jueves, 24 de septiembre de 2009

La fusión CAM-Cajamurcia choca con los recelos de los presidentes autonómicos

MADRID.- Las conversaciones que desde hace semanas mantienen los presidentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, y de Cajamurcia, Carlos Egea, tendentes a una fusión entre ambas entidades, “progresan adecuadamente”, en opinión de las fuentes consultadas por 'El Confidencial', a pesar de los recelos de los respectivos presidentes autonómicos, Francisco Camps, de Valencia y Ramón Valcárcel, de Murcia, ambos del Partido Popular pero pendientes del reparto de poder.

En realidad los contactos comenzaron hace tiempo, cuando Cajamurcia se encontraba inmersa en el intento de fusión con Cajasur, alternativa preferida tanto por el cabildo cordobés como por la jerarquía eclesiástica, pero que frustró la negativa en redondo de la Junta andaluza. Y fue la CAM, entidad que casi dobla en tamaño a Murcia aunque su situación financiera sea bastante peor, la que llamó a las puertas de la caja murciana.

Hay que decir que tanto Crespo como Egea son muy amigos, e incluso compañeros de carrera. El nivel de interlocución entre ambos es, pues, muy fluido, por lo que el acuerdo ha progresado rápidamente, “con el visto bueno del Banco de España, que ve con buenos ojos la operación”, de acuerdo con las fuentes.

Por curioso que parezca, sin embargo, la operación estaría tropezando de nuevo con los ya inevitables problemas “políticos” cuando de Cajas de Ahorro se trata, y ello a pesar de que ambas Comunidades están gobernadas por el PP. La fusión ha provocado algunos recelos en la Generalitat valenciana, donde algunos la han tachado sotto voce de “operación zaplanista”.

Más duras parecen las dificultades adelantadas por Ramón Luis Valcárcel, presidente murciano. Enfadado por la reacción de la Junta de Andalucía negando la posibilidad de la fusión entre Cajamurcia y Cajasur, lo que hubiera significado la primera operación de concentración entre entidades de CC.AA. distintas y de Gobiernos de distinto color, Valcárcel quiere ahora tomar sus precauciones, y de alguna manera pretende que el Banco de España obligue a abrir la espita “a todas las Autonomías”.

Quiere Valcárcel, en suma, que se derriben las barreras que impiden fusiones entre CC.AA. distintas. Pretende, también, que la Región de Murcia no se quede sin una Caja propia, sobre todo cuando la que preside Egea es de las más saneadas y mejor gestionadas del país. De ahí la exigencia, al menos inicial, de que la sede de la entidad resultante permanezca en Murcia, y de que, además, el citado Carlos Egea, “sea presidente de la entidad fusionada”, lo cual podría no gustar demasiado en Valencia.

Tan cerca como este martes, el presidente murciano aseguró en un acto público que, de llevarse a efecto la operación, “la presidencia de la nueva entidad debería ser para Carlos Egea, al que atribuye el mérito de haber situado a la caja murciana en los puestos de cabeza en eficiencia.

De acuerdo con la prensa local, Modesto Crespo ha encargado a un pluriempleado como Rodrigo Rato, ex ministro de Hacienda y ex director del FMI, que medie entre las Administraciones regionales para facilitar la fusión. La semana pasada, el presidente de la entidad con sede en Alicante mostró abiertamente su interés por "bailar con la más guapa", en referencia a la caja murciana.

La operación tiene sentido, porque la “salud” –en términos de recursos propios- que le falta a CAM podría dársela Cajamurcia. A tenor de la cifra de balance, sin embargo, la fusión resultante sería un 65/35 a favor de la alicantina. Tras hacer un gran trabajo en la entidad murciana, la pretensión de Egea es “dejar una obra bien hecha que le trascienda”, en opinión de las fuentes consultadas, “y que no diluya a Cajamurcia. Y ello por encima del reparto del cargos”.

La UE endurece la normativa sobre pesticidas y prohíbe el uso de sustancias "muy tóxicas" para su fabricación

BRUSELAS.- Los Veintisiete aprobaron hoy definitivamente la nueva normativa sobre el uso de productos fitosanitarios que supone un endurecimiento de la legislación comunitaria al reducir el número de pesticidas que pueden utilizarse y prohibir para su elaboración ciertas sustancias químicas consideradas "muy tóxicas". Tampoco estarán permitidos los plaguicidas en zonas residenciales, parques, escuelas, hospitales y ríos.

La nueva norma fija una lista europea de sustancias activas --componentes químicos de los pesticidas-- que permitirá a los Estados miembros conceder autorizaciones nacionales a los productos fitosanitarios o reconocer las licencias aprobadas por otros países comunitarios.

Gracias a un mecanismo para el reconocimiento mutuo y autorización zonal, un Estado miembro podrá autorizar un pesticida tras la evaluación de este en otro país de su misma zona. La UE estará dividida en tres zonas según las condiciones agrícolas, climatológicas y ecológicas de los países: norte, centro y sur, incluyendo esta última a los países del arco mediterráneo, entre ellos España.

La armonización de la evaluación no impedirá, sin embargo, que un país pueda prohibir a título individual un producto alegando circunstancias medioambientales o agrícolas específicas.

Esta normativa, que entrará en vigor a finales de este año, fue adoptada formalmente en un Consejo de ministros de Competitividad de la UE celebrado este jueves en Bruselas, después de haber sido criticado por los propios agricultores y por las organizaciones ecologistas, que consideran insuficientes las nuevas reglas tanto para la protección de los ciudadanos como del medio ambiente.

La comisaria de Salud, Androulla Vassiliou, sin embargo, celebró la decisión de los Veintisiete porque considera que establece el sistema "más moderno y protector" para la salud de los consumidores. "También beneficia a nuestros agricultores porque garantiza sus propia protección y promueve los productos saludables", añadió.

También queda prohibido el uso de una serie de sustancias químicas consideradas muy tóxicas (cancerígenas, mutagénicas, etc.) para la fabricación de pesticidas y se aplicarán criterios más estrictos de seguridad en el caso de las sustancias neurotóxicas e inmunotóxicas. La lista de componentes vetados incluye también sustancias perjudiciales para las abejas de miel.

No obstante, existe la posibilidad de que se autorice durante un máximo de cinco años aquellas sustancias que, aún no cumpliendo los estándares de seguridad, resulten necesarias para combatir una plaga importante. Además, habrá un plazo de tres años para sustituir por alternativas más seguras aquellos pesticidas que tengan alguna de las sustancias peligrosas.

Otra de las novedades con las que se pretende frenar el uso abusivo de plaguicidas, especialmente en el sector agrícola, y minimizar su impacto, es que cada Estado deberá contar con un plan de acción nacional que incluya medidas de formación para la venta y manejo de los pesticidas, de inspección y de protección. También deberán trabajar en métodos alternativos de control de las plagas.

Asimismo, queda prohibida la fumigación aérea, si bien se admiten una serie de excepciones limitadas que deberán contar con el visto bueno de las autoridades competentes. Dichas excepciones nunca podrán ser aplicadas para la pulverización o uso de pesticidas en zonas residenciales, parques y jardines públicos, escuelas, hospitales, ríos y lagos.

Rambla y Costa dirigían la financiación ilegal del PP valenciano, según la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales

MADRID.- La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel. La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP, según revela 'El País'.

El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat Valenciana.

La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta.

La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.

Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana.

Pago de constructoras. La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).

En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".

Costa, canalizador de los pagos. "Además el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. Esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política.

Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, tiene una persistencia en el tiempo suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política como se deriva del conjunto de elementos aportados.

La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dosde la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios.

El Tribunal valenciano saca del sumario la posible financiación del PP al pedirlo Camps

Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, ha vuelto a conseguir el favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien considera más que un amigo. La Sala Civil y Penal ha eliminado de las diligencias, a petición de Camps, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que consta la supuesta participación de empresas como Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino, y Lubasa, en la presunta financiación irregular del PP valenciano.

El informe, de 89 folios y cinco anexos lo han eliminado de las diligencias los mismos tres magistrados que hace unos días lo incorporaron a la causa, los mismos que también archivaron el 3 de agosto la parte del caso Gürtel que se instruyó en Valencia: Juan Luis de la Rúa, Francisco Ceres y Juan Montero. Los argumentos son puramente formales, sin entrar a analizar el fondo de la información, que forma parte de las averiguaciones del caso Gürtel y que se basa en la actividad de distintas empresas que habrían financiado irregularmente al PP valenciano.

El informe recoge que el PP valenciano supuestamente financió algunos de sus actos con dinero procedente de media docena de constructoras, que pagaban a una intermediaria, Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa.

Este nuevo carpetazo se sustenta en que el informe policial, que llegó el pasado día 31 de julio (en plena deliberación sobre el archivo de la causa contra Camps), fue remitido "sin que existiera petición al respecto ni por parte de la Sala ni por el magistrado instructor". El tribunal superior agrega que no es ni un atestado ni una denuncia (y, por ello, no les obliga a considerarlo), que se excede del objeto por el que se aceptó la competencia de los hechos investigados (posible cohecho de los cuatro imputados) y que la causa está archivada.

El tribunal que preside De la Rúa no sólo no atiende una posible financiación ilegal sino que estima una súplica de Camps que pedía que se retirase de las diligencias el informe policial. La Sala acuerda que el informe policial con los indicios de financiación irregular del PP valenciano no forme parte de las actuaciones y se devuelva al órgano que lo envió. Y dice más: considera que la fiscalía tuvo oportunidad de presentar un recurso y no lo hizo.

"Tenemos caso Gürtel para rato", dijo Ángel Luna, portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas. Este partido seguirá adelante con el recurso contra el archivo de la causa e iniciará acciones legales para esclarecer si hubo financiación irregular. La portavoz de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, agregó que el informe completa el rompecabezas. "Es la historia completa que todo el mundo ve menos el señor [Juan Luis] De la Rúa".

Camps negó que exista "ningún problema" con la financiación del PP cuya economía está auditara por el Tribunal de Cuentas. Su vicepresidente tercero, Juan Cotino, dijo que los vínculos de la empresa de su familia con la del Bigotes son "comerciales".

Según fuentes fiscales, la negativa del Tribunal de Valencia a admitir el informe de la Brigada de Blanqueo no significa que éste no pueda ser investigado por el juez de Madrid Antonio Pedreira que también lo tiene en su poder. Si aparecen racionales de delito, no podrán incorporarse a las diligencias archivadas por los trajes de Camps, pero si podría abrirse otro procedimiento distinto.

El sindicato CGT se opone a una posible fusión CAM-Cajamurcia

MURCIA.- La Confederación General del Trabajador manifestó este jueves su "más rotunda oposición" a una posible fusión entre Caja Mediterráneo (CAM) y Cajamurcia, por considerarla "ni positiva, ni necesaria", según indicó el secretario general de CGT-CAM, Ventura López, quien advirtió que de llevarse finalmente a cabo habrá "una notable pérdida de puestos de trabajo para las zonas donde están implantadas ambas cajas, afectando sobre todo a Murcia".

En este sentido, explicó que en la Región de Murcia "la duplicidad de oficinas es notable", ya que CAM posee 182 y Cajamurcia 251 oficinas.

A ello habría que sumar, indicó López, la concentración de servicios centrales en una de las dos provincias, "que provocaría, sin lugar a dudas, varios cientos de puestos de trabajo menos y la tremenda movilidad geográfica que se padecería por parte de la plantilla resultante".

López estimó que ambas entidades "ya tienen un volumen suficiente y no necesitan crecer para mantenerse en el actual mercado", al tiempo que destacó en un comunicado que "Cajamurcia ha demostrado ser más eficiente que CAM, caja que la triplica en tamaño".

Además, defendió la viabilidad de ambas cajas "como grandes creadoras de empleo de calidad y su influencia social en los entornos donde se desarrollan en la actualidad".

Por ello, reclamó "a los partidos políticos, a los órganos de gobierno y a las direcciones de las cajas que no escondan las repercusiones negativas que los procesos de fusión acarrearán para los trabajadores del sector y para nuestros clientes".

En opinión de López, "la excusa de la crisis es una herramienta que están utilizando para que la fusión sea aceptada por nuestra sociedad como única alternativa".

"Detrás de ella están los deseos de los poderes económicos del país para que haya concentraciones de bancos/cajas y puedan ser mas fácilmente controlados por los intereses especulativos del capital".

A la vez, agregó, su objetivo es "el de abaratar/eliminar las actuales condiciones laborales de los trabajadores de las cajas". Precisamente, López indicó que "observamos, en línea con lo descrito anteriormente, una campaña mediática para desacreditar y desestabilizar a las cajas de ahorro del país, persiguiendo una disminución del número de las mismas, camino que llevará a la desaparición del sector de ahorro".

Desde CGT-CAM reivindicaron "unos servicios financieros de carácter público, suprimiendo la especulación y los beneficios privados de la intermediación financiera".

De ahí que la Confederación General del Trabajo abogue "por un modelo jurídico de las cajas de ahorros como de naturaleza pública, ligado a las Obras Sociales, a la atención de las necesidades de la población y como garantía de sus derechos básicos".

El Ayuntamiento de Murcia aprueba por unanimidad conceder el título de Hijo Predilecto de la Ciudad al obispo Lorca Planes

MURCIA.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó hoy por unanimidad la concesión del título de Hijo Predilecto de la Ciudad al obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, mostró su "satisfacción" por el apoyo unánime a este nombramiento, e indicó que Lorca Planes "lo merece por ser hijo de Murcia, concretamente de Espinardo, y por su trayectoria".

Además, el alcalde hizo hincapié en que por primera vez es obispo de la Diócesis de Cartagena un "hijo de Murcia, lo que nos llena de orgullo".

Según el Ayuntamiento, Lorca Planes mostró un profundo conocimiento de la ciudad de Murcia, tanto por ser hijo de esta tierra como por los diferentes cargos que desempeñó en la Diócesis antes de su nombramiento como obispo y su firme defensa de las tradiciones murcianas y la labor que desempeñó como fiel embajador de la tierra durante el gobierno de la Diócesis de Teruel.

En todas las responsabilidades llevadas a cabo por monseñor Lorca Planes coincidió el "desinteresado trabajo por engrandecer la ciudad, al que se suma su relevancia e indiscutible consideración en el ámbito público, por cualidades y méritos personales, y por los servicios prestados con inequívoco amor al municipio", explicó el Consistorio.

En su vida y en su obra están presentes los méritos, cualidades y circunstancias que le hacen acreedor del reconocimiento de la ciudad donde nació, de una ciudad que ha amado y proclamado con especial ilusión y entrega.

El Ayuntamiento de Murcia aprueba por unanimidad un gran parque económico y comercial en El Palmar

MURCIA.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó hoy por unanimidad la aprobación definitiva de un gran parque económico y comercial que se desarrollará al noroeste de El Palmar. Este Plan Parcial contará con un gran complejo comercial, que generará más de 500 empleos, informaron en un comunicado fuentes municipales.

Este gran parque económico y comercial, con una superficie total de cerca de 1,3 millones de metros cuadrados, está situado junto a la autovía El Palmar-Alcantarilla (MU-30) y el paso de La Paloma (MU-31), frente al Polígono Industrial Oeste, el Centro Integrado de Transportes (Citmusa) y el CAEDI Oeste (complejo de actividades económicas, dotacionales e industriales).

El parque tendrá 626.000 metros cuadrados destinados a parcelas, 97.000 metros cuadrados de equipamientos, 155.000 metros cuadrados de zonas verdes y 100.000 metros cuadrados de viarios y carril-bici. Además, el Ayuntamiento ha obtenido 87.000 metros cuadrados de suelo en una parcela para construir equipamiento deportivo.

La inversión privada a realizar entre obras de urbanización, sistemas generales, equipamientos y las edificaciones comerciales y terciarias ascenderá a los 500 millones de euros.

La locomotora de este gran espacio será el centro comercial que el Grupo Anjoca está desarrollando en la unidad de actuación primera del Plan Parcial, sobre una parcela bruta de unos 102.000 m2 y una edificabilidad de 40.000 m2 de techo.

Contará con más de 112 locales dedicados entre otras actividades a alimentación, moda, servicios, hogar, electrónica, restauración y ocio, y con más de 2.200 plazas de aparcamiento, que supondrá la creación de más de 500 puestos de trabajo directos. Adicionalmente, se construirá un hotel.

El Ayuntamiento de Murcia destacó en una nota de prensa su "apuesta por el desarrollo económico del municipio en una época de crisis en la que es necesario aunar esfuerzos para impulsar el mercado laboral".

Además, el Grupo Adeo (Leroy Merlin, Bricomart, Aki Bricolaje) pretende desarrollar su proyecto en la unidad de actuación número tres, sobre una parcela bruta de unos 100.000 m2 de superficie y una edificabilidad de más de 35.000 m2 para la posterior instalación de un gran establecimiento de bricolaje con servicios complementarios.

La unidad de actuación dos albergará con una superficie bruta de unos 150.000 metros cuadrados, otros 60.000 m2 de edificabilidad techo para los mismos usos.

La pensión media en Murcia está en 90,13 euros por debajo de la media española

MURCIA.- La pensión media en la Región de Murcia que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) es de 666,54 euros al mes, lo que supone 90,13 euros por debajo de la pensión media del Sistema de la Seguridad Social en España, que alcanzó en septiembre la cuantía de 756,67 euros, según datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

No obstante, en Murcia se experimentó un crecimiento en la pensión media de 4,9 por ciento en relación con el mes de septiembre del año anterior, una décima superior a la del conjunto del país (4,8%).

En cuanto al número de pensiones en Murcia ascendió a 218.734 en el mes de septiembre, lo que representa un incremento del 1,8 por ciento de las pensiones en esta comunidad en comparación con el mismo periodo de tiempo del año anterior, también una décima por encima de la media nacional (1,7%).

Por tipo de pensiones, en Murcia se registró un total de 120.581 de jubilación; 31.269 de incapacidad permanente; 57.785 de viudedad; 8.465 de orfandad, y 634 a favor de familiares.

El 70% de los indocumentados en España tiene garantizado el acceso a la sanidad

BRUSELAS.- El 72,7% de los inmigrantes sin permiso de residencia en España cumple las condiciones para acceder al sistema sanitario, aunque en la práctica sólo el 40% disfruta de la cobertura sanitaria, según un informe que presentó hoy Médicos del Mundo.

El porcentaje de personas que podrían acceder a la sanidad en España es ligeramente superior a la media (69,8%) de los once países que han participado en el estudio -Suecia, Reino Unido, Holanda, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Grecia y Suiza, además de España-.

"España es uno de los países más favorables" a la hora de prestar asistencia sanitaria a los extranjeros indocumentados, explicó hoy a los medios la presidenta de la ONG en España, Teresa González, tras una rueda de prensa para presentar el estudio.

Sin embargo, González puntualizó que el acceso a la sanidad en España "se complica por los trámites administrativos", ya que los inmigrantes se ven obligados a acreditar que no tienen recursos y, además, a presentar su certificado de empadronamiento.

De este modo, aproximadamente el 30% de los indocumentados "se queda fuera del sistema", lamentó.

No obstante, valoró el "esfuerzo" de determinadas comunidades autónomas para garantizar la asistencia a estas personas y, de este modo, reconocer la realidad a la que se enfrenta una parte de la población.

Murcia, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Andalucía ya han flexibilizado el sistema de obtención de la tarjeta sanitaria, puesto que todas las personas inmigrantes sin permiso de residencia pueden ser titulares de dicho documento sin necesidad de presentar ninguna acreditación administrativa.

La presidenta de la ONG en España puso como ejemplo a la Comunidad Valenciana, donde las autoridades han diseñado una "tarjeta solidaria" que evita tener que acreditar el empadronamiento.

También manifestó su satisfacción por el hecho de que el País Vasco esté estudiando incorporar un sistema por el cual la residencia quedaría demostrada gracias a la confirmación de un vecino del demandante de la tarjeta.

En cualquier caso, los niños y las mujeres embarazadas están exentos de los requisitos administrativos en todas las comunidades autónomas.

De este modo, de los once países de la UE objeto del estudio, España, Bélgica y Francia son los más abiertos a la hora de prestar cuidados sanitarios a los inmigrantes sin papeles.

Frente a ello, los del Norte, concretamente Suecia, Reino Unido y Alemania, son los que menos reconocen el derecho a la asistencia sanitaria, denunció la española.

Así, los inmigrantes sin permiso de residencia en Suecia, incluidos los menores y las mujeres embarazadas, no tienen ningún tipo de acceso gratuito a la sanidad, aunque se encuentren en una situación de urgencia o con una enfermedad infecciosa grave.

En Alemania, las instituciones administrativas públicas, incluidas las que tienen competencia en materia sanitaria, tienen la obligación de denunciar a los inmigrantes sin papeles que acudan a sus centros, lo que evita que se generalice la atención sanitaria.

González defendió que la sanidad "no es un artículo de lujo, es un servicio público y un derecho de todas las personas".

Además, alertó de los riesgos que puede conllevar "poner a la gente más vulnerable fuera del sistema" desde el punto de vista sanitario y, concretamente, alertó sobre las consecuencias epidemiológicas.

"Me preocupa que los Gobiernos no estén aprobando políticas de salud, sino de control migratorio", dijo.

El informe refleja que la mayoría de los inmigrantes llega a la UE por razones económicas (56%), mientras que tan sólo un 6% lo hace por razones sanitarias.

Por ello, la responsable de Médicos del Mundo abogó por desterrar la idea de la "inmigración sanitaria", aunque reconoció que es un mito que "se está alimentando".

"No me imagino a un maliense cruzando el estrecho en patera para hacerse tratar una enfermedad", dijo.

En su opinión, existe un turismo sanitario, pero protagonizado por personas de países ricos y fríos, como Alemania o Reino Unido, que buscan "un mejor sistema de salud y un clima más cálido".

Por ello, el estudio concluye que los indocumentados "no han venido para aprovecharse del sistema social y sanitario europeo ni para recibir tratamientos médicos".

Finalmente, la ONG demanda la protección del secreto médico y la prohibición de denunciar a las personas sin permiso de residencia cuando estas sean recibidas en consulta.

También solicita que el Parlamento Europeo apruebe una resolución para "reafirmar la necesidad de igualdad en el acceso a la atención médica" y la concesión del permiso de residencia para los indocumentados que sufran enfermedades de gravedad.