miércoles, 11 de noviembre de 2009

El atún rojo del Mediterráneo, en peligro a causa de capturas ilegales

MADRID.- Dos organizaciones ecologistas denunciaron este miércoles las capturas ilegales de atunes rojos en el Mediterráneo que, según ellas, amenazan la pervivencia de la especie, y reclamaron la suspensión temporal de la pesca.

A partir de un estudio realizado este año por expertos de la consultora independiente ATRT, Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) se dicen en el comunicado preocupados por "el altísimo porcentaje de pesca de juveniles de atún rojo (menores del tamaño legal permitido en el momento de captura) en el Mediterráneo".

El destino de esos ejemplares son las "granjas de engorde", situadas en el mar y donde los peces son engordados antes de ser vendidos, principalmente a Japón, donde se los consume crudos en forma de 'sushi'.

"Todos los datos señalan el riesgo inminente de colapso" de la especie en el Mediterráneo, asegura en el comunicado Celia Ojeda, responsable de océanos de Greenpeace. "A estas alturas el cierre de la pesquería y la protección de sus zonas de reproducción son la únicas soluciones, hasta que la pesquería dé señales evidentes de recuperación", añadió Celia Ojeda.

Ambas organizaciones no gubernamentales piden a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), actualmente reunida cerca de Recife (noreste de Brasil) "la adopción de medidas extraordinarias".

Según el estudio citado por las dos ONG, "el caso de España es el más alarmante, ya que entre julio de 2008 y mayo de 2009 el 46% del atún rojo vendido en fresco en el mercado japonés, proveniente de granjas de engorde, eran juveniles en el momento de ser pescados", por lo que no habían podido reproducirse aún.

Las organizaciones afirman que, siempre según el estudio, "entre un 8,4% y un 21,09% del atún rojo engordado en el Mediterráneo y vendido en fresco en el mercado japonés eran menores del tamaño legal permitido en el momento de captura".

"Los científicos (de la ICCAT) estimaron en octubre que sólo queda un 15% de la población original de atún rojo y los nuevos datos de tallas demuestran que la pesquería sigue fuera de control", dijo en el comunicado Raúl García, responsable de Pesca de WWF España.

Por ello reclama el "cierre temporal" de la pesca y "la prohibición" del comercio internacional.

La ICCAT advirtió recientemente contra las "interpretaciones parciales" hechas por "varias organizaciones" sobre su informe científico de octubre.

Fernández (BBK) lamenta que, previsiblemente, "superado el susto, los mismos golfos e incompetentes volverán a algo parecido a lo anterior"

SAN SEBASTIÁN.- El presidente de la BBK, Mario Fernández, afirmó hoy que tras la crisis económica la actividad financiera y empresarial debiera estar regida por unos "mínimos parámetros morales", de manera que "sea y parezca ética" y esté sometida a "una vigilancia exhaustiva por la propia sociedad con los medios de comunicación al frente", así como a una mayor "transparencia".

Sin embargo, se mostró "escéptico" y pronosticó que superado este "susto", los mismos "golfos e incompetentes" volveran a un 'status' parecido al anterior a la actual coyuntura.

Fernández se refirió en estos términos durante su intervención en el 'Foro Humanidades. Gipuzkoa XXI' organizado por la Universidad de Deusto en su campus de San Sebastián.

El presidente de la BBK, que no quiso contestar a preguntas de los periodistas referidas a cuestiones específicas de la Caja como su fallida compra de Caja Castilla, repasó los orígenes de la actual crisis económica y financiera, "global, compleja y la más importante desde el crack del 29", así como sus causas, "fallos en los sistemas macroeconómicos de los estados; políticas de extrema laxitud con respecto a los riesgos; y fallos de mercado".

Además, censuró la falta de control en el sistema financiero americano y destacó que ninguna entidad bancaria de EE.UU. "puede acercarse ni de lejos a la solvencia de los bancos españoles", de la cual hay que agradecer al BCE, el "único gestor que ha sacado nota" en esta coyuntura.

Fernández criticó la "innovación financiera" que ha dado lugar a "productos ininteligibles incluso para las entidades que los colocaban", así como los "fallos de regulación y supervisión" tanto de los poderes públicos como de las agencias de rating. A su juicio, la economía del futuro debería cumplir "con unos mínimos morales, parecer ética", lo mismo que la actividad empresarial, que deberían "reforzar sus políticas de responsabilidad social empresarial".

"Me gustaría pensar que crecerán los instrumentos de análisis sobre los riesgos de las compañías; que se revisarán y fortalecerán los índices bursátiles, de manera que se premie a las empresas sanas, responsables, sanas y sostenibles, y no meramente especuladoras" y que "crecerá la exigencia de transparencia y buen gobierno de los consejos de administración hacia accionistas y los demás 'stakeholders' de las empresas", así como la "exigencia de los gobiernos hacia algunas empresas, sobre todo las que han recibido ayudas públicas", afirmó.

No obstante, se mostró "escéptico" y previó que "en cuanto pase el susto, los mismos golfos e incompetentes volverán a algo parecido a lo anterior a esta crisis".

Por otro lado, consideró "absolutamente erróneo" que se dé la imagen de que "sólo las Cajas y no los bancos tienen problemas", y como ejemplo apuntó que las tres cajas vascas "están a la cabeza del sistema financiero español". Por ello, apuntó que el "debate sobre que las cajas se gestionan mal y los bancos no, es estúpido".

Preguntado sobre cómo éstos mantienen este año beneficios a pesar de la crisis, apuntó que los resultados se miden tomando como referencia el año anterior y, en este sentido, indicó que "habrá que ver que es lo que ocurre en el próximo ejercicio".

Almunia pide que las CCAA y los ayuntamientos contribuyan también al ajuste presupuestario en España

BRUSELAS.- El comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, pidió hoy un refuerzo de la ley de estabilidad presupuestaria española para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos contribuyan también al ajuste para reducir el déficit por debajo del 3% en 2013, tal y como ha propuesto el Ejecutivo comunitario.

Almunia aseguró que un incremento mayor del déficit y la deuda supondrá un freno para el crecimiento.

La Comisión Europea propuso hoy dar a España una prórroga de un año, hasta 2013, para corregir su déficit excesivo. Bruselas accedió a conceder este plazo extra tras constatar que el Gobierno ha tomado "medidas eficaces" para reducir el déficit, entre ellas el aumento del IVA el año que viene, aunque no esté logrando su propósito porque la crisis económica es peor de lo previsto.

Entre las medidas que debe adoptar el Gobierno para cumplir esta recomendación, Almunia reclamó un "reforzamiento del marco de disciplina presupuestaria que existe en España, la ley de estabilidad presupuestaria".

"En particular, España, que es un Estado muy descentralizado, tiene que coordinar bien las actuaciones de todas las administraciones públicas, no sólo de la administración central", dijo.

"Las autonomías y los ayuntamientos contribuyen de forma muy importante al gasto público en España, y pueden contribuir y deben contribuir también al ajuste presupuestario necesario en España", insistió el comisario de Asuntos Económicos.

Pidió además reformas estructurales "para mejorar las condiciones de crecimiento de la economía española". "Sabemos cuáles son los problemas que va a afrontar la economía española para crecer en el futuro lo mismo que crecía en el pasado, una vez que el sector de la vivienda no va a contribuir como lo hizo. Lo hizo de forma insostenible y por lo tanto no es necesario que lo vuelva a hacer. Y sobre todas estas materias hay un consenso bastante elevado en España, lo que hace falta es traducir ese consenso en medidas concretas", afirmó.

Aunque admitió que el ajuste que deberá realizar el Gobierno para recortar el déficit a tiempo será muy duro, Almunia aseguró que ello no pondrá en riesgo la recuperación. Pero sí avisó de que un mayor endeudamiento podría suponer un freno para el crecimiento.

"A partir de un determinado momento, a partir de un determinado nivel de endeudamiento, a partir de un determinado nivel de la presión fiscal y del gasto público, la política presupuestaria, en vez de convertirse en un impulso para el crecimiento, se puede convertir en un freno para el crecimiento. Y eso lo sabemos en España y en todos los países europeos", dijo.

La Administración eleva en diez días el plazo de pago en 2009, hasta los 51

MADRID.- La Administración Pública ha incrementado en una media de diez días, desde los 41 hasta los 51, su plazo medio de pago durante el presente ejercicio, según un estudio sobre los índices de riesgo de 2009 realizado por la firma de servicios de gestión de crédito Intrum Justicia, difundido hoy.

El estudio concluye que las cuentas a cobrar en España han sufrido un "severo cambio" en su equilibrio dado que, según sus datos, en la actualidad sólo un 19% de las facturas son abonadas en los treinta primeros días tras su emisión.

Los plazos de pago se han extendido, de forma que el 33% de los importes pendientes se abonan a noventa días y un 48% entre los treinta y los noventa días.

Asimismo, el estudio revela que el 90% de las empresas españolas preguntadas admite que recibe los pagos de sus facturas con retraso ante las dificultades financieras que, a su vez, atraviesan sus clientes.

De esta forma, el porcentaje medio de ingresos que las compañías pierden por impagos se ha elevado este año desde el 2,2% hasta el 2,4%.

En consecuencia, el 67% de las empresas que atendieron a la encuesta realizada por la firma espera pérdidas en sus ingresos a consecuencia del retraso en los pagos y los impagos. Asimismo, un 78% teme incluso que ello afecta a su liquidez.

Además, un 82% de los encuestados por Intrum Justicia cree que el riesgo de impago seguirá creciendo. Esta tasa dobla a la del 42% empresas que en 2008 ya temía un alargamiento de los plazos de pago.

Preguntadas por el orden en el que suelen pagar sus facturas, la mayoría de empresas coinciden en señalar que en primer lugar pagan sus impuestos y tasas a la Administración, posteriormente cumplen con la Seguridad Social y después con sus principales proveedores.

Valcárcel subraya que la dársena del puerto de El Gorguel "es una oportunidad que un político no puede dejar escapar"

CARTAGENA.- El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, anunció hoy que ha acordado con la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, hace pocos días, la petición de un informe de viabilidad ambiental sobre el proyecto del puerto de contenedores de El Gorguel porque, dijo, "es una oportunidad que un político no puede dejar escapar".

Así, se mostró de acuerdo en hacer este informe en profundidad, "porque no hay ningún empeño singular sobre El Gorguel", aunque resaltó la importancia de que la Región "cuente con una infraestructura de esta envergadura, en el cruce de rutas entre Gibraltar y Suez, con un ferrocarril Euromed que introducirá el tráfico de contenedores en Europa y con una política europea favorable a cargar las vías de comunicación desde el Mediterráneo".

Por su parte, el portavoz de IU, José Antonio Pujante, le hizo notar al presidente la existencia de informes realizados, por ejemplo, por la Universidad de Murcia, que desaconsejan la construcción de la dársena por la afección a la Sierra de la Fausilla.

Frente a ello, Valcárcel aseguró que está dispuesto a plegarse a las condiciones medioambientales, sin por ello renunciar a su tesis de que El Gorguel "parece ser el mejor lugar" para la dársena de contenedores.

Repsol no contempla la venta de la refinería de Cartagena

MADRID.- Repsol YPF no contempla la venta de ninguno de sus activos estratégicos incluidos en el plan de negocio 2008-2012 de la compañía, indicaron fuentes de la petrolera.

En caso de que se acometan desinversiones, se producirán en línea con los planes ya conocidos del grupo de reducir su dependencia de países no pertenecientes a la OCDE y de centrarse en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, tal y como ha expresado el presidente de la petrolera, Antonio Brufau.

En todo caso, la compañía no venderá ni participaciones en Gas Natural, ni refinerías como las de Bilbao o Cartagena, ni proyectos de exploración en Brasil ni otros activos que considera claves para su estrategia.

Junto a esto, el grupo mantiene sus planes de sacar a bolsa parte de YPF, pero recuerda que esta operación está condicionada a la situación de los mercados financieros y se realizará en el momento más oportuno.

Repsol no ha ocultado su intención de vender hasta un 45% de YPF para facilitar la entrada de inversores locales. La filial argentina está participada en un 85,1% por Repsol y en un 14,9% por el grupo argentino Petersen, presidido por Enrique Eskenazi, quien tiene una opción de compra sobre el 25%.

El diario 'Expansión' publica hoy que Sacyr y La Caixa, los principales accionistas de Repsol, exigen a Brufau que desatasque la venta de YPF y venda activos para obtener mayores rendimientos. Entre estos activos, figuran proyectos de exploración, incluidos los brasileños, parte de Gas Natural y algunas refinerías.

Por otro lado, La Caixa aseguró hoy que no entra "en cuestiones internas de gestión en Repsol" y "asume las decisiones del consejo de administración", según explicaron fuentes de la caja de ahorros y de Criteria, la sociedad que agrupa la cartera de participadas de la entidad.

Las mismas fuentes señalaron que "Criteria siempre estudia las situaciones y desde su independencia actúa", y que su "único interés" en Repsol es que la compañía "crezca y sea rentable en beneficio del conjunto de los accionistas, los empleados y la sociedad en general".

El plan estratégico de la petrolera contempla inversiones por más de 21.000 millones de euros en una decena de grandes proyectos, entre los que figuran las refinerías de Bilbao (700 millones), Cartagena (3.200 millones) y Sines (850 millones).

Otros proyectos que no están en venta son, dentro del área de exploración y producción, los de Shenzi (Golfo de México, de 700 millones), Regganne (Algeria, 450 millones), Libia (100 millones), Carioca (Brasil, 500 millones) y Perú (350 millones).

En gas natural licuado (GNL), el grupo presta especial atención al desarrollo del proyectos en Perú por 400 millones y de la planta de regasificación canadiense de Canaport, de 300 millones.

Las ventas de cestas de Navidad caerán este año un 20%, pese a reducir los precios hasta un 15%

MADRID.- Las ventas de cestas y lotes de Navidad caerán este año entre un 18% y un 20% por la menor demanda de empresas e instituciones públicas como consecuencia de la crisis, según estima la Asociación de Empresas Elaboradoras de Cestas y Lotes de Navidad (Aslovac).

Para incentivar las ventas, el sector ha recortado los precios entre un 7% y un 15% y ha reforzado las campañas de marketing, regalando bonos de hotel o rutas de enoturismo y ecoturismo.

El presidente de Aslovac, José Conca, señaló que las ventas ya descendieron alrededor del 20% en la campaña navideña de 2008 y advirtió del impacto en el empleo que puede tener la contracción de la demanda.

Aslovac representa a medio centenar de empresas de la Comunidad Valenciana, región que con la de Murcia concentra el 90% de las compañías del sector y que cuenta con más de 3.000 trabajadores en la elaboración de cestas de Navidad. "Tras los lotes de Navidad hay muchos puestos de trabajo, no sólo elaborándolos, sino también de las empresas agroalimentarias proveedoras, de transporte y de envasado", remarcó Conca.

Las cancelaciones de pedidos proceden fundamentalmente de empresas del sector inmobiliario y de la construcción, según el presidente de Aslovac, quien criticó la "medida populista anunciada por el Congreso y el Senado de que ahorrarán 400.000 euros al dejar de comprar 3.000 cestas de Navidad".

En su opinión, las instituciones "no han pensado en las consecuencias" que esta decisión tiene para empresas de vino o licor, embutidos y dulces, entre otras.

Conca destacó que existen lotes desde los siete euros y que el precio medio de una cesta puede situarse este año entre los 20 y los 25 euros, un coste que consideró que pueden asumir las pequeñas y medianas empresas dispuestas a mantener la tradición.

Un libro aborda el estado actual del conocimiento científico sobre el Mar Menor

MURCIA.- El libro 'El Mar Menor. Estado actual del conocimiento científico' editado por la Fundación Cluster, con la coordinación del Instituto Euromediterráneo del Agua, aborda el estado actual del conocimiento sobre esta peculiar laguna litoral.

La publicación es el resultado de las aportaciones realizadas por investigadores y científicos de la Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena, Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-CSIC), Centro Oceanográfico de Murcia, Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto Euromediterráneo del Agua, la Consejería de Agricultura y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida).

Este grupo de investigadores participó en una jornada científica celebrada el pasado 1 de abril en San Pedro del Pinatar, organizada por la Fundación Cluster, con el objetivo de poner en común las investigaciones más importantes realizadas en el Mar Menor, de cara a los nuevos retos que plantea la Directiva Marco del Agua para conseguir, en el año 2015, el buen estado ecológico de las aguas de esta laguna litoral.

El Instituto Euromediterráneo del Agua ha sido el encargado de recopilar y elaborar un documento sistemático integrador de todas las aportaciones científicas y técnicas realizadas, que tienen un carácter multidisciplinar.

El libro está dividido en 16 capítulos y recoge, entre otros aspectos, la geología del Mar Menor y sus relaciones con las aguas subterráneas del continente, la hidrogeología y recursos hídricos subterráneos en al área Campo de Cartagena-Mar Menor y la evolución de las descargas del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena al Mar Menor.

Además, trata la caracterización y evaluación de fuentes antrópicas de nutrientes transportados por la rambla del Albujón hacia el Mar Menor, el balance hídrico del Mar Menor, la dinámica nutricional de agrosistemas en el Campo de Cartagena, el papel de los humedales costeros del Mar Menor en la depuración de aguas eutrofizadas, la recuperación de suelos del entorno del Mar Menor afectados por la actividad minera, el modelado hidrodinámico y de ecosistemas en el Mar Menor, estudios faunísticos y gestión de los recursos pesqueros del Mar Menor.

AUGC Murcia denuncia la mala distribución de los efectivos en la Región y la falta de seguridad en los acuartelamientos

MURCIA.- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Murcia denunció hoy, en una rueda de prensa en la sede regional de Comisiones Obreras, la mala distribución de los efectivos de este Cuerpo que existe en la Región de Murcia, así como la falta de seguridad en la mayor parte de los acuartelamientos, según indicó el delegado regional de la AUGC, Pedro Fresneda.

En este sentido, indicó que pese a que la plantilla se compone por unos 1.800 efectivos, una cantidad que se acerca bastante a sus peticiones en cuanto a número de efectivos, "sólo 400 realizan labores de seguridad ciudadana, es decir, están en las calles", ya que el resto integra servicios especializados como Tráfico o el Seprona, pero también "una gran parte está en servicios burocráticos".

"A lo mejor no hace falta más agentes, sino más administrativos", apuntó Fresneda, quien recordó que "la Guardia Civil está para lo que dice la 'Cartilla del Guardia Civil' de Isabel II", en relación a su servicio cercano al ciudadano.

Fresneda, quien reconoció "el importante esfuerzo de la Administración a nivel económico y de material, con reformas en los acuartelamientos, nuevos equipos e incremento de plantilla", aseguró que esto es "totalmente insuficiente", ya que "la distribución de los efectivos no es la adecuada y los cuarteles, que en su mayoría son de principios del siglo XX, son antiguos y no se cumplen las necesarias medidas de seguridad".

Al respecto, rememoró los recientes atentados contra los acuartelamientos de Burgos y Palma de Mallorca e incidió en que "debemos impedir que esto se repita", ya que en los cuarteles de la Región "ni siquiera hay bolardos para impedir el aparcamiento de vehículos en el perímetro de seguridad".

Como ejemplo, citó dos cuarteles en los que es "habitual" el aparcamiento de motos y bicicletas "no sólo en la puerta del mismo cuartel, sino incluso amarradas a la propia señal de prohibido aparcar".

El delegado de la AUGC en Murcia lamentó que estas cuestiones, junto a otras relativas a horarios o permisos, no sean consultadas a los propios guardias, y lamentó que "aunque en la Dirección General del Ministerio nos estamos encontrando buena sintonía, pues los altos mandos están siendo comprensivos y podemos hablar con ellos", esta situación no se haya trasladado a la Comandancia de Murcia.

De hecho, Fresneda señaló que el coronel "dice que los escritos que le enviamos tienen que ser vía Consejo de la Guardia Civil" y que el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, pese a haberlos recibido y llegar a un 'pacto de caballeros' por el que se daban un tiempo para ver si las relaciones con los mandos mejoraban en la Región, no adopta ninguna decisión al respecto. "Se hizo la foto pero se ve que tiene que hacerse más en otros sitios", añadió.

Igualmente, desveló que en los servicios de Información y de Policía Judicial "han vuelto a aumentar las bajas psicológicas" debido a la presión que ejercen los nuevos mandos, a las condiciones precarias en las que desarrollan el trabajo y a las largas jornadas laborales de los agentes, pues "no hay horario".

Por todo ello, Fresneda anunció que están dispuestos a volver a movilizarse y recalcó que "pese a que esperamos que no sea necesario, si lo hacemos estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias".

Sanidad apuesta por abrir los nuevos hospitales de Cartagena y Mar Menor

CARTAGENA.- La consejera de Sanidad, María de los Ángeles Palacios, apostó este miércoles en la Asamblea Regional por que el equipamiento de los hospitales de Cartagena y el Mar Menor permita abrir ambas infraestructuras sanitarias, al menos en parte, antes de que concluya el próximo año, tras afrontar un gasto de 17 millones de euros en acabar de construirlos y, en una primera fase, 74 más en su equipamiento.

Las inversiones mencionadas forman parte de un presupuesto que con 2.020 millones de euros, es decir 5,5 millones diarios y 1.459 por persona, subirá un 6,9 por ciento, con lo que "la Región de Murcia es la segunda en aumento de toda España". De ellos la Consejería gestionará 62 millones, el Servicio Murciano de Salud 1.920 y la empresa pública Giscarmsa, creada para la inversión hospitalaria, alrededor de 33.

Los citados hospitales, para los cuales, sobre todo el de Cartagena, Palacios previó un traslado "complicado que se irá concretando conforme avance 2010", atenderán a una población total de 375.000 personas -275.000 el cartagenero y 100.000 el ubicado en San Javier-.

En total las obras en infraestructuras suponen 51 millones de euros. A las de los hospitales mencionados se unirán los 9,1 para modernizar el Hospital Morales Meseguer y el de la Arrixaca, para el centro oncológico regional. Además habrá 6,1 millones para continuar con el Materno Infantil. En atención primaria, habrá 15,4 millones para la construcción de 28 centros de salud.

La mejora en personal para dotar de médicos a las nuevas instalaciones se derivará de la incorporación de los 4.260 profesionales salidos de las pruebas de selección de la oferta de empleo de 2009. En 2010 la convocatoria depende de las vacantes que se produzcan.

La planificación en salud mental incluirá la incorporación de la atención domiciliaria en las áreas 3, 5 y 6, con la creación de los hospitales de día en Yecla y Molina y la incorporación al sistema de las nuevas unidades de hospitalización psiquiátrica y centro de salud mental en el Hospital del Mar Menor. Además, el nuevo programa Pegaso introducirá la investigación epidemiológica a partir de estudios genéticos

Los proyectos de investigación, con 5,1 millones de euros para poner en marcha la red de biobancos, consolida la oficina regional de apoyo a ensayos clínicos. Asimismo, habrá un plan funcional para el nuevo Instituto de Investigación Biosanitaria en la Arrixaca. Asimismo, se habilitará una 'sala blanca' relacionada con la atención al cáncer.

En cuanto a la introducción de nuevas tecnologías destaca el proyecto Códice, que comenzará por la digitalización de las 90.000 historias clínicas del Hospital de los Arcos y pasará luego a hacerlo con las 350.000 del Rosell, para continuar con el resto.

"Esto supone un paso más en la modernización del sistema de salud y permitirá contar con el historial clínico de cualquier paciente en cualquier centro sanitario y, además liberar 7.000 metros cuadrados destinados a archivo para emplearlos en usos sanitarios", explicó.

Para enjugar el gasto farmacéutico, que supone 410 millones de euros se seguirá aplicando el plan de ahorro en este ámbito, cuyo ahorro en 2009 ascendió a tres millones de euros, según Palacios, quien señaló que para 2011 se quiere llegar a diez millones de euros de ahorro.

Otra medida de ahorro será perfeccionar el modelo centralizado de compras a proveedores para todos menos los fármacos y una plataforma logística propia del SMS, que según Palacios será para un "adjudicatario externo", a las que se incorporarán inicialmente las áreas 2 y 8. La salida a licitación del concurso está valorada en 150 millones de euros.

La consejera concluyo apelando a la financiación autonómica. "Es el Gobierno regional el que sostiene el sistema, al aportar el 92 por ciento de los recursos necesarios", apuntó, para pedir más capital del Estado.

La diputada regional del PP, Catalina Lorenzo, incidió hoy en "el rigor" y "el equilibro" de un presupuesto que consolida a la Región como "a tercera con mayor aumento en gasto sanitario". "Lo conseguimos sin privatizar la sanidad. El PSOE se confunde respecto a las fórmulas de gestión que pueden utilizarse sin llegar a eso", apuntó.

Respecto a la deuda del Servicio Murciano de Salud, Lorenzo incidió en que "sería menor si el modelo de financiación no dejara fuera ya a 64.000 murcianos y, con su actualización en 2011, vaya a engordar esas cifras considerablemente hasta ese año".

Desde el PSOE, su diputado regional, Domingo Carpena, criticó unos presupuestos que "pese a contar con más dinero no permitirán hacer más cosas". Carpena concedió que "habrá más personal, pero eso no supondrá un incremento de la productividad para enjugar las listas de espera", subrayó que "subirá el gasto corriente y disminuirán las inversiones reales" y denunció que caigan programas de prevención como el de embarazos no deseados.

Indicó asimismo los "retrasos de hasta tres años en infinidad de infraestructuras sanitarias" y que las de futura ejecución "incluyan en sus pliegos de condiciones medidas de privatización", como, a su juicio, ocurrirá con los hospitales de Águilas y Mazarrón.

Para José Antonio Pujante, "el aumento del presupuesto se produce fundamentalmente en el capítulo de personal". Incidió en que el sistema sanitario actual, que genera insatisfacción en el usuario por las demoras en atención, no mejorará con estas cuentas regionales.

Murcia, quinta Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de efectos devueltos impagados

MURCIA.- La Región de Murcia fue la quinta Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos en septiembre, al situarse en el 4,9 por ciento, cuatro décimas mas que la registrada en el conjunto nacional (4,5 por ciento), según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, el importe de los efectos de comercio devueltos impagados en la Región de Murcia ascendió a 44.521.282 euros durante septiembre y a 819.010.322 euros los efectos vencidos.

El importe medio de los efectos devueltos impagados en la Región de Murcia se elevó a 3.733, superior a la cifra nacional (1.990), y el importe medio de los efectos de comercio vencidos alcanzó los 3.335 euros frente a los 2.406 del conjunto del país.

En toda España, el número de efectos de comercio comprados a plazos y devueltos por impago de familias y empresas bajó un 33,2% en septiembre en relación al mismo mes de 2008, hasta sumar 409.887, mientras que el valor medio de estos efectos descendió un 36% y se situó en 1.990 euros, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Libre, sin cargos y sin fianza, el arquitecto Sotelino, que no ha comparecido ante el juez

ÁGUILAS.- El arquitecto aguileño Jorge Sotelino Vico, ha sido puesto en libertad esta tarde después de pasar la noche, y declarar esta mañana en presencia de su abogado, en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, de Murcia, sin pasar, siquiera, a disposición judicial, según fuentes próximas a su despacho profesional. Tampoco la Fiscalía ha interesado su retención. Y ya se encuentra descansando en su domicilio de Águilas, donde llegó antes del almuerzo.

Al parecer, los investigadores no han encontrado, ni en la documentación incautada ni en las declaraciones del detenido, pruebas suficientes como para incriminarle en el 'caso Zerrichera' y, tras pedirle disculpas, lo han puesto en libertad a primeras horas de esta tarde sin tener que acudir a presencia judicial y, por tanto, sin imputación alguna.

A continuación ha regresado a Águilas acompañado de su abogado, Juan Carlos García Renovales.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que los policías anticorrupción habían descubierto el ingreso de unos 60.000 euros por parte de este arquitecto en, la cuenta bancaria de una hija del alcalde Juan Ramírez del PP.

Sospechando que pudiera tratarse de un posible pago por algún favor urbanístico -esto es, un supuesto que habría podido obtener la calificación penal de cohecho-, los agentes procedieron a detener y a interrogar a Sotelino.

El interrogatorio al arquitecto ofreció, sin embargo, unos datos con los que los policías no contaban a priori. En concreto, y según las mismas fuentes, Sotelino explicó que el ingreso de 60.000 euros respondía a la compra de un barco de recreo y de un punto de amarre en el Club Náutico, dos propiedades que la hija del alcalde le habría transferido.

Durante unas horas, a lo largo de la mañana, los policías realizaron diversas gestiones dirigidas a determinar si las explicaciones del sospechoso tenían una base cierta o, al contrario, sólo constituían un intento de desviar la atención de los investigadores policiales.

Cuando los datos aportados por Sotelino comenzaron a confirmarse como verosímiles, los agentes pusieron los hechos en conocimiento del juez instructor del caso Zerrichera, Antonio Alcázar, y éste coincidió con los policías en que, en esa tesitura, lo único razonable era dejarlo en libertad, y con la mayor rapidez posible. Minutos después abandonaba las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, en la que había permanecido 24 horas.

La investigación de los agentes de Madrid, que trabajan estrechamente con los especialistas de la UDEV de Murcia, se dirige ahora a analizar minuciosamente la documentación intervenida en los registros practicados en la vivienda y en el despacho profesional de Vitelino, así como a la búsqueda de nuevas pruebas que permitan reorientar la investigación.

Caso Limusa

Por otra parte, la esposa del ex gerente de la empresa municipal de limpieza de Lorca, también trabajadora de esta firma, ha acudido hoy a declarar, en calidad de imputada, ante el juez instructor del "caso Limusa", que investiga una presunta trama de corrupción en esta empresa pública.

La imputada, a la que se le atribuye participación en presuntos delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, llegó al juzgado de Instrucción Número Cuatro de Lorca minutos antes de las diez de la mañana, acompañada por su abogado y otra persona.

La esposa de Francisco Gil, considerado principal cerebro de la presunta trama, ha saludado a los periodistas que la esperaban a la puerta del juzgado con un escueto "buenos días" y no ha hecho declaraciones.

Su comparecencia en el juzgado, prevista en principio para la jornada de ayer, se produce hoy después de que su abogado solicitara un aplazamiento, ya que el letrado tenía fijado un juicio en Murcia a la misma hora para la que se dispuso la citación de la trabajadora de Limusa.

La mujer pidió la semana pasada en un centro médico de Lorca la baja laboral, aunque desde la detención, el pasado marzo, de su marido y ex gerente de la empresa, que estuvo ingresado varios meses en prisión provisional y que ahora se encuentra en libertad con cargos, se ha mantenido en su puesto de trabajo.

Hasta ahora, además de Gil Eguino, están imputados en el caso el ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro (PSOE), los ex ediles socialistas Miguel Miras, Jesús Molina y Manuel Sevilla.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia también ha encontrado indicios de delito en el ex concejal Bartolomé Soler, actual parlamentario regional del PSOE.

Asimismo mantienen la condición de imputados un notario, un dentista, un corredor de seguros, un empleado de banca, dos empresarios y el ex secretario del ayuntamiento de Lorca.

El juez Sergio Romero, instructor del caso, ha llamado a declarar, también como imputados, a seis funcionarios del ayuntamiento de Lorca, que comparecerán el día 27 de noviembre.

La instrucción del "caso Limusa" comenzó a principios de este año tras las denuncias sobre el comportamiento irregular del entonces gerente y los supuestos negocios paralelos a la empresa pública que realizaba en la sede de esta, así como de sus elevados gastos que realizó un trabajador de la misma, que también denunció acoso laboral.

Por orden del juzgado se puso en marcha la "Operación Reciclaje" que propició las detenciones de los imputados y el registro policial de varias empresas y viviendas.

El secreto de sumario de la primera fase de las investigaciones se levantó el pasado verano e incluye más de 3.000 folios y 50.000 documentos adicionales sobre las presuntas actividades ilícitas realizadas a la sombra de la empresa municipal de limpieza.

El magistrado ha ordenado ahora reanudar las investigaciones y ampliar las imputaciones a los seis funcionarios municipales y a la trabajadora de Limusa.

De forma paralela a la investigación judicial funciona una comisión municipal de fiscalización y control de la empresa, con representantes del PP, PSOE e IU, creada para depurar las responsabilidades políticas del caso.