lunes, 15 de junio de 2009

Pujante propone 5 pactos sobre desempleo, economía sumergida, corrupción, RBI y energía

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Mixto y diputado de IU+LV, José Antonio Pujante, propone cinco grandes pactos basados en el desempleo, la economía sumergida, la corrupción, la Renta Básica de Inserción (RBI) y la eficiencia energética con el fin de reorientar el actual modelo productivo, basado, en su opinión, en la mano de obra intensiva, la precariedad laboral, los bajos salarios y la baja cualificación en sectores como la agricultura y la construcción.

Acusó al Ejecutivo murciano de impulsar un modelo socioeconómico centrado en la economía "especulativa" y el "pelotazo", frente a un sistema "de la excelencia en el empleo y la producción, y de la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)".

En concreto, Pujante defendió la necesidad de llegar a un acuerdo contra la exclusión social y la pobreza, que incluya una "imprescindible reforma" de la Ley de RBI, basada en la cuantía a percibir, cantidad y método utilizado, valoración de los ingresos, requisitos de acceso, duración de la prestación, y reconocimiento del derecho a las prestaciones y ayudas establecidas.

Otra de las propuestas es un acuerdo para la contratación de desempleados sin cobertura, que tendría un coste de entre 180 y 200 millones de euros, y que garantizaría trabajo para unos 30.000 parados durante seis meses.

Precisamente, la tercera propuesta de pacto sería para luchar contra la economía sumergida, para lo que se necesitaría del acuerdo con los agentes sociales. Pujante defendió la necesidad del mismo por el hecho de que, pese a que se haya reducido la temporalidad, se siga manteniendo el diferencial de 9 puntos con la media nacional, ya que ese descenso se ha producido "a costa del aumento del paro".

También propuso Pujante un acuerdo para la transición hacia una economía sostenible, eficiente energéticamente, con una inversión generada de 750 millones de euros en cuatro años, y que tendría como acción principal un Plan Renove para viviendas.

El último pacto planteado por el diputado de IU+LV es un acuerdo contra la corrupción, un asunto que "inexplicablemente", según Pujante, no fue ni mencionado por el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en el discurso con el que abrió el debate del estado de la región.

Y eso, rememoró, que uno de los casos más sonados tiene como protagonista a un ex consejero del Gobierno de Valcárcel y ex delegado del Gobierno de Aznar, en alusión a Francisco Marqués y el asunto 'Zerrichera'. Pujante aseguró que los casos de corrupción "generan una mala imagen de la Región y hay que salir con valentía a decirlo".

En este punto, echó mano del decálogo que, hace unos años, planteó el propio Valcárcel contra la corrupción, y que, a juicio de Pujante, "podría servir de base" para lograr un acuerdo entre todas las fuerzas políticas.

Pujante, que inició su intervención mostrando su solidaridad con los trabajadores de Española del Zinc, anunció que su discurso sería "eminentemente rojo", reprochando al jefe del Ejecutivo regional que "no hiciera ni una autocrítica".

Tras hacer un pormenorizado repaso de la situación de la Región para rebatir el balance desglosado por Valcárcel, el diputado de IU+LV aseguró que el modelo económico regional ha sufrido un "enorme batacazo".

Por ello, Pujante insistió en la necesidad de un giro en el modelo productivo "con pies de barro" actual, para lo que planteó un gran pacto social para el cambio del modelo socioeconómico, en el que también participen los partidos políticos.

Finalmente, defendió que para salir de la situación de crisis es preferible "la colaboración a la confrontación" con el Gobierno central. "Eso no significa que haya que renunciar a la crítica, sino que se coopere desde la lealtad institucional por el bien de la Región, no por el bien electoral", concluyó.

Pero antes había indicado que el actual modelo económico se asienta sobre las bases del neoliberalismo, al tiempo que tildó de "ridículas" las declaraciones del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, cuando aseguró que la Región registra un descenso de la temporalidad laboral, hecho que se debe, a juicio de Pujante, al aumento del desempleo.

Criticó además "el concepto de igualdad laboral" de Valcárcel, ya que los colectivos más afectados por la crisis económica son "las mujeres, los inmigrantes y los jóvenes", y comparó el sueldo mensual medio de los empleados de la empresa Cofrusa, en torno a los 700 euros, frente al salario de Francisco Marqués, presidente de Hefame.

El parlamentario de IU+Los Verdes denunció que la inversión destinada a I+D+i represente el 0,91 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional, ante el 1,35 de la media nacional, "que se encuentra por debajo de la europea", responsabilizó al Ejecutivo autonómico de apostar por la educación universitaria privada y criticó la falta de inversión para atajar el fracaso escolar.

Pujante denunció también la quiebra financiera del Servicio Murciano de Salud (SMS), la "mala gestión" de la sanidad en hospitales como el Virgen del Rosell, en Cartagena, y la externalización de los servicios no sanitarios por medio de la sociedad mercantil regional GISCARMSA.

Aseguró además que la última ley de Protección Medioambiental elimina "aspectos avanzados" incluidos en la anterior norma, y criticó el uso de la energía nuclear, la construcción de una dársena de contenedores en El Gorguel, el "retraso" en la regeneración de la Bahía de Portmán y la no aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

Dijo asimismo no entender como el Gobierno murciano reclama al central una mayor inversión en la Región "si defiende, al mismo tiempo, una rebaja de impuestos, la reducción del déficit público, del papel del Estado, y del uno por ciento del tramo autonómico del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que supone tener menos capacidad financiera".

"Frente a esta posición, IU+Los Verdes defiende una política fiscal progresiva, que incluya la recuperación del impuesto de Patrimonio y del uno por ciento del IRPF, con el fin de contar con más recursos para hacer frente a la crisis", apostilló Pujante.

Hizo también referencia a la "poca vocación autonomista y el interés por mejorar el autogobierno de la Región de Murcia", ya que, tras dos años de legislatura, la Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia "todavía no se ha reunido".

Reclamó al Ejecutivo murciano la puesta en marcha de medidas de carácter político y normativo para paliar los casos de corrupción, y dijo que ésta "no es un elemento aislado, sino que está insertado en el modelo socioeconómico", tras afirmar que, "en ningún caso, los resultados electorales sirven para legitimar este tipo de actuaciones".

Pujante (IU) afirma que el discurso de Valcárcel ha sido "débil, contradictorio y paradójico"

CARTAGENA.- El portavoz del grupo parlamentario Mixto y diputado de IU, José Antonio Pujante, aseguró hoy que el discurso con el que el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, dio comienzo a la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región ha sido "débil, contradictorio y paradójico".

Pujante acusó al jefe del Ejecutivo regional de "echar balones fuera, teniendo en cuenta las responsabilidades del Gobierno central pero no las propias", al tiempo que tachó de "paradójico" que "pida más recursos para la Región, mayor financiación, deuda histórica e infraestructuras, pero plantee una rebaja de impuestos".

Igualmente, criticó que Valcárcel "no abordara la quiebra financiera del Servicio Murciano de Salud (SMS), ni haya hablado de ampliar la Renta Básica de Inserción, ni los problemas medioambiantales, la inexistencia de los Planes de Ordenación de Recursos, el macropuerto de El Gorguel o el fracaso escolar".

Para Pujante, "ha sido un discurso idílico, que no afronta los problemas de la Región, sin ideas y sin medidas claras, y que olvida a los que están en la situación más débil, como los parados o los excluidos sociales".

Por último, reprochó que "importante ausencia" de la situación de la corrupción, "que sigue persistiendo tanto en ayuntamientos del PP como del PSOE y que debía haber tenido un reconocimiento de la situación en el discurso, así como el anuncio de medidas políticas, e incluso normativas si hace falta, para atajar esta lacra que hay en la Región".

Las aerolíneas europeas transportaron 91,8 millones de pasajeros hasta abril, un 8,2% menos

BRUSELAS.- Las aerolíneas europeas transportaron un total de 91,8 millones de pasajeros en los cuatro primeros meses de 2009, lo que representa un descenso del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos difundidos hoy por la Asociación de Aerolíneas Europeas (AEA). El factor de ocupación se situó en el 72,7%, lo que supone un descenso de 1,9 puntos porcentuales.

El tráfico de pasajeros medido en términos de demanda (RPK) cayó un 6% hasta abril, mientras que la oferta registró un descenso del 3,5% en relación a los primeros cuatro meses del pasado año.

Los vuelos domésticos de las compañías europeas registraron un descenso del tráfico de pasajeros del 12,4% entre enero y abril de este año, hasta los 22,9 millones de usuarios, mientras que en los vuelos de corto y medio recorrido cayó un 6% (49,7 millones) y en los de largo recorrido un 5,8% (19,8 millones).

En abril, el número de pasajeros transportados por las aerolíneas europeas descendió un 4,9% respecto al mismo mes del ejercicio precedente, hasta los 26,1 millones de usuarios. El tráfico en términos de demanda cayó este mes un 2,4%, mientras que la oferta descendió un 2,8% con respecto al mes de abril del año pasado. La ocupación se situó en este mes en un 76,4%, 0,4 puntos porcentuales más.

El secretario general de la AEA, Ulrich Schulte-Strathaus, consideró que los cuatro primeros meses del año han aportado las "piezas de un rompecabezas que, juntas, revelan una caída del 6% en el tráfico". "El siguiente paso en el rompecabezas serán un escenario todavía peor", recalcó Schulte-Strathaus.

En este sentido, adelantó que según las cifras que semanalmente recopila la AEA, durante el mes de mayo y en la primera semana de junio se ha producido una ralentización, con un descenso en el quinto mes del año cercano al 9%.

No obstante, Schulte-Strathaus valoró positivamente la decisión de la Unión Europea de no readjudicar los 'slots' --derechos de despegue y aterrizaje-- que las aerolíneas no utilicen en la temporada de verano, teniendo en cuenta que permitirá a las compañía ajustar su capacidad en función de las condiciones del mercado.

"Éste es un momento en el que las aerolíneas necesitan asegurarse que van a poder seguir adaptando su producción a la demanda", recalcó el secretario general de la asociación.

El Sterm denuncia la exclusión de un niño del colegio concertado 'Antonio de Nebrija' por no pagar sus padres las cuotas del APA

MURCIA.- El sindicato Sterm-Intersindical denunció hoy públicamente, en rueda de prensa, que el centro concertado Antonio de Nebrija de Murcia excluyera la semana pasada a un niño de cinco años durante el día de su graduación por no pagar sus padres las cuotas de la Asociación de Padres (APA), que ascienden a los 165 euros por 11 mensualidades; así como que la APA haya "acosado" a sus progenitores a pagar unas cuotas que son "voluntarias".

De hecho, los padres del pequeño, Jonathan y Eva, aseguraron que su hijo ha sido, incluso, discriminado en las actividades extraescolares durante el año por no poder pagar una cuota, que la Dirección estableció a través de la APA, "para evitar las protestas y denuncias de otros padres". De hecho, el niño no quiere regresar al colegio desde el pasado día 4.

Este año, relató el padre, "sólo pudimos pagar tres mensualidades, mi mujer se quedó embarazada y tuvo que coger una baja por reposo, y no podíamos hacerle frente", tras lo que dijo que "cuando la APA nos pidió explicaciones, dio hasta Navidad para ponernos al día, pero tampoco pudo ser y a partir de ahí nos llamaban 'día si día no' y nos decían que nos estábamos aprovechando de los padres que sí pagaban".

Posteriormente, se informaron de que no tenían la obligación de pagar esas cuotas, y "todo bien hasta que el día de la graduación, cuando ya habíamos pagado 180 euros por el traje del niño en lugar de 30 como el resto de padres del APA, excluyeron a mi hijo de la función porque decían que la fiesta era solo para socios".

"Lo tenían apartado del grupo", explicó entre lágrimas la madre del niño. "La profesora le decía 'Tú no vas a salir, tus papás no pagan'" y "mi hijo entre lágrimas nos preguntaba por qué no podía salir a la función".

De hecho, los del APA "nos dijeron que esto era culpa nuestra por no pagar las cuotas del Asociación de Padres", mientras la directora les indicó que sólo había hecho la orla "para los niños cuyos padres sí que pagaban".

Al tiempo que les aseveró, cuando intentaron explicarle que habían intentado meter al pequeño en un centro público sin éxito, que "en los colegios donde no se paga hay plazas hay porrillo".

"La única que se disculpó, remarcó el padre, fue la profesora del niño". Eso sí, apuntó, "me devolvieron el dinero del traje, pero no se dignaron ni a darme explicaciones". Desde ese día, el niño de cinco años no quiere volver al colegio.

El sindicato, que aseguró que la Consejería de Educación, Empleo y Formación ha abierto un expediente de investigación, manifestó que no es el primer caso denunciado en este colegio, ya que "hace unos años un niño fue excluido del comedor, cuando sus padres pagaban este servicio, pero no las supuestas cuotas 'voluntarias' del centro", explicó el responsable de Política Educativa y Salud Laboral del sindicato, José Luis López.

Al hilo, explicó que las cuotas que pagan los padres en estos centros son para gastos que ya subvenciona la Consejería. Estas ayudas ascienden a 6.419 euros por aula, en el caso de Primaria e Infantil; con 8.345 euros en el de Primer Ciclo de ESO y 9.211 euros en el de Segundo Ciclo de ESO.

En concreto, el centro Antonio de Nebrija recibe más de 310.000 euros al año para los gastos corrientes de funcionamiento (electricidad, gas, teléfono...), aparte de los gastos para personal y otras variables.

Así, la portavoz del sindicato, Alicia Poza, remarcó que los padres no tienen por qué pagar las cuotas de estos centros, "es irregular". De hecho, puntualizó, es un pago fraudulento dado que, al estar concertado con la Administración, "la enseñanza y sus actividades deben ser gratuitas".

Las CC AA no podrán vetar fusiones si interviene el Banco de España

MADRID.- La ministra de Economía, Elena Salgado, dijo el lunes que las comunidades autónomas no podrán vetar fusiones entre cajas si estas entidades son receptoras de ayudas públicas tras la intervención del Banco de España.

"Cuando las entidades (cajas) están en crisis, es el Banco de España quien tutela el proceso (incluida la aportación de fondos públicos). En ese caso las comunidades no podrán vetar fusiones", declaró.

No obstante, Salgado dijo que, aunque no podrán vetar los procesos, el Banco de España consultará a los gobiernos regionales.

Hasta ahora, el principal obstáculo a los procesos de concentración en el sector de las cajas era precisamente la capacidad de veto que tenían las cajas para impedir fusiones entre entidades de diferentes comunidades autónomas.

La titular de la cartera de Economía explicó que el Estado podrá entrar de forma transitoria en el capital de las cajas, gracias al fondo de reestructuración que está ultimando el Gobierno, con la compra de cuotas participativas que otorgarán derechos políticos.

Salgado explicó que las entidades dispondrán posteriormente de un plazo para recomprar dichas participaciones una vez sea saneada la entidad, aunque no precisó el plazo para la recompra.

La ministra insistió de nuevo en que este momento no hay ninguna entidad en dificultades, si bien reconoció que el año próximo sería complicado. Ninguna entidad de rango sistémico en España requiere de reestructuración alguna, recalcó, aunque ahondó en la idea de que es inevitable un redimensionamiento del sector financiero.

"No vemos en España ninguna entidad de carácter sistémico con necesidades de reestructuración, si bien es cierto que en otras entidades es inevitable un cierto redimensionamiento", dijo Salgado.

El Gobierno está preparando un Real Decreto que regulará el fondo de reestructuración del sistema financiero español, que está previsto que se apruebe durante las próximas semanas de junio, según fuentes de Economía.

La ministra volvió a decir el lunes que el fondo tendría una dotación inicial de unos 9.000 millones, y que está previsto tenga una capacidad de endeudamiento de 10 veces su valor.

El Ministerio de Economía sigue barajando un esquema para las ayudas en el que la primera opción pasa por la propia solución privada entre las entidades, seguido del instrumento del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y por último una posible intervención del Banco de España que llevaría de la inyección de dinero a través del fondo si fuera necesario.

Salgado ya dijo a finales de abril pasado que el fondo podría prestar un apoyo adicional si el Fondo de Garantía de Depósito (FGD), que en principio cuenta con una suma cercana a los 7.000 millones de euros, resulta insuficiente para sanear las cuentas de una entidad.

El Gobierno español tuvo que intervenir a principios de abril a la primera víctima de la crisis en el sector financiero, la Caja Castilla-La Mancha (CCM), concediéndole un aval de 9.000 millones de euros para solventar los problemas de liquidez que atravesaba como consecuencia de la crisis crediticia y su exposición al pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Además, el Fondo de Garantía de Depósitos inyectó unos 1.300 millones en participaciones preferentes en CCM.

Crédit Suisse consideró recientemente que el coste del saneamiento de las cajas de ahorro en España podría ser mucho mayor y estimó que requerirán una inyección de hasta 60.000 millones de euros.

Según un informe de la consultora y auditora PriceWaterhouseCoopers, las entidades financieras españolas necesitarían entre 25.000 y 70.000 millones de euros para recapitalizarse.

La playa aguileña de El Hornillo sigue acotada por desprendimientos

ÁGUILAS.- Miguel Antonio Carrasco Cayuela, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida + Los Verdes en el Ayuntamiento de Águilas, ha elevado al Pleno Ordinario del mes de junio una moción sobre el cierre de la playa de El Hornillo.

"La Demarcación de Costas ha vallado parte de la playa del Hornillo advirtiendo del riesgo de desprendimiento de piedras. El verano pasado se produjo un grave desprendimiento del monte por donde estaban construidas las escalinatas de acceso a las viviendas.

Estos hechos son muy preocupantes por lo que respecta a la imagen turística de esa urbanización y por el riesgo que pueda suponer para los ciudadanos.

El que la Demarcación de Costas haya vallado esa playa indica que el riesgo para los ciudadanos continúa. También implica que las obras que en esa zona ha llevado a cabo el urbanizador han sido las causantes de estos desprendimientos pues, quizá por el afán desmesurado de construir comiéndose el monte existente, las piedras que caen proceden de los terrenos donde el promotor del Hornillo ha querido aprovechar al máximo.

Si las obras presentan irregularidades y riesgos para los ciudadanos, lo que procede es que nuestro Ayuntamiento abra el correspondiente expediente para delimitar las responsabilidades pertinentes de unas obras que tienen la autorización del Ayuntamiento".

El pacto que hay que romper / Patricio Hernández

“Todo está escrito, basta con saber leer”, dice Rossana Rossanda al analizar resultados de las elecciones europeas en Italia. Yo creo que esto se puede decir también en nuestro caso. Aquí la pregunta obligada es ¿a que espera la dirección del PSRM-PSOE para presentar su dimisión en pleno?. Si algo resulta ya insoportable es el autismo político de aquellos de quienes depende en primer lugar la posibilidad de que la derecha algún día sea desalojada del completo control del poder institucional en Murcia.

¿Cuándo, si no es ahora que se ha alcanzado la enésima derrota y se ha logrado lo que parecía imposible, volver a descender en porcentaje de votos -ahora ya por debajo del 30%, a 32 puntos de distancia del partido del gobierno regional- una alternativa política necesita una completa revisión de su línea y de las caras que la representan? Pero, paradógicamente, si podemos estar seguros de algo es de que esto es justamente lo que no va a ocurrir en Murcia.

Y es ahora cuando viene mi respuesta a la pregunta clave de cómo explicar este absurdo disparate: aquí hay un pacto implícito de beneficios mutuos que hay que romper para desbloquear la situación; Zapatero y la dirección del PSOE no van a cuestionar a la dirección regional que se ha especializado en obtener cada vez mayores derrotas a cambio de que ésta no cuestione aquellos aspectos de la política gubernamental que cierran cualquier posibilidad al cambio político en la región, y muy en especial en el asunto del agua.

Cuando parecía que la cuestión de la derogación del trasvase del Ebro podía ser conjurada al menos en parte con el fin de la sequía y el programa de desaladoras, manteniendo una aportación baja desde el Tajo, la complacencia frente a la actitud del gobierno y los dos grandes partidos castellano-manchegos de poner fecha de caducidad al Tajo-Segura , al rearmar el discurso victimista del PP murciano, evapora cualquier posibilidad de invertir el signo del destino fatídico que nos convierte en la mayor (proporcionalmente) despensa de votos conservadores. ¿Como se puede romper esta jaula de hierro de la que somos prisioneros?

Cuando el gobierno de España ofrezca un horizonte creible al llamado problema del agua en Murcia, y a los demás asuntos que el PP utiliza constantemente para condenar a su adversario murciano (el cierre de la financiación autonómica entre ellos) y cuando los profesionales e la derrota dejen paso a otras personas e ideas para confrontar con el PP de Valcárcel, y asuma la tarea inapalzable de refundar de verdad ( y necesariamente ha de ser un proceso doloroso, de cirugía profunda, no estos sucedáneos de la unificación de agrupaciones ) el partido de los socialistas murcianos, hoy una organización muy enferma e ineficaz con un alto grado de desorientación político-ideológica, deshaciendose del peso muerto que lo viene lastrando y desterrando prácticas clientelares de larga tradición y pactos internos para el control de la organización, y se abandone de ombligismo partidista, abriendo de verdad el partido a la Murcia progresista y a la sociedad de la que está cada vez más alejado, y haciendo una verdadera y eficaz labor de oposición hoy practicamente desconocida, tareas todas ellas arduas y que requerirán en el mejor de los casos mucho tiempo y no menos habilidad, pero que hay que acometer ya, sin tener que esperar a nuevas derrotas, incluida la pérdida del gobierno del Estado.
Para mi esto es tan evidente como la certeza de que no será la vía que se elija y se permitirá un nuevo descenso hacia el infierno político al que parece condenado el PSRM-PSOE y con él toda la izquierda murciana, para mayor gloria del PP.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo da la razón a un periodista murciano ante la demanda desestimada del consejero Antonio Cerdá

MADRID.- La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, integrada por cinco magistrados, ha estimado en su totalidad, con fecha 6 de mayo pasado, el recurso de casación, por infracción procesal, del abogado José Luis Mazón Costa, en representación del periodista murciano Francisco Poveda, contra la sentencia de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia a favor de una demanda del consejero de Agricultura y Agua del gobierno regional de la Comunidad Autónoma, Antonio Cerdá Cerdá, ahora condenado parcialmente a costas, en relación a una supuesta vulneración del derecho a su honor.

El Tribunal Supremo considera que la sentencia de la Audiencia Provincial murciana infringe el artículo 20 de la Constitución Española al no respetar la Libertad de Expresión que proclama la misma, y también su artículo 18 por aplicar incorrectamente la protección del Derecho al Honor, conforme a las pretensiones de la defensa letrada.

A juicio de la citada Sala, "el demandante, como personaje político en la Comunidad de Murcia de proyección pública, debe soportar, en el sentido jurídico de que no se considera intromisión ilegítima, las críticas y los comentarios, sean o no de buen gusto, que no lo son, pero que se hallan en el ámbito de la Libertad de Expresión y pertenecen a una contienda política, que impide que las expresiones concretas empleadas puedan ser calificadas de insultantes, denigratorias o vejatorias. Como se expresa en el recurso, se trata de asuntos que conciernen a la gestión pública de un personaje público sometido a la crítica de sus actos y a la que tiene derecho el público para la correcta formación de la opinión que exige el pluralismo y la crítica democrática en correlación con el derecho a la libertad de información y opinión que asiste a los recurrentes como periódico y periodista".

El Supremo anula así las sentencias precedentes de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia, en grado de apelación, y del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 , también de Murcia, que consideraron pertinente la figura de intromisión ilegitima del periodista profesional en el derecho al honor del político en ejercicio y fallaron a favor de indemnizar al demandante con 6.000 euros y correr el demandado con las costas del procedimiento.

El fondo de la cuestión es que el susodicho periodista, titulado por la Universidad Complutense, a la sazón director y consejero-editorial del periódico 'La Economía de la Región de Murcia', en un artículo de opinión asignó al señor Cerdá a "la Murcia peronista, cutre e ignorante, metida a la cosa pública", sin que esta adscripción pase de ser una frase de mal gusto que no atenta contra su honor, conforme a esta sentencia del Tribunal Supremo ahora conocida, ya que los hechos se remontan a los comienzos de la presente década, ahora en trance de finalizar, y las sentencias de la judicatura murciana corresponden a los meses de enero y febrero de 2003 y 2004 respectivamente.

Para el magistrado-juez murciano de Primera Instancia, el periodista se ensañó con Cerdá de forma maliciosa a través de un insulto gratuito mientras para la Sala de la Audiencia Provincial la frase mencionada y otras excedían el ámbito de la libertad de crítica política, por lo que ambas jurisdicciones condenaron al señor Poveda.

El letrado José Luis Mazón basó su recurso de casación, admitido a trámite por el Tribunal Supremo en junio de 2007, en la vulneración de derechos fundamentales, infracción de la Constitución Española, Convenio Europeo de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como infracción de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Mientras, el ponente, Sr. O'Callaghan Muñoz, basa la argumentación de la sentencia que absuelve al periodista, entre otros aspectos jurídicos, en que "la persona de proyección pública, que goza de indudables ventajas, pecha también con los inconvenientes y debe asumir que su protección del honor disminuye, de la intimidad se diluye y de la imagen se excluye...".

El mismo ponente recuerda, apoyándose en una profusa jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, que "...la base de un sistema democrático es la libertad de expresar las opiniones o críticas, sin que puedan darse excesivas cortapisas".

Y, al efecto, se refiere a un adagio de la jurisprudencia de EE UU, que dice "... errores son inevitables en un debate libre, pero deben ser protegidos para dejar a la Libertad de Expresión aire para que pueda respirar y sobrevivir...".

Insistiendo en este aspecto dice también: "Es constante la jurisprudencia que dice, y reitera la prevalencia de la Libertad de Expresión respecto del Derecho al Honor en contextos de contienda política", remitiéndose, entre otras, a una sentencia, "muy anterior y muy clara", de 27 de febrero de 2003.

Aunque el fiscal de Sala se opuso en su momento a la casación, los cinco magistrados de Lo Civil del Supremo fueron luego unánimes en su sentencia y no se produjo ningún voto particular al fallo.

El magistrado-ponente, Xavier O'Callaghan Muñoz, es un conocido civilista catalán, que imparte sus clases de Derecho Civil en la Universidad Autónoma en su calidad de catedrático, y que tiene una bien ganada fama de ser técnicamente impecable.

(En la imagen superior, el letrado José Luis Mazón, defensor del periodista, y en la inferior, el magistrado-ponente, profesor Xavier O'Callaghan Muñoz )