domingo, 22 de noviembre de 2009

Los católicos proponen invadir la política "para acabar con la corrupción"

MADRID.- La receta para acabar con la corrupción no es otra que ser buen católico. Este discurso, que trasciende de las palabras de algunos miembros del Partido Popular, pertenece a la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), según revela 'Público'.


Aseguran que ante los casos de corrupción en el panorama político español, resulta "imperiosamente necesaria" la presencia de los católicos en la política, entendida ésta como "la actividad orientada para la consecución del bien común". Definen a los políticos actuales como actores "pasivos" de una sociedad que sufre de "anemia moral".

Ayer mismo, el diputado conservador, Manuel Pizarro, seguía esta misma línea al asegurar que hay que hacer "las cosas como Dios manda", y que con eso, es suficiente. Una receta mágica para acabar con la corrupción, que azota con especial gravedad en los últimos meses a miembros del Partido Popular, a raíz del conocido caso Gürtel. Mientras, su líder, Mariano Rajoy proponía medidas para combatir esta lacra. Unas normas, que para empezar, no cumple su partido .

Reivindicando de este modo su papel activo en la política, advierten que la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la ideológica, la educativa son objeto de preocupantes vulneraciones". Matizan, eso sí, que la exigencias "no son distintas" para católicos y no católicos.

Sin embargo, ensalzan la capacidad balsámica de la fe, que "le proporciona al creyente especial luz para percibirlas con toda claridad y la gracia, especial fuerza para cumplirlas". Todo este recetario se encuentra en el manifiesto de la asociación, perla de la clausura del XI Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
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Los propagandistas señalan que "no basta" con denunciar la corrupción política, si cada uno no asume la "responsabilidad moral que le corresponde" de hacer que toda la actividad política esté orientada a la consecución del bien común. Advierten, además, de que la presencia de los católicos en esta esfera será "verdaderamente eficaz" cuando "ellos y la comunidad a la que pertenecen estén poseídos por la convicción de la fuerza política del amor".

Por todo ello, proclaman con "urgencia" la actuación de "todos y cada uno para regenerar la moral y, democráticamente, la vida y las instituciones políticas", al tiempo que reiteran su disposición a dialogar con quienes, desde sus diversas opciones religiosas e ideológicas, "están comprometidos en la lucha contra la corrupción política". y reconocen en las personas "el principio, sujeto y fin de todas las instituciones".

Caen con fuerza en la Región de Murcia (80,1%) los visados para construir VPO

MADRID.- La caída de los visados para VPO se situó en el 85,8 por ciento en Galicia, el 66,9 por ciento en Madrid y el 73,3 por ciento en Murcia.

Por el lado de los incrementos, sólo se registraron en Aragón (+142,2 por ciento), Asturias (+50,7 por ciento), Castilla-La Mancha (+20,8 por ciento), Ceuta (+244,5 por ciento) y Melilla (+250 por ciento).

En el conjunto nacional, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos certificó tan sólo 7.448 visados para construir nuevas viviendas protegidas (VPO) en el tercer trimestre del año, lo que supone un 25,9 por ciento menos que en el mismo periodo de 2008, pese a los esfuerzos desplegados por el Gobierno en esta materia.

Por su parte, los certificados para la construcción de vivienda libre registraron una caída mayor, del 54,37 por ciento, hasta las 17.526 unidades, frente a las 28.413 del tercer trimestres del pasado año.

En total, los visados para construir viviendas nuevas cayeron un 48,4 por ciento entre julio y septiembre de este año. Las mayores caídas se registraron en Murcia (-80,1 por ciento), Cantabria (-76 por ciento), Comunidad Valenciana (-72,4 por ciento), Galicia (65,7 por ciento) y Extremadura (-61,9 por ciento).

Roca, Escudero y Ayuso, imputados por malversación, declaran esta semana por la operación 'Ninette' en Los Alcázares

LOS ALCÁZARES.- El empresario Juan Antonio Roca; el ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero; y el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, imputados por presuntos delitos relacionados con la malversación de fondos y blanqueo de dinero en el municipio marmenorense, declararán esta semana ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier, Eva María Algar García, que dirige la instrucción en la operación 'Ninette'.

Las investigaciones de dicha operación, que dio comenzó en enero de 2008 cuando agentes de la Policía Nacional se personaron en el Consistorio de Los Alcázares, las dirige la titular del juzgado de Instrucción número 2 de San Javier por presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho en dicho municipio.

En el marco del caso 'Ninette', cumplieron prisión el arquitecto municipal, Mariano Ayuso; su hermano, Ignacio Ayuso; y los empresarios Valero Garcerán y su hijo, Francisco Javier Garcerán. El ex secretario del Ayuntamiento, Diego Sánchez, así como el ex-alcalde, Juan Escudero, quedaron en libertad bajo fianza.

En concreto, está previsto que el arquitecto municipal declare mañana, día 23, a las 10.00 horas. A la misma hora lo harán también Juan Escudero y Juan Antonio Roca, aunque los días 25 y 26, respectivamente.

Cabe recordar que a principios de mes ,la presidenta del PP de Los Alcázares, Mª Carmen Vigueras, exigió al Ayuntamiento que aclare la situación de Mariano Ayuso.

Y es que, tras la expulsión del Colegio de Arquitectos de la Región, Vigueras se preguntó en rueda de prensa en qué situación laboral se encuentra el arquitecto con respecto a su cualificación de funcionario municipal con nivel 'A', puesto que "no ha vuelto a pasar por el Ayuntamiento desde que fue detenido con motivo de la Operación Ninette".

Asimismo, la presidenta del PP pidió al secretario general de los socialistas murcianos que "tome cartas en el asunto". Vigueras explicó que "después de los seis meses que pasó en prisión, no sabemos si está de baja, si tiene algún tipo de suspensión de empleo y sueldo o si sigue cobrando una parte del sueldo. No se nos ha comunicado nada a pesar de haberlo solicitado".

Por otra parte, la presidenta del PP local reclamó a la alcaldesa que explique la situación en la que se encuentra el ex concejal de Urbanismo, Alfredo Blanco, que "a pesar de que se mantiene su imputación, ha sido acogido en el Grupo Socialista e incluso participa en la Junta de Gobierno aunque no tiene competencias delegadas, lo que va a suponer al Ayuntamiento de Los Alcázares 36.000 euros hasta que finalice la legislatura, porque se celebran juntas todas la semanas y cada miembro no liberado cobra 450 euros por asistencia".

Por último, criticó la "inacción y la dejadez de funciones" del Ayuntamiento, por lo que pidió a la alcaldesa y su equipo de Gobierno que "se pongan a trabajar, porque últimamente parecen más interesados en luchar por la secretaría general del PSOE de Los Alcázares. La actividad es nula, la situación de las arcas municipales es muy mala".

El Gobierno central prevé demoler este año 12 edificaciones más en la costa murciana

MURCIA.- El Gobierno socialista prevé demoler este año un total de 12 edificaciones más en la costa murciana, según se desprende de una respuesta a una batería de preguntas escritas que presentó el diputado nacional del Partido Popular por Murcia, Jaime García-Legaz, en el mes de abril.

Así, el Gobierno ha contestado esta semana que contempla la demolición de 13 edificaciones, entre las que se encuentra el edificio de 80 viviendas en Playa Honda que fue derribado la semana pasada.

En concreto, "pretende demoler un hotel y siete viviendas en Mazarrón, un kiosco-tambalillo y un restaurante en la playa de Lo Pagán, una vivienda en la playa de Los Nietos, y una vivienda en la playa de Los Urrutias".

Ante este anuncio, el diputado por Murcia reclamó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que "ofrezca seguridad jurídica a los propietarios, puesto que muchos de ellos se encuentran con que no saben si van a perder su vivienda o no".

A su juicio, "debe dar una respuesta clara, porque los ciudadanos no pueden depender de la interpretación que se hace una ley". En este punto, García-Legaz recordó que el Gobierno de Zapatero "mantiene en el limbo jurídico a muchos de estos establecimientos, generando mucha preocupación a los propietarios y sus familias".

En esta línea, puso de manifiesto que "se presentó una iniciativa para que se paralicen los derribos de los chiringuitos y se renueven esas concesiones, como se ha venido haciendo con la misma Ley y con el mismo reglamento, y para que haya un procedimiento o un plan para su modernización y su plena integración a la playa con todos los requisitos medioambientales".

Además, fuentes del PP precisaron que la norma existe "desde hace muchos años y tiene perfectamente regulada las concesiones que puede haber en la playa, incluidos los chiringuitos".