarios y la incautación de numerosa documentación falsificada.

Para la identificación y detención de los funcionarios implicados se ha contado con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía y responsables de la Oficina Única de Extranjería.

Valcárcel resalta el liderazgo de la agricultura ecológica murciana como credencial de garantía alimentaria en el mundo

NUREMBERG.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, destacó hoy que "a través del trabajo eficiente e innovador de agricultores y productores, se ha conseguido que la agricultura ecológica sea pionera y una credencial más de la importante oferta de la agricultura murciana en todo el mundo, como garantía alimentaria y modelo para otras comunidades y países de la UE".

Valcárcel realizó estas declaraciones durante su asistencia a la vigésima edición de la Feria de Agricultura Ecológica Biofach, en la que la Región participa con un stand de productos murcianos procedentes de una veintena de empresas, 16 de ellas incluidas en el Consejo Regulador de la Región de Murcia, que han sido cultivados libres de cualquier residuo químico, según informó el Ejecutivo murciano en un comunicado.

Al hilo, resaltó la "enorme dimensión" alcanzada por este evento agroalimentario internacional, así como "el amplio reconocimiento que ha otorgado siempre esta feria a la agricultura ecológica murciana".

Y es que, a su juicio, "es un sector muy importante que llega a comercializar hasta 100 millones de euros al año y en el que los agricultores murcianos han sido pioneros, ya que se está practicando en la Región desde 1974, con la certificación del arroz de Calasparra, que fue la primera también en toda la Unión Europea".

Por todo ello, el jefe del Gobierno regional puso de manifiesto que la agricultura murciana "es un sector estratégico básico para la producción de alimentos en toda Europa", tal como ya se demostró, igualmente, hace tan sólo unas semanas en la Feria Fruit Logística de Berlín.

De este modo, enfatizó "el esfuerzo realizado por el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica para la aplicación a la agricultura murciana de las técnicas más idóneas para obtener unos productos competitivos de calidad".

La feria Biofach 2009 reúne a más de un centenar de países de todo el mundo y muestra las últimas tendencias de producción ecológica, entre las que destacan los productos procedentes de la Región, como frutas y hortalizas frescas, queso, yogur y leche de cabra, vinos, aceites y conservas, elaborados según las exigencias de los cultivos ecológicos.

Murcia es una de las principales regiones con mayor superficie porcentual destinada a la agricultura ecológica. Además, según explicó el presidente regional, "la agricultura ecológica sigue ganando peso en la economía, ya que hace tan sólo una década había 4.000 hectáreas destinadas al cultivo ecológico y hoy superan las 37.000".

Asimismo, la Región de Murcia genera una gran variedad de alimentos procedentes de la agricultura ecológica, "lo que constituye una de las principales ventajas competitivas frente a otras zonas productoras de Europa", por lo que, aseguró, "en época de crisis como la actual, se hace más necesario que nunca apostar ella, por el valor añadido que representa".

En concreto, se trata de un sector que emplea a más de 1.500 personas, a las que se suman las que trabajan en las 156 empresas que se dedican a la elaboración y envasado de los productos ecológicos.

Los mercados extranjeros son los principales consumidores de la producción regional de alimentos ecológicos, ya que un 90 por ciento de los mismos se destinan al comercio exterior, siendo Reino Unido, Alemania y Francia los principales países de destino.

El presidente de la CECA destaca a 'Cajamurcia' como una de las mejores cajas de España

MURCIA.- El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, aseguró que Cajamurcia "es una de las mejores cajas de España", tras lo que añadió que "es como decir una de las mejores del mundo".

Quintás, quien hizo estas declaraciones durante su intervención en la XXVI Convención de Directivos de Cajamurcia, que reunió a más de un millar de personas en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia, se refirió también a que la labor de la entidad "destaca no sólo por su excelencia financiera, sino porque ha sabido conservar las raíces de las esencias más puras de lo que es una Caja".

Así, alabó la forma en que la entidad "ha conseguido hacer una banca de proximidad, que será el reto de la banca del futuro una vez superada la actual crisis económica". Igualmente, consideró "muy positiva" la alianza estratégica que mantiene con las regiones donde opera, "desde la perspectiva de la preocupación por su desarrollo social y económico".

Otro de los aspectos "positivos" a los que hizo mención fue "el haber mantenido la obra social en su lugar, sin que ésta haya pasado a un lugar secundario". Como conclusión, indicó que Cajamurcia, como entidad financiera, "ha sabido conservar lo mejor de nuestra historia, en su imagen actual y en su proyección de futuro".

Por su parte, el presidente de Cajamurcia, Carlos Egea, inició su intervención en este encuentro de directivos, celebrado bajo el lema '2009: Solidez, cercanía y futuro', refiriéndose al millón de clientes que diariamente confían en la entidad y a las personas "que componen uno de los mejores equipos del sector, pues han sabido afrontar la situación económica y financiera con una actuación equilibrada".

Egea valoró la profesionalidad de los directores de las oficinas, "cuya gestión ha permitido que la Caja se sitúe entre las cinco primeras del país por calificación crediticia, recientemente reafirmada por Fitch Ratings en A+", tras lo que resaltó que "somos la primera y única caja de nuestro tamaño en obtener y reafirmar esta calificación, superando a la mayoría de entidades del país, incluso a muchas otras con mayor dimensión."

En este sentido, destacó la posición competitiva de la Caja que, además, dijo "mejora comparativamente con el tiempo en eficiencia, rentabilidad y solvencia", tras lo que afirmó que la Caja "se mantiene en una posición holgada de liquidez, sin vencimientos relevantes en los mercados mayoristas".

También se refirió a la calidad de los créditos, con una morosidad del 1,71 por 100 y un 140 por 100 de cobertura, y a la solvencia que se sitúa en el entorno del 13 por ciento, un 60 por ciento más de lo exigido, según informó Cajamurcia en un comunicado.

Finalmente, el presidente de Cajamurcia hizo hincapié en la importancia de una cultura corporativa basada en los principios y las personas como fórmula para sostener la reputación y la imagen de marca en el momento actual.

El Vaticano retira a Reig Plá sus competencias sobre la UCAM en favor de Monteiro de Castro

MURCIA.- La Universidad Católica de Murcia ha quedado, a efectos canónicos, bajo el control directo del Vaticano. La jurisdicción sobre esta institución académica ha pasado del obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor Reig Pla, a manos del nuncio del Papa en España, Manuel Monteiro de Castro.

Según ha podido saber La Verdad, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarsicio Bertone, ha hecho saber otra vez por carta que la propiedad y titularidad de la Universidad Católica (UCAM) corresponde a la Fundación San Antonio que preside José Luis Mendoza, ratificándose de esta forma en su comunicado de abril del año pasado.

Mendoza, a preguntas de La Verdad, ha confirmado que ha recibido esta misiva del número dos del Vaticano y una llamada del nuncio. Espera que quede definitivamente zanjado el conflicto entre la Fundación y el Obispado.

Las competencias que tenía Reig Pla sobre la UCAM, según la normativa canónica, han sido transferidas al nuncio, explicó ayer José Luis Mendoza. Las tareas confiadas al obispo se ceñían a la vigilancia y salvaguardia de la identidad católica de esta universidad y su fortalecimiento. Mendoza recuerda que el nuncio «conoce con todo detalle nuestra universidad». Manuel Monteiro (en la imagen) ejercerá estas funciones mientras la Santa Sede no decida otra cosa.

La carta del cardenal Bertone se reafirma en su pronunciamiento de abril del año pasado, según el cual la propiedad y titularidad de la UCAM corresponde a la Fundación San Antonio. Fue creada al amparo de los acuerdos entre el Estado español y el Vaticano y eregida según el artículo 3.3 de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae que concede esa postestad a un fiel laico.

Asimismo, hace constar que la Diócesis de Cartagena queda excluida de cualquier responsabilidad civil, directa o subsidiaria, sobre esta universidad en caso de descalabro económico. La misiva, de dos folios, apunta que monseñor Reig Pla ya ha sido informado de esta decisión.

El obispo señaló en noviembre, a raíz de la polémica por la suspensión del acto de apertura oficial del curso de la UCAM, que la primera carta del cardenal Bertone se basaba «en una mente o voluntad circunstancial y fue redactada a la vista de un conjunto de documentos que le fueron proporcionados por la Fundación Universitaria San Antonio, sin refrendo alguno ni validación por este Obispado».

Añadió que había expuesto personalmente al cardenal Bertone los datos que obraban en poder del Obispado para reclamar la titularidad de la UCAM y que estaba a la espera de las indicaciones de la Santa Sede.

Mendoza dijo ayer que la carta no contiene ningún reproche hacia su gestión, y que no se le ha impuesto ninguna condición a la Fundación para seguir con el control de la Universidad católica .

«El cardenal Bertone ha aclarado la cuestión del todo, ya que se había creado una especie de inseguridad jurídica por el recurso que presentó el señor obispo.

El secretario de Estado es la persona competente para decidir porque es quien vela por el cumplimiento de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado español. La Santa Sede ha hablado de nuevo disponiendo de toda la información», apuntó. A su juicio, el tema está cerrado.

Una fuente próxima al obispo Reig Pla, que está de visita en Roma, dijo ayer a La Verdad que la nueva carta del cardenal Bertone «no tiene mayor trascendencia» porque refleja «lo mismo que dijo el año pasado». A la pregunta de qué opinaba el obispo sobre la pérdida de sus competencias, que se traspasan al nuncio, esta fuente dijo que desconocía esos detalles de la misiva.

Por su parte, José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, manifestó ayer que la carta que ha recibido del cardenal Bertona «le proporciona una gran tranquilidad a todo el personal, profesorado y alumnos de nuestra universidad. Supone un importante respaldo del Vaticano».

«Hemos pasado un calvario de veinte meses y esperamos que todo haya quedado aclarado». Añadió que el obispo Reig Pla «tiene todo nuestro respeto como pastor. Las competencias que tenía pasan ahora al nuncio, según dice la carta. Siempre hemos dicho que la Fundación tiene la propiedad y titularidad de la UCAM. La Santa Sede lo ha ratificado y supone una alegría enorme para nosotros».

Sobre la jurisdicción que ejercerá el nuncio, Mendoza indicó que serán las que tenía el obispo «referente a la vigilancia de la identidad católica de nuestra universidad, que se verá reforzada». Dijo que el nuncio le llamó por teléfono para informarle.

Casanova arremete contra la CNMV y defiende la legalidad de su actuación para salir del Banco Popular

MADRID.- El empresario y promotor inmobiliario Trinitario Casanova arremetió contra la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al calificar de "incoherente" la denuncia presentada contra él por la Fiscalía Anticorrupción a instancias del organismo regulador por presunta manipulación de mercado en el 'caso Bluprime', y defendió la legalidad de su salida del Banco Popular.

La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, suspendió sin nueva fecha la declaración como imputado del empresario debido a la huelga de funcionarios de Justicia que mantiene el juzgado en servicios mínimos.

El empresario explicó, en declaraciones a la prensa, que la CNMV "podría haber suspendido la cotización del Banco Popular como hace en muchos casos similares", citando suspensiones que se han llevado a cabo en grandes empresas, y defendió que la operación supuso "una simple negociación de la venta de sus acciones que finalmente no cuajó".

"No entiendo qué busca la CNMV", afirmó Casanova, que está imputado por la presunta difusión de noticias falsas para intentar alterar la cotización del Banco Popular al anunciar la venta de su participación del 3,5% a la sociedad "fantasma" Blueprime.

Casanova se mostró "tranquilo" ante la apertura de la causa contra él por presunta manipulación del mercado y mostró su deseo de declarar "cuanto antes", ya que, a su juicio, los argumentos de la acusación adolecen de "falta de coherencia".

La comparecencia de Casanova ante la juez será la primera diligencia que se practique tras la admisión a trámite de la denuncia presentada el pasado 7 de noviembre por la Fiscalía Anticorrupción contra el promotor inmobiliario, tras examinar la documentación remitida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Anticorrupción acusa a Casanova de constituir la sociedad "fantasma" Blueprime para simular ante la prensa que inversores mexicanos iban a adquirir hasta el 20% del Banco Popular con la finalidad de inflar el valor de las acciones de la entidad, según la denuncia de la Fiscalía.

Los hechos tuvieron lugar en junio de 2008, cuando la prensa económica informó sobre el inminente lanzamiento por parte de un supuesto grupo inversor mexicano de una oferta pública de adquisición de acciones sobre el Banco Popular, lo que provocó una súbita subida de su valor "no acorde con la evolución del mercado", explica la Fiscalía.

La acción del Popular llegó a subir un 6,7% hasta alcanzar un valor de 9,88 euros, lo que supuso un volumen de negociación de 32,8 millones de títulos, esto es, 4,25 veces más su promedio de negociación en las 30 sesiones anteriores, detalla la denuncia.

"La investigación llevada a cabo por la CNMV puso al descubierto tanto la irrealidad de la operación como la falsedad de la información publicada", explica el Ministerio Fiscal.

La Fiscalía considera que se ponen de manifiesto unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito relativo al mercado y los consumidores tipificado en el artículo 284 del Código Penal (CP) en relación con el articulo 287.2.

Casanova se podría enfrentar a penas de prisión de entre seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses por difundir noticias falsas con la intención de alterar los precios, según el artículo 284 del CP.