sábado, 14 de marzo de 2009

La UDEF puede dar el verano / Apunte de Argárico

La UDEF, la unidad policial contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, le puede dar el verano a más de un murciano, alicantino, castellonense y valenciano de cierto perfil.

Una supuesta trama única de corrupción, extendida por la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, viene siendo sistemáticamente investigada desde hace meses por varios niveles del Estado y todas las pistas conducen, en primera instancia, a Panamá y a algún que otro paraíso fiscal más discreto.


Quien menos se lo espere, ya está retratado y convenientemente grabado.

'Buscas un chorizo y te topas, sin esperarlo, con una ristra", comenta jocosamente uno de los jóvenes mandos policiales al frente de una de estas investigaciones. Otros desvelan que se están encontrando a mucha gente, públicamente relevante, "de uno y otro sitio, de todas las ideologías, y dedicaciones aparentes", y eso dificulta un tanto políticamente la resolución. Pero ahora los tiempos son otros y las exigencias también.

Por eso precisamente todo dato sospechoso se cruza y así se va completando un puzzle que, previsiblemente antes de concluir este año, acabará de cuajo con impresentables carreras polítícas y sorprendentes enriquecimientos rápidos pero con trampa. La maquina, pues, está en marcha "y se llegará a puerto" por muchas zancadillas y mecanismos con resorte, escondidos para evitarlo.

El juez Garzón parece que algo sabe de ésto y, quizás, por eso se le ataca muy fuerte desde aquí. Hay quien ya ve por los suelos el resultado de tanto esfuerzo para corromperse. Y apela a lo que sea para que la Justicia, se llame Garzón o Grande-Marlaska, no cumpla a tiempo con su deber, en toda su extensión y profundidad.

Parece que el ex ministro de Justicia y diputado por Murcia, el fiscal Fernández Bermejo, también ha dejado bastante allanado el camino para lo que tenga que venir, y llegar para unos cuantos figurones sin valores morales aunque con magníficas dotes de interpretación. Su paso en campaña electoral por esta orilla mediterránea le ha hecho comprobar personalmente al de Gredos hasta qué punto esta maldición lo corcome todo. Estamos, a Dios gracias, perdón, ante un gran cazador.

Los jueces tienen ahora ante sí un gran reto: o sucumbir a sus propios temores u oir a una, hoy muy lacerada por la crisis económica, sociedad democrática con sensación de haber sido estafada por los políticos y sus amigos beneficiados y/o corruptores. Ahí están muchas de las claves de la historia de España que ahora se está escribiendo y donde no se deberían mezclar, finalmente, caballeros con bribones; esos patriotas de pega, que se han llevado fuera el botín, a buen recaudo creen, que han reunido y arramblado a costa de su país.

La Policía está convencida de que muchas de las plusvalías de la especulación urbanística intensa de los últimos años en la costa y áreas metropolitanas "no están invertidas en España ni han liquidado impuestos" y tampoco "muchos de los productos líquidos provenientes de delitos de cohecho", y como tal, opacos al fisco español y comunitario.

Bruselas es la primera no dispuesta a perdonar su parte del IVA en este gran tongo de la política y la empresa españolas en el Mediterráneo. "Ni aún teniendo escondido su botín en las islas Cocos se van a escapar", sentencia uno de los sabuesos más perspicaces, constantes y metódicos, entregado de lleno a desmantelar la trama.

Pero también los beneficios del tráfico de influencias y las utilidades de los sobornos han sufrido un proceso de blanqueo y transformación del capital mediante procedimientos detectados por los investigadores. Parece ya reunidas pruebas suficientes como para poder llevar ante un juez a ilustres ciudadanos de ambas regiones mediterráneas.

"Conforme avance el malestar social, antes tendrán que rodar cabezas", sostiene un conocido abogado murciano, especialista en la lucha contra la corrupción, que se cartea con el mismísimo Sarkozy y también con altos funcionarios de la Unión Europea. Sabe bien, pero guarda el secreto, dónde tiene escondido todo lo robado su principal bestia negra política.

El futuro inmediato de los paraísos fiscales no es muy alagüeño. Los países del G-8 y del G-20 desean ya su desmantelamiento urgente y hasta Suiza no ha podido evitar sucumbir a tal clamor de los países económicamente más poderosos. Tener escondido el dinero en ellos ya no es nada seguro para el presunto delincuente de guante blanco. Y mucho menos en los europeos, comenzando por Andorra y la muy recalcitrante Gibraltar. Ya no hay garantías para ningún secreto bancario.

Pero enseguida vendrán los otros, los del Caribe o Mónaco (si el Príncipe muriese sin sucesor, Francia se anexionaría ese pequeño territorio) más reacios a cerrar sus respectivas cuevas de ladrones. Hasta los paraísos fiscales británicos en las islas del Canal se apresuran a colaborar sin más dilación con la Justicia.
Irán cayendo todos, uno a uno, y poco a poco. La Tierra es ahora mucho más pequeña para los delincuentes aunque algunos crean poder comprarlo todo con dinero.

Miembros de la UDEF, que exigen el anonimato, reconocen sin embargo que, "desde hace meses, hay colaboración real entre los funcionarios de la mayoría de esos países pirata y las policías de Europa y Estados Unidos a través de Europol y el FBI". No pueden asegurar, pero no lo decartan, el concurso de servicios de inteligencia "porque, en el fondo, anida un problema de seguridad nacional en cada caso".

Lo que sí se está tolerando, porque ayuda a la inaplazable limpieza, son los ajustes de cuentas entre los implicados. Entre ellos hay políticos, empresarios y financieros que todos conocemos o nos tropezamos por la calle. No son tan invulnerables como ellos se creen.

Aparte de lo anterior, el intercambio de informacion ya se ha hecho costumbre. Y eso facilita bastante la instrucción judicial y la estrategia, en el caso español, de la Fiscalía Anticorrupción. Lo que si parece algo más cierto es que Garzón y su unidad de policía judicial estarían hace meses sobre algunas pistas sólidas que conducen a Valencia, Alicante, Castellón y Murcia.

También la Agencia Tributaria tendría en Barcelona un grupo de funcionarios dedicados casi en exclusiva a esta cuestión esencial.

(Lo del sastre de un político no pasa de ser una anécdota para ponerlo nervioso y provocar que la ansiedad le lleve a cometer errores de niño. He creído percibir que le faltan buenos asesores a esta falla de provincias).

El Estado, pues, trabaja en silencio pero avanza. Los defraudadores y sus propiedades no van a quedar en la impunidad en plena crisis de recaudación fiscal. Y si de la investigación tributaria internacional se derivan otros presuntos delitos de corruptores y corrompidos, la Justicia no debería mirar para otro lado en tiempos de sufrimiento para tantos valencianos, alicantinos, castellonenses, ilicitanos, murcianos y cartageneros. Es la democracia lo que está en juego.

Y esa democracia no puede estar controlada y en manos de mafiosos de baja estofa surgidos del ladrillo y de la mediocridad profesional o funcionarial. Profesores de las universidades de Valencia y Murcia, que trabajan en coordinación para y con 'Transparencia Internacional', se muestran seguros de que el resultado que se espera de las investigaciones en marcha "acabará con los actuales regímenes político-económicos de Murcia y Valencia" por mor del nuevo contexto socieconómico mundial y de la Unión Europea.

La hidra se enfrenta inexorablemente a su descabezamiento. Lo exige Bruselas y lo quiere Madrid aunque estén involucrados conocidos hombres públicos (muy periféricos vistos desde los despachos de La Moncloa y el edificio Berlaymont y, por tanto, mucho más vulnerables).

Esos hombres públicos, no todos, han venido utilizando en Levante profusamente sus plataformas de poder para seguir alimentando esa hidra, con independencia de siglas o marcas comerciales porque lo que ha primado son los intereses particulares de la trama muy por encima de los generales de la ciudadanía. Ante eso, ahora, sólo cabe hacer justicia y rápido.

Trabajadores de 'Hefame' se quieren personar en el sumario de La Zerrichera

MURCIA.- De la mano del letrado Diego de Ramón, trabajadores de 'Hefame' han solicitado esta semana al juez instructor su personación en el sumario de La Zerrichera, donde se encuentra imputado el actual director general de la empresa, ex consejero regional y ex delegado del Gobierno, Francisco Marqués.

La Asociación de Trabajadores del Grupo Hefame (ATRAHE) y el Sindicato de Trabajadores del Grupo Hefame (STGH), solicitaron, a su vez, la dimisión del presidente de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, Antonio Abril, del director de Recursos Humanos, Enrique Gallego, y del director general, Francisco Marqués, por la detención de éste último, ya que «se convierten en cómplices de mantener su puesto a un procesado por la Justicia».

Estas dos organizaciones del Grupo Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame) consideran que la detención de Marqués en relación al 'caso Zerrichera', abierto por supuesta corrupción urbanística en la recalificación de una finca agrícola para construir un resort en Águilas, supone una «grave mancha para la imagen pública de Hefame».