miércoles, 16 de septiembre de 2009

A finales del próximo año estará finalizado el centro penitenciario de Campos del Río

MURCIA.- El Centro Penitenciario Levante I, que se está construyendo en Campos del Río, con una inversión cercana a 114 millones de euros, estará finalizado el próximo año. Este centro permitirá que más de mil internos, naturales o con residencia en la Comunidad y que actualmente cumplen condena, puedan hacerlo en su comunidad.

Este nuevo centro penitenciario ocupará una superficie de más de 46.600 metros cuadrados y dispondrá de 1.008 celdas residenciales y 186 complementarias, y tiene una previsión de crear 500 puestos de trabajo.

En este sentido, se trata de un edificio moderno, en el que la funcionalidad confluye con la seguridad y comunidad tanto de sus trabajadores como de sus internos y familiares.

El centro cumplirá con la normativa medioambiental y dispondrá de lo sistemas más avanzados para conseguir mayor eficiencia tecnológica, y favorece el uso racional de recursos como el agua, energía, así como potencia el uso de las energías renovables.

Por otra parte, el centro de inserción social en El Palmar que llevará el nombre de 'Guillermo Miranda' supondrá una inversión de 11,9 millones de euros y contará con 306 plazas, lo que viene a cubrir las necesidades de plazas penitenciarias en tercer grado que Instituciones Penitenciarias precisa en Murcia.

En este sentido, este centro permitirá el cumplimiento de penas en régimen abierto, así como cubrirá en régimen abierto, así como el necesario número de plazas para la realización de Trabajos en Beneficio de la Comunidad.

Concretamente, esta obra ha sido promovida por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciarios (SIEP), como parte de la ampliación y Creación de Centros Penitenciarios 2005-2012 del Ministerio del Interior, aprobado en Consejo de Ministros de 2005.

Se prevé que este centro esté finalizado a finales de este mismo año y contará con diferentes dependencias como zonas de acceso y control desde donde se comunica con el exterior, el interior y la zona de oficinas.

También, el alojamiento general, en el que se proyectan 152 habitaciones, algunas de ellas adaptadas a personas de movilidad reducida, y que se compone de tres edificios independientes con 14 habitaciones por planta.

De igual forma, contará con una zona de estancia está compuesta de comedor y cafetería, con un oficio para preparación de comida de catering, economato y una zona para máquinas expendedoras o 'vending'.

A esto se suma, la zona ocupacional que dispone de sala de TV, sala de juegos, dos aulas didácticas, biblioteca, gimnasio, además de aseos y vestuarios, además de contar con una zona asistencial compuesta por un área sanitaria y asistencial, entre otros.

Para conseguir una arquitectura sostenible de este centro se ha aplicado un plan de vigilancia ambiental, implementado por SIEP, que permite el control y seguimiento de las diversas actividades de la obra susceptibles de producir afecciones sobre el entorno natural como puede ser emisión de polvo, de ruidos y vibraciones, de vertido de aguas residuales, de generación de residuos, entre otros.

El MARM invertirá casi 13 millones de euros para recuperar ambientalmente zonas de Murcia, Cartagena y Calasparra

MADRID.- El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) tiene previsto ejecutar próximamente varias actuaciones de acondicionamiento medioambiental en zonas de Murcia, Cartagena y Calasparra. En concreto, el importe de estas actuaciones, que se licitarán próximamente, alcanza la cifra de 12.745.359 euros.

Los proyectos que el MARM llevará a cabo son el acondicionamiento medioambiental del entorno de la zona de Contraparada, que tiene un presupuesto de 3.510.886 euros.

Esta zona, situada en el término municipal de Murcia, entre las pedanías de Javalí Viejo y Javalí Nuevo, ha sido a lo largo de la historia y continúa siendo en la actualidad el corazón de la Huerta de Murcia, constituyendo la base del sistema de riego tradicional.

Las diferentes actuaciones que el hombre ha llevado a cabo en el entorno del llamado Complejo Hidráulico, junto a fenómenos como sequía o inundaciones, han causado una importante degradación.

El segundo de los proyectos es la recuperación ambiental e integración social de la Rambla de Canteras a su paso por el paraje de Mojuelo, en el término municipal de Cartagena, que cuenta con un presupuesto de 2.896.936 euros.

La Rambla de Canteras discurre colindante, por su margen izquierda, al caso urbano de la pedanía de Canteras. Actualmente, la zona está muy degradada debido a la actividad humana y a ello hay que añadir el fuerte deterioro del cauce.

También se incluye el proyecto de mejor a del río Argos y acondicionamiento de su entorno en el paraje del Cortao Rojo, en el término municipal de Calasparra, que tiene un presupuesto de 2.350.000 euros.

Mediante una serie de obras de pequeña envergadura se mejorará ambientalmente la zona y a la vez se recuperarán unos terrenos agrícolas semiabandonados que, por su situación privilegiada, constituyen un espacio idóneo para el uso público y el fomento de la educación ambiental.

La recuperación ambiental de la Rambla de Peñas Blancas o Ladrillar, en el término municipal de Cartagena, que tiene un presupuesto de 2 millones de euros, es otro de los proyectos. Actualmente presenta problemas puntuales de inestabilidad y erosión de taludes, por lo que las actuaciones van encaminadas, entre otras, a la disminución de estos procesos, además de a una integración paisajística y mejora medioambiental.

Por último, se prevé la restauración ambiental de la Rambla del Carmen, en el tramo comprendido entre la Autovía A-7 y la carretera de El Puntal a Churra, que tiene un presupuesto de 1.987.537 euros.

La parte de esta Rambla, que discurre por el casco urbano de Cabezo de Torres, está sometida a impactos derivados de las actuaciones del hombre, tales como construcciones en desuso, vallados en mal estado, arrojo de basuras y escombros.

Las márgenes de la Rambla varían a lo largo del cauce, existiendo zonas muy degradadas y erosionadas. Además, destaca la necesidad de definir el Dominio Público Hidráulico para conseguir que no haya acciones humanas sobre el cauce y, entre otros objetivos, proteger los usos colindantes frente a las avenidas.

Los regantes del trasvase colaborarán "activamente" en la recogida de firmas para la ILP

MURCIA.- Los regantes del trasvase colaborarán "activamente" en la recogida de firmas promovida por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa del Tajo-Segura-Plataforma 'Necesitamos un río de firmas', según anunció este miércoles el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto (Scrats), José Manuel Claver, tras estampar su rúbrica en el pliego de firmas.

Claver mostró su "apoyo incondicional" a esta iniciativa y anunció que dará traslado de la misma a las más de 80 comunidades de regantes que integran el Scrats para que se sumen y colaboren "activamente" en la recogida de firmas, pues ellos "están a pie de calle".

Igualmente, manifestó su agradecimiento a los promotores de esta iniciativa por su "apoyo incondicional al trasvase y su defensa a ultranza del Tajo-Segura". "Su preocupación es digna de elogio y consideración", apostilló.

Por su parte, uno de los integrantes de la comisión promotora de la ILP, José Luis Aedo, apuntó que "por el carácter aglutinador de la plataforma, creemos que PP y PSRM podrían dejarnos sin trabajo instando desde la Asamblea Regional para que el Congreso de los Diputados se pronuncie".

"Si nosotros hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, por qué no PP y PSRM", se preguntó Aedo.

Por su parte, otro de los miembros de la plataforma 'Necesitamos un río de firmas', el empresario y ex alcalde de Torre Pacheco, Pedro Jiménez, advirtió que "la Región se está jugando el enriquecimiento del que este miércoles disfruta, porque cuando se corte el trasvase tendremos un empobrecimiento".

El abogado y ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Emilio Pérez, también integrante de la plataforma promotora, reconoció que en un principio "estábamos preocupados por la consecución de las firmas, porque 500.000 son muchísimas", pero con la colaboración de los regantes y la habilitación de la firma electrónica, se mostró convencido del éxito de la iniciativa.

Y es que, por primera vez, anunció Pérez, se ha logrado a nivel europeo "que se reconozcan las firmas electrónicas para una Iniciativa Legislativa Popular", para lo que en los próximos días mantendrán una reunión con la Universidad de Murcia.

Finalmente, Pérez recordó que la ILP "es la última oportunidad de que el trasvase tenga carácter permanente".

"Actualmente tenemos una incertidumbre que nos desconcierta", apuntó el ex presidente de la CHS, quien recalcó que el Tajo-Segura "es un derecho adquirido que no puede ser motivo de expoliación porque si", pues el Estado incurriría en responsabilidades.

Las ventas de coches a particulares suben en Murcia un 9%

MURCIA.- Las ventas de coches a particulares ascendieron a 18.226 unidades en la primera quincena de septiembre, lo que representa un fuerte aumento del 35 por ciento respecto a las 13.461 unidades contabilizadas en el mismo período de 2008. Murcia registró un crecimiento del 9 por ciento, según datos de MSI la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto).

La patronal de los concesionarios destacó que estos datos ponen de manifiesto las claras muestras de recuperación del canal de particulares, impulsadas por los "grandes mercados" del país.

Así, las matriculaciones en el canal de particulares crecieron un 53 por ciento en la Comunidad Valenciana, un 31 por ciento en Cataluña, un 29 por ciento en Madrid y un 21 por ciento en Andalucía.

Por su parte, los mayores crecimientos correspondieron a las comunidades de País Vasco y Aragón, con una progresión del 74 por ciento, mientras que Navarra, Castilla y León o Galicia registran subidas por encima del 60 por ciento.

Canarias es la única comunidad en la que se registra una evolución negativa, con un descenso del 28 por ciento en la primera mitad de septiembre, mientras que los incrementos más limitados corresponden a Ceuta (+2%), Melilla (+5%) y Murcia (+9%).

Quintás critica que las autonomías pongan trabas a las fusiones de cajas de ahorro

GRANADA.- El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, criticó este miércoles que los gobiernos autonómicos pongan trabas a las fusiones entre cajas y abogó por realizar reformas legales para dotar a estas entidades de más independencia.

Quintás efectuó estas consideraciones durante la rueda de prensa celebrada en Granada para informar sobre los resultados de las cajas de ahorros en el primer semestre del año, donde explicó que una fusión es el proceso de "mayor trascendencia" de una entidad, motivo por el que estas operaciones se están desarrollando con mucha "cautela" en España.

Señaló que, a diferencia de los bancos, las cajas "juegan con restricciones como los gobiernos autonómicos, que en algunos casos son elementos muy perturbadores y que, incluso, han puesto fin a fusiones muy interesantes".

Para Quintás, el hecho de que la opinión de los gobiernos autonómicos "cuente" en los procesos de fusiones "consume mucho tiempo" a las entidades, que cuando se encuentran con el "no" de las autoridades tiene que rehacer el camino andado.

En este contexto, Quintás también aludió a una posible reforma de la Ley de Cajas para dotarlas de más independencia, asunto que a su juicio es el "más importante" para el futuro del sistema bancario español en cuanto que afecta al buen funcionamiento de la mitad del mismo.

No obstante, lamentó que vaya a terminar su mandato en la CECA sin que este tema esté resuelto, pese a que en su día "todo el mundo se había comprometido ante la sociedad civil a solucionarlo".

Respecto al recurso presentado por la Comunidad de Madrid, entre otras, al texto del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dijo que "le parece muy bien" que las los gobiernos autonómicos "hagan lo que les parezca" para defender los derechos de sus comunidades, aunque recordó que la insolvencia es reconocida por la Constitución como un problema estatal.

"En estos momentos en los que se aborda la solvencia y reestructuración financiera como un problema planetario, no deja de ser bastante castizo que en este país se opine que los problemas de solvencia son regionales", añadió Quintás.

Se preguntó por ello "si una caja es insolvente como consecuencia de su gestión, ¿tiene el gobierno autonómico responsabilidad en este asunto?" y añadió que "no estaría de más" que esta cuestión se llevara al Tribunal Constitucional para que siente criterios "razonables".

La nueva ley española de extranjería vetará el acceso a la sanidad de ilegales

MADRID.- La nueva ley de Extranjería exigirá a los inmigrantes ser residentes legales para poder inscribirse en el padrón municipal, lo que automáticamente les cerrará las puertas a la sanidad y a la educación.

Así lo han denunciado hoy en rueda de prensa Cáritas Española, la Red Acoge y la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR), que se han reunido con grupos parlamentarios para presentarles sus enmiendas a la nueva ley de Extranjería, aún en tramitación parlamentaria.

Mañana, el Congreso de los Diputados debatirá la enmienda a la totalidad presentada por el PP, PNV y ERC-IU-ICV para que el Gobierno retire este proyecto.

El secretario general de CEAR, Alfredo Abad, ha recalcado que todavía hay margen y posibilidades para corregir aspectos que, a su juicio, limitan los derechos de los inmigrantes, "contradicen" las sentencias del Tribunal Constitucional en la materia e incluso pueden ser inconstitucionales.

Entre las enmiendas que plantean CEAR, Red Acoge y Cáritas figura modificar la redacción del proyecto sobre el padrón; en sus actuales términos establece que cuando aparezca la palabra "residente" o "residencia" habrá que leer "autorización de estancia o residencia legal", ha explicado Ana Abril, coordinadora del Área de Análisis Social de Cáritas.

Ello implica -según Abril- que los extranjeros que no tengan una de estas autorizaciones, aunque esté documentado (pasaporte), no van a poder empadronarse y, asimismo, tiene "consecuencias sobre el acceso, por ejemplo, a la tarjeta sanitaria o a la educación".

La restricción también supondrá que los ayuntamientos verán crecer su población real, y por tanto sus necesidades de recursos, sin que puedan acreditarla, de acuerdo a estas tres organizaciones.

Begoña Santos, directora técnica de Red Acoge, cuestionó asimismo la ampliación del tiempo que un inmigrante podrá ser retenido en un centro de internamiento (el proyecto prevé pasar de 40 a 60 días), pues "no garantiza" la efectiva expulsión de la persona a su país de origen y, además, la media de estancia gira en torno a "los veinte días".

Las enmiendas redactadas por Cáritas, Red Acoge y CEAR, contenidas en más de un centenar de paginas, exigen además modificaciones del proyecto de ley referidas a la reagrupación familiar, el acceso al derecho de justicia gratuita o a la vivienda.

Entre los aspectos positivos de la reforma, las tres organizaciones han valorado que explicite el derecho del menor a nombrar un defensor judicial en los supuestos de repatriación o la posibilidad de que las mujeres maltratadas puedan obtener una autorización provisional de residencia.

La nueva ley española de extranjería vetará el acceso a la sanidad de ilegales

MADRID.- La nueva ley de Extranjería exigirá a los inmigrantes ser residentes legales para poder inscribirse en el padrón municipal, lo que automáticamente les cerrará las puertas a la sanidad y a la educación.

Así lo han denunciado hoy en rueda de prensa Cáritas Española, la Red Acoge y la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR), que se han reunido con grupos parlamentarios para presentarles sus enmiendas a la nueva ley de Extranjería, aún en tramitación parlamentaria.

Mañana, el Congreso de los Diputados debatirá la enmienda a la totalidad presentada por el PP, PNV y ERC-IU-ICV para que el Gobierno retire este proyecto.

El secretario general de CEAR, Alfredo Abad, ha recalcado que todavía hay margen y posibilidades para corregir aspectos que, a su juicio, limitan los derechos de los inmigrantes, "contradicen" las sentencias del Tribunal Constitucional en la materia e incluso pueden ser inconstitucionales.

Entre las enmiendas que plantean CEAR, Red Acoge y Cáritas figura modificar la redacción del proyecto sobre el padrón; en sus actuales términos establece que cuando aparezca la palabra "residente" o "residencia" habrá que leer "autorización de estancia o residencia legal", ha explicado Ana Abril, coordinadora del Área de Análisis Social de Cáritas.

Ello implica -según Abril- que los extranjeros que no tengan una de estas autorizaciones, aunque esté documentado (pasaporte), no van a poder empadronarse y, asimismo, tiene "consecuencias sobre el acceso, por ejemplo, a la tarjeta sanitaria o a la educación".

La restricción también supondrá que los ayuntamientos verán crecer su población real, y por tanto sus necesidades de recursos, sin que puedan acreditarla, de acuerdo a estas tres organizaciones.

Begoña Santos, directora técnica de Red Acoge, cuestionó asimismo la ampliación del tiempo que un inmigrante podrá ser retenido en un centro de internamiento (el proyecto prevé pasar de 40 a 60 días), pues "no garantiza" la efectiva expulsión de la persona a su país de origen y, además, la media de estancia gira en torno a "los veinte días".

Las enmiendas redactadas por Cáritas, Red Acoge y CEAR, contenidas en más de un centenar de paginas, exigen además modificaciones del proyecto de ley referidas a la reagrupación familiar, el acceso al derecho de justicia gratuita o a la vivienda.

Entre los aspectos positivos de la reforma, las tres organizaciones han valorado que explicite el derecho del menor a nombrar un defensor judicial en los supuestos de repatriación o la posibilidad de que las mujeres maltratadas puedan obtener una autorización provisional de residencia.