martes, 20 de octubre de 2009

El PSRM pide la comparecencia del Gobierno regional en la Asamblea para que explique sus "contradicciones" en Puerto Mayor

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista pidió hoy la comparecencia del Gobierno regional en la Asamblea para que explique todas sus actuaciones y "contradicciones" respecto al proyecto de Puerto Mayor, tras conocerse el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), que ha desestimado el recurso de suplica interpuesto por la Administración Civil del Estado contra el Auto de 21 de octubre de 2008, que estableció qué obras debían seguir suspendidas y las que debían continuar en Puerto Mayor.

En este sentido, la diputada regional socialista, Teresa Rosique, subrayó, en un comunicado, que este auto "no levanta la suspensión de las obras en su totalidad, sino que sólo lo hace parcialmente, quedando aún por resolver la petición de nulidad de la concesión del proyecto solicitada por el Ministerio".

Y es que, denunció públicamente, el Gobierno regional "con una mano le ha estado pidiendo al juez que no paralizara las obras de Puerto Mayor, y con la otra emite un informe en el que dice que las obras carecen de autorización a día de hoy".

Asimismo, sostuvo que este proyecto "es el compromiso del presidente Ramón Luis Valcárcel con una empresa privada en contra de los intereses generales de la Región", siendo, además, "un exponente claro de la política de amiguismo que caracteriza al Ejecutivo autónomo y del modelo de desarrollo del PP en esta Comunidad, que ha hipotecado su desarrollo económico presente y futuro".

En esta misma línea, recordó que la propia Comisión Europea "ha advertido en una Carta de Emplazamiento que el proyecto de Puerto Mayor, de llevarse a efecto, causaría daños irreversibles sobre algo que es vital para los intereses turísticos y económicos de la Región, como es el caso del Mar Menor; argumentación que coincide con la del Ministerio de Medio Ambiente, que pidió al TSJ de Murcia la nulidad de esta concesión; petición sobre la que todavía no se ha pronunciado el Tribunal".

Es por ello por lo que consideró que la actuación del Gobierno regional es "incomprensible por cuanto que primero levanta la suspensión de las obras en 2003, después aplica el silencio administrativo cuando el Ministerio le pide que anule la concesión de Puerto Mayor y a continuación, se opone ante el TSJ a la petición de nulidad solicitada por el Ministerio y pide al juez que no paralice las obras de Puerto Mayor, tal y como el Ministerio solicitaba".

"Y todo esto, continuó, para que se lleve a cabo un proyecto que va en contra de los intereses generales de la Región de Murcia y que acabaría con la gallina de los huevos de oro del turismo en la Región de Murcia".

Rosique, que apostilló que "si toda esta actuación era incomprensible en su momento, lo es mucho más ahora que sabemos que el Gobierno regional ha actuado en Puerto Mayor a sabiendas de que este proyecto carecía de las autorizaciones necesarias para llevarse a efecto", indicó que la Comunidad, en un informe emitido en respuesta a la Carta de Emplazamiento de la Unión Europea, "reconoce que el proyecto de carece de autorización a día de hoy".

Consumur alerta de irregularidades cometidas por algunos concesionarios en la tramitación de las ayudas del Plan 2000E

MURCIA.- La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios Consumur, integrada en Facua-Consumidores en Acción, alertó hoy, a través de un comunicado, de "irregularidades" llevadas a cabo por diversos concesionarios en la tramitación de los descuentos del Plan 2000E, "negándoselas al comprador después de haber firmado el contrato en el que le garantizaban esta ayuda".

Así, recordó que el pasado día 2 "se alcanzó el 80 por ciento de los fondos estatales destinados al Plan 2000E".
Según informa Industria a los usuarios que denuncian las citadas irregularidades, "tal y como estaba previsto para conseguir una finalización ordenada del Plan, se comunicó a los concesionarios adscritos que se había alcanzado dicho límite, por lo que se estableció un procedimiento de prorrateo entre los mismos, de forma que a cada concesionario se le adjudicase un número de operaciones a ejecutar antes de la finalización del Plan".

De este modo, "desde el día 2 cada concesionario puede realizar un máximo de operaciones del Plan 2000E, y es probable que a lo largo de estos días algunos ya vayan agotando su remanente y no puedan realizar operaciones adicionales, según el Ministerio".

Ante esta situación, Consumur advirtió a los consumidores que hayan firmado un contrato de compra de un vehículo que "refleje que se acogerán al Plan2000E, que tienen derecho a que el concesionario le aplique el precio acordado".

"Si el concesionario siguió ofertando vehículos acogidos al Plan 2000E pese a haber agotado el cupo de operaciones adjudicadas por el Ministerio, debe asumir sus responsabilidades contractuales con el consumidor", señaló la asociación.

El consumidor puede, entonces, "exigir al concesionario que asuma el descuento de 500 o 1.000 euros que, según el contrato, iba a ser sufragado por el Ministerio y su Comunidad". "El consumidor también tiene derecho, si lo prefiere, a cancelar el contrato basándose en su incumplimiento y recuperar las cantidades abonadas en concepto de señal", explicó.

También recomendó a todos los afectados que se encuentren en esta situación que exijan responsabilidades a los concesionarios, e interpongan una reclamación en caso contrario.

Por su parte, los que se hayan visto afectados, aconsejó que denuncien la situación, al tiempo que éste podrá recibir información y asesoramiento acudiendo a la asociación, en horario de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, y de 17.00 a 20.00 horas los jueves, así como a través de su oficina virtual, a disposición del consumidor y usuario las 24 horas del día.
También podrá solicitar información llamando al Teléfono de Información al Consumidor y Usuario '968 967788'.

La Guardia Civil decomisa más de 100 kilos de 'pezqueñines' de pulpo y pescadilla en la lonja de Alcantarilla

MURCIA.- Agentes de la Guardia Civil de Murcia decomisaron ayer, en las inmediaciones de la lonja de pescado de la localidad de Alcantarilla, 112 kilos de pulpo y 4,30 kilos de pescadilla por incumplir la normativa en materia de tallas mínimas reglamentarias de especies pesqueras --un kilo y 20 centímetros, respectivamente-- para las dos citadas, informó el Instituto Armado en un comunicado.

En concreto, el pulpo --'Octopus vulgaris'-- tenía un peso medio por ejemplar de 260 gramos, mientras que la pescadilla --'Merluccius merluccius'-- arrojaba unas dimensiones de 17 centímetros.

La mercancía, transportada en un vehículo con sistema isotermo cuando fue sometida a control, se intervino en el marco de los puntos de verificación del transporte de pescado que se vienen llevando a cabo en varios puntos de la Región de Murcia.

Se da la circunstancia de que el propietario de la mercancía ahora decomisada había sido ya denunciado con anterioridad por incumplimientos similares.
El pescado, previa declaración de su aptitud para el consumo por un inspector de la Consejería de Sanidad, ha sido entregado a diversos centros benéficos de Murcia.

Finalmente, los hechos, constitutivos de infracción administrativa a la legislación en materia de pesca marítima, han sido denunciados ante la Dirección General de Ganadería y Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Fomento adjudica el proyecto del acceso ferroviario a la dársena de Escombreras, en el puerto de Cartagena

CARTAGENA.- El delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, anunció hoy que el Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa Equipo de Técnicos en Transporte y Territorio Proyectos el contrato de servicios para la redacción del proyecto constructivo del acceso ferroviario a la ampliación de la dársena de Escombreras del Puerto de Cartagena y de la remodelación de la estación de Escombreras.
El presupuesto de la adjudicación, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, asciende a 704.169 euros.

González Tovar informó que, dado que la Autoridad Portuaria de Cartagena está llevando a cabo una importante ampliación de la dársena de Escombreras, se consideró conveniente dotar a las nuevas terminales portuarias de un acceso ferroviario directo y que por ello el Ministerio de Fomento ha promovido la realización de estos trabajos que permitirán el desarrollo y construcción de la nueva conexión ferroviaria.

Del mismo modo, también se estudiará la remodelación de la estación de Escombreras para modernizarla, adaptarla a las necesidades actuales y posibilitar su función como estación de apoyo, según informaron fuentes de la Delegación en una nota de prensa.

El contrato incluye la realización de la fase de estudio informativo, evaluación de impacto ambiental y proyecto constructivo tanto del acceso ferroviario como de la remodelación de la estación de Escombreras.

El proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte, PEIT (2005-2020), que recoge la necesidad del desarrollo adecuado de los accesos terrestres a los puertos y en particular del ferrocarril para favorecer el desarrollo de los mismos como un elemento clave de la intermodalidad.

Asimismo, en el Plan del Ministerio de Fomento para potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril, presentado al Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, se contempla el refuerzo de la conexión entre la red ferroviaria y los principales puertos de interés General del Estado como objetivo para mejorar las condiciones de competencia y competitividad del sector.