viernes, 13 de noviembre de 2009

Vocento, editora de 'La Verdad', registra EBITDA negativo de 17 millones a septiembre

MADRID.- El grupo de medios de comunicación Vocento, editora de La Verdad, dijo el viernes que registró un resultado bruto de explotación (EBITDA) negativo de 17,1 millones de euros, frente a un saldo positivo de 7,4 millones hace un año, por la menor inversión publicitaria y unos costes no recurrentes de 35,8 millones de euros.

La facturación del grupo cayó un 13,1 por ciento a 553,6 millones, ante un desplome del 25,2 por ciento en las ventas de publicidad. Las ventas de ejemplares, sin embargo, aumentaron un 1,4 por ciento a 206,5 millones.

Los ingresos extraordinarios por la venta del 5,1 por ciento de Telecinco permitieron al grupo de medios de comunicación registrar un resultado neto positivo de 47,2 millones de euros, un descenso del 36 por ciento frente a los 73,7 millones ganados hace un año.

El Gobierno aprueba medidas de apoyo para los sectores del juguete y mueble por 83 millones

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy dos proyectos de Reales Decretos por los que se establecen medidas por un importe total de 82,7 millones de euros, para facilitar la adaptación laboral de los sectores del mueble y del juguete a los cambios estaructurales en el comercio mundial.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó que dichas medidas, que afectan a cerca de 150.000 trabajadores, pretenden hacer más competitivos dichos sectores y mantener el mayor número de empresas y puestos de trabajo.

Los planes de apoyo a ambos sectores se suman a los del textil, confección y calzados, curtidos y marroquinería, que están en plena ejecución una vez aprobados los reales decretos que desarrollaban las medidas sociolaborales.

Dichos proyectos desarrollan un conjunto de bonificaciones y de subvenciones con las que se pretende, por un lado, evitar la salida del mercado de trabajo de este colectivo de trabajadores, que implicaría una gran pérdida e infrautilización de capital humano, y, por otro, hacer un esfuerzo especial para que los trabajadores de mayor edad, que tienen escasas posibilidades de reinserción laboral, se integren en el mercado de trabajo.

Entre las medidas figuran la formación de los trabajadores; bonificación de cuotas por mantenimiento del empleo, a través de la contratación indefinida, de los trabajadores de 55 o más años; bonificación de cuotas por la contratación indefinida de trabajadores excedentes del sector; así como subvenciones durante el proceso de búsqueda de empleo, para facilitar la movilidad geográfica, la inserción laboral de los trabajadores de 52 o más años, promocionar el empleo autónomo y ayudas especiales para los trabajadores de 55 o más años.

El Gobierno destacó que las medidas incluidas apuestan por las políticas activas de empleo frente a otras medidas, consideradas en procesos de reestructuración anteriores, donde se incidía más en políticas de protección pasivas.

En lugar de una cultura de la prejubilación, se aprueba un amplio panel de políticas activas, como las relativas al proceso de búsqueda de empleo, al impulso de la movilidad geográfica y a la compensación de las diferencias salariales para impulsar la aceptación de empleos con salarios inferiores.

Sólo en último extremo, se consideran unas ayudas especiales para los trabajadores de 55 o más años que, pese a todas las políticas activas de empleo, no hayan conseguido recolocarse, pero siempre con la obligación de mantenerse dispuesto a integrarse en el mercado de trabajo al tener la consideración también esas ayudas especiales de políticas activas.

Las medidas del sector mueble tienen un coste de 76 millones de euros en los siete años en que surtirán efectos, de los que 43,5 millones se financiarán con los vigentes programas de empleo y los otros 32,5 millones a través de la dotación presupuestaria para facilitar el ajuste de los sectores afectados por cambios estructurales en el comercio mundial, establecida por acuerdo de Consejo de Ministros el 9 de junio de 2006 y cuya cuantía es de 140 millones de euros.

El coste para el sector juguete es de 6,7 millones de euros, financiándose 4,4 millones con cargo a los vigentes programas de empleo y los otros 2,3 millones con cargo a la dotación presupuestaria.

El Gobierno remite al Parlamento una reforma del código penal para combatir la corrupción urbanística con más eficacia

MADRID.- El Consejo de Ministros acordó este viernes la remisión al Parlamento de una reforma de más de 130 artículos del Código Penal que crea, entre otros nuevos delitos, el de piratería en e mar -con penas de entre 10 y 15 años de prisión- y prevé una respuesta más contundente frente a los abusos contra los menores y las actuaciones que implican corrupción urbanística.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo la importancia "cuantitativa y cualitativa de esta reforma", presentada como anteproyecto en noviembre de 2008, y que implica la adopción de "nuevas medidas para hacer frente a las demandas de la sociedad española contra las nuevas formas de criminalidad".

"Sólo se debe acometer un cambio en una ley tan sensible cuando los valores colectivos lo requieren, no se trata de actuar de forma irreflexiva frente a hechos graves", dijo el ministro, que agregó que la propuesta que se remite a las Cortes "da respuesta a las inquietudes de los ciudadanos con medidas más modernas y garantizando al tiempo que las penas estarán reorientadas a la reinserción".

Respecto a la piratería, Caamaño señaló que "el Gobierno se encuentra plenamente comprometido con la seguridad de los barcos" y por ello introduce un tipo específico penal. "Con ello queremos dar respuesta a los que con violencia tratan de apoderarse del buque y atentan contra sus tripulantes", dijo.

La razón de ser de la creación de este nuevo delito de piratería, según la exposición de motivos del proyecto inicial, radica en la necesidad de dar respuesta a "la problemática de los eventuales actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y aérea", como ahora ha puesto de manifiesto el secuestro sufrido por el atunero español 'Alakrana', apresado por piratas somalíes desde el pasado 2 de octubre.

Así, el proyecto de Ley prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión a quienes utilicen la violencia, la intimidación o el engaño contra embarcaciones o plataformas en el mar; y penas de entre 1 y 3 años de cárcel a quienes se resistan a las órdenes de un buque de guerra al servicio del Estado "con ocasión de la prevención o persecución" de este tipo de delitos.

Por lo que se refiere a la corrupción urbanística, la reforma del Código también introduce cambios como el endurecimiento de la respuesta penal para estos delitos, aumentándose el ámbito de las conductas típicas y persiguiéndose expresamente a las autoridades y funcionarios públicos que silencien las infracciones urbanísticas que observen en el ejercicio de sus funciones.

El proyecto también endurece la lucha contra las conductas ilícitas en el sector privado, al regular el cohecho entre particulares y reprimir los actos encaminados a corromper a los administradores de empresas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho.

Además, en el texto se regula por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas o la consideración de conductas punibles en el ámbito informático y en los delitos de torturas y contra la integridad moral, y se introduce la conducta de acoso laboral, es decir, el acoso psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral que humille al que los sufre.

Otra de las novedades principales de esta reforma del Código Penal, que contó con el apoyo del PP en el momento de su presentación, es la no prescripción para los delitos graves de terrorismo, es decir, los que hayan causado una muerte, las más graves lesiones físicas o psíquicas o que hayan consistido en el secuestro de una persona.

El proyecto mantiene también medidas encaminadas a garantizar la mayor protección a menores de 13 años. En la actualidad, el hecho de que la víctima de un delito sexual no haya cumplido aún los 13 años se tiene en cuenta solamente a efectos de aplicar una agravante bajo la consideración de que se trata de un sujeto "especialmente vulnerable".

En el ámbito de la prostitución y la pornografía infantil se tipifican nuevas conductas, como la captación de menores para que participen en espectáculos pornográficos, o el ofrecimiento de pornografía infantil. También se propone la consideración como delito el hecho de lucrarse con estos espectáculos infantiles.

En cuanto al delito de prostitución, también se contemplaba incriminar la conducta del cliente cuando la relación sexual se lleve a cabo con un menor o incapaz.

Otro aspecto de la reforma del Código Penal es la tipificación de forma autónoma del delito de trata de seres humanos, que se separa así del fenómeno de la inmigración clandestina.

El proyecto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros mantiene la creación de la nueva medida de 'libertad vigilada' para terroristas y violadores una vez éstos cumplan su pena de prisión, una novedad que se incluía el Anteproyecto presentado el pasado año, si bien reduce su duración máxima de los 20 a los 10 años en relación con el texto inicial.

Esta medida, criticada en su momento tanto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como por el Consejo Fiscal, será obligatoria para los delincuentes sexuales y terroristas, evitándose a demás que éstos puedan residir cerca de sus víctimas o se acerquen a éstas tras salir de la cárcel.

El contenido y duración de esta medida, según el Proyecto, dependerá de la peligrosidad del delincuente y consistirá en reglas de conducta que permitirán además su seguimiento telemático.

El pasado mes de febrero, tras serle remitido el Anteproyecto de reforma, el CGPJ calificó la libertad vigilada como de "muy difícil justificación" en nuestro ordenamiento jurídico.

A juicio del órgano de gobierno de los jueces, la aplicación de estas fórmulas de vigilancia, una vez cumplida la pena de cárcel, podría entrar colisión con las medidas penitenciarias de tercer grado y libertad provisional. Además, se apuntó que la reforma establece un "sistema restrictivo de derechos" al basarse en una responsabilidad dilatada en el tiempo que tiene difícil encaje constitucional.

Por su parte, el Consejo Fiscal señaló en su informe que esta medida sería más eficaz si se aplicase a los jóvenes que se inician en el terrorismo que a los terroristas con delitos graves que llevan 30 o 40 años de cárcel y alejados de la actividad delictiva.

La reforma también crea como nuevos delitos la captación, adoctrinamiento, adiestramiento y cualquier forma de financiación del terrorismo, una medida dirigida especialmente al fenómeno islamista.

Otras novedades son que el juez podrá optar entre la cárcel y la expulsión para extranjeros por menas menores a seis años de prisión, y que nadie se verá favorecido por cumplir al mismo tiempo una pena de prisión y una prisión preventiva.

Además, los pequeños 'manteros' podrán no ir a la cárcel, la Agencia Tributaria auxiliará a los jueces para el cobro de multas e indemnizaciones por delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social y se incorporan como acciones punibles el reclutamiento de niños soldados y los delitos sexuales en conflictos armados.

El Aula de la CAM acoge la proyección del docudrama 'Alfonso X y el Reino de Murcia'

MURCIA.- El Aula de la CAM de Murcia acogerá el próximo martes la proyección del docudrama 'Alfonso X y el Reino de Murcia', dirigido por Primitivo Pérez y protagonizado por Antonio Ferrandis y Luis Prendes en 1985.

También se proyectará el 'Cómo se hizo' con imágenes inéditas grabadas durante el rodaje en tierras murcianas. Primitivo Pérez, director del documental, y José A. Postigo, coordinador general de la producción e intérprete de Jacobo el de las Leyes en la cinta, presentarán el documental.

Este trabajo se estrenó en la sesión inaugural del 32º Certamen Internacional de Cine de Cortometraje y en el Aula CAM de Murcia, según informó la entidad en un comunicado

Para recrear esta época histórica, Primitivo Pérez contó con un amplio elenco de actores, encabezados por Luis Prendes y Antonio Ferrandis. La dirección de fotografía estuvo a cargo del maestro Juan Mariné, y la documentación histórica a cargo de Juan Torres Fontes.

Los precios suben en Murcia nueve décimas en octubre

MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió en la Región de Murcia durante el pasado mes de octubre un 0,9 por ciento, dos décimas más que la media nacional; mientras que la tasa interanual se situó en el -1,2 por ciento, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, los precios bajaron en la Región un 0,1 por ciento, mientras que la inflación interanual murciana alcanzó el -1,2 por ciento.

Muere el empresario lorquino Pedro Jódar, fundador de la cárnica 'Los Quijales'

LORCA.- El empresario Pedro Jódar Serrano, falleció la pasada madrugada a los 86 años. Nacido en Lorca y padre de cinco hijos, fue fundador de la empresa Francisco Jódar Pelegrín y Cía , más conocida como Los Quijales. También era padre del actual alcalde de la ciudad, Francisco Jódar Alonso.

Pedro Jódar fue vocal del Pleno de la Cámara de Comercio de Lorca desde 1958 hasta 1976, y presidente fundador de la Hermandad de Donantes de Sangre. También ocupó el cargo de presidente de la Archicofradía del Cristo de la Sangre, Paso Encarnado; y fue vicepresidente de la Asociación de Industrias Cárnicas de la Región de Murcia.

Es además abuelo del actual jefe de Alcaldía, Fulgencio Gil Jódar, y de Luz Gil Jódar, ambos vocales del Pleno de la Cámara de Comercio desde el año 2002. Otro de sus hijos, Pedro Jódar, lo fue durante el período 1986-2002.

La capilla ardiente se instalará en el Tanatorio Lázaro Soto y la misa funeral se celebrará mañana, en la iglesia de San Cristóbal, a las 11.30 horas. Posteriormente, su cuerpo será enterrado en el cementerio de este barrio lorquino.

El próximo miércoles, a las 20.00 horas, se celebrará una misa en San Mateo.

El Gobierno Zapatero aprueba la distribución de 11,4 millones entre las CCAA para programas de agricultura

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy el acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y los compromisos financieros resultantes de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada el 14 de octubre de 2009.

En este marco se ha acordado la territorialización de 11,4 millones de euros, de los cuales 10 millones de euros se destinarán a recursos hídricos, 405.615 euros para paliar los daños ocasionados por las sequías y un millón de euros para planes nacionales de cultivos marinos.

En el capítulo de recursos hídricos de programas operativos (PDRs) Eje 1, y concretamente para infraestructuras relacionadas con la evolución y adaptación de la agricultura y la selvicultura, se ha acordado el reparto de 10 millones de euros.

Este crédito corresponde a la aportación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en co financiación con las comunidades autónomas y el Feader en los programas de desarrollo rural para el periodo 2007-2013, en la medida 'Gestión de los Recursos Hídricos'.

En el apartado de cultivos marinos, el Consejo ha aprobado la segunda distribución del presupuesto del ejercicio 2009 entre comunidades autónomas, destinado a la línea de actuación de Planes Nacionales de Cultivos Marinos, que asciende a un millón de euros correspondiente al ejercicio 2009.

Con este nuevo reparto la asignación total de la línea de actuación de Planes Nacionales de Cultivos Marinos habrá alcanzado la cuantía de 2,9 millones de euros en 2009.

En la actualidad, hay en marcha un total de 14 Planes Nacionales de Cultivos Marinos, en los que participan 10 comunidades autónomas a través de sus centros de investigación y organismos públicos: Cantabria, Asturias, Galicia, Andalucía, Murcia, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Ceuta y Canarias.

Las líneas de trabajo estudiadas en estos Planes Nacionales son la incorporación de nuevas especies como lenguado, pulpo, erizo y corvina; la optimización de las condiciones de producción; la gestión ambiental de la acuicultura; la calidad y seguridad alimentaria y los aspectos sanitarios relacionados con la producción.

Por otro lado se ha destinado un total de 405.615 euros para paliar los daños ocasionados por las sequías y para ayudas a los titulares de las explotaciones ganaderas que durante el año 2007, y particularmente a partir del segundo semestre, soportaron excepcionales incrementos en los costes de producción como consecuencia de las elevadas cotizaciones de los cereales debido a la coyuntura internacional, lo que se tradujo en un encarecimiento de los piensos para el sector ganadero.