domingo, 15 de marzo de 2009

Viudes pone de su parte a los empresarios cartageneros para el proyecto de El Gorguel

CARTAGENA.- Los empresarios de la comarca cartagenera defenderán ‘con uñas y dientes’ la viabilidad medioambiental y económica de la dársena de contenedores planteada por la Autoridad Portuaria en El Gorguel, según revela hoy 'El Faro'.

Pese a las declaraciones del secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, en su última visita a Cartagena, en las que afirmaba que “no parece muy compatible el proyecto de la dársena con la regeneración ambiental de Portmán”, desde la patronal COEC y la Cámara de Comercio no han variado ni en un milímetro su decidida apuesta por esta infraestructura.

El titular del órgano cameral, Mariano Rosique, reiteró la defensa de la Cámara al proyecto y recordó que se trata de una dársena “estratégica”, no sólo para Cartagena y la Región, sino también “para todo el Mediterráneo”.

En esta línea, Rosique sostiene que “el aumento del tráfico de contenedores y las nuevas infraestructuras asociadas a la dársena darían a Cartagena una ventaja competitiva considerable en una actividad comercial que se extendería hasta el norte de Europa”.

Para el presidente de la Cámara de Comercio, “en caso de no acometer el proyecto sería un error histórico y provocaría un importante retraso en el desarrollo económico de Cartagena”.

En términos muy similares se expresaba el presidente de la patronal, Diego Illán, al sostener que la no ejecución de la dársena se saldaría con “la pérdida de una parte importante del futuro desarrollo de la economía comarcal y regional”.

A juicio de Illán, “no se le puede dar la espalda a la creación de 1.000 puestos de trabajo y a una inversión superior a 1.000 millones de euros”.

Desde COEC, el empresariado reivindicará “la generación de una impresionante zona logística que daría lugar a una importante economía de escala, capaz de atraer a interesantes inversiones privadas”, subrayó Illán, quien, además, mostró su confianza en que el proyecto tendrá un informe ambiental positivo.

unto a las bondades económicas estrictamente comerciales y logísticas destacadas por los empresarios, desde COEC y la Cámara de Comercio también coinciden en subrayar los beneficios turísticos que, el traslado de los contenedores desde Santa Lucía a El Gorguel, tendría para la ciudad.

En este sentido, tanto Illán como Rosique no tienen ninguna duda en “la actual necesidad de aprovechar la fachada marítima frente al barrio cartagenero con el fin de dotar de contenido urbano a ese ámbito y, en definitiva, proseguir con la apertura al mar de una zona en la que, a unos pocos metros, el visitante podrá visitar el futuro auditorio y palacio de Congresos y el Museo de Arqueología Subacuática (Arqua)”.

Para el titular de COEC, Diego Illán, “tenemos un pasado histórico y marítimo que no podemos olvidar y las actuaciones turísticas en ese espacio de Cartagena suponen una auténtica apuesta turística de futuro”.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Adrián Ángel Viudes, defendió en su reciente intervención en las sesiones del décimo congreso de la patronal COEC en la ciudad, la importancia del puerto cartagenero “como plataforma logística y de oportunidad de negocios”, así como la especial relevancia del proyecto del futuro muelle de contenedores de El Gorguel que “se ha convertido ya en punto de referencia permanente”.

(Viudes con el Rotary Club de Cartagena)

La crisis también hunde en la Región la venta de embarcaciones de recreo

MURCIA.- Por cada dos embarcaciones que se matricularon en la Región de Murcia en 2007, solo hubo una en 2008 que pasó por idéntico trámite, que establece el pago de unas tasas y el establecimiento del domicilio fiscal -en suma, ingresos para la Región- en nuestro litoral, publica hoy 'El Faro'.

Este 48,56% de caída entre ambos ejercicios en la Región de Murcia no es sino una muestra algo más acusada de la caída generalizada en la matriculación de nuevas embarcaciones de recreo en el litoral español, que alcanzó una media del 18% en 2008, con una incidencia del 23% en lo que se refiere a las cien primeras marcas del sector.

Así se desprende del Informe sobre el Mercado de Embarcaciones de Recreo en España, en su balance para el periodo de enero a diciembre de 2008, a partir de las cifras trimestrales. Lo edita la Asociación Nacional de Empresa Náuticas y cuenta con la auditoría de MSI a partir de las cifras de la Dirección General de Marina Mercante.

La Región de Murcia supone un 3,64% de la cuota de mercado para la venta y botadura de este tipo de embarcaciones. Así, en España se matricularon 10.308 embarcaciones en 2008 de las que 375 tuvieron lugar en la Región. En 2007 las matriculaciones en el litoral murciano fueron 729.

El citado informe considera “preocupante” la evolución del mercado, que retrocede a cifras similares a las del año 2003 e incide en el “proceso de desestructuración del sector”, que afecta sobre todo a empresas con importante implantación y garantías para el comprador en España.

Una serie de pequeñas sociedades estarían aprovechando la coyuntura para acaparar el mercado. De ahí la diferencia entre la bajada en un 23% entre las marcas más importantes y la rebaja general del 18%. Se trata de “un efecto mercadillo que perjudica a los establecimientos oficiales”.

En el conjunto nacional caen fundamentalmente las embarcaciones con casco (22%) en el índice de las primeras 23 marcas fabricantes por cantidad de ventas, mientras que las neumáticas sólo lo hacen en un 6,6%, según el contenido del informe.

El trasvase Tajo-Segura cumple 30 años cuando más discutida está su continuidad

MURCIA.- El agua es la seña de identidad más profunda de la Región de Murcia y ésta no es una idea preconcebida sino que se remonta a la época franquista, que fue ahí cuando se empezó a ver la necesidad de construir una infraestructura que ha sido, durante 30 años, la fuente de riqueza de ésta y otras comunidades: el Tajo-Segura.

Ahora, esta obra que propiciado el gran desarrollo económico de la Región, con 124.000 empleos y con la creación de industrias, así como la mejora del sector agrícola, entre otros, peligra con la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que pone fecha de caducidad al trasvase en 2015, a juicio de 'El Faro'.

La creación del trasvase no data de la fecha de la finalización de las obras en 1978 o de su primer envío en marzo de 1979 sino de 1933, durante la Segunda República. Fue ahí cuando el ingeniero de caminos Manuel Lorenzo Pardo diseñó el trasvase dentro de su proyecto de obras hidráulicas para acabar con el desequilibrio hidrológico del país.

Pardo falleció y la idea quedó paralizada hasta que Francisco Franco visitó la Región en junio de 1963. El propio caudillo, en el balcón del Ayuntamiento de Cartagena, anunció que si se recibían aguas potables para abastecer, también vendría agua para regar los campos. A partir de ahí, se hicieron los trabajos pertinentes hasta que el Consejo de Ministros aprobó en 1967 el aprovechamiento conjunto del Tajo-Segura, que permitiría compensar el desequilibrio hidráulico entre las diversas cuencas españolas.

Once años después, y superados los problemas planteados en la fase final de la construcción del Talave, se dio por finalizada la obra. Oficialmente, el primer trasvase de agua del Tajo al Segura se realizó a las ocho de la mañana del 20 de marzo de 1979 y se considera oficial, porque según reconoce en privado un destacado político de la época, los primeros envíos se llevaron a cabo a escondidas “para no empezar ahí con la guerra entre comunidades”.

El trasvase Tajo-Segura, que costó 945 millones de euros aproximadamente, recorre 300 kilómetros de longitud al atravesar Castilla-La Mancha para llevar agua desde la cabecera del Tajo hasta el Segura. En total, son 88 las comunidades de regantes que se abastecen de esta infraestructura.

La déficit de agua en el Segura era estructural y se necesitaba agua traída desde otras cuencas para mantener un nivel de desarrollo parejo al de nuestros ciudadanos vecinos ya que la capacidad de abastecimiento no existía, el Segura no daba para más y la mayoría de los acuíferos estaban agotados, esquilmados o salinizados.

A partir del primer envío, lo que parecía ser la solución a los problemas de sequía, fue y sigue siendo un “hacha de guerra” entre los territorios cedentes de estos recursos y han llegado a afirmar que esta gran obra faraónica, que ha sido una de las más importantes de España, constituye el mayor fracaso de la ingeniería hidráulica del país.

Con su puesta en marcha, y con el decreto de 26 de julio de 1982 se creó la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura para supervisar el régimen de explotación de esta obra, aprobar el agua a trasvasar y la coordinación con las confederaciones hidrográficas afectadas –del Tajo y del Segura–.

Además, también está la ley de 19 de junio de 1971, que establece que si a principios del mes de julio las reservas existentes en la cabecera del Tajo son inferiores a 554 hectómetros cúbicos, el responsable de la aprobación del trasvase es el Consejo de Ministros.

Los decretos ley, así como la Comisión de Explotación y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (1982) se crearon para defender y administrar el agua procedente de dicho trasvase.

En 1980 comienzan, ante toda España, las críticas sobre la apertura del trasvase con la emisión del programa ‘La Clave’ de TVE. Allí, un jovencísimo José Salvador Fuentes Zorita (entonces miembro de la Diputación Provincial de Murcia) y hoy presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, junto al senador de UCD por Murcia, Antonio Pérez Crespo, lucharon por la defensa del Tajo-Segura contra unos enfadados Pedro Cañada Castillo, senador de UCD por Cáceres, García Pineda, diputado por Toledo, y Manuel Díaz-Marta, senador del PSOE por Toledo.

El programa se emitía en esa fecha refiriéndose al trasvase como uno de los temas más polémicos a nivel nacional.

Aquello creó una gran controversia puesto que hablaban de que Murcia, Almería y Alicante iban a aprovecharse del agua del Tajo, mientras que las ciudades cedentes sufrirían retrocesos debido a las cesiones de este recurso.

Otro de los temas de los que se habló fue el coste del agua del trasvase que era cuatro pesetas por metro cúbico para riego y a ocho pesetas por metro cúbico para abastecimiento. Hoy, los regantes pagan el agua a 9 céntimos de euros el metro cúbico y temen que se la suba a 17.

La discusión de dicho programa, que duró más de tres horas de emisión, trajo lo que todavía hoy sigue: una conflicto entre territorios, con la necesidad de que el Estado se pronuncie ya que es éste el único que tiene las competencias por tratarse de un río que atraviesa varias comunidades autónomas.

Ahora, la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que fue pactada por el PSOE y el PP de dicha comunidad alimentados además por la derogación del trasvase del Ebro, pone a la Región en pie de guerra puesto que, a pesar de que se hayan construido desaladoras o se propongan otros trasvases, se considera que serán un complemento al Tajo-Segura pero en ningún caso serán sustitutivos al acueducto que tanta riqueza ha traído consigo.

Defensa adjudica a la refinería de Escombreras el repostaje de sus buques y aviones

CARTAGENA.- Las obras de ampliación de la refinería de Repsol en Cartagena no impiden que la petrolera cumpla con otros compromisos. De hecho, el ministerio de Defensa acaba de adjudicar contratos por valor de cerca de siete millones de euros para el suministro de combustible de sus buques y aviones y la multinacional petrolera española y, en concreto, sus instalaciones en el valle de Escombreras son las grandes beneficiadas de estas resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogidas hoy por 'La Opinión'.

El contrato más cuantioso es el de suministro de gasóleo B para buques en los puertos nacionales, del que se hará cargo Repsol por un valor de 3,75 millones de euros. La multinacional española también se ha adjudicado el suministro de combustible en los parques automovilísticos del ministerio de Defensa con un contrato valorado en más de un millón de euros.

Y el contrato para el aprovisionamiento de la aviación española asciende a los 600.000 euros. A este respecto, un portavoz de la compañía recordó que Repsol obtuvo en el año 2004 una nueva certificación que le permite abastecer el combustible para el repostaje de los aviones de la fuerza aérea española. El tipo de combustible que se sirve es el conocido como JET A1, un queroseno para uso en turbinas de aviación.

La misma fuente precisó que este tipo de compuesto se comercializa tanto para aviación militar como para aviación civil y señaló que a lo largo de 2008 se produjeron en las instalaciones de la refinería del valle de Escombreras un total de doscientas mil toneladas, aunque no supo precisar la cantidad destinada a las aeronaves militares, ya que es la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).

La refinería de Cartagena cuenta desde los años noventa con las certificaciones que garantizan la calidad de sus productos y que cumplen con las exigencias no sólo de las Fuerzas Armadas españolas, sino también a las Marinas de la OTAN.

La producción de Repsol del queroseno especial para aviación que se hace en la refinería fue de 200.000 toneladas en 2008, aunque se distribuye tanto para aviones militares como civiles. E

l contrato más cuantioso que se ha adjudicado Repsol es para suministrar gasóleo B para los barcos de la Armada que atraquen en los puertos españoles y asciende a 3,7 millones de euros.

La refinería de Cartagena también abastece con más de un millón de barriles de gasoil al año a la flota de los Estados Unidos. La compañía mantiene un contrato vigente con la Armada norteamericana para suministrar el combustible para sus buques de guerra que se hallen en el Mediterráneo o en el Atlántico.

Varios petroleros de la flota norteamericana atracan a lo largo del año en los muelles de Escombreras para llevarse el combustible a las bases de la Marina estadounidense desplegadas en el Mediterráneo y poder abastecer a sus barcos. La refinería aporta de este modo más de 175.000 litros de gasoil para los buques de Estados Unidos.

Y es que la refinería de Cartagena lleva desde el año 2004 abasteciendo de combustible a la Marina norteamericana, lo que supone para la multinacional española una prueba clara de que el producto que ofrecen es de máxima calidad y de que los estadounidenses están satisfechos con el servicio que reciben.

La cuantía del contrato depende de la evolución de la cotización del precio del petróleo en el mercado, aunque rondará los cuarenta millones de euros, informaron desde la petrolera.

La refinería del valle de Escombreras en Cartagena cuenta,igualmente, desde el año 1996 con las certificaciones de calidad necesarias para abastecer de combustible a los países de la OTAN.

La CAM, quinta caja de ahorros con menor crecimiento del crédito

ALICANTE.- Caja Mediterráneo es la quinta caja de ahorros española con menor crecimiento del crédito en el último año, según el balance consolidado que han enviado a la patronal del sector, Ceca, las 45 entidades del país. Según el balance atribuido, CAM acumula un saldo de inversión crediticia de 58.495 millones de euros, lo que supone sólo un 0,3% más que en el año 2007, recoge 'La Verdad'.


Este dato no coincide, sin embargo, con el que facilitó el director general de CAM, Roberto López, a principios de febrero en Madrid. Según aquella documentación, el saldo de crédito gestionado es de 61.048 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,72% en el ejercicio del 2008.

La información entregada en Ceca sitúa a CAM como la quinta con menor aumento del crédito. Sólo presentan menor balance de préstamos Caja Granada, Cajasur, Caixa Catalunya y Caixa Sabadell. Las entidades que más crecieron el pasado año en inversión crediticia fueron: Caja Ávila, Caja Madrid, Caja Gudalajara, Sa Nostra y La Caixa.

En esa comparecencia, López aclaró que la demanda crediticia había disminuido un 50% en la segunda mitad del 2008 como consencuencia de la crisis económica y el parón del consumo familiar.

Una subcontrata de 'Sacyr' en las obras del aeródromo de Corvera deja colgados a sus acreedores

MURCIA.- O todo o habrá movilizaciones. Es la posición de los trece empresarios murcianos a los que una subcontrata del aeropuerto de Corvera dejó sin pagar sus trabajos en las obras de movimiento de tierras y cuya última oferta es abonarles sólo el 50% de la deuda.

«No queremos la mitad; queremos que nos paguen todo lo que nos deben, porque ellos sí que ya lo han cobrado todo de Sacyr. Esto es una estafa», declaró a La Verdad, Juan Luis Martínez, portavoz del colectivo de afectados.

En total, la empresa castellonense Ginapefe, subcontratada por Sacyr para realizar los movimientos de tierras en la ubicación del futuro aeropuerto, adeuda a los empresarios murcianos 299.896,07 euros.

Sin embargo, la cantidad impagada podría ser incluso mayor, ya que en los últimos días han aparecido nuevos acreedores. Es el caso de la gasolinera que abasteció de combustible a la maquinaria de Ginapefe, y que, según Juan Luis Martínez, asegura que dejaron sin pagarle un factura de aproximadamente 6.000 euros.

La mediación de Sacyr en el conflicto, que se reunió el pasado 27 de febrero con los representantes de la subcontrata morosa y de los acreedores, no parece haber dado frutos.

Los empresarios reclaman a la concesionaria y constructora del aeropuerto una mayor implicación en la resolución del problema, por considerar que tiene parte de responsabilidad al contratar a una empresa que ahora se declara insolvente.

Mientras tanto, los empresarios, algunos de los cuales atraviesan serios problemas financieros, vuelven a amenazar con acciones de protesta e incluso con paralizar las obras del aeropuerto si no cobran la totalidad de sus contratos, al mismo tiempo que sus abogados preparan una demanda contra Ginapefe en caso de que insista en no pagar su deuda.

Hasta ahora, todos los pagarés que entregó la empresa de Castellón y que han vencido les han sido devueltos sin pagar a los afectados.

La deuda total dejada por Ginapefe en Murcia asciende a 299.896,07 euros, aunque las facturas sin pagar oscilan de los 86.271 euros de Tracmarto, S.L., a los 1.767,90 euros del Café-Bar El Perillas, de Corvera, donde los empleados de la empresa morosa dejaron sin pagar incluso las comidas que realizaron durante los meses que duraron los trabajos.

El Tribunal de Cuentas investiga al gobierno murciano tras una denuncia de Diego de Ramón

MURCIA.- La Consejería de Educación se enfrenta a una investigación del Tribunal de Cuentas por las supuestas irregularidades cometidas en la ocupación de seis centros sin la perceptiva acta de recepción de las obras y la aprobación de varias ampliaciones de proyectos de construcción de centros de enseñanza, a pesar de los informes negativos de la Intervención General y el Consejo Jurídico de la Comunidad.

La intervención del órgano fiscalizador se ha producido a raíz de una denuncia presentada por el abogado murciano Diego de Ramón Hernández, basándose en las informaciones publicadas en el diario La Verdad.

El letrado recibió a comienzos de este mes una notificación de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en la que se le comunicaba la apertura de diligencias preliminares por los hechos denunciados, y se concedía un plazo de cinco días para que se pronunciaran sobre ellos al Ministerio Fiscal, al abogado que ha ejercido la acción pública y a la Comunidad Autónoma.

La denuncia expone las posibles responsabilidades contables cometidas por la Consejería de Educación al incumplir supuestamente varios preceptos legales en la contratación y ocupación de varios centros educativos, según publica hoy La Verdad.

Es el caso de las modificaciones realizadas en los proyectos de construcción del nuevo instituto de Pozo Estrecho (Cartagena) y la ampliación del colegio público Sagrado Corazón, de Lorca. Ambos modificados encarecieron las obras en 687.553,41 euros (algo más de 300.000 euros cada proyecto) y tanto el interventor de la Comunidad Autónoma como el Consejo Jurídico concluyeron que vulneraban la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El consejero de Educación, por entonces Juan Ramón Medina Precioso, aprobó los modificados el 22 febrero de 2008 y el 1 agosto siguiente recibieron a su vez el visto bueno del Consejo de Gobierno, a pesar de la existencia de los informes que indicaban que ambos proyectos eran ilegales.

De igual forma, el interventor y el Consejo Jurídico reprobaron en varios informes que la Consejería de Educación permitiera en septiembre de 2008 la ocupación por los alumnos y el personal docente de seis centros educativos sin haber suscrito antes las actas de recepción de las obras, sin la preceptiva fiscalización previa del acto y sin la comprobación de las obras, «con el consiguiente riesgo», apunta el Consejo Jurídico.

Tras el análisis de los hechos expuestos en la denuncia, el Tribunal de Cuentas podría decidir la apertura de juicio contable o bien el archivo de la causa.

Gracias, don Juan Antonio / Francisco Rubio Miralles *

Hoy no puedo pasar por alto el verdadero vendaval que está azotando nuestra Diócesis de Cartagena y a gran parte de la sociedad de Murcia. Me refiero, como es evidente, al traslado de nuestro obispo. Y, más en concreto, a las circunstancias y modo en que tiene lugar este cambio de Diócesis de don Juan Antonio.

Vaya por delante mi indiscutible aceptación de la decisión del Papa y mi aprecio y respeto a la Diócesis de Alcalá de Henares, que será la parcela que, en breve, se beneficiará del celo pastoral de quien, hasta ahora, ha sido nuestro obispo.

Mi preocupación tiene otro contenido. Muchos nos preguntamos, ¿qué problemas tenía don Juan Antonio con la Diócesis de Cartagena?

El testimonio de casi todos es unánime: es un obispo fiel al sucesor de Pedro y a su magisterio, cariñoso con todos, cercano a los sacerdotes, enamorado de nuestra tierra y sus tradiciones, impulsor incansable de iniciativas, sobre todo, en lo que se refiere a las vocaciones sacerdotales y, en general, a la formación de los seglares, incansable defensor de temas tan cruciales como la familia y la defensa de la vida. La lista podría ser interminable.

Por eso muchos nos preguntamos ¿qué problemas tenía con la Diócesis el que hasta ahora ha sido nuestro obispo? ¿Se considera suficientes tres años y medio para justificar su cambio?

Estas preguntas, u otras parecidas, se las hace gran parte de la sociedad murciana. Y la respuesta, desgraciadamente, se orienta por otros caminos que no satisfacen ni tranquilizan a nadie. Porque, con la marcha de don Juan Antonio, ¿se han despejado todos los interrogantes? Mucho me temo que no; más bien surgen más preguntas todavía, que no tienen precisamente como componente el bien de las almas.

Este modo de proceder no es lo que se merece ni nuestro obispo ni nuestra Diócesis. A pesar de ello, alcanzo a sacar una conclusión positiva: la actitud edificante de don Juan Antonio. Por eso, muy sinceramente, quiero darle las gracias.

En estos momentos dolorosos, humanamente hablando, para él, nos ha dado un ejemplo nítido de ser un «hombre de Iglesia»: ha sabido dejar a un lado sus legítimos intereses personales y los ha sacrificado en bien de lo que creía los derechos de su Diócesis; ha buscado la verdad sin ponerle precio; ha sufrido, durante meses, en silencio y soledad; ha obedecido, con delicadeza y prontitud.

Fruto de su actitud, verdaderamente evangélica, ha sido contar, como hace mucho no se conocía en nuestra Diócesis, con la unidad y el apoyo de sus sacerdotes y de la gran mayoría de los fieles que, con verdadero sentido de Iglesia, le han acompañado con su oración y cariño y sufren desconcertados, pero fieles a la comunión eclesial, el dolor de su obispo.

Por todo ello me atrevo a recordar las palabras de San pablo: «Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien». Por eso me veo en la obligación de hacer patente a don Juan Antonio mi gratitud y la satisfacción de haber trabajado a su lado.

Señor obispo, al dejar, por obediencia, nuestra Diócesis, nos está usted predicando su mejor homilía. ¡Que Dios se lo pague! Y ¡felicidades a la diócesis hermana de Alcalá!

(*) Delegado Episcopal de Enseñanza

El sastre de Camps destroza la imagen política del 'molt honorable' y lo deja sin salida en el PP

MADRID.- El sastre José Tomás García fue citado a declarar por la policía cuando alguien le sopló a la Fiscalía Anticorrupción que se estaban regalando trajes a políticos valencianos que luego pagaba Orange Market, una empresa vinculada a la trama de corrupción comandada por Francisco Correa. La policía interrogó a Tomás sobre sus clientes, tanto de Milano -tienda en la que había trabajado durante 32 años- como de Forever Young, una continuación de la primera dirigida por Eduardo Hinojosa, de la familia propietaria de la firma Cortefiel. Entre los clientes figuraba el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. A Camps y Tomás los presentó Álvaro Pérez, El Bigotes, otro de los empresarios de la trama.

Después de declarar ante la policía, Tomás hizo lo propio ante el juez Baltasar Garzón, y un día después fue despedido de su empresa. El sastre, testigo en la causa que destapó Garzón y que afecta a altos cargos del PP valenciano y madrileño, ha concedido una entrevista a El País. Éste es su relato de los hechos.

La primera vez que Tomás tomó medidas al presidente valenciano fue en la tienda de Milano, en la calle de Serrano de Madrid. Pero los cuatro trajes que encargó Camps los confeccionaron mal y los devolvió. Después continuaron la relación cuando Tomás ya estaba en Forever Young y Camps se desplazaba a Madrid por compromisos políticos.

"Siempre que venía a Madrid, Camps se alojaba en el Ritz", rememora el sastre. "Él me llamaba por teléfono cuando salía de Valencia o desde el coche y me decía a la hora que llegaba al Ritz. A su llegada yo ya le estaba esperando en el hotel y subía a su habitación. La primera vez le tomé las medidas y las dos siguientes le mostré algunas telas o una americana que le había hecho".

Francisco Camps era un cliente exigente. "Me hizo repetir bastantes trajes. Quería los pantalones con un ceñidor detrás y hubo que buscar una trabilla que tuvieron que traer de Italia. Pero era una persona amable, buena gente. Los trajes que le hice eran de unos 800 o 900 euros los primeros. Los últimos, de 1.000 o 1.200. En total le hice unos ochos trajes, tres americanas, pantalones... Tuvimos relación durante un año y pico".

El montante de las ventas de Tomás a Camps, según la contabilidad en poder de Garzón, ascendió a 12.783 euros. Para lo que se tarifa entre empresarios, políticos y famosos, Camps no era, según su sastre, de los más derrochadores. Nada que ver con su amigo el empresario Álvaro Pérez, El Bigotes. "Álvaro presumía de ser el tío mejor vestido de España, era un cliente compulsivo", cuenta. Las dos últimas ocasiones en que Tomás vio a Camps fue en la tienda de Forever Young, en el paseo de la Castellana, 140.

"Iba a la tienda porque era más cómodo. Había probadores muy grandes y los guardaespaldas podían dejar el coche a la puerta. Lo último que le hice fueron dos trajes de tejido fino, en agosto de 2008, para el Mundial de Fórmula 1 en Valencia. Se llevó también dos pares de zapatos Crockett & Jones, de 500 y pico euros cada par, que estaban en oferta, rebajados a 200".

Pero donde el presidente valenciano puso a prueba a su sastre fue en la confección de un esmoquin para un acto oficial en Nueva York. Tomás no recuerda bien las fechas, si fue a finales de 2006 o en la primavera de 2007, pero sí recuerda que, como casi siempre, le vinieron con prisas. Se lo encargaron con pocos días de antelación y no daba tiempo a hacerlo ni Tomás tenía las medidas.

"Por consejo del cortador de la fábrica le pedí a Camps que me enviase desde Valencia un traje que le quedase bien", prosigue Tomás. "Él lo envió y el patronista tomó las medidas y lo remitió todo a Satgor, una empresa de confección radicada en Caparroso [Navarra]. En ocho o diez días le enviaron el esmoquin a Valencia. Después me enseñaron una fotografía de una revista, en la que aparecía Camps en un acto oficial en Nueva York con el esmoquin".

Mucha tinta ha derramado también el famoso "chaleco blanco" para ir al Vaticano. El sastre conviene en que se trata de un error en el auto de Garzón. El chaleco era negro, no blanco. Lo explica así: "Yo le expliqué al juez que un frac va siempre con chaleco blanco, y de ahí el error. Tres o cuatro días antes del evento en el Vaticano, Álvaro Pérez me llamó y me dijo que el protocolo de la Santa Sede exigía chaleco negro, y me encargó dos chalecos: uno para él y otro para el presidente Camps.

Álvaro ya tenía encargado un frac pero no había tiempo para cortar el de Camps, así que le envié uno de confección, de unos 300 euros, que fue el que utilizó y que luego me devolvieron. Los chalecos se hicieron a medida y se encargaron al cortador de la fábrica de Satgor, SA, en Navarra, que los envió directamente a la sede de Orange Market, en la calle Conde de Salobreña, en Valencia".

Éste era el tipo de relaciones que Tomás mantenía con Camps y los demás políticos valencianos clientes de Milano o Forever Young, entre los que se cuentan Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia; José Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, o Rafael Betoret, jefe del gabinete de la Consejería de Turismo. Tomás gozaba de prestigio y vestía a gente importante.

Hasta que Garzón destapó la Operación Gürtel. Al conocerse las primeras implicaciones, empezaron las llamadas de Camps a su sastre. "El domingo 8 de febrero, antes de mi declaración ante la policía, me llamó cuatro o cinco veces. Le noté muy nervioso. Me preguntó si habría alguna factura de Milano a su nombre. Yo le tranquilicé diciéndole que los cuatro trajes que encargó a Milano se habían devuelto y eso había sido antes de los encargos a Forever Young. Fue cuando me dijo que Álvaro era un bocazas".

Tomás ratifica lo que consta en el auto de Garzón. "Sí, es cierto, mientras estaba declarando [ante la policía] tenía el móvil abierto y me llamó entre ocho y diez veces. No cogí el teléfono y no he vuelto a hablar con él. Creo que ya estaba fuera de lugar. Todavía siguió llamándome un par de días más".

El día 11 le llegó la carta de despido. Las relaciones con su empresario, Eduardo Hinojosa, se habían deteriorado en los últimos años hasta el extremo de que sólo se comunicaban por fax. Tomás había dejado Milano después de 32 años para incorporarse al proyecto de Forever Young sin cobrar indemnización alguna, pero a cambio de perder toda su antigüedad exigió un contrato blindado para mantener su empleo un mínimo de cinco años.

En la nueva empresa empezó como director de sucursales, pero la creciente tirantez con el dueño culminó en su degradación a director de la sucursal de la calle de Serrano, en Madrid, y se le prohibió el acceso a las demás tiendas. Ahora la empresa ha aprovechado la declaración ante Garzón para despedirle cuando llevaba trabajando 29 meses.

La carta de despido le acusa de elaborar "facturas falsas". Tomás explica que la práctica habitual con los clientes importantes, como Antena 3, Tele 5 o la Comunidad Valenciana, era contabilizar los productos vendidos como "vales pendientes de cobro". Cada varios meses, una persona de Orange Market, Cándido Martínez, se ponía en contacto con el responsable de facturación de Forever Young, Javier García Fernández, con el que cuadraba los vales pendientes.

Los pagos en metálico los hacía el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo, número dos de Correa y administrador único de Orange Market. "Venía cada seis meses aproximadamente con un fajo de billetes de 500 y pagaba 30.000 o 35.000 euros. La última o las dos últimas veces pagó Orange Market mediante transferencias bancarias".

Según Tomás, Pablo Crespo pagó a Forever Young en 2005, el primer año de sus relaciones con ellos, entre 60.000 y 70.000 euros. Después, hasta 2008, algo menos: entre 50.000 y 60.000 euros anuales. Esas cantidades incluirían los trajes no sólo de Camps y de los cargos valencianos señalados por Garzón, sino también los de Álvaro Pérez y otros miembros de la trama.

Para documentar esos pagos se emitían facturas que ahora han aparecido cargadas a Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid Integral, empresas todas de Francisco Correa. Los "conceptos falsos" que se utilizan para justificar el despido del sastre se refieren al detalle de las facturas: "metros de tela blanca", "tela para tapizar", "batista suiza", etcétera.

"Yo jamás participé en la confección de esas facturas", asegura Tomás. "El responsable era Javier García Fernández, las facturas no pasaban por mí. ¿Qué ganaba yo con poner que en vez de trajes eran telas, si el precio se pagaba lo mismo, fuera por Pablo Crespo o fuera por Orange Market? Yo sólo he dicho que Camps y los demás jamás han pagado un euro en la tienda. Yo he dicho quién pagaba, pero ni siquiera puedo afirmar que luego Pablo Crespo u Orange Market no le pasasen el cargo a Camps, a Ricardo Costa [secretario general del PP valenciano] o a los demás políticos. Eso no lo sé".

Entonces, ¿por qué las facturas de trajes enviadas a Orange decían que se trataba de "metros de tela" o "tela para tapizar"? Tomás dice no saberlo, pero fuentes de la investigación aventuran que, siendo Orange Market una empresa dedicada a montar ferias, decorados y eventos, tenía más difícil justificar, incluso fiscalmente, la compra de trajes y ropa ya confeccionada que la de telas para decorados o "ropa para personal". De ahí que, según esas fuentes, Orange pidiese a Forever Young que hiciese constar esos conceptos en las facturas.

El auto del juez Garzón mantiene también esa tesis: "La elaboración de las facturas se realiza por conceptos que la tienda de Forever Young no comercializa y por cuantías que no se corresponden con los pagos. La elaboración de las facturas responde a las necesidades que precisa la organización, y así es ésta la que, a través de Pablo Crespo, Álvaro Pérez o Cándido Martínez, da las instrucciones del contenido de las facturas".

Lo cierto es que, al día siguiente de declarar ante el juez, Tomás se quedó en la calle y tiene muy claro por qué: "El propietario, Hinojosa, conocía la situación personalmente porque al menos en una ocasión tuvo un almuerzo con la dirección de Orange Market, al que asistieron Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo. Las facturas falsas que me atribuyen desde mayo de 2007, además de que nunca han pasado por mis manos, no intenta nadie aclararlas hasta que declaro ante Garzón. Despidiéndome a mí se libran de un empleado con el que la empresa tiene problemas pero es muy caro de despedir porque tengo un blindaje. E intentan desvincularse de la Operación Gürtel haciéndome a mí el único responsable".

Trajes, pantalones, chaquetas y esmoquin

- Según el auto de Garzón, entre 2006 y 2008 Francisco Camps recibió "en especie" -en trajes- 12.783 euros de la trama corrupta comandada presuntamente por el empresario Francisco Correa. De esa cantidad, 4.700 euros corresponden a trajes a medida de la tienda Milano, y otros 8.083 euros a ropa de Forever Young, ambas en Madrid.

- La lista de regalos no está detallada, pero en ella figuran al menos dos trajes, cinco pantalones, una chaqueta deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta fantasía y un cinturón de piel. También un esmoquin que el presidente valenciano lució en un acto oficial en Nueva York, y un chaleco para una recepción en el Vaticano.

- El juez sostiene que todos esos regalos fueron pagados a las tiendas por las empresas de Correa a través de cheque o transferencia bancaria, salvo un pedido de 3.300 euros cuya forma de pago se desconoce.

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Se disipan los recelos a las fusiones interregionales de cajas / Santiago Carbó

Es claramente perceptible estos días en los medios de comunicación y en los corrillos bancarios que los posibles procesos de integración entre entidades financieras se están planteando cada vez con más intensidad en España. La experiencia histórica ha mostrado que tras las crisis financieras se ha producido una tendencia generalizada hacia la consolidación bancaria. Sin embargo, el vínculo entre crisis y fusiones no es tan simple.

Las crisis a menudo conllevan cambios regulatorios y nuevos retos competitivos y estas transformaciones a los que en muchos casos responden los proyectos de fusión. También es cierto que la inestabilidad financiera puede poner en dificultades a algunas entidades bancarias y que las fusiones pueden ser una solución, en determinados casos, para solventar problemas de capitalización o, en general, de viabilidad financiera.

Hasta qué punto son o no convenientes las fusiones y en qué medida pueden paliar los efectos de las crisis es una cuestión compleja de responder. Tal vez la respuesta más simple, a la vez que menos concluyente, es que depende de cada caso. Esto no implica que no puedan extraerse conclusiones generales sobre la conveniencia o no de las fusiones y adquisiciones bancarias. La teoría económica sugiere que en las fusiones se confrontan dos tendencias que determinan su impacto en el bienestar social.

Por un lado, las entidades que proponen las fusiones suelen argumentar que se producirán importantes ganancias de eficiencia y que la mayor dimensión de la entidad resultante favorecerá su capacidad de reacción frente a entornos adversos. Por otro lado, sin embargo, las autoridades de la competencia y el supervisor tratarán de analizar hasta qué punto estas fusiones pueden reducir la competencia en el sector.

En tiempos de crisis, sin embargo, los argumentos relacionados con aumentos o disminuciones de la competencia pierden fuerza, y la preocupación se centra en la estabilidad financiera.

La experiencia histórica de las tres últimas décadas en España resulta, a este respecto, tranquilizadora, en la medida en que la mayor parte de los procesos de reestructuración se han realizado de forma ordenada y el sector bancario español ha logrado, con el tiempo, situarse como uno de los más sólidos del mundo.

A día de hoy parece que, de nuevo, en España se afronta una reordenación del mapa bancario y aunque son muchos los rumores, es imposible saber con certeza cuál será el alance final de estas transformaciones. Algunas cuestiones básicas pueden resultar de interés para trazar la hoja de ruta de cualquier proceso de integración en tiempos tan convulsos como los actuales.

En cuanto a la dimensión, hay quien pudiera pensar que el pescado pequeño es el más fácil de pescar pero tanto la experiencia histórica como la realidad actual del sector bancario sugieren que en los procesos de integración, las entidades llamadas "objetivo" pueden ser de cualquier tamaño y que muchas veces la fusión es sólo una opción.

Las entidades con elevados niveles de solvencia (aunque no sean excesivamente grandes) y con una base de clientes sólida pueden plantearse otros escenarios estratégicos para adaptarse a nuevas y más duras realidades competitivas, entre otros el de seguir caminando solas.

No obstante, si la opción de las fusiones es las que en los próximos meses adoptan muchas entidades estas serán, desde su propia iniciativa estratégica las que deban trazar las hojas de ruta para la integración, sin precipitaciones, tal y como se está haciendo afortunadamente hasta la fecha. Lo importante es que el proceso de reestructuración, siempre que las circunstancias lo permitan, se lleve por cauces de tranquilidad. No siempre es posible esa tranquilidad pero es aconsejable buscarla.

En determinados escenarios el consejo es, "sin prisa pero sin pausa". En el escenario alternativo, un número determinado de instituciones pueden optar por seguir su propio camino individualmente o por alianzas estratégicas que les permitan sumar capacidades sin perder su identidad corporativa y/o su marca.

En algunos casos se propone cooperar, con diferentes niveles de integración y fórmulas jurídicas, para afrontar aumentos de recursos propios -más necesarios hoy en día que nunca- haciendo frente común, ya que es más fácil (y menos costoso) generar recursos extraordinarios de capital con una dimensión más elevada.

Estas diferentes posibilidades de integración bancaria se dejan notar con intensidad en el sector de cajas de ahorros, donde los recelos respecto a la posibilidad de fusiones interregionales parecen disiparse progresivamente y se están poniendo todas las opciones sobre la mesa, sin dramatismos ni precipitaciones.

En cualquier caso, lo que es totalmente necesario ser dinámicos y reflexionar, interpretando las diferentes alternativas tanto en un escenario de corto plazo -en clave de crisis- como en una perspectiva más amplia, la del entorno competitivo pos-crisis.

En todas estas alternativas, debe medirse la capacidad de las entidades bancarias españolas para afrontar las llamadas "situaciones de estrés" de un entorno más adverso de lo esperado, como ha sugerido el propio gobernador del Banco de España. Las claves son, por lo tanto, profesionalidad y previsión. Con todo ello, puede que podamos evitar traumas y salir, una vez más, fortalecidos como uno de los más sectores bancarios más reputados del mundo.

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