jueves, 15 de octubre de 2009

Se cierra la edición de Murcia del periódico gratuíto '20 Minutos'

MADRID.- Los grupos editores Multiprensa y Más han cerrado las delegaciones de 20 Minutos en Valladolid, La Coruña y Murcia con un total de siete trabajadores despedidos. En esas ciudades se quedará un corresponsal para atender a las necesidades informativas que para la edición nacional del rotativo planteen las citadas ciudades, según 'Periodista Digital'.

Los trabajadores afectados han sido indemnizados con 45 días por año trabajado, reconociéndose de esta forma la improcedencia de estos despidos, y han percibido además una paga lineal de 1.500 euros y el montante total de un mes de sueldo, en concepto de preaviso.

Con estos ya son más de cincuenta los contratos indefinidos rescindidos por la empresa, a los que se une la no renovación de la mayor parte de los contratos temporales que estaban en vigor a principios de 2008 y la reducción de los colaboradores externos, lo que provoca una reducción de plantilla cercana al centenar de personas en los diversos departamentos del diario gratuito.

Un año después del colapso, los banqueros de Islandia siguen exiliados

REIKYAVIK.- Un año después del sorprendente colapso económico de Islandia, la mayor parte de los directores de los bancos que han quebrado se han ido del país, cansados de los ataques verbales y las estigmatizadoras pintadas en rojo en sus casas y automóviles.

En octubre de 2008, la solitaria isla del atlántico Norte, conocida por su estabilidad financiera, vio cómo su economía se derrumbaba en pocos días a raíz de la crisis crediticia mundial, que obligó al gobierno islandés a hacerse cargo de los tres principales bancos del país y suspender las actividades bursátiles.

Con Islandia al borde de la bancarrota, los islandeses salieron a las calles a manifestar su ira por haber perdido sus ahorros y sus trabajos mientras la inflación se disparaba y la moneda se devaluaba, todo como consecuencia, a su entender, de unos pocos banqueros fuera de control.

Según un fiscal especialmente designado para investigar el colapso de los bancos, entre 50 y 60 altos directivos y abogados bancarios han sido interrogados por el caso, pero aún no se ha presentado ningún cargo en su contra.

Antes del colapso, Islandia había vivido más de una década de prosperidad con sus grupos financieros invirtiendo con fuerza en el extranjero y los banqueros vistos como magos.

Ahora, un año después, con una economía que debería contraerse un 9% este año y un consumo doméstico en caída del 20%, la mayoría de los directores de los bancos se han ido del país para trabajar como consultores financieros de misteriosos empleadores.

Birgitta Jonsdottir, una manifestante que se convirtió en parlamentaria, está sorprendida de que los bienes personales de los banqueros no hayan sido congelados.

"Hubiera sido muy normal congelar sus bienes", dijo, anticipando el regreso de las protestas del año pasado y describiendo a la situación como una "bomba de tiempo".

Un grupo llamado 'Skapofsi', o 'Furia' se está ocupando de recordar a los antiguos héroes que ya no son bienvenidos en Islandia, con pintadas en rojo en sus casas y automóviles.

Los banqueros consultados con ocasión del aniversario de la crisis no han querido revelar su identidad y se mostraron dubitativos a la hora de describir el efecto que el colapso financiero y económico ha tenido en sus vidas.

Los banqueros cuestionados se negaron a hablar de las amenazas que reciben, del riesgo de causas penales que a las que se enfrentan o de sus temores de que sus nuevos empleadores se vean inundados de correos electrónicos llenos de ira si alguien descubre donde están trabajando actualmente.

En cambio, admiten que es difícil saber si el colapso pudo haberse evitado, en gran parte porque el sistema financiero islandés había crecido tanto que el Banco Central y el gobierno tenían pocas opciones de salvar las entidades bancarias en problemas cuando estalló la crisis.

Bruselas promete a los agricultores tradicionales mayor firmeza ante los OGM

BRUSELAS.- La Comisión Europea se comprometió este jueves en Bruselas a condicionar la homologación de OGM a la certidumbre de su inocuidad para el medio ambiente, ante un grupo de agricultores que exigían su prohibición porque contaminan las plantaciones tradicionales.

"Acepto recibir su petición y pueden estar seguros de que vamos a mostrarnos muy atentos a sus argumentos", aseguró la comisaria europea de Sanidad, Androulla Vassiliou, durante el encuentro organizado por Greenpeace ante la sede de la Comisión Europea.

Uno de estos agricultores, el español Eduardo Campayo García, propietario de una explotación en Albacete, explicó a Vassiliou cómo había debido abandonar su cultivo de maíz cuando sus campos fueron contaminados con OGM (Organismo Genéticamente Modificado), haciéndole perder su certificado de "producto biológico".

"Cuando descubrimos estas contaminaciones, buscamos su origen pero no hallamos nada a 500 metros a la redonda, lo que demuestra que el polen viaja a distancias mucho más largas de lo que se dice", subrayó Campayo García.

España es el primer país productor de maíz transgénico de la Unión Europea, con cerca de 800.000 hectáreas de cultivo.

"Lo que producimos, es lo que ustedes comen", subrayó Campayo. "Estamos a punto de perder la biodiversidad, Ayúdennos a conservarla", reclamó este español pronunciándose por el fin de los OGM.

El uso de OGM es "uno de los asuntos más sensibles que debemos tratar y nuestra prioridad es estar seguros de que los que autorizamos no implican ningún riesgo para la salud humana, los animales ni el medio ambiente", recordó la comisaria.

La Comisión Europea solicitará el próximo lunes a los ministros de Agricultura de la UE autorizar la comercialización de varias variedades de maíz transgénico.

Competencia sanciona a la industria alimentaria por recomendar alzas de precios

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado con un total de 1,3 millones de euros a la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y a otras ocho asociaciones del sector por realizar recomendaciones colectivas para elevar los precios, informó hoy el organismo.

Las mayores multas han sido impuestas a la FIAB, con 500.000 euros; a la Federación Española de Asociaciones del Dulce, FEAD (300.000 euros), y a la Confederación Española de Organizaciones de Panadería, Ceopan (270.000 euros).

También han sido sancionadas las patronales de fabricantes de pastas alimenticias (AEFPA), con 52.000 euros; fabricantes de helados (AEFH), de panificación y pastelería de marca (PPM) y de chocolate y derivados del cacao (Chocao), con 45.000 euros cada una; la asociación de fabricantes de salsas y condimentos preparados, con 37.000 euros; y de harinas y sémolas (AFHSE), con 15.000 euros.

La CNC considera a estas asociaciones responsables de una estrategia de recomendación colectiva ilícita, al constituir una conducta "objetivamente restrictiva de la competencia, con aptitud para distorsionar las condiciones competitivas del mercado".

Este expediente tuvo su origen en diversos comunicados de prensa emitidos durante el verano de 2007 "supuestamente" con el fin de alertar a la opinión pública sobre el incremento del coste de determinadas materias primas.

"En todas las notas se cuantificaban estos incrementos, se subrayaba su carácter estructural y se expresaba de forma más o menos explícita la idea de que ello iba a tener un impacto sobre el precio final de los alimentos", explica el organismo.

Varias de las asociaciones estaban gestionadas por una misma entidad, Bonmacor Gestión de Asociaciones, por lo que la dirección de investigación de Competencia realizó una inspección en la sede de esta entidad, así como en la de Ceopan.

La información obtenida en estas inspecciones llevó a incoar un expediente sancionador contra nueve asociaciones del sector, incluida la FIAB y Ceopan.

"La instrucción realizada ha revelado que estas asociaciones llevaron a cabo una estrategia de comunicación e intercambio de información entre ellas para la elaboración y difusión de notas de prensa", señala la CNC.

Según argumenta, el contenido, el lenguaje y la difusión de las notas de prensa contribuían a transmitir el mensaje de que era inevitable la translación de los incrementos de costes a precios finales, lo que "constituía una señal para que las empresas actuaran en un mismo sentido y para predisponer a los consumidores a aceptar los incrementos de precios".

En este sentido, agrega que la comunicación entre asociaciones contribuyó a que unas tuvieran en cuenta las notas de otras, a que se coordinaran los mensajes y a potenciar su difusión, "fortaleciendo la aptitud de la conducta para distorsionar la competencia".

Además, el organismo advierte de que tanto las asociaciones como los directivos "tienen que ser conscientes en materia de comunicación pública de que sus mensajes pueden transgredir el ámbito de lo lícito si son aptos para unificar el comportamiento de sus asociados y el de otros terceros".

Ante esta resolución, la FIAB ha anunciado que someterá a estudio de su comité ejecutivo presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al entender que la decisión podría vulnerar, entre otros, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación.

En un comunicado, la patronal de la industria alimentaria afirmó que someterá a estudio las distintas posibilidades legales que puedan ser oportunas en la defensa de sus intereses, puesto que considera que la decisión "es contraria a derecho y lesiva a los intereses asociativos".

Según destacó, a lo largo de sus 32 años de trayectoria, ha "mantenido, mantiene y mantendrá un estricto respecto al marco legal exigible" y en concreto a la ordenación en defensa de la competencia.

En este sentido, incidió en que la resolución se basa en un comunicado que "no puede encajar en el concepto de una recomendación colectiva", sino que responde a la función de cualquier organización de defender los intereses de sus miembros, "anticipándose a los problemas que se les puedan presentar".

A su juicio, sanciones de este tipo ponen en peligro la continuidad de organizaciones profesionales que trabajan para dinamizar el mundo empresarial.

Murcia es la Comunidad en que más ayuntamientos han solicitado financiación estatal

MURCIA.- Un total de 11 de los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia ha hecho uso de la de financiación estatal disponible para saldar sus deudas con empresas y autónomos, lo que supone el 24,4 por ciento de las entidades locales murcianas, el porcentaje más alto por Comunidades Autónomas.

Así se desprende de los datos de la Federación Nacional de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que indican que sólo 438 de los 8.110 ayuntamientos españoles, el 5,4 por ciento, ha hecho uso de la de financiación estatal disponible para saldar sus deudas con empresas y autónomos.

Al margen del País Vasco y Navarra, donde ningún ayuntamiento solicitó financiación, también se situaron por encima de la media Baleares (23,9 por ciento), Madrid, (19 por ciento), Canarias (18,4 por ciento), Andalucía (15,7 por ciento), Comunidad Valenciana (15,3 por ciento) y Galicia (10,8 por ciento).

En torno a la media, se posicionaron Asturias (6,4 por ciento) y Cantabria (5,9 por ciento). Cierran la lista las comunidades autónomas de Extremadura (3,1 por ciento), Cataluña (2,7 por ciento), Castilla-La Mancha (2,6 por ciento), Castilla y León (1,6 por ciento), Aragón (1,6 por ciento) y La Rioja (0,6 por ciento).

De esta forma, el volumen de la deuda saneada en virtud del Real Decreto de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las entidades locales el pago de sus deudas pendientes, aprobado en el mes de abril, asciende únicamente a 2.322,8 millones de euros, de los 30.000 millones de euros adeudados a autónomos y microempresas.

En cuanto al dinero solicitado, la Comunidad de Madrid pidió el 55,6 por ciento de los 2.322,8 millones de euros, seguida de Andalucía (12,4 por ciento), Comunidad Valenciana (11,1 por ciento) y Canarias (5 por ciento). En el extremo opuesto --exceptuando nuevamente al País Vaso y Navarra--, se encontraron La Rioja (0,1 por ciento), Asturias (0,4 por ciento), Aragón (0,4 por ciento) y Melilla (0,4 por ciento).

Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, estos datos confirman que tanto la Línea ICO de avales para hacer frente a la morosidad de los ayuntamientos como la línea de anticipos "han sido un fracaso".

Por ello, pidió a las administraciones locales que "paguen a sus proveedores, porque el hecho de no pagar está llevando a muchos autónomos a cerrar sus negocios y, por consiguiente, a muchos trabajadores al paro".

Los murcianos superan la media nacional de descargas por Internet

MURCIA.- La población murciana con una edad comprendida entre los 16 y los 74 años supera en términos relativos a la media nacional en descargas de Internet de películas, música, libros, revistas, periódicos, material formativo 'on-line', programas de ordenador y actualizaciones -incluidos juegos de ordenador y videoconsolas-, frente al consumo de estos productos por correo postal u otro medio tradicional.

Así se desprende de la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares 2009 publicada por el Instituto Nacional de Estadística, que refleja que los murcianos en este margen de edad sólo quedaron por detrás del resto de españoles en descargas de Internet de billetes de transporte o entradas para espectáculos.

En concreto, un total de 75.321 murcianos de 16 a 74 años han comprado por Internet en los últimos 12 meses y alguna vez han preferido descargarse por la red determinados productos en vez de recibirlos por correo postal u otro medio tradicional.

De ellos, el 11,8 por ciento ha preferido descargarse películas por Internet en vez optar por otros sistemas tradicionales, un porcentaje superior al 10,2 por ciento de la media nacional. Asimismo, el 19,3 por ciento de estos murcianos decidió bajarse música de la red frente al correo ordinario, por encima del 12,3 por ciento de media del conjunto del país.

En el caso de libros, revistas, periódicos y material formativo on line, el porcentaje se dispara al 26,2 por ciento de los murcianos que prefieren su descarga de Internet antes de consumirlos por correo, una cifra superior al 12,5 por ciento de la media nacional.

Asimismo, el 38,1 por ciento de los murcianos prefiere descargarse programas de ordenador y actualizaciones, incluidos juegos de ordenador y videoconsolas, en comparación con el 24,9 por ciento de todo el país.

Por el contrario, los murcianos permanecen por detrás del resto de los españoles en la descarga por Internet de billetes de transporte o entradas para espectáculos, que practica el 75,4 por ciento frente al 85,3 por ciento de la población del resto del país.

El SIVE fijo entra hoy en funcionamiento en la Región de Murcia

MURCIA.- La Comandancia de la V Zona de la Guardia Civil recibió hoy el acta del dispositivo fijo del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), una obra, realizada por la empresa Indra, que ha supuesto una inversión por parte del Ministerio de Interior de 7,1 millones de euros, informaron fuentes de la Delegación de Gobierno.

Este sistema consta de tres estaciones sensoras fijas (radar y optrónica), una estación dotada de un sensor optrónico y un Centro de Mando de Comunicaciones y Control de dichas estaciones, situado en la Central Operativa de Servicio de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia.

Este dispositivo se sumará a las dos estaciones sensoriales móviles con las que ya contaba la Región para vigilancia del litoral desde el año 2005. Se trata de dos camiones todo terreno (IVECO, modelo 22-12) con tracción a las cuatro ruedas y gatos hidráulicos, lo que les permite acceder y instalarse en lugares de terreno difíciles. También cuentan con elementos de estabilización, de nivelación y medios sensores.

Las estaciones fijas y móviles formarán parte, a partir de ahora, de un mismo dispositivo, que permitirá detectar las embarcaciones que se dediquen a los tráficos ilícitos, como el narcotráfico o el tráfico de seres humanos, ya que los visores nocturnos y cámaras térmicas localizan los movimientos en el mar hasta una distancia de 30 millas de su punto de ubicación.

La Delegación del Gobierno recordó que el Operativo de Vigilancia de la Costa, integrado por la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, Salvamento Marítimo, Protección Civil y la Cruz Roja seguirá actuando como lo ha venido haciendo desde su creación hace dos años. Las nuevas unidades del SIVE "serán un instrumento más al servicio de este Operativo que permitirá liberar algunos de sus efectivos e infraestructuras".

Y es que, el SIVE fijo que hoy entra en funcionamiento permitirá "detectar más embarcaciones en alta mar y garantizar, aún más, el control de la inmigración irregular, pero no tendrá como consecuencia inmediata la disminución del flujo de pateras", aclararon desde la Delegación del Gobierno.

Así lo atestiguan, añadieron las mismas fuentes, los datos de la costa almeriense, en la que el SIVE terrestre está plenamente operativo y, sin embargo, ha recibido en este año 2.103 inmigrantes irregulares, cuatro veces más de los que han llegado a nuestras costas en igual periodo.

Asimismo, la Delegación del Gobierno explicó que "hasta el momento la detección de los inmigrantes irregulares se produce fundamentalmente en el mar por parte de Salvamento Marítimo y Guardia Civil, con el apoyo del SIVE y las embarcaciones y helicópteros disponibles de ambas unidades".

Dicha actividad se complementa con la intervención en costa de Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja. Esta última se ocupa de la atención humanitaria de los inmigrantes, en cuanto a alimentos, vestido, atención sanitaria, etc.

Posteriormente pasan a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para, una vez identificados, ser trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros y desde allí devueltos a su país de origen. También, ocasionalmente, pueden participar agentes de las policías locales de los municipios ribereños.

Sobre la situación actual de la entrada de inmigrantes irregulares a lo largo de 2009 a través de las costas de la Comunidad, la Delegación del Gobierno ha indicado que, a fecha de hoy, han sido detectados y detenidos 499 inmigrantes, un 25 por ciento menos que en igual período del año pasado.

Los inmigrantes detectados son en su totalidad de origen argelino, por lo que de acuerdo con los convenios de colaboración establecidos entre ambos Gobiernos, una vez son identificados se procede a su devolución en el plazo de unas horas.

Finalmente, la Delegación del Gobierno apuntó que la causa principal de la llegada de esta inmigración irregular se debe a la gran diferencia de nivel de vida entre España y los países de origen de los inmigrantes. Por este motivo, en los meses en los que el buen tiempo mejora las condiciones de navegación, se producen más salidas de pateras desde las costas del norte de África.

La crisis del campo provoca que numerosos agricultores valencianos desistan de instalar riego por goteo

VALENCIA.- La Unió aseguró hoy la grave crisis de precios que sufre el campo valenciano trae como consecuencia que numerosos agricultores "desistan de instalar el riego por goteo en sus campos", como se ha comprobado por las peticiones que reciben las comunidades de regantes en este sentido, según informó la organización agraria en un comunicado.

Además, indicó que la situación de "falta de rentabilidad" comporta que los impagos dentro de las comunidades de regantes "se encuentren a la orden del día porque el descenso en el gasto de agua trae como consecuencia el de los importes de las derramas por consumo, lo que provoca que los gastos fijos y corrientes asfixien económicamente a algunas comunidades de regantes".

La organización agraria señaló que se han dado casos de que los mismos miembros de la junta rectora de la comunidad de riegos "han debido aparecer como avalistas de los préstamos de las inversiones". Como ejemplo, citó que una comunidad de regantes "relevante" de la provincia de Valencia "tiene en estos momentos ya un volumen de impagos del 35 por ciento tanto de las derramas de los socios como de la amortización de la obra ejecutada".

Según La Unió, "los bajos precios que perciben en el campo por las producciones agrícolas hace que el elevado coste que representa para el agricultor la instalación del riego por goteo sea imposible de asumir en muchos de los casos".

Asimismo, añade que, de acuerdo con todas las fuentes consultadas, "la instalación de riego localizado le supone al agricultor entre 500 y 800 euros por hanegada, que incluye el gasto de toma, la caseta, la instalación de cabezal y goteros, el impuesto del contador y el coste del agua".

En estos últimos casos, "existe malestar porque el impuesto fijo del contador resulta a veces más caro que el pago de la contribución rústica o porque el coste del agua sea calificado como demasiado elevado teniendo en cuenta la calidad de la misma".

La Unió añadió que hubo un periodo en el que se creó "una alta expectativa del uso del riego por goteo como instrumento para nuevas demandas de agua en el futuro, pero se ha ido enfriando progresivamente con los resultados económicos de las últimas campañas agrícolas, fundamentalmente en lo que se refiere al cultivo de los cítricos".

La UCO de la Guardia Civil 'caza' al diputado Juan Morales

MURCIA.- La Guardia Civil sostiene que el diputado regional y ex alcalde de Totana, Juan Morales, «no puede justificar la procedencia» de 647.592 euros, parte de los cuales fueron transferidos a Brasil. Asimismo, asegura que es «el verdadero propietario» de la vivienda y del local comercial construidos en Foz de Iguazú, donde el político tenía previsto retirarse con su novia brasileña, Vaneide Freita.

Así se recoge en el informe patrimonial ordenado por el Tribunal Superior de Justicia y realizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al cual ha tenido acceso La Verdad.

Después de prestar declaración ante el magistrado del TSJ Julián Pérez Templado que instruye la causa por posibles delitos de cohecho, malversación y blanqueo de dinero a raíz de la Operación Totem, el ex alcalde de Totana manifestó ayer que la Guardia Civil había elaborado «un informe falso» que habla de cantidades en las que él no tiene nada que ver. Dicho informe está basado en las declaraciiones efectuadas en Brasil a nueve testigos, entre ellos la madre y el hermano de Vaneide Freita; así como al director y al gerente del Banco de Bradesco y del Banco de Brasil, respectivamente.

Los investigadores concluyen que Morales envió a Brasil un total de 347.592 euros, y que para ello «utilizó a Vaneide Freita y a Claudia Rodrigues», esta última amiga del diputado murciano antes de conocer a su novia actual. De esta cantidad, 288.159 euros fueron enviados a una cuenta del Banco de Brasil de las que son titulares Vaneide Freita y su madre Nair Dos Santos. Otros 47.933 euros se transfieron a otra cuenta del Banco de Bradesco a nombre de Vanilson Dos Santos y su madre Nair Dos Santos. Por su parte, Claudia Rodrígues recibió 11.500 euros de Juan Morales.

En relación a la vivienda construida en Foz de Iguazú, la Unidad Central Operativa sostiene que Morales «es el verdadero propietario». Explica que según el ingeniero civil que realizó el proyecto de construcción, el inmueble sstá valorado en 250.000 reales brasileños (unos 86.565 euros) y que la propietaria nominal es Vaneide Freita. En el balance patrimonial, el informe señala que Morales no puede justificar la procedencia de las remesas enviadas a Brasil ni otros 300.000 euros detectados en el curso de las diligencias.

En las declaraciones realizadas en Brasil, la UCO señala que la madre y el hermano de Vaneide no pudieron justificar cómo la vivienda fue sufragada por la familia. Asimismo, un corredor de inmuebles brasileño, Jilson José Pereira, manifestó que fue Morales quien dirigió la negociación para alquilar el bajo comercial del inmueble. Explicó que el ex alcalde «daba órdenes a los empleados sobre la mejor manera de colocar ciertas reformas, cristales y pasamanos».

Fraga tiene dudas sobre Camps

MADRID.- El presidente fundador del PP y senador Manuel Fraga ha dicho que espera que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, pueda "superar" el caso Gürtel, pero ha advertido que, de no ser así, el líder del PP, Mariano Rajoy, aplicará una regla de derecho: "el que la hace la paga".

'Ciudadanos contra la Corrupción' denuncia al consejero Cruz ante la Fiscalía

MURCIA.- 'Ciudadanos contra la Corrupción', de reciente creación en la Región de Murcia, ha estrenado sus actividades con la presentación de una denuncia ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en la que le solicita que investigue los hechos sobre los que ha informado La Verdad en los últimos días por si pudieran ser constitutivos de algún delito.

La denuncia incluye copia de las informaciones de La Verdad relativas a los contratos suscritos por la Consejería de Cultura, bien directamente o a través de alguna de las sociedades y entes dependientes, con la sociedad Emasce, formada por personal vinculado a la misma Consejería.

La citada Asociación solicita al ministerio público que pida «todos los contratos celebrados por el departamento responsable de Cultura desde el año 2007», incluyendo los realizados por las sociedades mercantiles, como por ejemplo Murcia Cultural, fundaciones y organismos autónomos y entidades públicas empresariales».

La denuncia propone que la Fiscalía solicite «copia de todos los contratos celebrados con personas físicas, así como los contratos de asistencia técnica con la descripción del trabajo y copia del mismo», y también pide que «se le tome declaración a cuantas personas aparecen en la información publicada por el diario La Verdad, incluido el consejero Cruz Sánchez».

'Ciudadanos contra la Corrupción' fue constituida en la ciudad de Murcia a mediados del pasado mes de septiembre por media docena de personas, en su mayoría profesionales liberales, y fue inscrita en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia el pasado 25 de septiembre.

La denuncia presentada ante el juez está firmada por Ángel Fernández Carpe, quien ejerce como representante de la asociación, entre cuyos fines sus estatutos citan la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el ejercicio de la acción popular ante los tribunales de justicia en defensa de la legalidad vigente, la lucha contra la corrupción y la colaboración con la Administración pública en la persecución de los delitos urbanísticos.

Campofrio estudia refinanciar su deuda para extender su vencimiento más allá de 2013

MADRID.- Campofrio Food Group, la competencia más directa de la cárnica murciana 'ElPozo', está estudiando alternativas para refinanciar su endeudamiento, dentro de su objetivo de extender el perfil de vencimiento de su deuda más allá de 2013 y de integrar su estructura financiera después de la fusión con Groupe Smithfield, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el grupo alimentario está analizando la posibilidad de refinanciar la totalidad o parte de su deuda existente, que se situaba en 460 millones de euros al cierre del primer semestre, mediante nuevos instrumentos de deuda que podrán adoptar la forma de emisión de deuda en el mercado de capitales o deuda bancaria.

La decisión de proceder o no con la consumación de cualquier refinanciación o emisión de deuda estará condicionada a diversos factores, entre los que Campofrio citó la liquidez y las condiciones de mercado del sistema financiero y de los mercados de capitales.

Tras finalizar "de forma exitosa" las principales acciones de integración tras la fusión acometida a finales de 2008 y lograr un "importante avance" en la consecución de sinergias previstas para 2009, el grupo cárnico señaló que centra ahora sus esfuerzos en oportunidades para alinear su estructura financiera con su estrategia de crecimiento futuro.

En la junta de accionistas celebrada el pasado 24 de junio se acordó autorizar al consejo de administración para, dentro de un plazo máximo de cinco años, llevar a cabo si lo estima pertinente la emisión de obligaciones simples, bonos, warrants y/o otros valores que creen o reconozcan deuda.