jueves, 19 de marzo de 2009

El Gobierno distribuye 14,4 millones entre la CC.AA para el sector pesquero

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó el reparto entre las comunidades autónomas de 14,4 millones de euros destinados al sector pesquero español, tras la formalización de los criterios de distribución acordados en la Conferencia Sectorial de Pesca, celebrada el pasado 9 de febrero en Vigo.

De este montante, 12,5 millones de euros corresponden a la cofinanciación del programa operativo del Fondo Europeo de Pesca (FEP) a las comunidades autónomas, como anticipo de la cantidad correspondiente a la anualidad 2009.

El resto, 1,9 millones de euros, se repartirán entre las comunidades autónomas de Cantabria, Asturias, Galicia, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Canarias y Ceuta para el desarrollo de los planes nacionales de cultivos marinos.

Récord de querellas / Juan José Cánovas *

A estas alturas, no tengo claro si superaré al juez Garzón en cuanto a soportar querellas. O anuncios de ellas, que tanto da. Esta semana, sin ir más lejos, me anuncian dos: Madama Naus, propone en el Consejo de Administración de 'Proinvitosa', tras aprobar las ruinosas cuentas de 2008, la adopción de medidas judiciales contra Juan José Cánovas.

Con su exquisita expresión “patuá”, quiere utilizar los servicios jurídicos de la sociedad municipal, a la que están arruinando con el cobro de dietas y mayor incompetencia, para querellarse contra el que les dejó un amplio patrimonio (que han dilapidado, miserablemente) y unas cuentas muy saneadas que, actualmente, huelen a ruina inmediata.

El martes, Valverde Reina, anuncia otro estudio de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, para presentar querella contra mí, por el mero hecho de defender a una empresa de Totana, a la que le han “birlado” la contrata de Jardines (más de 700.000 euros en 12 años), para dársela a "La Generala", por ante de biri birloque.

Dice, Reina, que estoy “politizando la vida pública en Totana”. Y se queda el hombre tan pancho, admirando su redonda y magistral frase, que merece ponerle un lazo para estar completa.

Estás querellas, las uniré a la extensa colección que tengo anunciadas: Martínez de Salas, señor Notario, Ramón Luís Valcárcel, Morales, los testigos que Martínez Andreo va a llevar a declarar contra mi… En fin, mucha tela para un humilde concejal. A este paso, voy a tener que acudir a algún bufete de esos tan exclusivos que utilizan algunos y a los que invitan en el exclusivo restaurante de la Masía.

Si aplicamos la doctrina del Héroe del Perejil, Valverde no tendría credibilidad alguna, por estar imputado en el Juzgado de Totana. Dice el inefable Trillo, que las declaraciones de José Tomás (Ojo, no confundir con el torero, que cuando acude a la plaza de Almería, asisten varios políticos de la zona, invitados por un empresario al que le adjudican muchas obras en Totana).

Me refiero al sastre de Camp, cuyos trajes pagaba -en billetes de 500- un tal Pablo, al que Garzón tiene a la sombra desde hace días. Pero la credibilidad no parece que sea por imputación. Más bien será por pertenecer o no al PP.

Pero él tranquilo. Mientras quede dinero en las arcas municipales para pagar (comprar, mejor dicho) a los medios de comunicación local o servicios jurídicos, Valverde sabe que saldrá en muchas fotos y le acercarán micros para que pueda desahogarse el hombre. Con lo que está haciendo por el pueblo… Es un incomprendido. Sobre todo, cuando defiende a las empresas de Totana. Es que se desvive.

(*) Coordinador de IU en la comarca del Guadalentín

El PSOE de Águilas denuncia que vales de comida municipales se entregan en la sede del PP

ÁGUILAS.- El Partido Socialista de Águilas ha denunciado que la oficina del Partido Popular es «la sede» para recoger los vales de alimentos que entrega el Ayuntamiento. Así lo ha manifestado a 'La Verdad' el portavoz del PSOE, Ramón Román, según aseguró, tras recoger los testimonios de varios ciudadanos.

Román, acusó a la edil de Servicios Sociales, Josefa García (Pepi) , de «no atender en su despacho municipal a los demandantes de los vales y enviarlos a la oficina de los populares». El líder de la oposición, pidió su dimisión por «inducir la vinculación del vale de comida al apoyo a su partido», y «violentar» a las personas que acuden a pedir ayuda.

La edil del Partido Popular (en la imagen) negó las acusaciones, diciendo que «ese tipo de asuntos nunca se han atendido en la sede del PP», y recordó al PSOE que en más de una ocasión se han puesto en contacto con su departamento para enviar personas que acudieron a la Casa del Pueblo en busca de ayuda.

Un cruce de demanda y querella revela una supuesta situación de corrupción en Lorca

LORCA.- El que fuera concejal de la empresa municipal de limpieza, Miguel Miras García, interpuso en el año 2007 una querella criminal contra el trabajador de Limusa, Jacinto Parra Arcas, por asegurar éste en una denuncia contra el ex director de la empresa pública, Francisco Gil Eguino, que Miras era su «socio en los negocios oscuros y fraudulentos, cuyas actividades y llevanza contable» se operaba en las oficinas de la empresa de limpieza municipal, revela hoy 'La Verdad'.

La querella criminal se retiró, ya que previamente debía interponerse una demanda de conciliación. El acto de intento de acuerdo se llevó a cabo el miércoles día 11 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Lorca, donde sólo se personó el procurador del demandante, por lo que el acto de conciliación no se llevó a efecto y la demanda criminal seguirá su curso.

En el texto de la demanda de Miras se asegura que Jacinto Parra, en el escrito de denuncia contra Gil Eguino, «sin relación de continuidad alguna con el relato de los hechos arremete» contra el ex concejal socialista, afirmando literalmente: «... en aquellos tiempos era concejal delegado de Empresa por el Ayuntamiento de Lorca que es el máximo accionista de Limusa, D. Miguel Miras García, en la actualidad socio en los negocios oscuros y fraudulentos que viene desarrollando el denunciado a través de distintas sociedades mercantiles, cuyas actividades y llevanza contable se operan en las oficinas de la empresa de limpieza municipal para que vengo trabajando».

Y se añade que aprovechando la denuncia interpuesta contra una tercera persona, «sin imputar la comisión de un delito concreto», se acusa a Miras de realizar «actividades fraudulentas e ilícitas, prevaliéndose de su cargo público». También se señala que de dicho escrito de denuncia se han difundido copias «por toda la ciudad de Lorca», habiéndose encontrado algunas en la sede del sindicato UGT de Lorca.

El párrafo sigue diciendo que Miras se encontró la copia que se adjunta a la denuncia «en el rellano de la escalera de su vivienda junto a varios ejemplares más».

Así como que Jacinto Parra «ha entregado personalmente copias de la denuncia a diversas personas, vinculadas a su actividad pública, política y sindical, así como relacionadas con su vida privada, con el fin de asegurarse de que las afirmaciones injuriosas contenidas en la misma sean de dominio público y perjudiquen en la mayor medida posible su prestigio y buen nombre a todos los niveles y en todas las facetas de su vida».

Entre las peticiones que realiza Miguel Miras García a Jacinto Parra Arcas en la demanda de conciliación está que «se retracte de las injurias vertidas contra mi representado en la denuncia que, en fecha 7 de julio de 2007, interpuso contra D. Francisco Ignacio Gil Eguino», según reza en el suplico de la demanda.

También le pide que «se avenga a publicar en los diarios de mayor repercusión en esta localidad, La Opinión y La Verdad, rectificación de las mencionadas injurias». Por último, le exige «a abonar a mi representado la cantidad de seis mil euros (6.000 euros), como indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

El querellante, Miguel Miras García, aparece en un informe dentro de la investigación que se sigue en la Operación Reciclaje, que tuvo sus inicios en una denuncia de Jacinto Parra por acoso laboral a Gil Eguino. El nombre de Miras está unido al que fuera ex director de Limusa, único detenido por el momento de la presunta trama de corrupción.

En el informe de la Delegación de Murcia de la Agencia Tributaria Miguel Miras García aparece entre los socios de la empresa Cabo Cope Naturaleza. A ella, en el documento se le imputa un «posible delito por IVA e impuesto de Sociedades en la venta de viviendas».

Miras también aparece como socio de Inversiones Umbe, dueña del 65% de Invermed, que a su vez, cuenta con el 60% del capital de Vía Urbe, a la que también se le achacan «posibles delitos por la compra de terrenos a Tana S. A.». Inversiones Umbe, también realizó inversiones en La Marina de Cope, Uneproconsa y promociones Martínez Azor.

Del que fuera edil socialista se dice en el informe de la Agencia Tributaria, que realizó un inspector de hacienda, que «figura como socio y/o autorizado en cuentas bancarias de varias sociedades». El texto habría sido incluido en el sumario dentro de la Operación Reciclaje.

Costa Morata recurre ante el Supremo la condena de la Audiencia de Murcia por supuestos daños al honor de un fiscal de Lorca

MADRID.- La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el ecologista Pedro Costa Morata, quien fue condenado en primera y segunda instancia (Juzgado de Instrucción de Lorca y Audiencia Provincial de Murcia) por supuestods daños al honor del fiscal jefe de Lorca. La pena que le fue impuesta fue de 18.000 euros.

Las críticas de Costa Morata sobre la actuación del fiscal en el caso Zerrichera fueron vertidas en un artículo que publicó La Verdad.

En la sentencia de la Audiencia Provincial se señala que en el artículo periodístico se asegura que la hija del fiscal es la «responsable de Urbanismo (y de las recalificaciones) en el Ayuntamiento aguileño», cuando en realidad el responsable es la Corporación «o, en su caso, el concejal del ramo, pues la señora Martínez solamente era jefe de sección de planeamiento y, en consecuencia, carecía de responsabilidad alguna en temas relativos a recalificaciones».

Además, se afirma que no pudo emitir ningún informe en el año 1973 «pues tenía dos años de edad», ni en el año 2003, «puesto que la reforma del Plan parcial se efectuó mientras ella estaba de baja».

Carece de fundamento alguno, según el texto de la Audiencia Provincial, la afirmación de que el señor Martínez Blanco conociera «los mejunjes urbanísticos» del Ayuntamiento de Águilas por el hecho de que su hija trabajara en el Ayuntamiento de Águilas.

Costa Morata y su defensa consideran que la condena «es un caso de desprecio a la libertad de expresión y de opinión» y han mostrado su voluntad de llegar al Tribunal Constitucional si no tienen otro remedio.

IU de Totana reitera que la adjudicación del Servicios de Jardines a 'La Generala' ha estado lleno de irregularidades

TOTANA.- IU de Totana ha salido al paso de las declaraciones realizadas por Valverde Reina y acusan al PP de tener un claro favoritismo con "La Generala", a la que, dice la formación de izquierdas, han adjudicado de forma irregular la concesión del Servicio de Jardines, en detrimento de una empresa de Totana, que obtuvo casi 10 puntos más en una baremación objetiva.

A su juicio, "las amenazas de querellas de Valverde Reina, no tienen consistencia alguna, cuando vienen de un imputado por la Justicia, que ha llevado a la sociedad pública Proinvitosa al precipicio económico y social".

“Acusar a un concejal de estar politizando la vida pública, como ha afirmado Valverde Reina, es una ocurrencia muy parecida al que asó la manteca y dice mucho de su base argumental…”, ha manifestado Juan José Cánovas.

Cánovas, que ya ha sufrido amenazas de querellas de Valcárcel, del Notario de la Operación Tótem, de la Presidenta del PP en Totana, Isabelle Naus; ahora le llega la de Portavoz del PP, que va a encargar su presentación a los Servicios Jurídicos Municipales, cuya cabeza visible es la secretaria, acusada por la Justicia de Falsedad en Documento Público y en libertad bajo fianza.

“La situación de la responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Totana, ofrece una “garantía imparcial exquisita”, para emitir informes…”, apostilla el edil de IU.

IU recuerda que presentó un recurso por la injusta adjudicación del Servicio de Jardines y llevará el tema a los Tribunales de Justicia en defensa de la empresa totanera, "perjudicada por el PP, con la complicidad de los técnicos que modificaron los informes iniciales, de la Mesa de Contratación, que adjudicaban el Servicio a la empresa COMOS 3G, con casi 10 puntos de diferencia", dice una nota de IU-Totana.

Desde el Grupo de IU se recuerda lo sucedido con el Contencioso ganado al Ayuntamiento en la anulación de los presupuestos de 2006, en cuya sentencia se le condenó a abonar los gastos judiciales.

También recuerdan los ediles de IU, el recurso presentado a finales de 2007, para que la Secretaria no utilizase fondos públicos para pagar su defensa penal, que tuvieron que deshacer ante la denuncia de Juan José Cánovas.

El Justicia de Aragón dice que la corrupción urbanística es un "cáncer social" que hay que "combatir"

ZARAGOZA.- El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, manifestó hoy que la corrupción urbanística es un "cáncer social" que hay que "combatir con toda intensidad" porque "hace que se enriquezcan unos pocos con el patrimonio de todos" y la sociedad "no debe admitir" eso, especialmente cuando hace referencia a un bien de primera necesidad "como la vivienda".

Agregó que la "transparencia" y el cumplimiento de las normas es fundamental "y hay que estar claramente en contra de la corrupción urbanística si la hay".

En relación con el urbanismo, García Vicente reconoció que las administraciones que menos contestan a los requerimientos del Justicia de Aragón son los ayuntamientos pequeños y, especialmente, en materias relacionadas con el urbanismo. Según precisó, de las más de 30 sugerencias realizadas el año pasado por esta Institución en esta materia, "la mitad prácticamente no nos contestaron".

Por otra parte, se refirió a la necesidad de resolver la financiación de los ayuntamientos ya que actualmente "está mal prevista" y muchos de ellos se financian "por la vía de urbanizar y vender suelo", cuando son "la administración más cercana al ciudadano", lo que hace que "cada vez asuman más exigencias".